Ver también la siguiente aclaración en http://germanvalenzuelalemaitre.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
En marzo de 2006 denunciaron que Valenzuela, entonces Agregado Militar, distribuía pornografía infantil. Impidió que lo allanaran amparándose en su inmunidad diplomática.
Jueves 15 de abril de 2010. El presidente Evo Morales entregó el jueves sables a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas recientemente ascendidos de rango. (Foto: ABI)
PAGINA 12:
Un diplomático boliviano acusado de distribuir videos de paidofilia
El ex agregado aeronáutico de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires fue llamado a indagatoria sospechado de traficar material paidófilo desde su casa de Palermo. Interviene la Corte Suprema.
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Viernes, 3 de marzo de 2006
Un integrante de la Fuerza Aérea boliviana, que se desempeñó en el cargo de agregado aeronáutico en la embajada de ese país en la Argentina, fue acusado de distribuir videos con pornografía infantil por Internet desde su casa del barrio de Palermo. Ahora fue llamado a declaración indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, que se declaró competente en el caso debido a que la causa judicial se inició durante su trabajo como diplomático. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informaron que se trata de un ex diplomático, aunque aún pertenece a la fuerza.
Germán Valenzuela Lemaitre recibió su acreditación como agregado aeronáutico de la Embajada de Bolivia el 29 de enero de 2004, cuando todavía era teniente coronel. Más tarde fue ascendido. Su tarea era establecer vínculos con la Fuerza Aérea argentina, pero según la acusación que es investigada por la Corte Suprema, también utilizaba una conexión a Internet de su vivienda de la calle Oro para ofrecer videos pornográficos en los que participaban menores de edad.
El primer dato sobre el supuesto delito lo tuvo el Departamento de Interpol de la policía alemana. Desde allí detectaron que por medio de un IP argentino, es decir de una dirección electrónica, se distribuían archivos de video con pornografía infantil. La información fue remitida a la Policía Federal, de la que intervino la División de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal y que trabajó a las órdenes de la jueza nacional en lo Criminal Alicia Iermini.
El acusado, Germán Valenzuela Lemaitre, sigue perteneciendo a la Fuerza Aérea de Bolivia.
La investigación logró determinar que el IP correspondía a una empresa de cablemódem y que se la proveía a Germán Valenzuela Lemaitre, cliente del servicio. La jueza y la policía se toparon con un obstáculo cuando quisieron seguir adelante con el caso. El 30 de abril de 2005 intentaron realizar un allanamiento en la casa del teniente coronel y se encontraron con que interpuso su status de diplomático y el artículo 37 de la Convención de Viena, según el cual gozaba de inmunidad y su domicilio era inviolable. La norma internacional también fue citada en esa oportunidad por la Cancillería boliviana, desde donde pidieron a la Argentina que antes de revisar la casa “la República Argentina debía requerir la conformidad del Estado boliviano para renunciar a la inmunidad”, según informaron ayer desde La Paz. El allanamiento quedó en la nada.
Ante esa situación, la jueza se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema, debido a que entendía que era el tribunal con competencia en el caso. Así, el 4 de agosto del año pasado, Luis González Warcalde, procurador ante el tribunal, consideró que como estaba acreditado el rango diplomático del investigado, la causa “concierne a la jurisdicción originaria de la Corte”. Y expresó que “si continuara a cargo de la Justicia ordinaria podría afectarse la delicadeza de las relaciones y el trato respetuoso que merecen las potencias extranjeras”.
Más tarde, el 20 de diciembre, con las firmas de los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, la Corte dictó la sentencia en la que dispuso recibir declaración indagatoria de Valenzuela Lemaitre y que la Cancillería requiera a Bolivia “la conformidad correspondiente para que Valenzuela pueda ser sometido a la jurisdicción de este Tribunal”.
Los pasos procesales eran los correctos, pero tal vez no lo suficientemente veloces. Fuentes de la Cancillería argentina indicaron a Página/12 que recibieron el pedido del Poder Judicial el pasado 6 de febrero y que cuatro días más tarde enviaron “una notificación formal a la Embajada de Bolivia solicitando que Valenzuela Lemaitre se presentara a un juicio sin inmunidad”. Sin embargo, el diplomático ya no era tal desde el 31 de diciembre de 2005.
