Indice de los Editoriales de Periódicos
El Día: Solidaridad con Cuba
Bajo el Penoco, El Día: Pobrecito Torrico
Los Tiempos: ACCIDENTES: UNA HISTORIA DE NUNCA ACABAR
El Deber: La crisis de la sequía
La Razón: Control constitucional
Editorial El Día: Solidaridad con Cuba
Nadie debería molestarse con el gesto de solidaridad que ha demostrado el Gobierno de Bolivia con Cuba, país al que ha decidido donarle tres mil toneladas de arroz. No es la primera vez que se producen actitudes como ésta y los bolivianos, pese a sus grandes limitaciones materiales, están obligados a apoyar acciones humanitarias que también se manifestaron recientemente con Chile y con Haití, donde ocurrieron terremotos de consecuencias calamitosas.
Es verdad que este momento es más propicio para dirigir la caridad hacia los que padecen penurias por la sequía, pero afortunadamente Bolivia todavía dispone de recursos para enfrentar la emergencia y sobre todo, cuenta con la reacción de sectores como el azucarero que ha decidido hacer cuantiosas donaciones de forrajes para el ganado amenazado de muerte en el Chaco. Tenemos una cooperativa sólida y con autonomía para enviar millones de litros de agua a las regiones azotadas y una empresa de ferrocarriles bien manejada para trasladar lo indispensable.
En Cuba la situación es muy distinta. Pese a que todo un pueblo sufre grandes necesidades, el régimen castrista no ha conseguido sacarlo de la languidez al que lo acostumbró durante 50 años un socialismo paralizante y parasitario. La industria azucarera, un verdadero emblema cubano, se ha derrumbado al extremo de que por primera vez en su historia se ha visto obligado a importar azúcar, como sucede con el 80 por ciento de los alimentos que consume la población.
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El Gobierno boliviano ha manifestado que la donación del arroz se produce en retribución a la ayuda que brindan los médicos cubanos en el país, un hecho discutible, ya que la acogida que se les ofrece a esos profesionales en varios países donde aún se goza de ciertos niveles de libertad, no deja de ser también un gesto de solidaridad. Ser médico en Cuba no es precisamente la garantía para vivir dignamente y muchos de los que son enviados a Venezuela, Bolivia o Haití, además de gozar de un ambiente político menos hostil, tienen la oportunidad de zafar de la dictadura o vender habanos en las calles de las ciudades donde cumplen sus misiones.
El régimen socialista cubano está luciendo su plena desnudez ante el mundo y en verdad necesita de todos, incluso de Bolivia, un país que ostenta los peores indicadores sociales de América Latina. Esto no es nuevo para los cubanos. Después de que dejaron de ser los hijos mantenidos de la Unión Soviética, Venezuela pasó a ejercer el padrinazgo económico, a cambio de que los Castro declaren hijo legítimo al mamotreto denominado Socialismo del Siglo XXI. Es tan grande la necesidad, que ni siquiera han protestado por las 68 mil toneladas de alimentos en mal estado que les envió el Gobierno de Venezuela entre 2008 y 2009, tal como la ha demostrado una reciente investigación.
Si el régimen de Evo Morales ha decidido ser solidario con Cuba, bienvenido. Eso hay que aplaudirlo y promoverlo. La donación del arroz refleja conciencia sobre la situación que atraviesa el pueblo cubano. Ojalá que eso le sirva también al Gobierno para dejar de pensar que Cuba es el modelo a imitar. No vaya a ser que de aquí a 50 años Bolivia tenga que acudir por comida a Haití, Burundi o Zimbabwe. El problema será que no tendremos tantos médicos para enviar a cambio.
Bolivia envía alimentos a Cuba, donde el pueblo pasa hambre. Lamentablemente ese país es el que le sirve de modelo al Gobierno.
Bajo el Penoco, El Día: Pobrecito Torrico
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, está descubriendo lo difícil que había sido buscar respuestas a los problemas, aunque está optando por ofrecer excusas en lugar de soluciones. En relación a los 47 muertos en tres accidentes de buses ocurridos en menos de una semana, Torrico ha dicho que ya nada se puede hacer para aumentar los controles y que todo depende de la conciencia de los conductores. El hombre exagera sobre su gran dilema. “No podemos poner un policía cada 20 metros”, ha dicho, como si no hubiera otra salida. ¡Pobrecito! Pero no ha sido la única toalla que ha tirado Torrico estos días. Ayer dijo que debido a la extensa frontera con Chile (¿será la más larga del mundo?) se hace imposible frenar el contrabando. Otra vez exagera: “hay diez mil caminos que cruzan la frontera”. Y vean cómo dramatiza: “en la pampa abierta es imposible realizar algún control, yo conozco muy bien, he estado en ese lugar y cuando sale la luna llena se puede manejar hasta con los ojos vendados. Ay, papacito, no te vayas a herniar. Y pensar que sólo te alimentas con pan y café.
