Robespierre, fue víctima de la guillotina, el instrumento que con tanto entusiasmo y devoción, utilizó contra sus adversarios políticos.
Evo, Alvaro (centro); Ana Maria Romero (der) y Hector Arce (izq), son los responsables de «armar» las bases jurídicas del nuevo Estado boliviano.
Todas las evidencias dan cuenta que el gobierno está preparando con gran meticulosidad una ofensiva en regla contra todo lo que huela a oposición. Los componentes principales de esta ofensiva son el control absoluto del Órgano Judicial y la ley que de forma demagógica se pretende denominarla “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
No es necesario abundar sobre lo peligroso que resulta que las designaciones en el ahora Órgano Judicial sean una atribución del jefe del Ejecutivo, en este caso el presidente Evo Morales.
Si se toma en cuenta que la “Asamblea Legislativa Plurinacional” se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo y que se limita a aprobar con celeridad y sin chistar las leyes que le envían y si a ello se suma la última potestad que se quiere dar al presidente para designar a los miembros del Órgano Judicial, Evo Morales habrá acumulado un poder omnímodo e incontrastable. Pero no solo él; no hay que olvidar que un pinche portavoz palaciego se atrevió a pedir explicaciones nada menos que a la presidenta del Senado, pero Anamar se quedó calladita, posiblemente porque ya esta comprendiendo que los asambleistas están ahí para obedecer sin cuestionar al Jefazo de palacio y a los que hablan en su nombre.
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Queda claro entonces que en la concepción del MAS, el Ejecutivo está para mandar y el legislativo y el judicial (así, con minúsculas) para obedecer y que el equilibrio de poderes establecido como base del sistema democrático y republicano, es puro cuento neoliberal y una imposición del imperio.
Es evidente que el gobierno ha cometido varios abusos contra los opositores utilizando una serie de pretextos y los ha trasladado a la mala hacia La Paz y recluido en el penal de San Pedro que está recuperando las funciones que tenía el “panóptico” durante la represión desatada por el régimen del MNR en los años 50.
Con el control del órgano Judicial mediante el nombramiento discrecional de magistrados y jueces, lo seguirá haciendo de igual y peor forma pero a partir de ahora podrá darse el lujo de argumentar que sus abusos son legales. Para legalizarlos tendrá toda un club de jueces venales y promasistas.
Nadie que en este en sus cabales puede estar en desacuerdo que exista una ley que evite el enriquecimiento ilícito pero claramente las intenciones del gobierno del MAS no son tan inocentes ni tienen tan buenas intenciones.
Lo que quieren en realidad es tener un instrumento que les posibilite actuar contra cualquier opositor y en cualquier momento si es que este se comienza a ponerse algo molesto. Es claro que se dieron cuenta de que las patrañas sobre oscuras conspiraciones para “dividir Bolivia” o la comisión de supuestos delitos de “genocidio” resultan cada vez menos convincentes.
Sin embargo hay un elemento que no están tomando en cuenta: nadie es impunemente poderoso y siempre llega el momento en el que se aplican esas leyes sobre sus mismos gestores. Algunos masistas gustan describirse a si mismo como “jacobinos” en la gran mayoría de los casos sin saber de donde viene el término. Si leyeran la historia se percatarían de que el más nítido exponente del “jacobinismo”, Maximilien Robespierre, fue víctima de la guillotina, el instrumento que con tanto entusiasmo y devoción, utilizó contra sus adversarios políticos.
Es seguro de que en el futuro abundarán los casos de enriquecimiento ilícito y esa ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en los mismos términos en que está siendo concebido por el MAS, será aplicada sobre los actuales funcionarios gubernamentales y dirigentes de “organizaciones sociales” (hambrientos de poder y de dinero) y que hoy por hoy tienen la sartén por el mango, pero nunca se sabe hasta cuando.