Sugestivo el silencio que mantiene Evo (siempre de viaje por el mundo) y el ministro Sacha frente al impune asesinato de policías. El “Estado fuerte” que anuncia García Linera solo se manifiesta cuando el gobierno quiere actuar contra la oposición política.
Los pobladores dicen que viven con temor tras calma en Uncia. Los policías que estaban en Uncía fueron replegados a Llallagua y también a la ciudad de Oruro para poder proteger su integridad física. (foto El Potosí)
Los cuatro policías asesinados en la localidad Uncía nos muestran de que la “presencia del Estado en todos los puntos del territorio” anunciada por el vicepresidente Álvaro García no es más que una ficción, una más de las tantas frases clichés diseñadas para ocultar una realidad que cada vez se hace más evidente.
Como de costumbre tuvieron que darse unos cuantos muertos para que esa realidad emerja en todo su dramatismo. La situación en el norte de Potosí está a contrapelo de todo lo que dicen los discursos oficiales. A la secular pobreza que afecta la región se ha sumado la convicción de que el Estado, ese Estado omnipresente que se imagina García Linera, no les ha dado nada y no pueden esperar nada de él.
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Los pobladores de la región apenas han recibido durante el proceso de cambio algún polideportivo o canchas de césped sintético, sienten que tienen que arreglárselas por sí mismos dedicándose a actividades que en muchos casos son abiertamente delincuenciales. Además ha calado muy profundo la idea de las “autonomías indígenas” son una carta blanca para hacer cualquier satrapía, al margen de toda norma.
Es así que Uncía y en general las poblaciones del norte de Potosí se han convertido en una “zona roja”, en una especie de tierra de nadie en la que el tráfico de vehículos “chutos” es una de las actividades que podría ser considerada como una de las más inocuas e inofensivas.
No es secreto para nadie que el salar de Uyuni se ha convertido en el lugar de tránsito no solo de vehículos “chutos”. Es también una de las zonas donde el narcotráfico ha sentado sus reales. No hace mucho se descubrieron en la región aledaña de Cala Cala varias fábricas de cocaína.
En consecuencia se trata de una zona de flujo y reflujo. Por ahí entran los vehículos de contrabando y precursores químicos desde Chile y se dirigen hacia ese mismo país grandes cantidades de cocaína que es elaborada en el mismo lugar y provienen también del valle cochabambino.
El norte de Potosí y el sudoeste cochabambino, tal vez las regiones más pobres de Bolivia, han experimentado en los últimos años un inusitado crecimiento en su actividad debido al contrabando y el narcotráfico que utilizan los caminos vecinales en los que no existe control alguno.
Todo esto lo sabe el gobierno pero no se atreve a ponerle el cascabel al gato. Las comunidades indígenas de la región son uno de sus bastiones políticos más fuertes y está consciente que una acción más decidida podría afectarle seriamente.
Resulta muy sugestivo el silencio que ha mantenido el presidente Evo (que vive más en el exterior que en el país) y el hasta ahora ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ante estos hechos. Pareciera que quieren reducir el tema a la magnitud de un asunto policial de poca monta cuando los alcances del problema tiene aristas muy peligrosas relacionadas con la mal llamada «justicia comunitaria», que encubre delitos que quedan en la impunidad.
El “Estado fuerte” que anuncia García Linera en realidad solo se manifiesta cuando el gobierno quiere actuar contra la oposición. Es solo en esa oportunidad cuando se manifiesta en toda su “majestad” la «autoridad» de fiscales y jueces masistas que detienen y trasladan a autonomistas, «separatistas», «terroristas» y «neoliberales» en forma expedita a las cárceles de La Paz, para hacerles sentir todo el peso de la ley.