Editorial Los Tiempos: ACCIDENTES: UNA HISTORIA DE NUNCA ACABAR
Nada cambiará mientras Tránsito no asuma plenamente su responsabilidad sobre cuanto ocurre en los caminos y carreteras de nuestro país
El 3 de febrero pasado, casi cinco meses atrás, el Gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 0420 disponiendo la aplicación de mecanismos de control, fiscalización y seguridad vial para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos de nuestro país. La medida, adoptada al calor de una ola de accidentes que durante los días previos causó la muerte de decenas de personas, fue motivo de beneplácito colectivo pues se daba por descontado que bastaría para poner fin a tan dramática situación.
Ahora, cuando ha transcurrido el tiempo suficiente para hacer evaluaciones objetivas y la más reciente ola de accidentes de tránsito ha devuelto actualidad al tema, parece oportuno recordar que en su momento, y desde el día mismo de su aprobación, el decreto fue objeto de muchos cuestionamientos, algunos bien fundamentados y otros inspirados sólo en los intereses gremiales de quienes se sintieron más afectados.
Entre los primeros, el principal consistía en señalar como un error el que toda la atención –la de quienes elaboraron el decreto contra los accidentes, de los medios de comunicación que lo difundimos y de quienes lo apoyaron o rechazaron— estaba concentrada en algunos de los aspectos más superficiales del problema que se pretendía afrontar mientras abordaba muy superficialmente, o soslayando del todo, muchos otros que, según lo confirman los casos más recientes, son tan o más responsables de fatales accidentes que con tanta frecuencia enlutan los caminos de Bolivia.
Es que como lo confirman los informes sobre los accidentes producidos durante los últimos días, la embriaguez de los conductores, con todo lo grave que es, no es el único y ni siquiera el principal factor causante de tanta calamidad. Fallas mecánicas, impericia de conductores –con frecuencia jovenzuelos aprendices– que obtuvieron licencia de conducir de manera irregular, exceso de velocidad, invasión de carril, mal estado de las llantas, mal uso de las luces, entre muchas otras irregularidades, son causas del problema.
A ello se suma, y en no poca medida, el siempre pésimo estado de las carreteras y caminos del país, la falta de señalización y de condiciones mínimas para garantizar un tráfico vehicular seguro y no sujeto a todo tipo de imponderables.
Todos esos factores, entre muchos otros, nunca recibieron la atención que merecían y por consiguiente, como no podía ser de otro modo, han vuelto a tener los efectos fatales de siempre. Razón más que suficiente para rectificar la manera de afrontar el problema, y no insistir en las mismas prácticas cuya efectividad dura tanto como la actualidad noticiosa del tema.
La experiencia acumulada durante los últimos meses y especialmente durante los más recientes días, indica que poco efectivo se hará mientras el Estado no asuma a plenitud su responsabilidad a través de la única institución expresamente creada para tal efecto. Es decir, mientras el Organismo Operativo de Tránsito no se haga plenamente cargo de su condición de principal responsable de la seguridad de los caminos de Bolivia con todo lo que ello implica o, lo que es lo mismo, el peligro se mantendrá mientras esta oficina se mantenga como un órgano dirigido a exaccionar a los ciudadanos, obviando su misión de cumplir y preservar el cumplimiento de las normas.
Editorial El Deber: La crisis de la sequía
Es padecimiento de casi todos los años sentir y verificar el impacto que para vastos e importantes sectores de la geografía nacional resulta del efecto de la sequía que, por la ausencia de precipitaciones pluviales y de recursos acuíferos como represas, embalses, atajados y otros, ocasionan la muerte de ganado vacuno por sed cuando no por hambre al secarse también los campos sin que quede una brizna de pasto fresco en pie. El fenómeno no solamente está dejando sentir sus efectos sobre el hato ganadero, también la salud de los pobladores chaqueños soporta las secuelas de la deshidratación, lo que conlleva además a problemas respiratorios y epidérmicos, tal como lo han informado últimamente fuentes médicas autorizadas.
