Los territorios ancestrales que define la CPE son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Indígenas siguen la marcha. Aliados del MAS se dividen y arrecian críticas contra USAID
Otros tiempos: el líder de la CIDOB, Adolfo Chávez, y el presidente Evo Morales
La Prensa
Gobierno propone dividir a las TCO y luego mancomunarlas
Plan: Los territorios ancestrales que define la Constitución Política son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
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El Gobierno encontró una fórmula para resolver la discusión acerca de los alcances de los territorios ancestrales: dividir en dos las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que se encuentren en dos departamentos, y que luego éstos realicen acuerdos de mancomunidad.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que ese planteamiento se hizo conocer a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y que ésa es la intención del Gobierno para zanjar el problema de la delimitación de las autonomías indígenas.
Los indígenas del oriente iniciaron esta semana una marcha desde Trinidad, Beni, para exigir al Gobierno que cumpla con la Constitución Política del Estado (CPE), específicamente que las autonomías indígenas se conformen sobre las TCO, independientemente de si éstas se ubican en dos departamentos.
Esto significa la ruptura de los límites departamentales y una nueva demarcación política administrativa.
Romero explicó que de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las autonomías indígenas no pueden trastocar los límites departamentales, pero aceptó que éstas deben basarse en los territorios establecidos por las TCO.
Dijo que la delimitación de las TCO es una competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que actualmente lleva a cabo un proceso de saneamiento de todo el territorio nacional, y son las TCO en las que más avanzó, con 147 tituladas hasta 2009.
La Prensa no pudo contactar al presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, para conocer un criterio acerca del planteamiento gubernamental.
El artículo 209 establece: “La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
La Ley Marco de Autonomías definirá que los territorios ancentrales sean aquéllos ocupados por las naciones originarias y debidamente tituladas por el INRA. También establecerá que entre éstos se pueden hacer mancomunidades, pero no se permitirá que traspasen las fronteras de un departamento, según la explicación de Romero.
Las competencias de las autonomías indígenas serán las mismas que las de los municipios, pero los indígenas podrán definir si asumen todas o no.
Estos territorios indígenas no tendrán la potestad de definir el uso de los recursos naturales, puesto que ésta es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
Las TCO
En el país existen 147 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) debidamente tituladas hasta 2009.
Para el saneamiento, los indígenas deben demostrar que viven y se desarrollan en ese territorio.
Las demandas totales de TCO alcanzan a 31 millones de hectáreaas, sobre un total de 97,9 millones.
Las TCO saneadas llegan a 11 millones de hectáreas, principalmente en el departamento de Potosí.
Los indígenas se resienten con Evo y avanzan hacia Santa Cruz
Jornada. Un hombre descansa en el campamento que fue levantado en Casarabe. Hoy, los indígenas reiniciarán la marcha (El Deber)
La Prensa
Caminata: Dirigentes admiten que reciben ayuda de organismos internacionales, pero no de la agencia estadounidense USAID.
El Deber y La Prensa.- Los representantes de los pueblos indígenas del oriente que marchan de Beni a La Paz para exigir la revisión de sus límites territoriales admiten que reciben apoyo de la comunidad internacional para sus actividades, pero rechazan las acusaciones del presidente Evo Morales, quien afirmó que el financiamiento procede de la Agencia de Cooperación de Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
Desde Casarabe, localidad ubicada a 52 kilómetros de Trinidad, los indígenas emitieron una resolución firmada por ocho de los 11 líderes de los pueblos afiliados a la Conferederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), en la que rechazan las afirmaciones del Gobierno. Según ellos, la medida de protesta se sostiene gracias al sacrificio y solidaridad de cada uno de los participantes.
“Si USAID o alguna ONG nos financiara, entonces no estaríamos comiendo sopa de fideo sin carne y más bien estaríamos movilizados en avionetas”, manifestó Lázaro Tacoó, líder de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPSC).
Tacoó aclaró que la CEPSC y la CIDOB reciben financiamiento de la comunidad internacional para sus actividades anuales, pero tienen que rendir cuentas en detalle justificando el gasto de los recursos. “Esta marcha no tiene nada que ver con ese tipo de apoyo. Es una marcha por los derechos consagrados de los pueblos”.
El martes, el presidente Morales dijo en Santa Cruz que no le temblará la mano para expulsar a USAID si se comprueba que financia a algunos dirigentes campesinos e indígenas. “Los hermanos están muy molestos con esas acusaciones del Gobierno. Las mismas ONG han advertido que dentro de poco se irán a África porque creen que en Bolivia, teniendo un Presidente indígena, van a atender nuestras demandas”, señaló el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, y expresó su amargura al advertir que en adelante los marchistas tendrán un motivo más para mostrar a la comunidad internacional cómo maltrata el Ejecutivo a los indígenas.
