Simón Bolívar y el socialismo del siglo XXI


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227 años después del nacimiento de Bolívar, Hugo Chávez no sólo está profanando su tumba, también su memoria

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La ciudad indefensa

  2. Bajo el Penoco, El Día: Pelea de sindicatos

  3. Los Tiempos: SIMÓN BOLÍVAR Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

  4. El Deber: Tensiones entre Colombia y Venezuela

  5. La Razón: ¡Ah, nuestro fútbol!

  6. Cambio: Perdón a genocidas

  7. La Prensa: Es necesaria la convivencia pacífica

  8. El Diario: El poder encandila y vuelan las promesas

  9. El Mundo: Yo no fui

  10. Opinión: La orden pendiente a las Fuerzas Armadas

  11. Clarín, Argentina: La publicidad y los medios privados




El Día: La ciudad indefensa

El reciente y voraz  incendio de un depósito de pintura ubicado en una zona populosa como es La Cuchilla, ha puesto en evidencia una vez más, la indefensión de la ciudad frente a siniestros de variada naturaleza. Se ha revelado, por enésima vez, la pobreza de recursos del Cuerpo de Bomberos local, y al mismo tiempo, la insuficiente e inadecuada distribución y cantidad de hidrantes. Una vez más, se ha visto a los bomberos luchar infructuosamente durante largas horas contra el fuego y se ha constatado la desesperación e impotencia de los vecinos para salvar sus domicilios y pertenencias. Se ha hecho muy evidente el grave peligro que entraña este tipo de siniestros para la ciudad si no se toman urgentes medidas.

Conviene considerar que pocas ciudades en el país han alcanzado el crecimiento demográfico que ha experimentado Santa Cruz de la Sierra en las últimas décadas. Al “boom” poblacional, a expensas del incesante flujo migratorio, le ha seguido una magnitud impensada de demandas de servicios básicos a medida que la mancha urbana ha ido expandiéndose, hasta llegar a los municipios considerados rurales. En este camino, calificado de expansión y desarrollo, la capital cruceña ha dado sobradas muestras de insuficiencia en áreas altamente sensibles como son, entre otras la seguridad ciudadana, transporte, infraestructura vial, educación y salud. Y esta situación tiende a empeorar.

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Hasta ahora, los esfuerzos desplegados para resolver estos álgidos problemas en diversas gestiones tanto departamentales como municipales, no han sido suficientes ni integrales. Con frecuencia ha prevalecido el interés sectario, sea político o económico, de los conmilitones de turno de gobiernos de facto o democráticos, que han ido postergando las respuestas a estas demandas. En la actual coyuntura, en pleno proceso de desmontaje del aparato productivo de la libre iniciativa, y la imposición de un nuevo marco jurídico que recorta los recursos económicos en nombre de la autonomía, las esperanzas de encarar con éxito siniestros como los de La Ramada o La Cuchilla se diluyen sin aparente remedio.

¿Qué expectativas puede albergar Santa Cruz ante un Cuerpo de Bomberos que no recibe el apoyo que corresponde de acuerdo a la magnitud de la población a la cual debe atender en caso de incendios? La pobreza de recursos en equipos, tecnología, económicos y de sus propios recursos humanos choca frontalmente con los que se ponen a disposición de la sede de Gobierno. Se quiera o no, el centralismo afecta a las ciudades del eje central, las que requieren se atienda sus grandes necesidades. Este clamor no llega al parecer a oídos del Gobierno del Estado Plurinacional, como no ha llegado en cada gobierno de turno.

Quizás el Gobierno exprese que recién se está dotando de los instrumentos precisos para poner en marcha su modelo económico, político y social. Sin embargo, ello no significa de modo alguno que se vayan a atender con premura las necesidades de una ciudad explosiva y pujante como es Santa Cruz. Con todo, la tarea de la prevención y atención de los siniestros en la capital cruceña debería ser atendida independientemente de lo que el Gobierno central esté dispuesto a ofrecer. Autoridades y dirigentes locales, al margen de su inclinación política, deben reunirse y brindar una pronta solución a este grave problema.

