La presión sobre la CNE se rearticula. Militantes de UN iniciaron una huelga de hambre en la sede del Defensor del Pueblo. Comisión cita a Costas para el 4 de mayo a informe oral.
Huelga: Laruta (de camisa amarilla) y sus correligionarios explican los motivos de la medida de presión en las oficinas del Defensor del Pueblo
La Prensa
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La ofensiva legal no asegura nulidad de la fórmula del OEP
Escaños: Tres abogados constitucionalistas aseguran que los fallos de los amparos que presenten las agrupaciones deberán ser revisados por el nuevo Tribunal. Dos expertos dicen que el Presidente del OEP puede ser enjuiciado.
La ofensiva legal de los partidos opositores por la asignación de escaños en las asambleas departamentales de cinco regiones no garantiza la anulación de las directivas 030 y 031 emitidas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ésta es la opinión de los abogados constitucionalistas Edwin Rojas Tordoya, Gabriel Peláez y Wilman Durán. Además, dos expertos en materia electoral opinan que el presidente del OEP, Antonio Costas, es pasible a procesos.
Los tres expertos, por separado, coincidieron en señalar que si los partidos que se sienten perjudicados por la distribución de escaños acuden al Tribunal Constitucional, con una demanda de inconstitucionalidad, no tendrán una respuesta inmediata, ya que la entidad no puede atender nuevas causas.
El Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN) y partidos pequeños alistan una ofensiva legal contra Costas porque consideran que interpretó la Ley Electoral Transitoria al emitir dos directivas que permiten al MAS tener dos tercios en las asambleas legislativas de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, La Paz y Potosí.
Rojas Tordoya aseguró que “una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución (030 y 031) será recibida en el Tribunal, pero no se va a tramitar porque el actual Tribunal no está facultado para nuevas demandas”. Dicho recurso podrá ser atendido por los magistrados que sean elegidos por voto directo en diciembre conforme al mandato de la Constitución Política del Estado aprobada en enero de 2009.
Para Peláez, las demandas que se pretende presentar no tienen asidero, no sólo porque el Tribunal no puede considerar nada nuevo, sino porque “no se trata de algo que se haya hecho en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), porque la Constitución no es la que habla de cómo debería repartirse los escaños, eso está en la Ley Electoral o una directiva de la Corte Nacional Electoral, no hay nada de constitucional”.
Las agrupaciones políticas opositoras también pueden recurrir a los amparos constitucionales que tienen que ser vistos por las cortes de Justicia de los nueve distritos, en caso de que las demandas sean contra las cortes departamentales; si es contra la Corte Nacional Electoral, necesariamente debe ser en el Juzgado de la sede del Gobierno.
Si la Corte de distrito a la que acudieron emite un fallo procedente, éste debe ser de cumplimiento inmediato; sin embargo, deberá ser revisado por el próximo Tribunal Constitucional para que ratifique o modifique la determinación.
Ante la falta de la entidad máxima del control de constitucionalidad, las agrupaciones políticas pueden recurrir a instancias internacionales. Según Durán, cuando un grupo de ciudadanos tiene lesionados sus derechos y legítimos intereses y no cuentan con la máxima instancia que pueda tutelar su caso, “pueden acudir a la vía internacional”.
Consultado sobre este tema, el presidente del OEP, Antonio Costas, declaró: “Tendría que ser una tercera persona o una tercera instancia la que dirima esta situación, como el Tribunal Constitucional o el Congreso”.
El ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos dijo que “lo que hizo la Corte es inconstitucional. Hubo usurpación de funciones”, por lo que puede ser sometida a proceso judicial. El abogado Cayo Salinas advirtió que el Presidente del OEP “puede ser sometido a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
No obstante, un juicio por este delito debe ser sustentado con pruebas.
El UN inicia huelga de hambre
Cinco militantes de Unidad Nacional (UN) iniciaron ayer una huelga de hambre en ambientes de la sede del Defensor del Pueblo, de La Paz, contra las directivas 030 y 031 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en las que se especifica cómo hacer la distribución de escaños en cinco departamentos. La medida es encabezada por el ex candidato a la gobernación de La Paz Carlos Hugo Laruta.
El diputado de UN Jaime Navarro informó que la medida se instaló al rededor de las 11.30 del martes, con cinco personas, entre quienes también figura el ex candidato a asambleísta departamental Luis Flores.
Costas fue citado para declarar
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó al presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, para el martes 4 de mayo a que brinde un informe oral sobre las directivas 030 y 0301 que emitió para la distribución de escaños departamentales, informó ayer el diputado Javier Zavaleta (MSM), miembro del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación de la Comisión de Constitución.
El presidente del organismo electoral, Antonio Costas, en contacto con los medios de comunicación, aseguró que aún no recibió ninguna convocatoria de dicha instancia legislativa y que cuando reciba la “invitación” acudirá para explicar.
Para destacar
Tres expertos coinciden en que el Tribunal Constitucional actual no podrá ver demandas contra la directiva electoral.
Rojas Tordoya afirmó que el Tribunal actual podrá admitir los recursos de inconstitucionalidad, pero no los resolverá.
Para Gabriel Peláez, se presenta una demanda de inconstitucionalidad cuando un hecho esté contra la Constitución.
Wilman Durán asegura que otras instancias a las que podrían recurrir los opositores son los organismos internacionales.
