Uncía. UN presentó la denuncia a la Fiscalía General. Los 4 policías habrían pedido clemencia. Una comisión de los ayllus llegará hoy a La Paz. Quiere explicar el linchamiento de los policías.
La región. Una imagen de Uncía, la capital de la provincia Bustillos, donde se encuentran los ayllus.
La Razón – La Paz
INICIAN PROCESO A LLORENTI Y AYLLUS DAN UN ULTIMÁTUM
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El partido opositor Unidad Nacional (UN) formalizó ayer una denuncia contra autoridades del Gobierno, de la Policía y de los ayllus potosinos por cuatro delitos en el caso del linchamiento de cuatro policías. Los indígenas amenazan a quienes intenten ingresar a sus comunidades.
La denuncia llegó a la Fiscalía General. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el comandante de la Policía boliviana, general Óscar Nina; y los comandantes de Oruro y Potosí, coroneles Mario Hinojosa y Orlando Ávila, respectivamente, serán procesados por los delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento.
Asimismo, se inculpó por los mismos tipos penales a los comunarios de los ayllus Laime, Pukara, Karacha y Aymaya que tuvieron algún grado de participación en el crimen de los uniformados en Saca Saca, ocurrido entre el 23 de mayo y el 1 de junio.
«Esperemos que la Fiscalía actúe con claridad, corrija el accionar que vimos hasta ahora, porque nos dio la sensación de que no está actuando con claridad. Esperemos que esta denuncia nos permita encaminar la acción legal y sea rápida», aseveró el diputado Jaime Navarro.
Por su parte, tras conocer el anuncio de la llegada de una comisión de fiscales y policías para iniciar la investigación del caso, los ayllus del norte de Potosí amenazaron con aplicar la justicia comunitaria a toda persona que intente ingresar a sus comunidades.
“No se va a dejar a ninguna instancia que entre (a los ayllus). Como autoridad no me responsabilizo si cualquier cosa pasaría. Si quieren justicia comunitaria, eso vamos a tener que hacer”, afirmó Leoncio Calluni, una de las autoridades de los ayllus.
Uno de los documentos de la denuncia presentada por UN es el certificado de defunción del suboficial Nelson Alcócer, que confirma su muerte el 30 de mayo, seis días después de la de los otros policías.
«Este documento confirma que Alcócer fue asesinado en plena negociación del Gobierno con los ayllus de Uncía”, dijo Navarro.
Al respecto, el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Torres Balanza, aseveró ayer en Sucre que la autopsia practicada a los uniformados por parte de la forense Wilma Gabriel, cumplió con los protocolos establecidos y además se siguieron todos los pasos correspondientes para efectuar dicho procedimiento.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentará hoy un informe sobre el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Aseveró que hubo inacción y retardación en el accionar del Ministerio Público, mientras los ayllus se negaban a devolver los cuerpos de los efectivos a sus familias. “Tendría que haber tenido todos los instrumentos en la perspectiva de que no se llegue a lamentar lo que se lamentó”, manifestó la autoridad.
Por su parte, la Iglesia Católica considera que “se hizo muy poco” para rescatar a los policías. El director de la revista Caminando Juntos, Miguel Albino, aseguró a Fides que ni los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de la Presidencia, Óscar Coca; el Defensor del Pueblo, ni el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, tuvieron la capacidad de persuadir a los dirigentes indígenas para que devolvieran los cuerpos.
El diputado Navarro aseguró que actualmente los ayllus cierran las puertas de cualquier investigación. “No podemos permitir que estos hechos queden impunes”, afirmó.
La respuesta del Gobierno
Ante la denuncia formal de la oposición, el ministro Sacha Llorenti señaló que no le preocupa en lo más mínimo. “A mí me hubiera gustado que ellos estén en Uncía esos días”. El general Nina dijo que la investigación continuará y se identificará a los autores del linchamiento.
Los 4 policías habrían pedido clemencia
Los cuatro policías que fueron torturados y luego asesinado en un ayllu de Uncía habrían pedido piedad a sus ejecutores para no ser ajusticiados, luego de que fueron retenidos el 23 de mayo. “Estaban en la puerta de la iglesia de Cala Cala. Uno de ellos dijo que eran policías y que no estaban haciendo nada”, contó un hombre que el domingo 23 de mayo estaba cerca del lugar en horas de la noche.
El testigo señaló a La Razón que preguntó a uno de ellos “por qué habían hecho eso”. El uniformado le respondió que eran policías y no delincuentes.
Según el entrevistado, los cuatro efectivos estaban amarrados a maderas y decenas de comunarios los rodeaban. “Lo último que vi fue que los estaban golpeando, después me fui porque me asusté”, manifestó el testigo.