 

Se quiera o no, el centralismo afecta a las ciudades del eje central, las que requieren se atienda sus grandes necesidades.

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Bajo el Penoco, El Día: Pelea de sindicatos

Evo Morales sabe mejor que nadie lo que es un sindicato y cómo funciona. Hace poco llamó “sindicato” a la Asamblea Plurinacional y él sabe por qué lo dice; conoce cómo opera y cuáles son las artimañas que es capaz de usar para salirse con la suya. Desde hace unos días, los tentáculos oficialistas han estado moviendo los hilos del fútbol nacional para aserrucharles el piso a los actuales representantes de uno de los más grandes sindicatos del mundo, la FIFA. El hecho es que el gran pulpo gubernamental recurrió a algunas figuras del fútbol y a ciertos clubes para desacreditar a los delegados bolivianos de la FIFA y hasta deslizó la idea de intervenir la Federación Boliviana de Fútbol y la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, como si fuera tan fácil como nacionalizar una empresa o meterle militares a una petrolera. Obviamente, la intención era intimidar y tenderles la cama a dirigentes más afines con los propósitos del Estado Plurinacional. Desde Suiza, los capos del gran sindicato le han advertido al mayor sindicalista de Bolivia que “entre bueyes no hay cornadas”.

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Los Tiempos: SIMÓN BOLÍVAR Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

227 años después del nacimiento de Bolívar, Hugo Chávez no sólo está profanando su tumba, también su memoria

Un día como hoy en 1783, hace ya 227 años, nació en Caracas Simón Bolívar. Y como viene ocurriendo desde que se consolidó la independencia de Venezuela, la fecha es recordada como una de las principales del calendario cívico de ese país y, aunque en menor medida, en los demás países "bolivarianos", como el nuestro.

Este año, a diferencia de todos los anteriores, la conmemoración de la fecha ha adquirido una importancia especial. Es que por decisión del Tcnl. Hugo Chávez, Bolívar debe dejar de ser parte de la memoria histórica para convertirse en un activo protagonista de las pugnas políticas, ideológicas e internacionales del presente.

Ha llegado a tal extremo que hace unos días ha ordenado la exhumación de los restos de Bolívar, de modo que lo que queda de su esqueleto se incorpore a las fuerzas combativas del "Socialismo del Siglo XXI". Lo ha hecho, además, con la esperanza de hallar entre los huesos indicios de un envenenamiento causado por una conspiración urdida entre Colombia y Estados Unidos, y tener así un argumento más que justifique su retórica belicista y antiimperialista.

Parte fundamental de la campaña para reclutar a Bolívar para la causa del chavismo es la manipulación de la historia e incluso su sustitución por una mitología escrita a la medida de las necesidades presentes del régimen aún a costa de incurrir en las más groseras falsificaciones, como poner a Simón Bolívar al lado de Carlos Marx entre los principales inspiradores del "socialismo bolivariano del Siglo XXI", o atribuirle unas convicciones anticapitalistas que Bolívar jamás profesó.

Como era de esperarse, a los opositores del chavismo en Venezuela no les ha resultado difícil la tarea de desenmascarar este intento, pues abundan los documentos históricos que ponen en evidencia lo falaz que resulta hacer de Bolívar un precursor del "Socialismo del Siglo XXI". Basta, para ello, traer a la memoria un ensayo biográfico que el padre del "socialismo científico" le dedicó al Libertador en 1858 en la "New American Cyclopaedia", en el que lo presenta como a un vulgar tirano oportunista y demagogo sólo merecedor de los más descalificativos adjetivos.

Fueron tan duros los términos que Marx dedicó a Bolívar que cuando los editores de su ensayo le pidieron una explicación afirmó que no podía haberlo hecho de otro modo pues "…hubiera sido pasarse de la raya querer presentar como Napoleón I al canalla más cobarde, brutal y miserable". Para colmo, Marx se refiere a la fundación de Bolivia en términos que en nada favorecen a los mitos que hoy se quieren inventar.

Así, al conmemorarse los 227 años del nacimiento de Bolívar, Hugo Chávez no sólo está profanando su tumba. También está profanando su memoria, pues expone la obra y el pensamiento del Libertador a un juicio rebajado al nivel de las más mezquinas y pedestres ambiciones de quienes hoy gobiernan el país que lo vio nacer.

