Carta. El capitán vincula a gente del Ejecutivo y de la Policía con el caso. Acusó a Pedraza, abogado de Rosales, de contactos con el gobierno y mandos policiales. Araujo clama su inocencia desde Chonchocoro.
Detenido. El capitán está en el penal de Chonchocoro.
La Razón – La Paz
El capitán de policía Orlando Araujo, acusado de participar en la matanza del 14 de mayo en San Ramón, busca una reunión con altas autoridades del Gobierno para revelar datos sobre el narcotraficante William Rosales y la problemática de las drogas en Santa Cruz, informó su abogado.
El abogado Óscar Auza explicó que su defendido tiene el interés de que se conozca la verdad sobre las operaciones y nexos de Rosales, quien fue secuestrado en San Ramón tras la ejecución de seis de sus guardaespaldas, entre ellos tres serbios.
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“A raíz de todo lo que está aconteciendo, esperamos contactarnos con la ministra de Transparencia, Nardi Suxo; el comandante de la Policía, general Óscar Nina; el director nacional de Inteligencia, coronel Rigoberto Sánchez, y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti”, informó.
Araujo fue detenido en Santa Cruz, sin embargo, fue trasladado el sábado hasta la cárcel de Chonchocoro de La Paz porque Régimen Penitenciario tenía reportes de que se ofrecía 50 mil dólares por la cabeza del capitán de Policía, en Palmasola. En una carta pública dirigida a los medios de comunicación, el oficial relata hechos que rodearon al caso Rosales.
En su opinión, Rosales tramó su secuestro ante las amenazas que tenía de las mafias de narcotraficantes, que lo acusaban de haber revelado la ubicación de megalaboratorios, como el detectado en San Ignacio de Velasco.
“Tramó su secuestro al verse acorralado por el Gobierno, por sus vínculos con el narcotráfico, y por la competencia, que son paraguayos, brasileños y colombianos, a quienes les jugó sucio”, relata Araujo en su carta, donde añade que el patrimonio de 150 millones de dólares de Rosales le permitía tramar un operativo como el de San Ramón.
Revela que los miembros del Grupo de Tarea de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE) de la Policía fueron alejados del grupo poco antes de ejecutarse un operativo de captura de Rosales. “Algunos malos funcionarios del Gobierno, posiblemente pagados por estos barones de la droga, presionaron (para el cambio de destino de los policías del GETIDE)”, sostuvo.
Acusó al abogado de la familia Rosales de ser parte activa de las acciones de William Rosales. “No es mera coincidencia que el abogado Denver Pedraza tenga contacto con algunos altos funcionarios del Gobierno y algunos altos mandos policiales”, cuestionó el policía.
De los hechos de San Ramón salieron con vida el colombiano Jair Rengifo, Juan Carlos Maraz y Édgar Suárez, primo de Rosales. Posteriormente se detuvo al capitán Araujo, al teniente Dagner Paz y al policía Dogoberto Burgos, quienes son acusados de participar en la matanza del 14 de mayo. Auza explicó que en la reunión con las altas autoridades de Gobierno, “busca respaldo y hasta garantías constitucionales”.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, recordó que el caso se encuentra en el Ministerio Público. “Esa persona que mancilló el uniforme verde olivo, en lugar de mandar cartas, debería hacer conocer lo que sabe a las autoridades que están llevando adelante la investigación”. Pedraza rechazó las acusaciones del capitán y las atribuyó a un intento por desviar las indagaciones.
Araujo explicó que el GETIDE se formó para desarticular a las sucursales del Primer Comando Capital (PCC) y al comando Vermelho de Brasil, que operan en Santa Cruz.
Aparece el cuerpo de un secuestrado
Araujo denunció que William Rosales está vinculado a 28 secuestros, entre ellos el de David Céspedes. El cuerpo de Céspedes, de quien se dice que trabajó para el PCC de Brasil, fue dejado en la puerta de su quinta.
Araujo clama su inocencia desde Chonchocoro
La Prensa
A través de una carta abierta remitida desde el penal paceño de Chonchocoro, el suspendido capitán de la Policía Orlando Araujo asegura ser inocente de haber perpetrado el secuestro y la desaparición de William Rosales y el asesinato de seis de sus acompañantes.
Denver Pedraza, abogado de la familia Rosales, minimizó la denuncia y aseguró que el suspendido policía trata de desviar la investigación.
El viernes 14 de mayo, Rosales se dirigía de Santa Cruz de la Sierra a Ascensión de Guarayos, cuando fue secuestrado.
Araujo fue capturado en Puerto Quijarro el domingo 23 de mayo cuando, aparentemente, se aprestaba a ingresar a Brasil por Corumbá, a pesar de lo que asegura haberse presentado voluntariamente ante la Fiscalía para aclarar su participación en los mencionados hechos.
Ante el riesgo de ser asesinado en la cárcel cruceña de Palmasola, el imputado por secuestro y desaparición fue trasladado a Chonchocoro, desde donde explicó tres cuestiones que avalan su inocencia.
Asevera que desde su adolescencia fue formado para combatir el crimen y que jamás sufrió sanción alguna, pero no menciona que enfrenta un proceso interno en la Policía por un volteo de $us 300.000 al presunto narcotraficante Luis Alberto Suárez Gil.
Sindica a los sobrevivientes de la matanza y a Rosales de ser el barón del narcotráfico en Bolivia, quien, según refiere, estaba a punto de ser capturado tanto por las mafias contrarias como por la Policía.
“¿Quién es el ingenuo que puede creer que de seis ejecutados con un tiro en la cabeza salga uno ileso y otro con tres insignificantes balazos que ameritaron sólo siete días de atención médica?”.
En tercer término, afirma que Rosales Suárez vive, y que tramó su secuestro después de haber traicionado a una organización de narcotraficantes colombianos, brasileños y paraguayos cuyas fábricas de cocaína fueron encontradas por la Policía por denuncias suyas.
El abogado Pedraza indicó que varias llamadas por celular prueban que Araujo estuvo en el lugar de los hechos cuando éstos se desarrollaron, y en la colonia Chihuahua, donde se encontraron restos humanos que son analizados para determinar si son los de Rosales.
Por ello, dijo, se presume la participación de Araujo en los asesinatos y en el secuestro de Rosales Suárez, a quien da por fallecido, en cuyo caso se ampliará la querella por asesinato.