Versiones extraoficiales señalan que uno de los policías habría realizado una llamada a su inmediato superior para pedir auxilio, sin embargo este dato no fue confirmado. El comandante de la Policía boliviana, general Óscar Nina, afirmó que en esta situación pueden existir muchas versiones. “La justicia tarda pero llega. Vamos a encontrar a los responsables de este crimen”, aseguró.
Los policías Nelson Alcócer, Esteban Alave, Rubén Cruz y Miguel Ángel Ramos perdieron la vida tras ser retenidos por comunarios de ayllus del norte de Potosí.
Gobernador potosino admite que criminales malearon a los ayllus
Misión: Una comisión de los ayllus nortepotosinos llegará hoy a La Paz. Quiere explicar el linchamiento de cuatro policías.
La Prensa
Félix González, gobernador del departamento de Potosí, admitió ayer que, aprovechando su pobreza, las organizaciones de contrabandistas y narcotraficantes malearon a los campesinos, que les brindan protección y ayuda en esa región.
“Han incluido y maleado a las organizaciones sociales del área rural. Eso es realmente muy peligroso, porque ponen trancas en diferentes lugares y restringen el ingreso de personas. Si no ponemos orden, esto puede tener consecuencias muy graves para el país”.
Además, la autoridad solicitó públicamente que se intensifiquen los controles en las fronteras, aunque reconoció que aún no hizo el planteamiento a autoridad nacional alguna, pero busca encontrar una solución principalmente a la intensa internación de motorizados indocumentados por Oruro y Potosí.
“Nuestro Gobierno debe estar tomando ya las medidas del caso, hay que movilizarse porque son bandas bien organizadas y en algunos casos van armadas. Creo que tenemos que responder”.
Una autoridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) confirmó, a condición de guardar su identidad en reserva, que en el norte potosino hay actividad del narcotráfico, pues por su proximidad con el Chapare, se establecieron en esa región las fábricas que absorben la producción de coca.
González admitió que “aprovechando la pobreza de la gente, bandas de narcotraficantes se han establecido en esa zona”, donde cuentan con apoyo de los campesinos, quienes retribuyen así los favores que les prestan.
Comisión de ayllus, a La Paz
Una comisión de los nueve ayllus del norte potosino, constituida por mallkus, técnicos y segundas mayores, se trasladó ayer a la ciudad de La Paz para reunirse con autoridades del Gobierno y el Comandante de la Policía Boliviana.
La comisión tiene el propósito de explicar las circunstancias que llevaron a los campesinos a aplicar la pena de muerte a los mencionados cuatro uniformados como consecuencia de los constantes hechos de extorsión y asesinatos que se cometieron en esa región.
El mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas Norte Potosí (FAOI-NP), Santos Poma, solicitó el cambio de los efectivos policiales destinados a esa región, la legalización de los autos indocumentados, impedir el ingreso de la comisión investigadora de la muerte de los cuatro policías, y que se averigüen las razones por las que éstos se encontraban en el lugar y se indague el fallecimiento de siete comunarios.
Entretanto, la comisión investigadora de la Fiscalía y la Policía no ingresó en la provincia Rafael Bustillo, aunque se sabe que efectivos de Inteligencia, no sólo de la Policía Nacional sino de las Fuerzas Armadas, operan en la zona para obtener información relativa a los hechos.
UN enjuicia a las autoridades
Los diputados Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), presentaron ayer el memorial que abre querella contra cuando menos cuatro autoridades nacionales, por los presuntos delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento a causa del linchamiento de cuatro policías en Uncía.
La denuncia se dirige contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el comandante de la Policía, general Óscar Nina, y los ex comandantes de Oruro y Potosí Mario Hinojosa y Orlando Ávila, además de las personas que sean señaladas en la investigación.
Una de las pruebas adjuntadas al documento es el certificado de defunción firmado por la forense orureña Wilma Gabriel que indica que Nelson Alcócer, una de las víctimas, falleció entre el 30 de mayo y el 1 de junio.
El fiscal orureño Alfredo Santos confirmó ayer la validez del referido informe rubricado por la mencionada profesional, al igual que el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien aseguró que toda autopsia busca “causa, data y mecanismo de la muerte, así como la identificación, objetivos que en este caso se cumplieron”.
Entretanto, Johnny Castelú, abogado de las familias de los linchados, anunció que sus clientes pedirán peritos extranjeros imparciales para llevar adelante la investigaciones del caso, mientras, por nuevas amenazas y detalles de caso, no abrieron querella contra los ayllus.