Si Evo quiere probar que su ley "guillotina" es para todos los corruptos, ya tiene decenas de cabezas de masistas para cortar ¿lo hará?…
El presidente Evo Morales promulgó la ley anticorrupción. En el acto estuvo acompañado del vicepresidente García, los presidentes de ambas cámaras legislativas y la ministra Suxo.(Foto Abi)
El gobierno ha intensificado y sin tapujos la caza de brujas dirigida a extirpar cualquier atisbo de oposición. Para ello cuenta con la complicidad del Fiscal General del “Estado Plurinacional”, Mario Uribe, quien se esfuerza para hacer los méritos suficientes que le permitan quedarse en el cargo.
Luego de la instructiva que emitió Uribe para que se dicten medidas cautelares contra los “sospechosos”, nadie puede considerarse a salvo de la arremetida gubernamental. ¿Sospechosos de qué? Pues de lo que se le ocurra al gobierno. Para ser cautelado será más que suficiente que al portavoz masista, Jorge Silva o a algún otro oficialista se le suelte la lengua y lance una de sus incoherentes denuncias en la plaza Murillo para que los fiscales se pongan manos a la obra y priven a los acusados de sus derechos constitucionales, entre ellos el de la libre circulación, dentro y fuera del territorio nacional.
Los métodos del gobierno de Evo son ciertamente inquisitoriales. De acuerdo al sistema que quieran imponer, basta y sobra una acusación o una simple sospecha para que cualquier persona sea enjuiciada con pocas o ninguna posibilidad de defensa. Llama la atención que un gobierno que se adscribe a eso que graciosamente se denomina “socialismo del siglo XXI” utilice métodos de la Edad Media.
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Los términos de la instructiva emitida por el obsecuente fiscal Uribe son sencillamente aterradores. Se refiere a supuestos “imputados” cuando en realidad solo existe en contra de ellos algunas acusaciones lanzadas sin ton ni son por personajillos como el neomasista Jorge Silva (antes militó en el MNR), que evidentemente está desesperado de hacer buena letra ante su jefe Evo Morales, una vez que al calor de la campaña electoral ha quedado al descubierto su pasado político que no puede ser calificado como consecuente o principista.
Los términos no son solo amenazantes contra los opositores políticos que están en la mira sino también contra los propios fiscales que deberán actuar de acuerdo a las instrucciones que les envíen desde el Ministerio de Gobierno si es que no quieren caer en desgracia. La advertencia es clara: si no hacen lo que se les diga serán puestos de inmediato de patitas en la calle.
Con semejante advertencia es fácil prever cual será la actitud de los fiscales que seguramente para evitar ser puestos en la picota tendrán que obedecer de manera diligente las órdenes que reciban.
Es claro que la Ley de Lucha contra la Corrupción, promulgada por Evo Morales con amenazas de por medio contra todo aquel que se le ponga al frente, no es más que la coartada para impedir la actividad opositora ya que es dudoso que sea aplicada en contra de los actuales funcionarios públicos -los importantes no solo los de menor jerarquía-, al menos mientras dure su gobierno.
Es ingenuo suponer que esta ley será aplicada, por ejemplo, contra el exministro y jefe de campaña del MAS en Beni y Pando, Juan Ramón Quintana, quien fue declarado inocente de facto por Evo en el caso de los 33 camiones que transportaban contrabando en Pando; o sobre Villegas, el presidente de YPFB, en cuyas narices ocurren las estafas y negociados al interior de la empresa estatal. Y ¿que pasa en la Aduana?, Ardaya y Suxo se lavan las manos sobre los involucrados en contrabando en las fronteras y sobre el cupo de Patana (candidato alteño) en la entidad; negociados en los planes de vivienda "social" y ningún detenido. La lista es larga muy larga e involucra a muchos funcionarios masistas en diferentes entidades del Estado.
Si el gobierno de Evo quiere probar que su ley "guillotina" es para todos los corruptos, ya tiene decenas de cabezas de masistas para cortar ¿lo hará?.