Procesos: Los alcaldes que están a punto de ser suspendidos piden nuevas elecciones, no reemplazos como plantea el MAS.
Protesta: ciudadanos que respaldan a Barrón en la plaza 25 de Mayo de Sucre
La Prensa
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Debate legal. La Ley de Municipalidades establece que los alcaldes que sean suspendidos de sus cargos serán reemplazados por un concejal; sin embargo, las autoridades ediles fueron elegidas en las elecciones municipales del 4 de abril por voto popular y en lista separada de los concejales.
La viceministra de Autonomías, Claudia Peña, afirmó ayer que cuando una autoridad edil es suspendida se debe aplicar la Ley 2028 de Municipalidades, que aún sigue vigente. Esta norma manda en su artículo 48 que la suspensión durará toda la “substanciación del proceso para asumir su defensa” y la autoridad puede ser restituida a su cargo “en caso de sentencia absolutoria o declarativa de inocencia”.
En ese periodo, un concejal elegido por mayoría del Concejo Municipal debe asumir el mando de manera temporal, si la autoridad suspendida es sentenciada o no puede retomar sus funciones, entonces se debe llamar a una nueva elección municipal.
Esta fórmula ya se aplicó en el municipio cochabambino de Quillacollo, donde el alcalde Héctor Cartagena fue destituido de su cargo porque tiene una denuncia formal por supuesta corrupción y en su reemplazo asumió una concejal del Movimiento Al Socialismo.
En Sucre y Potosí, los alcaldes Jaime Barrón y René Joaquino, respectivamente, están a punto de ser suspendidos porque tienen acusaciones formales ante la justicia por presuntas irregularidades cometidas en sus mandatos anteriores.
Una vez que la demanda llegue a los concejos municipales, estas entidades pueden aprobar la suspensión temporal de las autoridades. En ambas ciudades, el partido oficialista tiene posibilidades de asumir los interinatos.
Esta situación fue advertida por Cartagena, quien el miércoles presentó su renuncia definitiva al cargo de Alcalde y pidió nuevas elecciones porque, explicó, no puede ser reemplazado por ninguna autoridad porque fue elegido mediante sufragio popular.
El experto en descentralización Carlos Hugo Molina comparte esta preocupación y plantea la creación de una norma que delimite estas contingencias.
Desde el Órgano Electoral Plurinacional, Omar Santacruz, asesor legal de la vocal de Educación Ciudadana Roxana Ybarnegaray, explicó que en los gobiernos municipales aún rige la Ley de Municipalidades en tanto no exista un nuevo marco de regulación como será la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada por la Asamblea Legislativa.
El alcalde de Cercado del departamento de Tarija, Óscar Montes, afirmó que este tema es complejo porque confronta el mandato de la Ley de Municipalidades y el mandato del pueblo expresado en las urnas.
Montes también mencionó que la suspensión se consideraría “cacería de brujas” con el pretexto de la lucha contra la corrupción, que es el argumento del partido oficialista, pues las demandas presentadas contra las autoridades ediles vienen de la Contraloría o del Ministerio de Lucha contra la Corrupción.
Según la agencia ANF, en el caso de Jaime Barrón, el Concejo de Sucre no sesionó debido a la falta de acuerdo entre sus miembros para instalar una sesión en un ambiente no habitual, a invitación de una de las subalcaldías de la ciudad, lo que prolonga la indefinición sobre la situación legal de Barrón. El presidente de ese ente legislativo, Domingo Martínez, dijo que la suspensión de Barrón era un asunto “ajeno” al Concejo.
Opinión
“Hay una dificultad que debe resolverse entre la forma que plantea de la Ley de Municipalidades y la forma que plantea la nueva Constitución, desde el punto de vista de su modalidad. Supongo que mientras no se deroguen de manera expresa los procedimientos especiales, éstos tienen vigencia hasta que exista una ley distinta, hasta que pueda ser asumida como forma positiva de aplicación. En este momento estamos, efectivamente, frente a una crisis de competencias que va a tener que ser resuelta de alguna manera a través del debate de parlamentarios, sí se quiere el debate de análisis político porque de otra manera vamos a entrar en colisión permanente con relación a las normativas; estamos frente a una dificultad drástica.”
Carlos Hugo Molina / Experto en descentralización