Las agrupaciones políticas MNR, UN, MSM y ASP alistan amparos, recursos de inconstitucionalidad y querellas.
El Presidente del OEP habla de alternativas para zanjar el dilema: el Legislativo o el Tribunal.
La presión sobre la CNE se rearticula
Citación. Comisión cita a Costas para el 4 de mayo a informe oral
Paulo Cuiza – La Paz, La Razón
Una huelga de hambre y una acción de amparo constitucional se sumaron ayer a las presiones contra la CNE para anular las directivas 030 y 031 que redistribuyen escaños departamentales. Su presidente, Antonio Costas, ratificó la validez de las mismas y dijo que no renunciará.
En horas de la mañana y en compañía de dirigentes y asambleístas del frente opositor Unidad Nacional (UN), el ex candidato a gobernador de La Paz por ese frente, Carlos Hugo Laruta, anunció la instalación del piquete de huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo. Dijo que lo haría para evitar la intervención de la Policía, que la pasada semana impidió la instalación de piquetes en la Corte Departamental Electoral (CDE) de La Paz.
“El Presidente de la Corte (Antonio Costas) ha convertido los votos de miles de ciudadanos en escaños del MAS”, acusó Laruta, e instaló la huelga junto a los asambleístas de UN: Luis Flores, Boris Gutiérrez, Ivania da Silva Loayza y Policarpio Achu.
Advirtió además con iniciar procesos y plantear un amparo constitucional para hacer respetar las cinco concejalías que su partido obtuvo el 4 de abril y que, según la interpretación de la CNE, se redujeron a la mitad.
En Sucre, el también ex candidato a la Gobernación de Chuquisaca, John Cava, presentó ante el Ministerio Público una acción de amparo constitucional “para la tutela inmediata de nuestros derechos consagrados en la actual Constitución Política del Estado (CPE)”, argumentó el político.
El ex candidato de Alianza Por Chuquisaca no descartó el inicio de acciones penales contra la CNE.
En medio de estas acusaciones y medidas de presión, el diputado Javier Zavaleta, de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, informó que esa comisión citó al presidente de la CNE para el martes 4 de mayo a prestar un informe oral sobre las directivas 030 y 031.
“Si ha habido la intencionalidad de favorecer a un partido político no sólo sería grave, sino constituiría una violación a todo precepto democrático y eso está penado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Anticorrupción) y el Código Penal”, argumentó.
El diputado recordó que cualquier asambleísta o persona individual se reserva el derecho de iniciar una acción penal a Costas si resulta que el procedimiento aplicado para la aprobación de las directivas sobre la distribución de escaños es ilegal.
El 23 de abril, Costas se excusó, a través de una misiva, de presentarse ante la Comisión de Constitución para declarar por el mismo tema.
En horas de la tarde de ayer, la diputada de UN Elizabeth Reyes promovió en la Asamblea una protesta con carteles con el lema “Viva la huelga de hambre en defensa de la democracia”, en contra de la CNE y pidió aprobar una resolución camaral para que la CNE deje sin efecto las directivas.
Desde Oruro, el ex senador del MAS Félix Rojas advirtió que “no se pueden ganar escaños con huelgas y ser asambleístas por presión”.
Antonio Costas, en entrevista a Erbol, ratificó la validez de las directivas y ratificó que no dejará el cargo.
No excluirán a Costas
El Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene entre sus planes excluir al actual presidente de la CNE, Antonio Costas, de la estructura funcional del nuevo Órgano Electoral Plurinacional, según dijo la diputada del MAS Rebeca Delgado.
Costas dice que quejas no tienen base legal
El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, dijo ayer que las denuncias de partidos políticos contra las directivas 030 y 031 carecen del sustento legal necesario como para hacer pensar en un cambio o retiro.
“La Corte Electoral ciñe su trabajo a la normativa y si existiría una controversia en la aplicación de estas normas, existen los recursos para que esta controversia pueda dirimirse. Nosotros hemos visto en el transcurso de estos días que todos los reclamos se han centrado o en acciones de hecho o en memoriales que no tienen el sustento jurídico necesario para que nosotros inclusive analicemos y revisemos las directivas”, dijo Costas en conferencia de prensa, tras una entrevista en radio Erbol.
El presidente de la CNE reiteró que las directivas 030 y 031 están amparadas por la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio y el reglamento aprobado para las elecciones del 4 de abril.
“La ley establece claramente cuántos escaños va a tener cada una de las organizaciones políticas, dependiendo de su votación”, recalcó.
Asimismo, el vocal sostuvo que la CNE no puede interpretar las leyes y luego argumentó que los incisos c y d del artículo 38 de la Ley 4021 no pueden ser aplicados a las elecciones del 4 de abril por ser unos comicios opuestos al celebrado el domingo 6 de diciembre del 2009, para Presidente, Vicepresidente y asambleístas.
“Si se aplicarían los incisos c y d tendríamos que eliminar a todos los elegidos como asambleístas territoriales de los elegidos de asambleístas por población, tendríamos que sobreponer el elegido por territorio sobre el elegido por población y este señor, (el asambleísta por población) que también ha sido votado y elegido por el ciudadano, también podría reclamar en su momento”, detalló. Costas recalcó que el número de asambleístas por territorio es fijo.