Caso Rozsa encubre vieja guerra entre logias y sindicatos

FAJARDUS La pugna entre el gobierno y los grupos de poder cruceños por el caso Rózsa es una reedición de una antigua guerra entre logias y sindicatos; una disputa de poder entre dos formas de agregación poco democráticas y excluyentes entre si, en criterio del analista político Erick Fajardo.

“El discurso de anular a las logias cruceñas bajo acusaciones de separatismo y terrorismo es la estrategia de un poder sindical de raíz occidental, que busca tomar control institucional del oriente, pero cuyos métodos son iguales de antidemocráticos y verticales”, dijo.

“Antes había que ser logiero para llegar a ser prefecto, o, ministro; hoy se necesita haber sido sindicalista para ser director de la Aduana, o, Defensor del Pueblo”, sostuvo.



Fajardo aseguró que tanto izquierdas como derechas tienen en los sindicatos y logias, respectivamente, sus formas de agregación naturales y sus “cuarteles de invierno”.

Considera que las logias y sindicatos son espacios paraestatales, una institucionalidad ilegítima donde históricamente se han atrincherado ciertas elites políticas en repliegue, sean de oriente u occidente, cuando pierden el poder, o, el control del Estado”, explicó.

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“Las logias controlan cooperativas y la institucionalidad en el oriente, lo mismo que los sindicatos controlan las alcaldías rurales y la institucionalidad en occidente, desde allí organizan y financian su lucha por el poder”, añadió.

Explicó que ambas son antidemocráticas, seculares y excluyentes. Además considera que las dos organizaciones viven de la “rapiña estatal”, exaccionando aportes e imponiendo movilizaciones a sus afiliados y ejerciendo mecanismos de coerción violentos.

Agregó que en su momento las logias dominaron el país y utilizaron el poder estatal para criminalizar a los principales sindicatos bajo cargos de alzamiento armado y narcotráfico. “Hoy esos sindicatos controlan Ejecutivo y Legislativo y han impuesto su modelo de estado, donde las logias están proscritas bajo cargos de terrorismo y corrupción” explicó.

Señaló que entre la década de 1990 y 2000 las logias usaron la Ley 1008 supuestamente para ejercer un poder de Estado impune para debilitar la base económica del sindicalismo cocalero. “Hoy los sindicatos utilizan el Estado y la Ley “anticorrupción”, su versión particular de la ley 1008, para obligar las logias a replegarse de las últimas instituciones regionales”, manifestó.

ANF