Mecanismo. En un proyecto de ley, el organismo electoral establece que una organización política podría perder la postulación de su candidato y su personería jurídica si viola las normas.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO • Los vocales del ente electoral, Antonio Costas, Roxana Ibarnegaray y Amalia Oporto, junto al director de La Razón, Edwin Herrera. Fue ayer.
La Razón
CNE propone duros castigos a candidaturas
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El proyecto de Ley del Régimen Electoral que la Corte Nacional Electoral (CNE) presentó el lunes a la Vicepresidencia plantea la aplicación de una escala de sanciones para los frentes que vulneren la normativa electoral, que va más allá de las multas y que, como mayor sanción, determina la pérdida de la personería jurídica y, en consecuencia, la anulación de candidaturas.
Así lo determina el artículo 85 de la propuesta legal, donde se define una escala de puntajes negativos acumulativos en función del tipo de faltas, que de llegar a los 300 puntos implicaría la máxima sanción.
“El puntaje mínimo por cada sanción será de 10 puntos y el máximo de 25, según la gravedad y características del hecho. La organización política/nación o pueblo indígena originario campesino que acumule trescientos (300) puntos negativos perderá su personalidad jurídica a efectos electorales, la que será cancelada por la autoridad electoral competente”, señala el segundo parágrafo de dicho artículo.
“El objetivo es el mayor control. La experiencia nos muestra que muchas organizaciones políticas no cumplen con el pago de las multas y entonces queremos establecer la inhabilitación de candidatos y hasta una organización política puede perder la personalidad jurídica, ésa es la única forma de regular y hacer que las organizaciones políticas respeten las disposiciones electorales”, explicó a La Razón la vocal de la CNE, Amalia Oporto.
El presidente de ese organismo, Antonio Costas, agregó que además se incluyen disposiciones específicas para que la CNE retome el control de los recursos asignados para la difusión de propaganda electoral, con el objetivo de “democratizar este aspecto” y anticipó que en una segunda etapa se planteará una propuesta de control del financiamiento electoral.
“Es una base significativa porque todavía no hemos intentado la posibilidad de hacer un control sobre el financiamiento para las campañas. Tal vez estratégicamente para el Órgano Electoral era preferible darle una pausa y entrar con esta ley y en una siguiente etapa avanzar a esto que sería ya una profundización en la calidad de la democracia controlando el financiamiento. Ése es un componente fuerte que se ha insertado”, explicó Costas.
Con esta medida, el Estado volvería a entregar recursos económicos para que las organizaciones políticas puedan emitir propaganda electoral.
“Hace algunos años se ha suprimido el financiamiento estatal a los partidos políticos. Es un poco volver a reposicionar la necesidad que hay de otorgar financiamiento al menos a través de esta compra de espacios que garanticen la igualdad de oportunidades a todas las organizaciones políticas para que puedan emitir propaganda electoral”, agregó la vocal Roxana Ibarnegaray.
Según el proyecto de ley, los medios de comunicación que incumplan las disposiciones del organismo electoral también tendrán sanciones. Los infractores serán inhabilitados por un plazo de 10 años para la difusión de propaganda electoral, según se define en el artículo 76.
Sobre el tratamiento de los dos proyectos presentados por la CNE, la jefa de bancada del MAS en Diputados, Rebeca Delgado, anunció que esto ocurrirá hasta la segunda semana de marzo. Dijo que primero habrá, por procedimiento, una discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
OEP planea un salto a partir del Tribunal Supremo Electoral
Reunión: los vocales del OEP visitaron ayer el edificio de La Prensa
La Prensa
Proyectos: El servicio de registro ciudadano y una institución para el fortalecimiento de la democracia boliviana son parte de la propuesta que tratará la Asamblea Legislativa.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) planteó a la Asamblea Legislativa dos propuestas tendentes a dar un salto institucional a partir del nuevo Tribunal Supremo Electoral, una instancia independiente y especializada que se perfila como el pilar de este nuevo poder del Estado.
El presidente del OEP, Antonio Costas, y las vocales Roxana Ybarnegaray y Amalia Oporto visitaron ayer La Prensa para entregar los detalles de las iniciativas normativas.
