Los hechos ocurridos en la región de Pantipata, a pocos kilómetros de la capital de Cochabamba son en extremo preocupantes y una clara señal de que la justicia controlada por el oficialismo no está muy dispuesta a actuar contra el narcotráfico.
En Pantipata y otras comunidades: Así salen los camiones cargados de coca para las fábricas de droga; la policía incautó este vehículo (izq). El sargento Cecilio Lucana ingresa al Hospital Obrero, tras el intento de linchamiento de los comunarios. (fotos Los Tiempos)
Resulta que para el fiscal de Sustancias Controladas, Miguel Trigo, el intento de los comunarios de linchar a dos policías y un adolescente por pretender impedir el paso de un camión y un taxi cargados de coca rumbo a las fábricas de cocaína ubicadas en la región, no es algo que amerite una investigación y menos si esta tiene el propósito de desvelar los nexos de pobladores de varias localidades (Pantipata, Llave Grande, Queraya, Cotani, Cala Trancani y otras) de la región de Vinto con el narcotráfico.
Pantipata, es conocida como la zona roja del narcotráfico y no es precisamente una comunidad perdida en el mapa; se sabe que desde hace mucho tiempo los narcos operan en ella de manera impune. Informes de la Fuerza Especial antidroga (Felcn) consignan que en la zona se descubrieron durante el año 2009 alrededor de 300 fábricas de cocaína.
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Es claro que existen comunarios que están comprometidos con esta ilícita actividad los cuales se enfrentan de manera permanente con los campesinos honestos que se quejan por la contaminación que se está produciendo en las aguas que utilizan para el riego de sus cosechas y la crianza de animales.
Lo interesante es que el intento de linchamiento contra los policías ha sido tipificado como un simple “abuso” de parte de los comunarios contra los uniformados con lo que se pretende ocultar el control que ha llegado a tener el narcotráfico en la región.
No se trata tan solo de un nuevo ejemplo de lenidad o negligencia de las autoridades judiciales y policiales en el departamento de Cochabamba. Al parecer las directrices vienen de más arriba y son claras las evidencias de que el narcotráfico se ha asentado en regiones como Pantipata o el norte de Potosí, donde los narco-indígenas de los ayllus lincharon a 4 policías y hasta ahora no hay nadie preso ni procesado. Esta situación sería impensable de no mediar una actitud de permisividad del gobierno.
Hace un tiempo el candidato presidencial brasileño, José Serra, denunció que el 90 por ciento de la droga que ingresa a su país lo hace con la complicidad del gobierno boliviano. No se puede decir o hasta ahora no se puede probar que las autoridades bolivianas estén directamente vinculadas con el narcotráfico pero lo que si es evidente es que el Ejecutivo muestra mucho empeño en la lucha contra el narcotráfico en el discurso pero no en los hechos.
No es casualidad que los cultivos de coca se hayan extendido por casi toda la geografía nacional, tampoco la bonanza económica de los productores en el Chapare, Caranavi, La Asunta y otras regiones cocaleras o la presencia de narcos extranjeros de siniestros carteles y el aumento de la violencia por el llamado ajuste de cuentas por la pelea del mercado; no es casual tampoco el aumento de las incautaciones de droga y la proliferación de fábricas y laboratorios de refinación de clorhidrato de cocaína.
Con el argumento político de que actuar directamente en las zonas que se ha asentado el narcotráfico podría generar conflictos sociales y, eventualmente, muertes, en los hechos se ha dado carta blanca a esta actividad.
Con casos como el de Pantipata o el de los ayllus de Potosi, el gobierno está enviando peligrosas señales que pueden interpretarse como que el narcotráfico puede actuar con total impunidad. Los anuncios de que se “investigará” el intento de linchamiento no son suficientes. Evo Morales y el MAS deben mostrar ante el país y la comunidad internacional que realmente tienen la decisión de luchar contra este delito; y el vicepresidente Alvaro García debiera aplicar el mismo empeño que muestra para meter preso a un gobernador, contra los «campesinos» que han declarado «territorios libres» a sus comunidades para proteger ilícitas actividades.