Se viene una nueva “Ley corta”, eufemismo con que los masistas denominan a las disposiciones enviadas por Evo para aniquilar el pluralismo político.
Ciudadanos del oriente acusados de «terroristas» fueron encerrados en el penal de San Pedro de La Paz en el 2009. Esta vez los opositores podrían correr similar suerte bajo la acusación de «corruptos».
A pesar de su aspecto capulinesco, el senador Isaac Avalos es muy serio cuando lanza amenazas a la oposición, real o imaginaria. Es también muy claro cuando desnuda las verdaderas intenciones del MAS y no se anda con vueltas al decir, sin retoques, que es lo que pretende hacer el gobierno en lo inmediato.
Muy consecuente con esa actitud descarnada que puede ser resaltada o no, según como se vea, el senador Avalos ya anunció la inminente aprobación de una nueva “ley corta” esta vez dirigida a acelerar los procesos contra ex autoridades por la comisión de irregularidades (reales o inventadas, eso no importa) en el ejercicio de sus funciones.
Esto muestra con claridad meridiana cuales son las intenciones del MAS al asignar al presidente Evo Morales la potestad de designar a los miembros faltantes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura.
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Que los más altos niveles de la judicatura se encontraban prácticamente paralizados desde hace bastante tiempo por las acciones de amedrentamiento contra sus miembros realizadas desde el palacio de Gobierno no es novedad para nadie, como no era una novedad para el MAS que nunca mostró mayor preocupación.
Sin embargo, repentinamente surgió en el partido gobernante una inexplicable preocupación por la retardación de justicia debido a la falta de magistrados que se encarguen del tratamiento de los casos. Naturalmente esa preocupación no fue tanta mientras no podía designar discrecionalmente a los nuevos miembros de la judicatura.
Con la obtención de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional las puertas se abrieron y ahora están encarando una nueva etapa en la estructuración y consolidación de ese Estado totalitario del que son confesamente partidarios.
Naturalmente en un Estado totalitario no se admite un mínimo de oposición y por tanto hay que alistar todas las medidas conducentes para eliminarla esta vez con una ventaja: el control y avasallamiento de los tres poderes del Estado permitirá hacerlo bajo una apariencia supuestamente legal; cualquiera acto inconstitucional podrá ser avalado por un Tribunal Constitucional cuyos miembros, a pesar de la expresión de fe independentista que puedan hacer, responderán a quien los designó en el cargo y lo demás es puro cuento.
“Ley corta” es el eufemismo con que el MAS denomina a todas las disposiciones con las que ha ido abriendo camino hacia el control total y absoluto de todas las estructuras del Estado. Todas ellas muy fácilmente podían hacer sido recurridas de haber existido un Tribunal Constitucional, pero este había sido barrido de forma muy oportuna anteriormente ante la abulia de la oposición y de la ciudadanía en general que hasta ahora no acaba de darse cuenta lo que tiene al frente.
La pretendida “ley corta”, dirigida esta vez contra todo atisbo opositor, tampoco podrá ser recurrida esta vez pero por motivos totalmente diferentes: el Tribunal Constitucional ahora no es más que un apéndice del Ejecutivo. Es decir: todo legal.
Octavio Paz en una sus obras se refería al Estado como el “Ogro Filantrópico”. En la concepción masista el Estado debe ser realmente un ogro, pero nada de filantrópico y mucho de represor.