Dos artículos facultan a las asambleas departamentales a suspender a autoridades que tengan una acusación formal en materia penal. La ley se discutirá el próximo lunes
La Razón. Álvaro Arias.El presidente Evo Morales entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley transitorio para las autonomías, en el que plantea la idea de suspender a los gobernadores electos sobre los que pesa alguna acusación formal en materia penal. Tres opositores están acusados ante la justicia.
Los gobernadores electos Mario Cossío (Tarija), Rubén Costas (Santa Cruz) y Ernesto Suárez (Beni) confrontan juicios iniciados por instancias gubernamentales.
El vicepresidente Álvaro García Linera defendió ayer el proyecto en Santa Cruz y dijo que “los gobernadores y alcaldes electos están obligados a pedir licencia en caso de tener una causa judicial abierta en su contra, aunque si bien la misma no impedirá el juramento de los electos”.
En sus artículos 8 y 9, el proyecto presentado por Morales faculta a las asambleas departamentales para la sustitución de gobernadores por una autoridad interina “sin mayor trámite”, luego de conocer la acusación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El 8 determina que “La Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio de mandato” y el 9 especifica que “la acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente, será comunicada por el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquella y designe sin mayor trámite a la máxima autoridad ejecutiva interina”.
Agrega además que “si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional pronuncia sentencia condenatoria y la misma es ejecutoriada, se procederá a una nueva elección, para completar el respectivo periodo constitucional”.
Costas es procesado por una presunta malversación de Bs 10,2 millones que se usaron en el referéndum autonómico cruceño del 4 de mayo del 2008. La Contraloría del Estado hizo la denuncia respectiva.
En la misma situación se encuentran Cossío y Suárez. Este último enjuiciado por la adquisición de un grupo electrógeno y por supuesta malversación de fondos en el referéndum autonómico del 1 de julio del 2008.
Cossío afronta al menos ocho juicios iniciados por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción encabezado por Nardi Suxo y dos ya tienen imputación formal. La Contraloría también le inició un proceso por el desembolso de al menos Bs 5 millones para la organización de la consulta autonómica en Tarija.
La oposición en el Senado denunció que se trata de una persecución política. “Es una ley draconiana que intenta decapitar a los gobernadores electos a simple acusación”, opinó la senadora Centha Reck (PPB-CN).
El jefe de bancada del PPB en el Senado, Germán Antelo, dijo que la iniciativa es “inconstitucional” y que tiene el objetivo político de anular a los gobernadores de la oposición.
El ministro Romero explicó que la propuesta “llena un vacío legal” y aseveró que este procedimiento también se aplica en el caso de los alcaldes y concejales municipales.
Además, recordó que se trata de una iniciativa que podrá o no ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Nosotros hicimos una propuesta y la decisión final la tendrá la Asamblea Legislativa”.
La senadora del MAS Gabriela Montaño defendió las competencias de las asambleas departamentales para nombrar una autoridad interina y recordó que Costas, Cossío y Suárez tienen procesos penales en curso. “Las asambleas también son autoridades electas el 4 de abril. Son procesos penales y acusaciones vinculadas a malversación de fondos y corrupción”.
El MAS tiene dos tercios en cinco asambleas departamentales, pero en el caso de las de Santa Cruz, Beni y Tarija no cuenta con ese respaldo. Sin embargo, la norma transitoria no especifica un porcentaje de votación.
Previsiones y análisis de la norma
La presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías del Senado anunció que el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño será tratada al interior de esta instancia legislativa a partir del lunes.
Ayer se conoció el proyecto de ley y específicamente los artículos 8 y 9, un día después de que el ministro de Autonomías, Carlos Romero, anunció que el mencionado proyecto determina que las nueve gobernaciones podrán aplicar sus 36 competencias exclusivas. “Fue una cortina de humo”, dijo la senadora Centha Reck.
Medios de comunicación recibieron información incompleta
El jueves, aproximadamente a las 18.00, La Razón recibió del Ministerio de Autonomía una copia del proyecto de ley transitoria sobre las autonomías departamentales, en la que no aparece el polémico artículo 8 que abre la puerta para suspender a los gobernadores electos que enfrenten procesos en la justicia.
El documento fue entregado a este medio con la advertencia de que el mencionado artículo “no era el definitivo”, versión que ayer ratificó a este medio el ministro del área, Carlos Romero.
Ciertamente, durante una entrevista concedida a La Razón, la autoridad hizo notar que lo que había hasta ese momento (17.30 aproximadamente) era un texto incompleto “aún sujeto a revisión”, al que finalmente accedió este medio media hora después.
