Por el número insuficiente de magistrados. Por la forma de selección de candidatos tampoco asegura la independencia de la institución superior.
El Diario
LA INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO ESTÁ EN RIESGO, SEGÚN ANALISTAS Y POLÍTICOS.
• Según especialistas en la materia, no se garantizaría que la nueva justicia constitucional resuelva la retardación de procesos judiciales.
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• Además, por la forma que se seleccionará a los candidatos tampoco asegura la independencia de la institución superior.
Abogados expertos en materia constitucional y diputados opositores de (CN) y (UN) aseguraron ayer que el nuevo sistema judicial llegará a un nivel de colapso debido a la composición insuficiente de magistrados en el Tribunal Constitucional. El proyecto de referencia impuesta por el MAS determina siete y los colegios de abogados, políticos y expertos del ramo proponen que el número ideal es de nueve y 10 magistrados para cumplir con las atribuciones que otorga la CPE.
El proyecto de Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su artículo 13 dispone el número de integrantes, de la siguiente manera:
“Siete Magistradas y Magistrados titulares y siete Magistradas y Magistrados suplentes”. “Al menos dos Magistradas y Magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino, por auto-identificación personal”.
Asimismo, en su artículo 14 ordena que el TCP desempeñará “sus funciones por un período de (…) seis años computables a partir de su posesión – no podrán ser reelegidos de manera continua”, con ejercicio de “dedicación exclusivo” Art. 15.
El proceso de preselección de los magistrados se realizará mediante convocatoria “(…) emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional y precisará de las condiciones de elegibilidad y las características del procedimiento de preselección”. (I) Para ello “(…) las elecciones deberán realizarse cuando menos 30 días antes del fenecimiento del mandato de los magistrados”, Art. 16, parágrafo II.
RETARDACIÓN DE JUSTICIA
Según expertos en la materia, lo dispuesto en estos artículos no garantizaría que la nueva justicia constitucional resuelva la retardación de procesos judiciales; además, por la forma que se seleccionará a los candidatos tampoco asegura la independencia de la institución superior.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, explicó a EL DIARIO que las sugerencias para las leyes del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional se hicieron conocer a los legisladores tanto de la oposición como del oficialismo en Santa Cruz en el cónclave para mejorar el nuevo sistema judicial en el país.
Dentro de estas sugerencias del Colegio de Abogados de La Paz y de Bolivia, está la de incrementar el número de magistrados de siete a nueve uno por circunscripción departamental debido a las nuevas atribuciones que ordena la Constitución Política del Estado (CPE).
“Lo ideal a nuestro criterio es nueve por circunscripción departamental y cuatro que se elijan dividiendo el territorio nacional en indígena originario campesinas, para que se elija, también, por votación a éstas personas que deben cumplir los mismos requisitos con el fin de tener un sistema eficiente, efectivo y pronto en los tribunales constitucionales y no tengamos que retroceder al pasado donde las cargas procesales se resolvían en tres o cuatro años. Ahora si la estructura se mantiene con la propuesta del MAS entonces será insuficiente y no se garantiza el flujo procesal”, sostuvo.
CINCO NUEVAS COMPETENCIAS
La vigente CPE incrementó cinco nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional de conocer y de resolver las mismas que están referidas a: “1)conflictos de competencias entre el gobierno, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas y entre éstas; 2) la revisión de las sentencias emitidas en la Acción Popular y la Acción de Cumplimiento; 3) las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto; 4) el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales; y 5) los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”, Art. 202 CPE.
OFICIALISMO
No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, manifestó, con relación a las observaciones, que la nueva estructura de la justicia constitucional está enmarcada con las disposiciones del texto de la CPE, por lo que no considera necesario realizar modificaciones al proyecto de ley que será la cuarta norma en ser promulgada por el Ejecutivo.
“Es un nuevo sistema judicial donde garantizamos, además, de la gratuidad la aceleración de los procesos y en ese marco fue elaborado el proyecto de ley”, dijo.
OPOSICIÓN
Para el jefe de bancada de Plan Progreso para Bolivia- Convergencia Nacional (PPB-CN) estas nuevas atribuciones incrementarán considerablemente el flujo procesal, en especial los conflictos de competencia entre las entidades territoriales implementadas en el nuevo modelo de Estado autonómico, por lo que sugiere como 10 el número de magistrados.
“Respecto al flujo procesal, es decir al número de causas ingresadas, las estadísticas publicadas por el Tribunal Constitucional demuestran que existe un incremento del 20% anual, lo que significa que en cinco años se duplica el número de causas tomando en cuenta que hasta el momento existen más de tres mil procesos que deberán resolverse hasta diciembre”, agregó.