La designación de autoridades transitorias del Tribunal Constitucional apunta a acelerar y poner en marcha las autonomías departamentales. Representantes de Santa Cruz, Tarija y Beni expresaron que las autoridades judiciales deben ser elegidas como prevé la CPE.
EL FRONTIS • En la ciudad de Sucre se encuentra el Tribunal Constitucional, órgano judicial que está paralizado desde enero del año 2008 tras la renuncia de sus magistrados.
La Razón. Proceso. El control transitorio constitucionalizaría los estatutos para que sean llevados a referendos y entren en vigencia.
Respuesta. Sectores de oposición al Gobierno advierten que el oficialismo pretende autonomías acorde a su visión.
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Comisión. La lista de candidatos que dejó la Comisión Mixta del Congreso sería la base para la elección de autoridades.
Situación. Al menos 14 mil causas están paralizadas en el Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Consejo de la Judicatura.
La designación de autoridades transitorias del Tribunal Constitucional apunta a acelerar y poner en marcha las autonomías departamentales. Estos tribunos harían un control constitucional preliminar de los estatutos autonómicos que, una vez vigentes, pueden volver a pasar por el control de las autoridades electas.
La información la hizo conocer el ministro de Autonomías, Carlos Romero, quien explicó que es necesario acelerar este proceso autonómico en el que el país decidió embarcarse. En cada uno de los nueve departamentos se realizó referendos entre el 2008 y 2009, donde ganó el “Sí”, con un gran respaldo ciudadano.
Para que este modelo político administrativo entre en vigencia se necesita, no obstante, que los estatutos autonómicos, una vez aprobados en asambleas departamentales, pasen por un control constitucional que hoy no existe. Una vez cumplan esta condición, deben ser válidos en referendos para entrar en plena vigencia.
En consecuencia, no sólo se requieren asambleas departamentales electas (el 4 de abril) para avanzar en las autonomías, sino del Tribunal Constitucional. Hace cuatro años que esta instancia judicial está paralizada, y su renovación podría tomar más de un año, pues sus autoridades deben ser electas por voto.
Ante esta situación, Romero plantea que los tribunos transitorios del Tribunal Constitucional revisen los estatutos para que puedan ser llevados a referendos departamentales y, finalmente se los aplique dando paso a las autonomías reconocidas en la Constitución Política, vigente desde el 7 de febrero de 2009.
“Si podemos avanzar con el control previo ahora, para acelerar el proceso autonómico, nos parece adecuado. Eso no quita que después, el control posterior (elegido) pueda revisar los estatutos”, planteó Romero.
“Si el control previo tuviera algún defecto, por ejemplo que un artículo no esté debidamente dentro de la constitucionalidad, lo puede echar abajo, sacar de la norma”, reiteró la autoridad.
La Constitución, en su artículo 275 establece que: “Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucional, entrará en vigencia…”.
El ex diputado y vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, es partidario de que las autoridades transitorias (propuesta surgida del propio presidente, Evo Morales) se pronuncien sobre la constitucionalidad o no de los estatutos para acelerar la vigencia de las autonomías departamentales.
“Es una tarea pendiente que amerita que se resuelva a la brevedad posible. Sería una de las tareas que asuman las autoridades transitorias”, afirmó.
Los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz aprobaron en referendos, que no fueron reconocidos por el Gobierno, sus estatutos. En la Constitución se reconoce estos documentos, pero deben pasar por el control constitucional para ser aplicados.
Mientras tanto La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba se pronunciaron a favor del “Sí” a este modelo político administrativo en la consulta que coincidió con las elecciones generales del 6 de diciembre.
“El Tribunal Constitucional tiene que compatibilizar los estatutos con la Constitución. Las atribuciones y competencias que se asignan a las autoridades de cada región no deben contradecir a las competencias y atribuciones establecidas en la Carta Magna”, precisó Silva.
La elección de autoridades judiciales no tiene fecha definida.
La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un plazo de seis meses para aprobar la ley del Órgano Judicial que sentará las bases del nuevo sistema judicial. Una vez aprobada, se deberá convocar a elecciones de autoridades judiciales que, según procedimiento electoral, demora tres meses en su organización.
“Las autonomías no pueden quedar paralizadas, no pueden depender del nombramiento oficial del Tribunal”, afirmó Silva.
A diferencia de Romero y Silva, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, consideró que las autoridades transitorias sólo deben resolver las causas pendientes y no el tema de las autonomías.
Además del Tribunal Constitucional, existen acefalías en el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y más de 100 juzgados. El senador del MAS, René Martínez, también cree que las autoridades titulares deben encargarse de este tema.
La autonomía
Los nueve departamentos dieron el Sí a este modelo administrativo.
