Morales no puede concebir que los bolivianos le hayan parado el coche y dicho NO a sus deseos totalitarios y su respuesta es una furiosa arremetida contra la oposición.
Gary Prado (izq) y Marco Antonio Monasterios (der) detenidos en Santa Cruz y traídos a La Paz a simple sospecha de vinculación con el supuesto grupo terrorista de Rozsa. (fotos Abi)
La reactivación de los juicios a los gobernadores electos de la oposición, a varios excívicos que ganaron Alcaldías y las recientes detenciones de Gary Prado y Marco Antonio Monasterios y su expeditivo traslado a La Paz, constituyen una clara advertencia a la oposición y muestran sin el menor margen de dudas lo que está dispuesto a hacer el gobierno para consolidar un régimen autoritario en el que cualquier posibilidad de disenso estará vedada. Los disidentes deben estar seguros que el presidente Morales no dudará en hacerles la vida imposible.
El gobierno del MAS está jugando a varias manos. En algunos casos utiliza la desacreditada investigación sobre el supuesto caso de “terrorismo” y mediante la extorsión y la amenaza logra que algunas personas como Kudelka y otros, acusen a quien el gobierno quiere o le conviene y esto es más que suficiente argumento para detener a los opositores y trasladarlos a La Paz contra toda norma legal.
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Lo que se está produciendo en la actualidad solo tiene parangón en las más secantes y atrabiliarias dictaduras. Por sospechas o “indicios” cualquier persona puede ser detenida sin más trámite en medio de agresiones a la prensa. El Terror se está implantando en el país y está dirigido a conseguir que el miedo paralice, anule las conciencias y la dignidad y se imponga el mas sucio individualismo del "sálvese quien pueda".
Evo Morales no puede concebir que el país le haya parado el coche y le haya dicho que no consentirá experimentos totalitarios, que quiere un equilibrio entre los poderes del Estado y no que el poder esté concentrado en una sola persona y que estemos sometidos a sus ambiciones y caprichos.
Con estas detenciones nos está diciendo que nos cuidemos y que su dedo acusador puede señalar a cualquiera y en cualquier momento. El fiscal Soza está manejando una extensa lista de personas elaborada en el Ministerio de Gobierno y que incluye a políticos, empresarios, periodistas, cívicos, disidentes del MAS y ex aliados.
La lista es por demás, sumamente flexible y puede incluir a cualquier persona que por uno u otro motivo puede resultar molesta para el gobierno. En suma, el verdadero gestor de estas acciones punitivas es el Poder Ejecutivo y Soza y otros fiscales, y los jueces son tan solo el instrumento, los operadores judiciales del oficialismo.
En criterio del gobierno esas personas deberán pagar por el imperdonable e imprescriptible delito de haber trabajado por las autonomías departamentales. Para los masistas eso es “separatismo”, eso es “terrorismo” .
El propio ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que hizo fortuna y carrera política “defendiendo los derechos humanos”, ha sido claro al precisar las intenciones gubernamentales y justificar las ilegales detenciones de opositores; ha dicho que no quedará libre uno solo de quienes resulten sindicados de “terroristas” de acuerdo a su visión evidentemente sesgada y parcial.
Es claro que para el gobierno es “terrorista” cualquier persona de exprese el más mínimo desacuerdo con el régimen masista. Para el gobierno no es “terrorista” el que pone bombas en canales de televisión como en Yacuiba o en torres eléctricas o gasoductos; tampoco es terrorista quien asalta remesas en las universidades.
Alvaro García Linera, que dice ser el “último jacobino” debiera recordar y enseñarle a Evo que Danton, Robespierre y otros cabecillas de la Revolución Francesa, resultaron víctimas del propio régimen de terror que instauraron. Es pertinente recordar las palabras de ese insigne pensador que fue Franz Tamayo que decía que “nadie es impunemente poderoso”.