El fiscal paceño llegó a Santa Cruz para realizar citaciones por el caso Rózsa y el supuesto tráfico de armas desde EEUU. Movilizó a decenas de efectivos en la ciudad. Cita a esposa de Asbún para declarar en La Paz.
Soza (camisa blanca y gorra) acompañado de policías ingresó a siete viviendas buscando evidencias de tráfico de armas.Se equivocó en una y aclaró que la familia no tenía nada que ver.
El Día
El fiscal Soza allana casas en busca de armas
El fiscal paceño Marcelo Soza, que se encuentra en Santa Cruz, allanó ayer siete inmuebles en busca de evidencias sobre el presunto vínculo entre el caso terrorismo y el supuesto tráfico de armas detectado por la Policía norteamericana.
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La comitiva paceña integrada por al menos 30 agentes de inteligencia llegaron a Santa Cruz con las respectivas órdenes de allanamiento y citaciones para dar curso a la investigación, donde según el Ministerio Público de La Paz estaría involucrado aparentemente el empresario Alfredo Asbún, propietario de una tienda de caza y pesca en la zona del Zoológico, que fue arrestado el 18 de marzo en Estados Unidos junto a cuatro personas luego que la Policía norteamericana detectó en una agencia de envíos cajas con destino a Bolivia, cuyo contenido se trataba de armas de diferente tipo.
Soza, en completo hermetismo y apoyado por efectivos de la Felcc cruceña, allanó domicilios en distintos puntos de la ciudad como ser la iglesia La Santa Cruz, calle Las Garzas, barrio Brígida, calle Quijarro , zona del Zoológico, avenida Alemania y por último en el barrio Ramafa, calle general Videla 222, donde a solicitud de la familia afectada tuvo que salir a informar a los medios de comunicación que ese inmueble al igual que la familia que la habitaba nada tenían que ver en el proceso que se investiga y que todo se trató de un simple parentesco de apellido. “Si bien ellos apellidan Asbún no tienen ningún parentesco con los investigados”, precisó el fiscal.
El Ministerio Público paceño abrió investigación a pedido del ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, que anunció el envío de una comisión que se trasladará a Estados Unidos para investigar y establecer posibles nexos entre el grupo del abatido Eduardo Rózsa y el presunto tráfico de armas hacia Bolivia, descubierto en el país del norte.
El Gobierno cree que algunas empresarios cruceños solventaron con dinero el traslado de material bélico a Santa Cruz. Para hoy continuarán nuevos allanamientos.
sobre el tráfico de armas
El 18 de marzo • Moisés Vargas (22) y Frank Román Goycochea (20), residentes bolivianos en Miami, y Alfredo Asbún, que vive en Santa Cruz, fueron detenidos por la jueza estadounidense Andrea Simon, por el delito de conspiración para exportar armas de forma ilegal a Bolivia.
Embarque de armas • En la lista de armas estaban pistolas semiautomáticas y fusiles AR-15 y AK-47. Román y Asbún habrían aceptado que sabían que estaban traficando con armas, según informó El Nuevo Herald.
La acusación • Vargas y Román habrían comprado más de 370 armas en Florida, entre septiembre del 2009 y marzo del 2010, para revenderlas en Bolivia, a través de Asbún, según la acusación que presentó la Fiscalía del país del norte.
Anuncian una investigación • El ministro Sacha Llorentty advirtió que indagarán hasta encontrar a quienes pretendían introducir al país las armas para determinar su propósito. Anunció que él personalmente podría estar ausentándose a EEUU.
Descartaron conexión terrorista
La fiscal federal del país del norte, Jeffrey Sloman, en publicación del 6 de abril de 2010 descartó que exista una conexión terrorista de armas desde EEUU.
"Aunque no hay una conexión terrorista en este caso, no podemos subestimar el peligro potencial que el tráfico ilegal de armas representa para nuestra seguridad. Las armas ilegales pueden caer fácilmente en las manos equivocadas", destacó Sloman.