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El Deber: Tensiones entre Colombia y Venezuela

Con la teatralidad que sabe imponer en estos casos, el presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con su vecino Colombia. Lo hizo acompañado del director técnico de la selección argentina de fútbol, Diego Maradona. El motivo ha sido la denuncia presentada por el régimen saliente del presidente Álvaro Uribe acerca de la presencia de la organización narcoterrorista “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) en territorio venezolano. El asunto no es nuevo, pero esta vez la delegación de Bogotá presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de comprometedores documentos que deberán ser profundamente analizados para ratificar o rectificar su autenticidad. Es más, Uribe anticipó que  podría elevar su denuncia a la Corte Penal Internacional de La Haya, pese a que le queda muy poco tiempo en el poder antes de que asuma el nuevo presidente electo Juan Manuel Santos.

Más allá de las mutuas acusaciones, resalta el penoso hecho de una ruptura entre dos países hermanados por la historia y por la geografía.  En todo caso, es un hecho que las relaciones  bilaterales han sufrido un progresivo deterioro en los últimos tiempos. Recuérdese que dos años atrás Chávez ya movilizó tropas hacia la frontera luego de un ataque de Colombia a  las FARC en territorio ecuatoriano y luego  prevaleció una tensa calma. Inclusive hubo varios encuentros personales de Chávez con Uribe, tensionados nuevamente el año pasado por la aceptación colombiana de que Estados Unidos utilice  sus bases militares. Aunque las relaciones desde entonces estaban ‘congeladas’, recién ahora -con la denuncia colombiana ante la OEA- Venezuela formalizó el rompimiento.

Chávez ha expresado que, de haber grupos de las FARC en  su territorio como lo ha denunciado el Gobierno de Bogotá, ellos estarían ahí “sin autorización del Gobierno”, lo que implica una tácita negación de cualquier tipo de compromiso con el grupo guerrillero.

Mientras Chávez volvió a movilizar tropas, Colombia hasta el momento no la ha hecho y sostiene que quiere -“siempre”- tener las mejores relaciones con Venezuela. Asimismo, se anuncia la pronta reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para tratar el problema surgido. Es probable que las mutuas acusaciones prosigan durante los próximos días, al mismo tiempo que –por las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios- se profundice  la tensión política. A todo esto,  el electo mandatario Santos ha mantenido prudente distancia e insistió en que mientras él no asuma Uribe sigue siendo quien gobierna Colombia.

Aunque sostengan ideas diferentes, tanto Chávez como Uribe se parecen mucho en el campo del protagonismo personal. A los dos les interesa mantener ‘imagen’. Algo de eso ha fogoneado esta crisis. Uribe se va pronto y Venezuela enfrenta elecciones legislativas en septiembre. Los comicios son cruciales para Chávez, hoy jaqueado por problemas de de-sabastecimiento, su enfrentamiento con medios e Iglesia y  un grave malestar económico general. El ‘show’ de la ruptura de Chávez -con el ex astro Maradona al lado- ha sido ideal para mejorar su ‘rating’ ante el electorado.

Falta poco para la transmisión presidencial en Colombia. Dos escenarios se presentan como posibles: que Santos continúe lo iniciado por Uribe o que mitigue la crisis. Más allá del lúgubre asunto de las FARC, hay mucho en juego entre Colombia y Venezuela: migraciones mutuas, comercio, intercambios de toda naturaleza, etc. Hasta el 7 de agosto, cuando asumirá Santos en Bogotá, habrá que seguir con atención lo que acontece entre Colombia y Venezuela. Ojalá esas dos naciones hermanas logren entendimientos constructivos que superen sus diferencias.

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La Razón: ¡Ah, nuestro fútbol!

Llegó el momento de que la actual dirigencia dé muestras de desprendimiento

Cada vez que puede, este gobierno se muestra convencido de que la transparencia, al encarar cualquier empresa, pasa ineludiblemente por el Estado. No por nada el viceministro de Deportes, Miguel Ángel Rimba, apeló a ese concepto para justificar lo que se avecinaría: la intervención estatal en el manejo del fútbol boliviano.