No obstante, el proyecto de ley ya había sido entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos horas y media antes, a las 15.20, según consta en el sello de recepción de correspondencia de la Vicepresidencia del Estado.
El documento está acompañado por una carta de presentación enviada por el presidente Evo Morales, en la que solicita “la aprobación constitucional pertinente”.
El jueves, después de haber recibido a La Razón, Romero ofreció una conferencia en la que explicó los alcances del proyecto de ley transitoria. Posteriormente, la oficina de prensa de su despacho envío a los medios de comunicación un resumen de su exposición. Sin embargo, ni en la conferencia de prensa ni en el resumen se detalló sobre el contenido del artículo 8 del proyecto de ley.
El Ejecutivo quiere neutralizar a los gobernadores enjuiciados
Suspensión: El proyecto de Ley Transitoria de Autonomías del oficialismo establece que las autoridades ejecutivas electas que tienen acusación penal en su contra serán suspendidas de sus cargos. La oposición habla de persecución política.
Senado: los senadores Bernard Gutiérrez y Germán Antelo, ayer en una sesión
La Prensa. El Gobierno del presidente Evo Morales pretende neutralizar a los gobernadores que tienen procesos penales. En el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone que los ejecutivos departamentales electos que tengan acusaciones penales serán suspendidos de sus funciones y, según la oposición, el mandato busca sacar de sus cargos a las tres autoridades departamentales opositoras que afrontan procesos por malversación de fondos y otros delitos.
El proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional el martes anterior, en su artículo 8 (Suspensión Temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental), señala que: “La Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio del mandato”.
El jueves, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, dio varios detalles del proyecto en conferencia de prensa, pero no mencionó ese artículo y a los periodistas se les entregó un resumen ejecutivo, en el que tampoco se incluía este punto.
Los senadores opositores Germán Antelo y Centa Reck, ambos de Convergencia Nacional, revelaron, en conferencia de prensa, la existencia de ese precepto y afirmaron que el Ejecutivo busca “decapitar” a los gobernadores electos que son opositores a Morales, pues se los pretende suspender de sus funciones a simple denuncia.
“No lo vamos a aceptar ahora ni nunca”, aseguró Antelo, mientras su colega Reck dijo que los gobernadores Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, no podrán asumir sus nuevas funciones el 30 de mayo. “Es la decapitación, es la guillotina de Robespierre que anunció el vicepresidente (Álvaro García Linera)”.
Las tres autoridades departamentales tienen procesos legales abiertos, por la organización de referendos para la aprobación de estatutos autonómicos en 2008, que no tuvieron autorización del Congreso Nacional.
La senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Autonomías en el Senado, Gabriela Montaño (MAS), argumentó que no es el Gobierno el que suspenderá a los gobernadores, sino la Asamblea Legislativa Departamental, así lo dispone la Ley Transitoria.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que, en todo caso, será como una licencia para que el Gobernador acusado “se defienda” en el proceso judicial, y si es inocente, volverá a ocupar su cargo. El proyecto de ley dice que “la acusación formal presentada ante el Tribunal o juez competente, será comunicada por el Fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquélla y designe sin mayor trámite a la Máxima Autoridad Ejecutiva interina”. Según Montaño, será “en el debate de la Comisión y el plenario (de la Asamblea Legislativa) donde se verá si es suficiente una acusación formal o si tiene que haber un proceso finalizado (para la suspensión)”.
Reacciones
Las reacciones de las gobernaciones opositoras no se dejaron esperar. El vocero de la agrupación Verdes, Óscar Urenda, opinó que la norma que pretende aprobar el oficialismo es inconstitucional porque afecta la presunción de inocencia, ya que sólo “con sentencia ejecutoriada se puede alejar del cargo a las autoridades”. Según Urenda, ese frente está en alerta y buscará “a través de todos los medios impedir que avance la medida”.
Para el secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, con ese artículo “se crea una gran ingobernabilidad”, pues todos podrán presentar denuncias. Adelantó que el lunes asumirá una posición oficial.
Mauricio Paz, ex vocero del gobernador Ernesto Suárez, dijo que existe la intención del Gobierno de desestabilizar a la oposición; mientras el presidente del Comité Cívico del Beni , Felcy Guzmán, convocó a una reunión de emergencia para asumir medidas.