Moisés Vargas Rojas, de 22 años; Frank Román Goycochea, de 20 años, ambos residentes de Miami, y Alfredo Asbún, de 51 años, residente en Santa Cruz (Bolivia), fueron acusados de 16 cargos, que incluyen conspiración para exportación ilegal de armas y posesión ilegal de armas, entre otros.
Los presuntos traficantes intentaban desde Miami enviar las armas dentro de cajas que entregaban a un transportador afirmando que se trataba de repuestos de automóviles, indica la acusación.
Citan a esposa de Asbún para declarar en La Paz
El Día
Investigación. En una simple hoja de papel bond escrita de puño y letra, el fiscal Marcelo Soza, procedió ayer a citar a declarar a La Paz a Ibett Cortez Lumberg, esposa del empresario Alfredo Asbún, detenido en EEUU por un supuesto tráfico de armas investigado en Bolivia.
La citación da cuenta que la mujer debe presentarse a declarar el miércoles 14 de abril a las 9.30 en la sede de Gobierno para responder ciertas interrogantes en torno a la importación de armas y el caso de terrorismo. “Yo le manifesté al fiscal que no voy a ir a declarar a La Paz porque tengo problemas cardiacos”, sentenció la mujer a tiempo descartar su posible vinculación en la investigación del caso de terrorismo.
Soza junto a una comitiva de efectivos policiales allanó la importadora de artefactos de caza y pesca Asbún, ubicada en la avenida Noel Kempff Mercado, y simultáneamente requisó un inmueble en la calle 1 del barrio Brígida, donde se llevó documentación y muestras de proyectiles de armas de fuego que guardaba la familia Asbún. La mujer no pudo ocultar su molestia en sentido que otra comitiva de policías allanó su casa mientras ella se encontraba en su negocio. “Me molesta que no me hayan dejado una copia del allanamiento. Yo no sé qué fue lo que ellos se llevaron, aunque no tengo nada que ocultar porque mi esposo y yo trabajamos honestamente, pero siento que lo quieren vincular con algún caso porque él fue detenido en Estados Unidos por tráfico de armas”, explicó.
El mandamiento de allanamiento emitido por la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, Margot Pérez Montaño, hace alusión por intermedio del Ministerio Público que en el referido inmueble se encontraría mayores elementos y otras evidencias relacionadas al hecho investigado. Asimismo refiere que en varios inmuebles existen aún residuos del material bélico y otros encontrado en el stand de Cotas y hotel Las Américas.
La familia Asbún negó enfáticamente tener algún vínculo con el fallecido Eduardo Rózsa.
Soza hace allanamientos y se equivoca de investigado
Operativos. El fiscal paceño llegó a Santa Cruz para realizar citaciones por el caso Rózsa y el supuesto tráfico de armas desde Estados Unidos. Movilizó a más de 20 efectivos en la ciudad
Error. Soza sale de la casa de Carlos Asbún. El fiscal se equivocó de persona y creyó que era pariente de Alfredo Asbún
Pablo Ortiz | EL DEBER
El fiscal que investiga el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, Marcelo Soza, montó un megaoperativo para realizar citaciones y allanamientos a al menos cinco domicilios y una tienda de caza y pesca. En el último que se efectuó, Soza en persona ingresó en un inmueble ubicado en la calle Gobernador Videla (sur de la ciudad), para luego reconocer que se había equivocado y que el dueño de casa no tenía nada que ver con la investigación.
El fiscal del denominado caso Rózsa llegó con estruendo. Por la mañana reunió a varios grupos operativos y de Inteligencia de la Policía en la Escuela Básica de Policías de Santa Cruz. Desde allí, los agentes salieron divididos en siete grupos y se dispersaron por la ciudad. Los primeros rumores indicaban que Soza había venido a realizar 17 detenciones, sobre la base de nombres proporcionados por Marco Monasterio, y para apresar a personas que no se presentaron a declarar. Esto llevó al juez Luis Tapia Pachi a asegurar que él sería uno de los detenidos, pero al final de la tarde pudo irse a su domicilio.