A esta altura ya nada sorprende. Ha pasado bastante agua bajo el río revuelto de la Federación Boliviana de Fútbol, la Liga Profesional del Fútbol Boliviano y, últimamente, también de las asociaciones departamentales. La posibilidad de que el gobierno de Evo Morales intervenga en este entuerto suena cada vez con más fuerza.

Para mañana están previstas las elecciones con el propósito de dilucidar quiénes presidirán la Federación y la Liga, en las que se perfilan como candidatos sus actuales titulares: Carlos Chávez y Mauricio Méndez, respectivamente.

El sorprendente apoyo que ambos han conseguido entre las asociaciones sazonó de controversia los comicios a desarrollarse en un congreso ordinario, en Tarija. Hasta huelgas se han instalado en contra de esas postulaciones.

La desesperación por una salida a la crisis llevó a propuestas inesperadas como la de Guido Loayza, uno de los tres candidatos a la presidencia de la Federación, para que todos cedan en sus postulaciones y se busque el consenso.

Mientras se anuncia un domingo movido en la capital chapaca, los grandes problemas del fútbol boliviano —y del deporte en general— continúan esperando la seriedad de una clase dirigencial que, hasta ahora, sólo ha demostrado ineptitud y falta de trabajo en los temas que la gente reclama.

Vemos cómo otros países vecinos se subieron hace tiempo al carro del éxito demostrado recientemente por España y su título mundial en Sudáfrica. La fórmula aplicada en todos los ámbitos del deporte por el país ibérico, denominada Plan ADO, se replica con gran entusiasmo en Chile, Perú y no extrañe que Ecuador siga la misma línea.

La intervención del Estado no es lo ideal. La situación exige medidas urgentes, pero éstas deberían pasar por un manejo responsable y serio, a cargo de entidades independientes y, sobre todo, de dirigentes capaces y honestos.

Llegó el momento de que la actual dirigencia dé muestras de desprendimiento. El pueblo futbolero no aguanta más embustes. Las cosas están mal hace mucho y si algo sobra es la obcecación.

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Cambio: Perdón a genocidas

Las jerarquías de las iglesias Católica Evangélica chilenas proponen que el presidente de ese país, Sebastián Piñera, indulte a militares que violaron los derechos humanos durante la larga dictadura que encabezara Augusto Pinochet y que fueron condenados por los tribunales de justicia por crímenes de lesa humanidad. El motivo, la celebración del Bicentenario de la independencia.

Según el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Alejandro Goic, la Iglesia ha mantenido y mantiene "la defensa de los derechos humanos, pero también hay que tener una capacidad de perdón y misericordia". "¿Querían que llamáramos al odio? Llamamos al perdón porque eso es esencial", aseguró.

Sin embargo, lo que aparentemente sólo constituye un planteamiento impulsado por sentimientos humanitarios —presumiblemente por la edad avanzada de los genocidas y para cerrar de una vez por todas el capítulo más oscuro de la historia chilena—, a la luz de los dramáticos hechos ocurridos entre 1973 y 1982, periodo de la dictadura pinochetista, esa propuesta peca de profundas contradicciones, ya que en nombre del perdón intenta dejar impunes a criminales que no sólo enlutaron a miles de familias chilenas, sino que cometieron los más atroces crímenes en contra del género humano.

Por eso, cuando la jerarquía católica chilena justifica su demanda de indulto en que "hay que tener una capacidad de perdón y misericordia", olvida la suerte de miles de víctimas de la dictadura pinochetista y se pone al lado de los verdugos, de quienes nunca tuvieron un atisbo de misericordia mientras torturaban, violaban, asesinaban y hacían desaparecer a seres humanos.

"Querían que llamemos al odio", matizó el presidente de la Conferencia Episcopal chilena. No, de ninguna manera, sino que el clamor de las víctimas de la dictadura de Pinochet no está cimentado en el odio, sino en la demanda de justicia, aquella que ahora pretende ser manipulada para favorecer a confesos criminales.

