Resulta inaudito que por defender los «negocios» de un solo individuo el gobierno del «cambio» transcurridos mas de 12 días no solucione un conflicto que perjudica a miles de ciudadanos.
Impotencia: una comerciante solloza impotente por la pérdida de sus productos por el bloqueo de Caranavi (foto La Prensa)
Fidel Surco, ex dirigente de las “comunidades interculturales” antes conocidas de manera más prosaica como “colonizadores” y ahora senador del Estado Plurinacional, ha sido identificado, de manera muy acertada, como el origen del conflicto que afecta a la población de Caranavi.
Resulta que tiene intereses muy concretos en que la planta procesadora de cítricos sea instalada en la zona de Alto Beni, donde es propietario de una extensión de tierras que llega a las cinco mil hectáreas que le han sido dotadas en los últimos cuatro años por el INRA y las cuales ha dedicado de manera muy visionaria a la producción de cítricos.
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Las virtudes de Surco para hacer negocios son muy conocidas y sus métodos, que no pueden ser calificados como honestos, también. Siempre dijo que apenas era propietario de una pequeña extensión de tierra en la que se ganaba de manera sacrificada la vida cultivando hortalizas y unos cuantos árboles frutales.
Algo muy interesante debió pasar no se sabe si por arte de magia o por situaciones algo más terrenas, pero lo cierto es que de la noche a la mañana, Surco, de sacrificado agricultor (casi muerto de hambre) se volvió empresario del autotransporte.
Dice que la empresa Trans Turbo Totaí, que hace viajes a la zona de los Yungas, es propiedad de un consorcio y que su esposa, Arminda Colque es solo una accionista más. Sin embargo, todos saben que la señora Colque hasta antes de su matrimonio con Surco era una pequeña comerciante informal que jamás habría soñado ser propietaria de varios buses, cuyo coste superan cada uno los 60 mil dólares. Todos saben que ella es (como “palo blanco” de su esposo) la propietaria total de la empresa y que si existen otros accionistas muy minoritarios esto se debe a que así lo exigen las normas para formar empresas bajo la modalidad de responsabilidad limitada.
Por otra parte es sabido que un método muy conocido para ocultar ganancias difíciles de explicar, es colocar bienes a nombre de los allegados. Nadie hubiera sabido que Surco tenía interese en la Trans Totaí de no haberse producido el atentado contra su esposa, cuyas motivaciones aún no han sido establecidas y ella resultó la única víctima en tanto su arribista «esposo» goza de las mieles del poder y se da de galán en el Senado.
Surco también tiene concepciones monopólicas en los negocios como tiene inclinaciones hegemónicas en la política. Los pobladores de Caranavi saben que desde hace mucho tiempo que pretende borrar del mapa a la competencia aprovechando la influencia que tiene en el gobierno y de ahí que hayan reaccionado tomando las oficinas de la empresa Trans Totaí, lo cual, como no ocurrió en el caso de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ha sido calificado por el gobierno como un inaudito atentado contra la propiedad privada.
Por lo visto, Fidel Surco, al amparo de su poder político busca acrecentar su fortuna que ya es apreciable y más si se trata de alguien que hasta hace pocos años era un humilde colonizador pero dentro de su ambición ha generado un conflicto que está quemando al gobierno como una papa caliente. A esta altura resulta inaudito que por defender y tapar los negocios de un solo individuo el gobierno del «cambio» transcurridos mas de 12 días no solucione un conflicto, cuyo bloqueo perjudica a miles de ciudadanos.
Es claro que llegado el momento el gobierno deberá optar por favorecer a los pobladores o a uno de sus miembros más influyentes. Parece que el vicepresidente Alvaro García se olvida de vez en cuando de su repetido principio de “sentar la presencia del Estado” y prefiere que el gobierno se haga de la vista gorda para evitar el costo político que implicará tomar una decisión en uno u otro sentido.
A menos que Surco tenga socios en la cúpula masista en el negocio de tierras y de transporte, ha llegado el momento de que el gobierno dé una prueba de su proclamada «transparencia».