Al mediodía, los agentes llegaron a un domicilio situado en la calle Las Garzas, detrás del zoológico, e ingresaron en una casa de una persona identificada como Wálter Calderón. Un abogado que salió del domicilio dijo que no tenían orden de allanamiento y que habían sido invitados a pasar por la familia.
Casi al mismo tiempo, Soza ingresó en la tienda de caza y pesca Casa Asbún, propiedad de la familia de Alfredo Asbún, preso en Miami por presunto tráfico de armas hacia Bolivia. Allí dejó una citación para que Ivette Cortez de Asbún, esposa de Alfredo, se presente a declarar el próximo miércoles en La Paz. También decomisaron 30 proyectiles calibre 7.65, 30 balas calibre 38 y 3.000 municiones calibre 32. Asimismo se incautaron de documentación. Soza investiga si hay nexo entre el supuesto grupo terrorista de Rózsa y este tráfico de armas, y para corroborarlo una comisión viajará a Miami.
Otro grupo de efectivos ingresó en la casa de la familia Asbún, en la calle 1 de Villa Brígida, y el operativo se extendió hasta el centro, donde ingresaron a dos casas, en las esquinas de las calles Quijarro y Arenales y Quijarro y Bolívar.
Al final de la tarde, Soza enfiló hacia la calle Gobernador Videla y entró en la casa de Carlos Asbún. Pese a que se quedó casi dos horas en el inmueble, cuando salió, enfundado en una gorra de la Policía de Nueva York, reconoció que se había equivocado.
“Corresponde aclarar que esta familia no tiene ninguna vinculación. Apellidan Asbún pero no tienen ningún parentesco (con Alfredo)”, dijo y no quiso informar más. “Probablemente tengamos que seguir trabajando”, acotó, antes de subir a una vagoneta que lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Diputados convocan a Sacha Llorenti
La Comisión de Constitución y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó, para la próxima semana, al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para que brinde un informe referente al caso terrorismo, aseguró ayer la jefa de Bancada del MAS, Rebeca Delgado (MAS).
Por otro lado, una comisión de asambleístas de Convergencia Nacional denunció ayer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) supuestas detenciones ilegales, persecución y amedrentamiento a líderes regionales cruceños bajo el argumento de haber sido parte en la conformación de una supuesta célula terrorista.
La comisión, conformada por las senadoras opositoras Centa Reck, María Elva Pinckert, María Elena Méndez, Carmen Eva González y los diputados Maida Paz y Rafael López, entregó a la ONU una carta en la que resaltan que en Bolivia existe ausencia del Estado de derecho, y no se respeta la independencia de los poderes, "lo que ha derivado en el avasallamiento y sometimiento de los poderes, que trasunta en un totalitarismo en democracia".
La carta, entregada al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Denis Recicot, y a la coordinadora en Bolivia, Yoriko Yasukawa, señala que hay una desaparición del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la transparencia legal, lo que ha resultado en "la persecución, el atropello y la violencia política" contra ciudadanos. /ANF
No hay pedido de captura internacional
Interpol Bolivia tiene 15 órdenes de aprehensión contra investigados por la justicia, de las cuales 13 pertenecen al caso terrorismo y dos al de investigación de ganancias ilícitas (Guido Nayar y Guillermo Fortún). Sin embargo, éstas órdenes no pueden ser ejecutadas en el extranjero.
El director nacional de la Interpol, coronel Édgar Revilla, informó de que lo único que pueden hacer es informar a todas las oficinas de Interpol en el mundo para que hagan ‘seguimiento migratorio’ de estas personas.
“Cuando ellos se trasladan de un país a otro, nosotros recibimos el reporte y podemos hacer el seguimiento”, explicó el coronel Revilla y añadió que las autoridades judiciales no han realizado el trámite de captura internacional de ninguno de estos 15 ciudadanos.
Según el protocolo, el fiscal del caso debe solicitar la captura a la Fiscalía de Distrito, que informa a la Corte Superior de Distrito, y ésta pasa el pedido a la Corte Suprema de Justicia, que lo deriva a la Cancillería. El Gobierno deslindó responsabilidades y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo que el pedido lo debe hacer Soza. /MCh