La séptima marcha indígena salió el lunes de Trinidad y pretende llegar hasta La Paz, pasando por Santa Cruz y Cochabamba. La medida de protesta es para demandar territorio, autonomía y derechos de los pueblos indígenas. Los marchistas se alistan para reanudar hoy el recorrido y cubrir los 20 kilómetros entre Casarabe y Buen Jesús. Entre los marchistas hay hombres, mujeres, niños y ancianos que representan a ocho de las 11 regionales que componen la CIDOB.
Hoy, al llegar a la comunidad de Buen Jesús y cubrir 72 kilómetros desde Trinidad, los marchistas realizarán la primera evaluación de la caminata y revisarán las gestiones que están haciendo los asambleístas indígenas en la sede del Gobierno para hacer cumplir sus reivindicaciones.
De acuerdo con las propuestas de gran parte de los marchistas, escuchadas ayer en Casarabe, el objetivo es ordenar el repliegue de todos los asambleístas indígenas para que se sumen a la caminata y hagan fuerza común desde el campo.
Uno de los puntos que se ha repetido en las tres resoluciones emitidas desde que comenzó la protesta (el lunes por la mañana) es la ratificación de la unidad de los pueblos indígenas y su firme voluntad de continuar con la larga caminata hacia La Paz hasta lograr su objetivo.
La primera medida contundente que tomaron los marchistas antes de llegar a Casarabe fue la expulsión de los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Remberto Justiniano Cujuy, Aldhemir Saldaña Mole y Renato Asiama, por haber intentado desvirtuar los objetivos de la marcha respondiendo a intereses ajenos a las organizaciones de base.
En el caso de Justiniano Cujuy, se dispuso su suspensión por haber viajado a La Paz a reunirse con el Gobierno sin consultar a las bases de los pueblos indígenas.
Una de las protestas más fuertes y coincidentes en la última reunión de los marchistas, realizada ayer en Casarabe, fue el rechazo rotundo y unánime a la vinculación que, según ellos, les ha hecho el Gobierno de compararlos con los partidos de la derecha y el imperialismo.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que aglutina a los indígenas de occidente, brindó su apoyo moral a sus hermanos de tierras bajas y se declaró en estado de emergencia por no haber sido tomado en cuenta en la redacción del proyecto de Ley de Autonomías impulsado por el Gobierno. Señaló que estudia medidas de presión, entre ellas la de sumarse a la caminata de la CIDOB.
El CEJIS tilda de racista a Romero
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) salió al paso a las acusaciones del Gobierno, sobre todo del ministro de Autonomías, Carlos Romero, de propiciar la ruptura del diálogo entre la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Ministerio de Autonomías, impulsar la marcha indígena hacia La Paz con fines desestabilizadores y de estar relacionado con la agencia de cooperación estadounidense USAID.
Mediante un comunicado, la organización no gubernamental afirma: “Como actores sociales y políticos militantes con el proceso de cambio impulsado por los movimientos sociales, nos preocupa que algunas autoridades del Estado Plurinacional emitan señales altamente coloniales y de discriminación racial al pensar que los pueblos indígenas no tienen capacidad de autodeterminarse y tomar decisiones autónomas, menospreciando su capacidad de decisión propia, como si la emergencia como actor social en el escenario político boliviano haya dependido de alguien más que de su propia acción movilizada y reivindicativa.
“Además, atentan el derecho a la defensa de toda persona individual o colectiva de contar y elegir libremente con un asesor jurídico para el planteamiento de sus demandas, más aún cuando las demandas indígenas pasan por previas discusiones técnicas. Por otro lado, denunciamos que el Ministerio de Autonomías ha iniciado una campaña mediática con la intención de desprestigiar la legitimidad de la Marcha Indígena que ya partió de Trinidad el 21 de junio.
“Asimismo, ante dicha campaña mediática que no sólo intenta menoscabar la legitimidad de la marcha indígena, sino desprestigiar y estigmatizar el accionar del CEJIS, de manera enfática aclaramos que el CEJIS en los 33 años de vida institucional, recibe fondos de la cooperación internacional, los mismos que son gestionados y auditados periódicamente; para despejar toda duda y susceptibilidad requeriremos que el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Estado Plurinacional nos certifique la estructura de donantes del CEJIS, para que la población conozca oficialmente quiénes nos apoyan y cooperan en función de la más estricta transparencia institucional”.
Para destacar
Este jueves, tras llegar a la comunidad de Buen Jesús, los marchistas indígenas harán una primera evaluación de sus medidas.
Una demanda de las bases es convocar a todos los asambleístas indígenas para que se unan a la caminata hacia La Paz.
Hasta ahora se expulsó a tres dirigentes benianos por desvirtuar los objetivos de la marcha por la autonomía indígena.
Uno de ellos, Remberto Justiniano Cujuy, viajó a la sede del Gobierno para reunirse con autoridades sin consultar a las bases.