En Tarija, la agrupación Camino Al Cambio (CC), del ex prefecto Mario Cossío, a través de su delegada, Sara Cuevas, afirmó que la propuesta del Gobierno “vulnera los derechos políticos y ciudadanos que están garantizados en la Constitución, como la presunción de inocencia”.
La presidenta del Comité Cívico Tarijeño, Patricia Galarza, dijo que la entidad cívica se declaró en estado de emergencia.
Interinatos
Según el artículo 9, parágrafo II, del proyecto de Ley (de Procedimiento), “si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional (juez) pronuncia sentencia condenatoria, se procederá a una nueva elección para completar el respectivo periodo constitucional”.
En la Gobernación de Santa Cruz no le será fácil al Movimiento Al Socialismo designar a una autoridad interina que esté identificada con el oficialismo, pues no tiene mayoría absoluta como establece el proyecto de ley. Los asambleístas del frente Verdes, de Costas, suman 12, en tanto que el MAS sólo tiene nueve.
En el caso del Beni, donde el gobernador electo es Ernesto Suárez, su agrupación Primero Beni tiene 11 asambleístas y el MAS, 10; por lo que necesariamente tiene que hacer alianzas.
La situación en Tarija se presenta más favorable al oficialismo, pues el frente de Cossío y del MAS tienen igual número de asambleístas, y éste último puede tener el respaldo de los representantes indígenas o hacer alianza con el frente Poder Autonómico Nacional (PAN), liderada por Wilman Cardozo, representante del la provincia Gran Chaco.
En el caso de las demás seis gobernaciones, controladas por el MAS, ninguna de las autoridades ejecutivas tiene procesos penales abiertos en su contra.
Los opositores rechazan la norma y anuncian acciones en contra.
Evo posesionará a nuevas autoridades
El presidente Evo Morales posesionará a los nuevos gobernadores departamentales el próximo 30 de mayo, cuando se dé inicio al régimen autonómico.
El artículo 4 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño dice que el Mandatario “tomará juramento de posesión” a esas autoridades.
El Presidente de la República, en el anterior régimen prefectural, también era el que posesionaba a los prefectos. Las asambleas departamentales iniciarán sus labores bajo el mismo mecanismo que la Asamblea Legislativa Plurinacional: se elegirá una directiva ad hoc que dirigirá las sesiones preparatorias y elegirá a una directiva por mayoría absoluta, que será la encargada de tomar juramento a los asambleístas. Mientras no tengan un reglamento interno para su funcionamiento, se regirán con el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ven que Gobierno busca anular a 3 gobernadores
El gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas (der.), recibe su credencial en la Corte Departamental Electoral, la semana pasada. – El Deber Agencia
Los Tiempos. Avendaño Fernando y Ballivián Eliana. El proyecto de Ley Transitoria de gobiernos departamentales remitido por el presidente Evo Morales al vicepresidente Álvaro García Linera incluye en su artículo 8 la posibilidad de que un gobernador sea suspendido de su cargo cuando pese sobre esta autoridad una acusación formal en materia penal.
El proyecto de ley, conocido ayer, fue interpretado por asambleístas opositores como una clara señal de persecución a los gobernadores electos de los departamentos de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez, y Tarija, Mario Cossío, quienes, al momento, enfrentan denuncias por parte del Gobierno por presunta malversación de recursos en la realización de los referendos autonómicos llevados a cabo en cada una de estas regiones, además de Pando.
El anuncio causó alarma en la oposición. El senador de Convergencia, Germán Antelo, convocó a una rueda de prensa para anunciar que ni su partido ni su región lo permitirán; el senador de Plan Progreso Bolivia (PPB), Bernard Gutiérrez, advirtió que se trata de un recurso inconstitucional, por cuanto avasalla la presunción de inocencia; la presidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, dijo que su entidad declaró “vigilia permanente” para impedir que el Gobierno pase por alto la votación popular del 4 de abril pasado. Asimismo, la diputada de PPB-CN, Norma Piérola, dijo que el proyecto, junto el correspondiente a las modificaciones al sistema procesal penal, busca impedir la gestión de gobernadores de oposición electos.
El Vicepresidente respondió que es una ley que podría recaer sobre los gobernadores del oficialismo o de la oposición. La presidenta de la Comisión de Constitución de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), consultada por los periodistas, dijo que no debatiría con la oposición a través de los medios.
El documento
El documento titulado “Proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales Autónomos y de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño” y codificado con el rótulo M.P.R. – D.G.G.Pl. c.E. No. 663/201Q fue enviado por el presidente Evo Morales a García Linera como presidente nato del Congreso el 12 de mayo de los corrientes, según consta en su primera página. Su artículo 8, titulado “Suspensión temporal de la máxima autoridad ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Departamental”, dice: “La Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de su posesión o durante el ejercicio del mandato”.
