Proyectos como San Cristóbal tienen la obligación de establecer contratos con el Estado y reinvertir sus utilidades
Las concesiones mineras que hoy en día se encuentran en manos de empresas y personas particulares caducan en diciembre por lo cual deberán adecuarse a contratos con el Estado para desarrollar las operaciones según anunció ayer el ministro de Minería, José Pimentel.
La autoridad detalló que la Constitución Política del Estado (CPE) define un nuevo tipo de contratos mineros dejando de lado las concesiones que en el pasado eran la base de las operaciones de extracción de minerales.
Con la nueva concepción sobre la propiedad de los recursos naturales se logrará que los bolivianos puedan acceder a mayores beneficios a través del Estado que será parte de los proyectos, afirmó Pimentel.
Anotó que en el caso de Sinchi Wayra se tiene que definir un nuevo tipo de contrato no sólo en lo que concierne a las operaciones en áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sino también en lo referente a las concesiones mineras que tienen en la actualidad.
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Lo propio pasa con el proyecto San Cristóbal que opera en una concesión minera adquirida por la empresa pues al desaparecer ese tipo de áreas —las concesiones— deberá adecuar su actividad de extracción de complejos de minerales a un contrato que defina la participación estatal en los beneficios.
Además del tema de los contratos, se anunció que las empresas que operen en el país deberán reinvertir sus utilidades en un porcentaje a determinar en el futuro lo cual será insertado en lo que se denomina “Ley Minera”.
Un tercer aspecto que está inserto en la norma que todavía se está trabajando es la consulta a las comunidades y pueblos originarios pero no como un escollo para las inversiones sino un mecanismo para velar por la seguridad ambiental y el derecho de los pueblos a su desarrollo, según dijo la autoridad nacional.
Sin embargo, aclaró que la participación de las comunidades y pueblos indígenas tendrá un límite pues en determinado momento el Estado tendrá que decir su palabra ya que no se quiere que este mecanismo de consulta se convierta en un obstáculo al desarrollo de la actividad minera en el país.
Advierten peligro
Los cambios que vienen en materia minera son vistos como negativos para el desarrollo de la actividad minera, según percibe el presidente de la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí (AIMP), René Cruz.
Sostiene que imponer que el Estado participe con el 51 por ciento en todas las operaciones mineras sin colocar ninguna inversión es sumamente negativo.
Cruz anticipó que ninguna empresa querrá invertir en un lugar donde no exista seguridad jurídica pero a la vez se tiene que tomar en cuenta las condiciones que ofrecen otros países para el arribo de capitales que desarrollen la actividad minera que es de alto riesgo.
Dijo que con el anterior régimen pagaban el 32 por ciento en impuestos que ya era muy alto pero ahora se tendrá que dejar en manos del Estado el 50 por ciento y de ese porcentaje se deberá descontar los costos de realización de la operación.
Remarcó que, cuando los minerales tienen altas cotizaciones, se puede lograr un beneficio del 30 por ciento pero cuando bajan se debe trabajar con cero ganancia o incluso a pérdida lo cual inviabiliza cualquier posibilidad de desarrollar actividad minera con el sistema que proponen las autoridades.
René Cruz teme que muchos dejen la actividad minera con lo cual bajarán los beneficios para la región por pago de impuestos y, además, se cerrarán fuentes de empleo.
Consulta social
Con la finalidad de definir los términos de lo que será la “Nueva Ley Minera”, del 7 al 10 de junio se desarrolló en la localidad paceña de Huajchilla un seminario en el que se anticipó su contenido.
El ministro de Minería, José Pimentel, anunció que en próximos días se desarrollará una reunión similar con representantes de los subsectores de ese segmento económico para luego bajar con un documento consensuado a los departamentos.
Argumentó que el evento no se pudo desarrollar en Potosí a pedido de las direcciones nacionales de los sectores mineros que se encuentran en La Paz y es más fácil para ellos si el proceso de búsqueda e consensos se desarrolla en esa región.
Una vez que existan bases firmes sobre el proyecto se podrá bajar a las zonas mineras para su explicación y posteriormente se buscará su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Potosí