Los aliados del MAS se dividen y arrecian críticas contra USAID
Autonomía: dirigentes de la CIDOB marchan desde el lunes a Santa Cruz
Acusaciones: Los campesinos vinculan la marcha de la CIDOB con la agencia de EEUU, la que hasta el momento no se pronuncia.
Los aliados del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora están enfrentados entre sí por efecto del proyecto autonómico que se impulsa desde el Órgano Ejecutivo, en un momento en el que, además, arrecian las denuncias en contra de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Y es que el Pacto de Unidad, formado los campesinos de la CSUTCB, los indígenas de la CIDOB, las mujeres de la Federación Bartolina Sisa, así como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y las Comunidades Interculturales, anteriormente conocidos como colonizadores, aparece desarticulado en medio del intenso debate y cabildeos de la Ley Marco de Autonomías.
Hasta ayer, este bloque de cinco organizaciones que fue formado en 2007 para promover un nuevo modelo de Estado a través de los valores de la nueva Constitución, no había podido lograr un acuerdo respecto de las competencias y nuevas prerrogativas del modelo autonómico.
De hecho, al cumplirse el tercer día de la séptima marcha por la autonomía y el territorio que encara la CIDOB, con el respaldo moral del Conamaq, los campesinos de occidente y los cocaleros ligados a las Comunidades Interculturales intensificaron sus críticas en contra de esta medida, a la que califican de política y fruto de la injerencia de USAID. Extremo que ha sido negado por el líder de los indígenas de tierras bajas, Adolfo Chávez.
La demanda principal de este sector es que el Estado apruebe mecanismos para que se respeten las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), donde los originarios tengan autodeterminación con autonomía plena.
Su ex aliado de lucha y dirigente de los cocaleros del Chapare Julio Salazar manifestó que la marcha es una medida equivocada, incluso dijo que se trata de una “traición” contra el proceso de cambio. “Nos hemos dado cuenta de que nunca se van a poner de acuerdo porque son financiados por USAID y por otras ONG. No son movimientos autosostenibles, autofinanciados, sino son financiados por la CIA, por la DEA, especialmente por USAID”.
De su lado, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTCB), Roberto Coraide, matizó sus críticas al informar que se buscó un acercamiento con la CIDOB para generar un escenario de concertación y diálogo entre ambos sectores, para descartar cualquier escenario de confrontación.
El senador Isaac Ávalos (MAS) opinó que la Embajada de Estados Unidos se entromete en estos casos para generar división y conflictos. Según este asambleísta, ahora la legación convoca a dirigentes de ponchos y chicotes. “Vamos a tener que tomar medidas nuevamente”. En septiembre de 2008, el presidente Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en medio de una fuerte tensión política regional, precisamente cuando se debatía la aprobación del actual modelo de Estado, avalado desde 2009, por la nueva Constitución.
A pesar de la ola de críticas y vinculaciones con la agencia estadounidense, el Conamaq mantuvo ayer distancia respecto del proyecto que promueve el ministro de Autonomías, Carlos Romero, merced de un proceso previo de concertación de la nueva Ley Marco que debe ser aprobada antes del 22 de julio próximo, según los plazos constitucionales. El Consejo de Ayllus demanda autonomía plena en los territorios indígenas. Gabino Apata Arquiri, apu mallku de esta organización, lamentó que sus propuestas no hayan sido tomadas en cuenta para la elaboración de esta norma. “Nos ponen limitaciones para tener autonomías indígenas en nuestros territorios y por eso lo rechazamos, a pesar que ha habido reuniones con el ministro (Romero) y sus técnicos, pero nuestros planteamientos no han sido tomados en cuenta”.
Para el analista político Carlos Cordero, con esta situación se da la impresión de un cambio de actitud por parte del Gobierno, que está causando división en sus sectores más allegados. Dijo que el Ejecutivo no está pudiendo cumplir con las promesas propuestas para estos sectores.
En tanto, Iván Arias, especialista en descentralización, dijo que esta división tiene su origen en el debate sobre las nuevas competencias que están inmersas en los planteamientos de los diversos niveles de autonomías, ya sean departamentales, municipales e indígenas.
Evo no quiere chantajes
En un momento en el que la CIDOB desarrolla una marcha para promover la autonomía indígena, el presidente Evo Morales se reunió ayer en el Palacio Quemado con los mosetenes del norte de La Paz. Allí pidió a los indígenas no chantajear a las petroleras cuando se cumpla la consulta previa para explotar recursos naturales en su territorio.
Según el Mandatario, quienes se oponen no lo hacen para defender el medio ambiente, “sino más bien para chantajear a la empresa o al Gobierno, con otros objetivos de carácter personal”. Aseguró que su Gobierno entiende “perfectamente” que los análisis previos de impacto ambiental son necesarios, “pero no, so pretexto de estudios o consultas, se puede chantajear”. La Prensa