Si una organización denuncia los abusos en Bolivia; si los trabajadores defienden el salario o si una región reclama un proyecto, el «imperio» es el culpable.
Lo que Evo no quiere que vea el mundo. Policías reducen a los manifestantes luego de tomar Caranavi. Algunos fueron trasladados a La Paz, donde ya hay decenas de detenidos por bloquear (foto La Razón)
“Bolivia debería modificar su marco jurídico para acusar y enjuiciar a ex jefes de estado con el fin de asegurar que se protejan garantías básicas de debido proceso”, señaló un informe de Human Rights Watch. La expresión no puede ser considerada agresiva y, es más, se enmarcan dentro de una doctrina jurídica reconocida universalmente.
Sin embargo para Evo Morales y su siempre sesgado entendimiento constituye una nueva agresión en contra de su gobierno y del tan decantado “proceso de cambio”. A falta de argumentos más convincentes nuevamente acude al manido y desprestigiado recurso de acusar a la entidad defensora de los derechos humanos en el mundo de ser una servidora del imperio.
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Es claro que el actual gobierno tiene muy poco interés de luchar contra la corrupción como afirma en sus declaraciones cada vez menos creíbles. De ser así debería ver primero que es lo que sucede por casa. Lo que ha quedado en evidencia no solo para los bolivianos sino para toda la comunidad internacional, es que el gobierno del MAS en realidad está interesado en estructurar una sistema de poder hegemónico para lo cual tres ex presidentes y un ex vicepresidente elegidos democráticamente, pueden resultar muy incómodos.
Toda persona, incluidas las máximas autoridades de un país, si han cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones deben atenerse a las consecuencias. Pero una cosa muy diferente es que un gobierno apruebe leyes a su medida que anticipan la condena de sus opositores políticos.
La aplicación retroactiva de la ley penal está expresamente prohibida por el derecho internacional que reconoce también la obligatoriedad de la presencia del encausado y su derecho a la apelación.
Estos principios básicos inherentes a la doctrina jurídica moderna fueron aplicados en el caso de Luis García Meza. Hoy el exdictador cumple su merecida condena y no hubo necesidad de leyes diseñadas ex profeso.
Toda persona, así haya cometido el más repudiable de los delitos, tiene derecho a un debido proceso y a que las sanciones que se le apliquen provengan de un tribunal independiente del poder político. Salta a la vista que en el caso que ocupa a Human Rights Watch, estos derechos están siendo desconocidos.
Lo que preocupa al gobierno de Evo Morales es que la comunidad internacional se esté dando cuenta de su impostura. Que si bien llegó al poder mediante métodos democráticos sus intenciones no son democráticas y que en Bolivia se está aplicando de manera cada vez más abusiva, un proyecto autoritario que pasa por la anulación de cualquier vestigio opositor utilizando para ello “leyes” amañadas que serán aplicadas por jueces sometidos al poder político porque fueron nombrados por el oficialismo.
Las reacciones desentonadas ante el informe de Human Rigths Watch si bien eran previsibles muestran el talante de un gobierno que confronta graves problemas internos, que intenta ocultar acusando a los trabajadores que reclaman mejor salario, de ser aliados de la derecha y del imperialismo estadounidense.
Lo cierto es que el régimen de Evo está cada vez más sumido en un delirio de poder que lo aleja de la realidad, mientras su imagen internacional se deteriora a paso acelerado a pesar de su autoproclamado último título de “defensor del medio ambiente” y de una desesperada maniobra de sus propagandistas que le llevó a Nueva York para entregar un papel al Secretario General de la ONU, mientras en Bolivia los problemas sociales estallaban con muertos y heridos en el norte paceño y con marchas y huelgas en el resto del país.