Designaciones: Los administradores transitorios de justicia serán posesionados entre hoy y mañana en un acto que tendrá lugar en la Casa de la Libertad, en Sucre. La “ley corta” no les impide buscar el voto popular.
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La Prensa
L as autoridades judiciales transitorias podrán presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que este organismo dé el visto bueno y se postulen en las elecciones del 5 de diciembre a ocupar funciones titulares en el Órgano Judicial durante los próximos seis años.
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El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó ayer a La Prensa que “la ley que se ha promulgado, la ‘ley corta’, no limita a que las autoridades elegidas en este proceso de transición puedan habilitarse para las próximas elecciones. Este derecho está vigente para estas autoridades transitorias”.
El artículo 2 de la mencionada disposición legal señala que “se convoca a elecciones de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agrario, Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura para el domingo 5 de diciembre de 2010”.
La posesión de los jueces interinos del Órgano Judicial se realizará en la Casa de la Libertad, en Sucre, aunque la fecha de este evento aún no ha sido definida, pues puede cumplirse hoy o mañana.
Sin embargo, esta ceremonia no podrá celebrarse posteriormente porque el Mandatario viajará a México para reunirse con organizaciones sociales, movimientos campesinos y sectores populares el fin de semana.
Según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), el portavoz gubernamental Iván Canelas dijo que el Jefe de Estado trabajó intensamente durante el feriado de Carnaval “en busca de los mejores hombres y mujeres, los mejores profesionales abogados que hay en el país, los mejores juristas”, para cubrir las acefalías en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
Canelas insistió ante la referida agencia que “no ha sido nada fácil que el Presidente pueda encontrar a profesionales que cumplan la función de la manera más transparente, idónea y con mucha vocación”. Desde hace varios días trascienden varios nombres; el vocero dijo que “lo que está muy claro es que los abogados que han defendido a delincuentes, narcotraficantes, privilegiando los intereses particulares en detrimento de los intereses del país, no serán elegidos. Éste es un principio que el Presidente toma en cuenta y que también el vicepresidente Álvaro García Linera lo estableció como principio”.
Canelas agregó que, a fin de efectuar estas designaciones, Evo Morales “realiza consultas a todo nivel y también ha estado recibiendo, en las últimas horas, una serie de propuestas (de sectores) que está considerando”.
Empero, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, informó ayer que esa institución no había sido consultada para seleccionar a las futuras autoridades.
“No sé si el Gobierno habrá hecho consultas con otros entes del país, pero no hubo contactos con el Colegio de La Paz ni el lunes ni el martes”.
El vocero masista Jorge Silva dijo que los elegidos ejercieron su profesión “en el ámbito de la administración de justicia, en la docencia universitaria y en los campos público y privado”.
Aseguró que ninguno de ellos tiene “dependencia” o militancia política y no fueron propuestos por las organizaciones sociales, sino que se trata de destacados juristas de “reconocida trayectoria”.
La ex ministra de Justicia Celima Torrico afirmó que los magistrados que serán nombrados por el Presidente gozarán del respaldo de las organizaciones sociales, porque provienen de un proceso de selección amplio.
En su condición de dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la ex autoridad expresó que las organizaciones sociales no pusieron objeciones a no haber sido consultadas para estas designaciones.
El Colegio de Abogados de La Paz no fue consultado por el Gobierno.
Los jueces están de acuerdo
Los representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) filial Chuquisaca afirmaron que la aprobación de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes de Órgano Judicial y Ministerio Público es oportuna para garantizar el proceso de transición constitucional.
El representante de la Amabol César Suárez negó que la denominada “ley corta” sea inconstitucional; por el contrario, se convierte en el “puente” entre el viejo ordenamiento jurídico y el nuevo.
“Esta ley de transición era necesaria antes de enero de 2010, tienen que promulgarse las leyes que emerjan de la nueva Constitución, en consecuencia consideramos que este nuevo ordenamiento jurídico va a dar lugar también a que se tenga que crear un nuevo sistema judicial”.
No hay un “plan B” para el Tribunal
Por el momento, el Gobierno no tiene un “plan B” para el Tribunal Constitucional. Si los magistrados interinos de este organismo comenzaran su labor el lunes 22 y trabajaran sin interrupción en fines de semana, feriados o fechas de elecciones, dispondrán de 313 días para resolver más de 5.640 recursos de amparo constitucional planteados hasta el 6 de febrero de 2009, lo que implica que deberán atender 18 casos por día.
La actual Carta Magna fue promulgada el 7 de febrero del año pasado, por lo que los ministros transitorios podrán procesar la carga procesal pendiente del Tribunal Constitucional con arreglo a la ley fundamental vigente en Bolivia desde 1967.