Hasta ayer los funcionarios bolivianos no habían respondido al pedido argentino. Sí saben que el militar ya no está en la Argentina y que dejó de cumplir funciones como diplomático. En un comunicado, la Cancillería boliviana manifestó que “predispuso toda la colaboración a las autoridadesargentinas en lo que fuese necesario” y sostuvo que “es interés del gobierno de Bolivia que los hechos que motivaron la investigación sean aclarados en su integridad”.
Nota del periódico argentino CLARIN del 3 de marzo de 2006:
Investigan a un diplomático por distribución de pornografía infantil
DELITOS CONTRA MENORES : LA CORTE ORDENO QUE SEA CITADO A DECLARAR
Es el ex agregado militar de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires. Lo acusan de distribuir por Internet videos porno con chicos. Impidió que lo allanaran amparándose en su inmunidad diplomática.
Facsímil
La Corte resolvió tomar el caso. Ahora esperan una respuesta del gobierno boliviano al argentino, porque la Cancillería pidió que al sospechoso se le quitara su inmunidad diplomática. De otro modo no podría ser indagado por la Justicia argentina.
Martín Sassone. Clarin.com
3 de marzo de 2006
Un ex agregado aeronáutico de la Embajada de Bolivia en la Argentina es investigado por la Justicia, sospechado de haber distribuido en el exterior videos de pornografía infantil a través de Internet. Por tratarse de un funcionario diplomático, la causa quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sospechoso todavía no fue indagado y, según fuentes judiciales, ya no estaría en el país. Voceros de la Embajada aseguraron ayer que el ex funcionario dejó su cargo el 31 de diciembre del año pasado, pero no por motivos relacionados con la causa, sino porque «había cumplido su misión diplomática».
En una resolución a la que tuvo acceso ayer Clarín, la Corte decretó el 20 de diciembre la instrucción del sumario y se lo delegó al secretario del Tribunal, Esteban Canevari. Firmaron la resolución los jueces Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.
La investigación comenzó a fines de julio de 2005, cuando la Policía Federal recibió la información del Departamento de Interpol de la Policía alemana acerca de que en ese país se ofrecían archivos de video con pornografía infantil mediante una conexión a Internet originada en la Argentina. En Alemania hay una división especial que vigila la web las 24 horas (ver Cómo controla la Policía en Alemania).
La Federal detectó que los archivos habían salido desde un departamento de la calle Fray Justo Santamaría de Oro, en Palermo, a través del servicio Cablemódem Fibertel, de la empresa Cablevisión S.A., cuyo titular era Germán Valenzuela Lemaitre. Los policías consiguieron una orden de allanamiento del Juzgado de Instrucción porteño Nº 48, a cargo de Alicia Iermini. Pero cuando llegaron al departamento indicado, Valenzuela impidió el allanamiento amparándose en su status diplomático. Allí les aseguró a los policías que era funcionario de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires.
La jueza Iermini corroboró que el imputado era un coronel con rango diplomático y se declaró incompetente para seguir actuando en el caso. «(…) si continuara a cargo de la justicia ordinaria podría afectarse la delicadeza de las relaciones y el trato respetuoso que merecen las potencias extranjeras», sostuvo la jueza.
El procurador Luis González Warcalde opinó entonces que la Corte debía tomar el expediente. «Para el supuesto de confirmarse que quien reviste status diplomático es autor, cómplice o encubridor del hecho, correspondería requerir la conformidad exigida por el artículo 32 de la Convención de Viena», sostuvo.
Ese artículo establece que «el Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad» para, por ejemplo en este caso, ser sometido a una investigación judicial. Finalmente el 20 de diciembre la causa Nº 14910/2005 quedó registrada en la Corte Suprema, caratulada como «publicaciones obscenas«.