“Se trata de una propuesta institucional con una visión de al menos 15 años”, dijo Costas sobre el proyecto de ley que el lunes se le entregó a la Asamblea Legislativa. La iniciativa del OEP está desglosada en dos propuestas normativas. Por una parte, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, que en la práctica se constituye en el certificado de nacimiento del cuarto poder del nuevo Estado, con independencia administrativa respecto de la administración de los comicios y de las fuerzas políticas.
El segundo proyecto tiene que ver con la Ley del Régimen Electoral, que regula la administración de los procesos sobre la base de criterios de equidad, equilibrio, democracia e interculturalidad, ya establecidos en la Constitución.
“Estamos hablando del poder constitutivo del Estado”, puntualizó la vocal Ybarnegaray, quien aseguró que ambas propuestas nacen de las experiencias recogidas de los recientes procesos electorales celebrados en el país.
La vocal Oporto rescató la necesidad de continuar con la digitalización de todo el sistema del Registro Civil . “En esta ley además se establece con mayor fuerza la defensa de los derechos electorales”, señaló Oporto.
De aprobarse la propuesta, siete vocales formarán el Tribunal Supremo Electoral, luego de una selección propuesta por méritos y ternas seleccionadas en la Asamblea Legislativa. Dos vocales de esta máxima instancia deben ser indígenas. Además, señala el Título III del proyecto de ley, se configuran nueve tribunales departamentales con cinco vocales (un indígena por departamento). La estructura institucional se completa con la instalación del Servicio Nacional de Formación Democrática (SNDF), que tendrá la misión de fortalecer liderazgos, tomando en cuenta la nueva organización territorial autonómica de Bolivia.
Los vocales desarrollarán una estrategia para socializar la propuesta “para que la sociedad y los actores políticos tomen conciencia de que se trata del futuro de la institucionalidad y no de medidas de corte coyuntural”, dijo Costas.
La iniciativa del OEP está desglosada en dos propuestas normativas. Por una parte, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, que en la práctica se constituye en el certificado de nacimiento del cuarto poder del nuevo Estado, con independencia administrativa respecto a la administración de los comicios y de las fuerzas políticas.
La segunda iniciativa tiene que ver con la Ley del Régimen Electoral que regula la administración de los procesos sobre la base de criterios de equidad, equilibrio, democracia e interculturalidad, ya establecidas en la Constitución.
“Estamos hablando del poder constitutivo del Estado”, puntualizó la vocal Roxana Ybarnegaray, al asegurar que ambas propuestas nacen de las experiencias recogidas del proceso de transición boliviano.
La vocal Oporto rescató la necesidad para que a futuro se pueda digitalizar todo el sistema de registro civil . “En esta ley además se establece con mayor fuerza la defensa de los derechos electorales”, señaló.
Elecciones por usos y costumbres
El proyecto de Ley de Régimen Electoral prevé dar legalidad a las formas de elección por usos y costumbres, procesos que actualmente son realizados por algunos pueblos indígenas y originarios, informó ayer a La Prensa el presidente del organismo electoral, Antonio Costas.
“El documento refleja también una especial atención a las experiencias de los pueblos indígenas para la designación de autoridades. En ambas leyes se van a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que ya están reconocidos en la Constitución Política del Estado”, precisó la autoridad.
En ese contexto, se reconocerán los procedimientos de elección no convencionales a través de los usos y costumbres, y la participación del organismo electoral será de supervisión. “Por ejemplo, si un sector tiene un sistema estratificado de representación de autoridades, eso va a constituir legalmente si es que así se ha definido a partir de sus criterios”, explicó. El OEP espera terminar un relevamiento de todas las formas de elección que existen en el país.
Para destacar
Esta ley tiene por objeto el desarrollo de la normativa constitucional del Órgano Electoral Plurinacional.
El Tribunal Supremo es el máximo nivel del Órgano Electoral y tiene jurisdicción y competencia en toda Bolivia.
Se crean también los juzgados nacionales y departamentales para resolver controversias de tipo electoral.
En todas las instancias deberá existir equidad de género y también se debe dar espacio a la participación indígena.