Consultado por La Prensa en torno a la posibilidad de que las funciones de este organismo temporal sean ampliadas hasta concluir la revisión de todos los expedientes, el vocero político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, aseguró ayer que “primero habrá que ver cuánto puede avanzar el Tribunal Constitucional”, pues sus autoridades deberán liquidar esos casos, pero admitió que “todavía no hay un plan B. Esperemos los resultados de los próximos diez meses”.
“Si el tiempo alcanza, se verá en diciembre. Hay cálculos que dicen que será tiempo suficiente, pero hay otros que dicen que será insuficiente”.
Silva dijo que no está “en la lectura del oficialismo” tener dos organismos de control constitucional paralelos, pues la llamada “ley corta” convocó a elecciones de autoridades judiciales, entre las que se cuenta a los ministros del Tribunal Constitucional Plurinacional, para el domingo 5 de diciembre y sus labores comenzarán el 3 de enero de 2011, primer día hábil del próximo año.
Este problema no se replicará en el Consejo de la Judicatura, que debe resolver, a decir de su actual presidente en funciones, Rodolfo Mérida, entre 500 y 600 procesos disciplinarios a operadores de la justicia, ni para las aproximadamente 7.000 causas pendientes de sentencia ante la Corte Suprema, porque éstas podrán ser resueltas posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, que deberá aplicar el actual ordenamiento expresado en los códigos Penal, Civil, de Familia o de Comercio, que aún no serán modificados bajo los nuevos cánones constitucionales.
Dabdoub teme por la autonomía
La Prefectura opositora del departamento de Santa Cruz advirtió ayer que su proceso autonómico corre riesgo por las resoluciones que pueden tomar los magistrados del Poder Judicial que nombrará el presidente Evo Morales.
El secretario de Autonomías de ese gobierno departamental, Carlos Dabdoub, dijo a los medios que “seguramente el Tribunal Constitucional, elegido a dedo por el presidente Morales”, establecerá en sus resoluciones que ese proceso autonómico es ilegal.
“Casi con seguridad van a enterrar nuestro proceso autonómico, nuestros estatutos y nuestro referéndum”. Dabdoub es uno de los reconocidos líderes autonomistas de la región de Santa Cruz, la más grande y rica de Bolivia.
El Gobierno de Morales siempre ha considerado inconstitucionales los estatutos autonomistas aprobados en sendos referendos realizados en 2008 en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija sin el permiso del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
El gobernante promueve un modelo autonómico con varios niveles, distinto al que los opositores defienden en esas regiones.
El presidente Morales tiene previsto designar mañana, miércoles, al menos a 13 magistrados interinos en el Poder Judicial.
Según el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, los nombramientos serán para cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, cinco en el Tribunal Constitucional y otros tres en el Consejo de la Judicatura.
Todos los miembros de los tres órganos del Poder Judicial durarán en sus cargos hasta fines de este año y después sus puestos serán ocupados por quienes resulten electos por una votación en los comicios convocados para el próximo 5 de diciembre.
Los dirigentes de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional han criticado al oficialismo por haber dado a Evo Morales, por medio de una ley, potestad para hacer esas designaciones.
Dabdoub también advirtió que, después de esas designaciones, se puede desatar en el país “una cacería de brujas, una persecución a todos quienes no estén de acuerdo con las ideas del Gobierno”.
“Paradójicamente en Santa Cruz estamos festejando un carnaval y por el otro lado yo creo que comienza el pueblo boliviano a sufrir porque se va a iniciar una cacería de brujas”.
Por contra, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, insistió, en declaraciones al canal Gigavisión, que la designación de las nuevas autoridades jerárquicas del Poder Judicial solucionará la crisis por una acumulación de expedientes y demandas sin solución.
Según la prensa local, la crisis del Poder Judicial ha provocado que hayan quedado 5.640 demandas paralizadas en el Tribunal Constitucional, pues este organismo quedó sin magistrados en mayo del año pasado.
Veredictos
Los jueces transitorios cumplirán funciones hasta el 31 de diciembre de este año.
Las elecciones populares del Órgano Judicial se cumplirán el domingo 5 de diciembre.
Las autoridades electas desempeñarán sus cargos desde el 3 de enero, primer día hábil de 2011.
Los futuros magistrados cumplirán un período de seis años y no podrán ser reelegidos.
El Presidente observará equidad de género en las designaciones que dará a conocer entre hoy y mañana.
Dentro de 180 días, la Asamblea Legislativa deberá sancionar las leyes de organización judicial.
Al amparo de esas normas se elegirá a los magistrados de cuatro entes del Órgano Judicial.