Fuentes de la Cancillería aseguraron ayer que el 10 de febrero pasado se envió por escrito a la Embajada de Bolivia el pedido para que le quitaran el status diplomático al sospechoso, y así pudiera ser investigado por el caso. Los voceros agregaron que hasta ayer la Embajada no había respondido al pedido argentino.
Anoche, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitió un comunicado en el que expresa «toda la colaboración a las autoridades argentinas en lo que fuese necesario, dejando establecido que es interés del gobierno de Bolivia que los hechos que motivaron la investigación sean aclarados en su integridad».
GERMAN VALENZUELA IMPLICADO TAMBIEN EN USO ILEGAL DE FRANQUICIAS
Se usaron $us 8,1 millones en compras con franquicias
La Prensa, La Paz – Bolivia
Edición de Marzo 26, 2008
La Cancillería denunció ayer que suman 8,1 millones de dólares los fondos utilizados en el aprovechamiento irregular de franquicias para la compra de automóviles de lujo, bebidas, cigarrillos y enseres personales por parte de 134 ex diplomáticos y funcionarios bolivianos en la Embajada y los consulados bolivianos en Argentina entre 1987 y 2007.
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos funcionarios compraron y vendieron en el transcurso de 20 años 294 automóviles último modelo por un monto total de 7.301.257 dólares.
Las franquicias permiten a los diplomáticos adquirir bienes importados sin pagar impuestos nacionales. El escándalo por los “automóviles truchos” se puso al descubierto el 25 de enero, tras una investigación iniciada por el juez Norberto Oyarbide por la venta de franquicias para la compra de vehículos de lujo advertida en la Cancillería de Argentina. La Prensa reveló que 11 diplomáticos y ex funcionarios bolivianos estaban involucrados en el escándalo. Ahora, la Cancillería estableció una lista de 134 ciudadanos implicados (ver recuadro).
Los diplomáticos comercializaban sus franquicias a ricos y famosos, quienes adquirían vehículos libres de impuestos. En Bolivia, la primera etapa del proceso de investigación arrojó resultados, que fueron entregados ayer a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo.
Suxo se comprometió a elaborar un informe técnico jurídico para luego presentar la denuncia al Ministerio Público.
En las maniobras advertidas se usaron 460.850 dólares para la compra de bebidas, 300.301 dólares para enseres personales y 7.391.257 dólares para vehículos de lujo, haciendo un total de 8.152.408 dólares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores adoptó medidas en todas las embajadas y consulados bolivianos, como el regular la compra de vehículos en el servicio exterior, y en julio de 2007 estableció un Reglamento para el servicio exterior.
La norma obliga a las embajadas y consulados a adquirir automóviles sólo con una autorización del Congreso y define categorías para que no todos los funcionarios puedan comprar autos aunque sus salarios se los permitan.
Entre las 134 personas involucradas en irregularidades se encuentran no sólo ex embajadores bolivianos, sino también agregados militares y funcionarios administrativos de menor rango.
Los funcionarios observados liberaron vehículos también en Colombia y Ecuador, donde rotaron fruto de su carrera administrativa. Algunos de ellos aún trabajan en la Cancillería, reconoció Choquehuanca.
Suxo aseguró que la Convención de Viena establece con claridad el delito de abuso de franquicias. “Daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito son los delitos en que incurrieron los funcionarios”.
Por el momento, la periodista y diplomática Ximena Guzmán, Jhanina Sánchez, Jaime Arellano, Mirtha Darlene, Teresa Salinas, Raúl Aniceto Capriles, Williams Tórrez y Jaime Arias de la Riva, entre otros, son investigados por la justicia argentina.
La investigación por las irregularidades abarca el periodo 1987-2007.
El presidente Evo Morales exigió “limpiar” el servicio exterior de la corrupción.
Las operaciones alcanzan la compra de vehículos de lujo, enseres y bebidas alcohólicas.
Los ex diplomáticos y funcionarios indagados por el escándalo de las franquicias:
134 INVOLUCRADOS, Germán Valenzuela figura en el número 36 de la lista. (ver archivo La Prensa de la fecha indicada)