Hay que tomar las versiones gubernamentales con las debidas reservas. Siguiendo esa línea debemos decir que el caso de la “narcoazafata” resulta demasiado oportuno y funcional a los planes de desbaratar la línea aérea privada Aerosur con el objetivo de dar el monopolio del transporte aéreo a la empresa supuestamente estatal, BoA.
La edición del día 13 de junio de 2010 del periódico oficialista CAMBIO destaca la relación de la azafata con Aerosur y el narcotráfico.
Existen numerosos aspectos que nos generan dudas sobre este caso. Parece que todo hubiera sido programado para que la “narcoazafata” fuera descubierta y se agregue un nuevo eslabón a esa estrategia dirigida a eliminar Aerosur.
Todo resulta tan sospechosamente evidente que nos mueve a pensar que hay algo muy oscuro que se mueve entre bambalinas. Parece que la azafata no se preocupó mucho por ocultar la “merca” que supuestamente llevaba hacia España y poco menos que se entregó a las autoridades antinarcóticos.
Todos saben que el personal de las empresas aéreas son sometidos a una minuciosa revisión antes de todos sus vuelos, particularmente los que se dirigen rumbo a Europa y eso lo sabía la azafata pero sin embargo parece que hubiera estado dispuesta a facilitar las cosas.
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Por otra parte, durante su comparecencia ante el juez se la vio muy tranquila y más de uno escuchó decir en su entorno que saldría libre muy pronto como dando a entender que existiría un acuerdo previo con alguien que se mueve entre las sombras.
Es precisamente esta versión la que está tomando cuerpo en la ciudad de Santa Cruz. Parece que alguien está muy interesado en embarrar hasta el cuello al propietario de Aerosur, Humberto Roca, que en el último tiempo ha sostenido una dura polémica con autoridades gubernamentales, particularmente el vicepresidente Álvaro García Linera.
Esas versiones sostienen que la “narcoazafata” habría sido contactada por algún funcionario del Gobierno para que transportara el medio kilo de cocaína y se había convenido que sería descubierta pero que no pasaría mucho tiempo en la cárcel, además de que recibiría una jugosa recompensa; también en el «negocio» esta comprometido un piloto de la aerolínea.
Está demostrado que el gobierno no tiene demasiados escrúpulos a la hora de sacar del paso a cualquier persona que pueda interferir en sus planes. Tenemos muchos ejemplos de ello. Es evidente que varios miembros del oficialismo tienen muchos intereses en BoA, que no es muy estatal que digamos.
Además, está en juego la compra de 8 aviones Antonov de la empresa rusa Ilushin por un monto superior a los 300 millones de dólares. Este aspecto fue negociado el pasado mes de mayo durante una visita que efectuó a Rusia una frondosa delegación gubernamental. La condición para otorgar el crédito fue que BoA tuviera el monopolio del transporte aéreo en Bolivia ya que de otra forma la devolución no estaría garantizada.
En resumen, el caso Aerosur debe ser llevado en el marco estrictamente jurídico-legal, tanto en la parte de auditorias económicas o de este extraño asunto de la «narco-azafata», sin presiones del gobierno y sin tramoyas armadas para destruir a una empresa. Juego limpio señores.