El artículo 9, en su parágrafo I, agrega: “La acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente será comunicada por el Fiscal a la Asamblea Departamental a efectos de que tome conocimiento de aquélla y designe sin mayor trámite a la máxima autoridad ejecutiva interina”. “Si como resultado del proceso, la autoridad jurisdiccional pronuncia sentencia condenatoria y la misma es ejecutoriada se procederá a una nueva elección para completar el respectivo periodo constitucional”, concluye el artículo.
Plazo de 90 días
Además, el gobernador que sea suspendido de su cargo tendrá sólo 90 días para resolver sus problemas con la justicia, según se infiere del artículo 10, parágrafo II: “En caso de ausencia definitiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva (el Gobernador) producida por la prolongación de la ausencia temporal por más de noventa (90) días, la Asamblea Departamental podrá proceder con la iniciativa institucional para Revocatoria de Mandato”. De darse el caso, se convocará a elecciones para completar el mandato constitucional.
En tanto, por ausencia temporal (aquellas que no superen los 90 días), la Asamblea podrá designar a un interino por “mayoría absoluta de votos”.
Proyecto “trucho”
J Los asambleístas de Cochabamba dijeron que llegó a sus manos otro proyecto de Ley Transitoria, en el que el artículo 8 y todo el documento era distinto al proyecto oficial.
INVIABLE
• De anularse a los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Tarija, la Asamblea departamental deberá elegir un interino, un proceso que quedaría trabado pues ningún partido tiene mayoría.
• En Santa Cruz, Verdes tiene 12 de los 28 asambleístas, y aunque ayer hizo alianza con el Frente Amplio, sólo alcanzaría a 14. El MAS tiene nueve y pretende poner de su lado a los cinco asambleístas indígenas.
• En Beni, Primero Beni tiene 11 asambleístas y el MAS 10, por lo que necesariamente tendría que hacer alianzas.
• En Tarija, el MAS tiene 11 escaños, los mismos que Camino al Cambio (CC), de Mario Cossío. Serán vitales los votos del PAB (tres asambleístas) o los indígenas (dos), que juegan más para el oficialismo nacional que para la oposición.
Costas, Suárez y Cossío
La norma se ajusta a los 3 gobernadores opositores
La norma aprobada por la Ley Transitoria se ajusta a los tres gobernadores de oposición, quienes afrontan procesos penales por malversación de fondos en la organización de los referendos autonómicos cuando eran prefectos.
El senador opositor Germán Antelo, según refiere La Prensa, dijo que el Ejecutivo busca “decapitar” a los gobernadores electos opositores a Morales, pues se los pretende suspender de sus funciones a simple denuncia. Su colega de cámara y de partido, Centa Reck, dijo que Costas, Suárez y Cossío no asumirán funciones el 30 de mayo. “Es la decapitación, es la gillotina de Robespierre que anunció el Vicepresidente (Álvaro García Linera)”, dijo.
La senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Autonomías en el Senado, Gabriela Montaño (MAS), señaló que no es el Gobierno el que suspenderá a los gobernadores que tienen acusaciones penales, sino la Asamblea Legislativa Departamental.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, también manifestó que será la Asamblea la que decidirá la suspensión.
La diputada Norma Piérola señaló a este medio que ese proyecto, junto al correspondiente a las modificaciones al sistema procesal penal, busca impedir la gestión de gobernadores de oposición electos.
La presidenta del Comité Cívico Tarijeño, Patricia Galarza, declaró estado de emergencia y “vigilia permanente” en la entidad cívica para defender al gobernador electo, Mario Cossío.
El artículo estabaprotegido
El polémico artículo 8 de la Ley Transitoria de Evo Morales estaba muy bien protegido, pues nunca se lo mencionó de manera pública. El Ministerio de Autonomías ofreció el jueves resúmenes técnicos a los periodistas, pero el tema de la suspensión de gobernadores no estaba presente en tales resúmenes.
Los asambleístas de Cochabamba también se distribuyeron el jueves fotocopias de otro proyecto de Ley Transitoria, muy distinto al presentado ayer.
Ellos decían que era el se trataba en la Asamblea Legislativa, pero no era así.
Como era de esperarse, el documento de los asambleístas locales tampoco incluía el asunto de la suspensión de gobernadores.