Elio Pedraza Vargas
El suceso de Saca Saca, el abucheo a los comandantes de la policía, incluso el grito de asesino para el Presidente Morales, la vida con rabia y dolor de las viudas y principalmente los huérfanos que quedarán en el olvido por parte del Gobierno del MAS (no del Estado), están dejando una dura huella de borrar para quienes vemos desde la distancia y para quienes tienen que vivir con los asesinos impunes de Sectores Sociales (SS) afín a la “¿Justicia Comunitaria?”.
La información dada por los medios de comunicación (imaginémonos si hay control de los medios) nos muestra una realidad que desnuda lo que con harapos cubría la corrupta y narcotizada familia del masismo – oenegista que poco a poco a nivel internacional logra apoyo para la legalización de las drogas, desde ya, con el apoyo de millones de drogadictos que poseen los países desarrollados, caldo de cultivo para quienes apoyaron con los recursos económicos de una libra a la campaña del MAS.
Los sociólogos, intelectuales y diseñadores del gobierno del narcoevismo nos proporcionan la creencia que debemos volver a la comunidad perdida, es decir, basada en el fundamentalismo o de sectas recalcitrantes que son adoradoras de un Mesías como muchas veces lo han manifestado, acuñando una frase que no se encuentra históricamente documentada, como el de “volveré y seremos millones” que supuestamente lo dijo Julián Apaza (Tupac Amaru o Tomás Katari).
La muerte de los policías, muchos de ellos indígenas campesinos originarios e incluso seguidores del MAS, ya sea por derecho, por familia o por obligación, son los que están sufriendo la pasividad de las autoridades y de la organización paramilitar que algunos jefes de comando del masismo han diseminado por el territorio nacional y que ahora se encuentran en la estructura Ejecutiva, Legislativa y la complicidad en el Judicial.
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Los datos proporcionados por los medios dan cuenta que el abogado de las familias de los asesinados, Castelú, recibió la instrucción definitiva, “vayan a tal punto, reciban los cuerpos y váyanse lo más rápido que puedan, si no, no nos responsabilizamos de lo que les pueda pasar”, que interesante, porque las autoridades, civiles, policiales y quienes velan por la sociedad estaban esperando en medio camino a la comitiva familiar que había recuperado los cuerpos.
La causa de la muerte fue la detención de un comunario llamado Valerio Mamani Wara Wara, quien es autoridad originaria (jilanq`o), propietario de dos fabricas de cocaína, a decir del coronel Félix Molina, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y al parecer también propietario de una comunidad capaz de asesinar por orden de quien tiene andanzas subterráneas pero quien tiene el don de la vida y de la muerte, al igual que líder espiritual indígena, así llamado por un embajador de apellido Miranda recientemente posesionado en algún país del norte.
La muerte de los policías deja al descubierto que a título de Justicia Comunitaria el asesinato es lo cotidiano en los indígenas del occidente, que protegen en base a la complicidad de las comunidades a quienes sustentan con sus recursos económicos muchas festividades en las cuales se consumen grandes cantidades de alcohol y se fortalece la campaña de políticos que intentan justificar los asesinatos como el caso del Asambleísta Luís Gallego, quien aseguró que la entrega de los cuerpos fue por orden de Evo Morales (¡Vaya afirmación!), aquí no hay donde equivocarse, ya se sabe de donde viene la orden y nos preguntamos ¿sólo fue ordenado eso?
Lo cierto es que del Poder Ejecutivo han salido afirmaciones temerarias sobre este doloso suceso como la del Ministro de la Presidencia, Oscar Coca, quien justificó la muerte de los policías y afirmó que el linchamiento debe ser entendida en el contexto cultural de los pueblos (El Deber 6-6-10), o la del viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, quien rechazó la versión de que el suboficial Alcocer murió el lunes 31 y citó informes de inteligencia según los cuales el linchamiento fue a las 17:30 del 25 de mayo.
Estas afirmaciones dejan muchas interrogantes, preguntas que deben ser respondidas a los familiares y al pueblo boliviano en su conjunto, pero que desde ya nos proporciona demasiada tela que cortar, porque por la actitud en este suceso y lo que se conoce por los medios de información, el Poder Ejecutivo está atrás de todo.