Es lo que viene ocurriendo con características de muy grave devastación en el Chaco boliviano que, según comparaciones estadísticas, soporta una de las peores sequías de los últimos tiempos. Ante la situación planteada, el Gobierno nacional determinó estado de emergencia, pero todavía no se han efectuado los correspondientes y vitales desembolsos económicos porque, de un lado, en varias regiones se ha producido el cambio de autoridades en municipios y gobernaciones departamentales, y del otro, todavía no ha llegado a cuantificarse los daños para ajustar los montos a ser asignados y que podrían demandar incluso un pedido a la cooperación internacional.
El envío de agua y forraje en el caso de la Gobernación de Santa Cruz y de algunas empresas como los ingenios azucareros, ha paliado en parte el drama que atraviesan los ganaderos y pobladores del Chaco cruceño.
Ante la recurrencia de un problema derivado fundamentalmente de los fenómenos naturales y de los cambios medioambientales que en determinados casos como el abordado tienen incidencia en la falta de lluvias, urge desempolvar y llevar adelante proyectos que en el menor plazo posible contribuyan a la solución definitiva para la escasez de agua y sus consecuencias equivalentes a una situación de desastre natural.
Uno de esos proyectos es el de la construcción de la represa Rositas para que acopie el caudal del río Grande y de otros tributarios para garantizar la provisión del vital elemento para riego, consumo humano y hasta electrificación de zonas como las del extenso Chaco cruceño y del chuquisaqueño, que soportan una y otra vez el azote de las sequías.
Tomando en cuenta la equivalencia de las pérdidas económicas sumadas en el tiempo por los sectores productivos que una vez más han vuelto a quedarse sin agua, podría haberse cubierto totalmente o al menos en considerable medida el costo de Rositas, un proyecto que por representar una solución estructural y de largo aliento para un crónico problema ya no debe ni puede continuar postergado.
Editorial La Razón: Control constitucional
El TCP, como todo árbitro, tiene que ser imparcial y regirse con criterios técnicos
En el estricto orden jurídico, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intenta salir a flote después de un largo tiempo en el que las vacancias de autoridades impidieron el tratamiento de miles de causas rezagadas. La importancia de esta institución con sede en Sucre radica en que se ocupa nada menos que de controlar el respeto a los preceptos de la Constitución Política del Estado. Si esto, de por sí, denota un valor supremo, el hecho circunstancial de que la Carta Magna boliviana se encuentre en una etapa naciente, sin dudas, le confiere al Tribunal una significación extra.
Sobre la Asamblea Legislativa recayó la responsabilidad de establecer los lineamientos generales, primero, del nuevo Órgano Judicial y, ahora, del primer TCP mixto de la historia. A partir de las elecciones nacionales previstas para el 5 de diciembre, esta instancia estará compuesta por siete magistrados titulares y siete suplentes. Al menos dos de ellos provendrán del sistema indígena originario campesino.
En el proyecto de ley, algunos de los artículos llegaron a la fase final de su aprobación envueltos en una fragosa polémica. Uno fue especialmente controvertido, el que versaba sobre la “supremacía constitucional” y que finalmente reconoció la labor de “guardián de la Constitución” del TCP para la interpretación jurídica de la misma y, por otro lado, la de “intérprete auténtico de la Constitución” de la Asamblea Legislativa.
De inmediato se encendieron las luces de alerta ante la probabilidad de que la política se inmiscuyera en la justicia. La abierta intención del Gobierno de provocar un cambio en el Órgano Judicial —ciertamente necesitado de medidas para acabar con la retardación y la corrupción—, siempre generó susceptibilidades en la oposición.
En esta oportunidad, el emisor de las leyes (la Asamblea Legislativa Plurinacional) tendrá la potestad de interpretar, como intérprete auténtico, la constitucionalidad de las mismas. ¿Significará esto que los legisladores podrán revisar los dictámenes del Tribunal? De ser así, la Asamblea se convertiría en juez y parte. El TCP no puede ser controlado por un órgano político. Como todo árbitro, tiene que ser imparcial y regirse con criterios técnicos.
Nadie podrá negar lo positivo de que se complemente el soporte legal para el funcionamiento del TCP. Pero tampoco desconocer el elevado perfil de la Asamblea Legislativa en esta ley, con relación a un órgano judicial independiente como éste.