Estado • Bolivia, a partir de la aprobación y vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, se caracterizará por la vigencia de un régimen autonómico departamental con capacidad legislativa.
Modelos • Se reconocen las autonomías departamentales, municipales, regionales y la indígena originaria campesina. Este año se empezará a construir este nuevo modelo político administrativo.
Departamentos • Los nueve departamentos dieron el “sí” a las autonomías. En cuatro regiones aprobaron sus estatutos y La Paz elaboró el suyo. De acuerdo con la nueva Constitución debe ser aprobado vía referéndum.
Asambleas • Los miembros de las asambleas departamentales, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, serán elegidos a través del voto, junto a los gobernadores. Su mandato será de cinco años.
Avance • Los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija se anticiparon al resto de sus similares el 2006, y aprobaron sus estatutos autonómicos el 2008. El Gobierno no reconoció la consulta y, naturalmente, los estatutos.
Orden • En las elecciones de diciembre, Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca se sumaron a este proceso y dieron el “sí” a las autonomías. Hasta el momento no se conoce cuándo se empezarán a aplicar las autonomías, porque no se cuenta con el Tribunal Constitucional.
La oposición dice que el MAS usa a las autonomías
REACCIÓN • Representantes de Santa Cruz, Tarija y Beni expresaron que las autoridades judiciales deben ser elegidas como prevé la CPE.
La Razón. Una vez lanzada la propuesta de que las autoridades transitorias podrían encargarse de viabilizar las autonomías, la oposición regional expresó su rechazo a la designación de autoridades judiciales transitorias y consideró que el oficialismo usa el tema de las autonomías para validar su decisión de controlar la justicia.
El secretario para las Autonomías de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, aseguró que la intención del Gobierno es la de viabilizar las designaciones de autoridades judiciales “a dedo”. “Eso no va con el ánimo de lo que es un régimen democrático en el que hay independencia de poderes”, cuestionó la autoridad cruceña.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, se pronunció a favor de que las autoridades transitorias que vayan a ser elegidas para el Tribunal Constitucional revisen los estatutos autonómicos de los nueve departamentos para que sean sometidos a referéndum aprobatorio y, finalmente entren en plena vigencia.
Wálter Guiteras, ex senador y parte del proceso de redacción del estatuto autonómico de Beni, expresó su rechazo a esta posibilidad. “La ley corta es inconstitucional. El Tribunal Constitucional será del MAS”, cuestionó el ex legislador.
El secretario para las Autonomías de Tarija, Diego Ávila, no obstante manifestó que mientras los miembros del Tribunal sean elegidos adecuadamente y respondan a los principios del derecho, no habrá ningún problema para que cumplan con todas las atribuciones conferidas por ley.
“Nos interesaría que sea un tribunal imparcial y que se fije en el proceso constitucional y legal del país respecto a los estatutos autonómicos”, señaló.
La Constitución Política del Estado establece que los estatutos, una vez aprobados por las electas asambleas departamentales, deben pasar por el control constitucional para ver que se ajusten a la ley de leyes.
“En este caso, me da la impresión de que lo que quiere (el Gobierno) es endulzar esta decisión de nombrar a dedo a sus autoridades con el anuncio de constitucionalizar los estatutos”, consideró Dabdoub.
Guiteras expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. “No hay una búsqueda de proceso de aprobación de los estatutos, por lo menos en las cuatro regiones donde se aprobaron por referéndum. El tema estructural es que será un tribunal del Gobierno”, afirmó.
La Constitución establece que las nuevas autoridades judiciales deben ser elegidas mediante el voto ciudadano, por ello no se logró establecer hasta el momento los plazos de inicio y fin de este proceso de selección y elección de autoridades.
Lista del Congreso podría ser la base
Designación • No se conoce el plazo para la ley corta del MAS.
La Razón. La nómina de postulantes a las acefalías judiciales que dejó la Comisión Mixta de Constitución del Congreso de la República podría ser la base para elegir a las futuras autoridades judiciales transitorias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó el vocero del MAS, Jorge Silva.
Ésta es una de las opciones que baraja el oficialismo para designar a autoridades transitorias del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia.
“Un camino es recurrir al trabajo que realizó el anterior Congreso. La Comisión Mixta hizo una labor meritocrática y existe un resultado que puede tomarlo en cuenta la Asamblea y designar”, opinó el legislador.
En mayo del 2008, la Comisión Mixta empezó la preselección y selección de los potenciales candidatos a llenar las acefalías en las instituciones judiciales.
En principio se habilitó a 140 candidatos, pero luego de un proceso de selección meritocrática quedaron 58. De este total, 10 fueron habilitados para el cargo de Fiscal General, 37 para ocupar una vacante en el Tribunal Constitucional y once para las acefalías en la Suprema.