No obstante, para Goic, "la Iglesia siempre ha sostenido la verdad y justicia, pero eso no es suficiente para sanar las heridas de una sociedad, por lo que una gota de amor y misericordia siempre será necesaria". Pero esa "gota de amor" que el obispo pide a las víctimas, profana la memoria de al menos 3 mil muertos y constituye una afrenta a más de 30 mil torturados por la dictadura, que no tuvo la misericordia que hoy reclama la jerarquía eclesiástica.

El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende y estableció una sangrienta dictadura militar que perduraría hasta 1990. En primera instancia, Pinochet fue Jefe de la Junta Militar de Gobierno, al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación, el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo absoluto.

Pinochet, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 sin haber sido jamás sentenciado en Chile, fue el directo responsable de los crímenes cometidos durante este brutal periodo de la historia de Chile. También tuvo un papel central en el establecimiento de la Operación Cóndor, organización creada para la coordinación del trabajo de policías secretas de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay en la década de los años 70 y que se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que asesinó e hizo desaparecer a miles de opositores.

Uno de los más crueles represores chilenos, el ex jefe de la tenebrosa DINA, Manuel Contreras, se benefició recientemente con la rebaja de su condena de doble cadena perpetua a sólo 17 años de cárcel por el asesinato, en 1974, del ex comandante del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, Gral. Carlos Prats, y de su esposa, en Washington.

El indulto que propone la Iglesia Católica chilena al presidente Piñera busca reducir total o parcialmente la pena a los condenados que hayan tenido buena conducta en las cárceles, reducir la pena a quienes tengan más de 70 años de edad, a las mujeres con uno o más hijos menores de 18 años, cambiar la pena a los enfermos con males invalidantes, graves e irrecuperables, y condonar el resto de la pena a los terminales.

Tras recibir las dos propuestas eclesiásticas, y haber solicitado varios informes a los ministerios, Piñera entró en "un proceso de reflexión" para tomar una decisión, según los compromisos del gobierno.

No obstante, la decisión del mandatario chileno no será fácil porque deberá tomar en cuenta que el indulto a criminales confesos sólo sería comparable a que Jesús hubiese admitido la santa inquisición, tolerado el genocidio de millones de indígenas durante la Colonia en América Latina y que habría estado de acuerdo con el holocausto nazi. Además, la propuesta de indulto tropieza con acuerdos internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile y que prohíben amnistías e indultos para casos de violaciones graves y sistemáticas.

Si los obispos chilenos estuvieran pidiendo clemencia para quienes cometieron las aberraciones que conocemos pero se arrepintieron de sus crímenes y pidieron perdón a sus víctimas, el escenario sería otro, pero ni Dios perdona si no hay arrepentimiento. Y no conocemos un solo caso de genocidas latinoamericanos que se hayan arrepentido. Por eso, perdonar a criminales confesos no sólo sería un acto inhumano, sino una afrenta a la memoria de los muertos, a la justicia y a la defensa de la vida.

Ni Dios perdona si no hay arrepentimiento    y ningún genocida pidió perdón a sus víctimas. Por eso, perdonar a criminales confesos no sólo sería un acto inhumano sino una afrenta a la memoria de los muertos, a la justicia y a la defensa de la vida.

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La Prensa: Es necesaria la convivencia pacífica

Lo importante será tranquilizar a la región para mantener una convivencia pacífica entre los pueblos, por encima de sus diferencias ideológicas?

La decisión del Gobierno venezolano de romper totalmente sus relaciones con Colombia, después de que este país denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presencia de unos 1.500 guerrilleros colombianos en territorio venezolano, ha generado un clima de tensión y preocupación en América del Sur.

Colombia denunció que Venezuela tolera en su territorio campamentos de guerrilleros y que, incluso, los apoya. Pero el Gobierno venezolano rechazó la acusación y el presidente Hugo Chávez dijo que su colega colombiano, Álvaro Uribe, es capaz de mandar a montar un campamento guerrillero en Venezuela ?para bombardear y provocar una guerra?.

Hablar de una potencial guerra entre dos países es altamente irresponsable por la connotación que tendría. Los gobiernos de Venezuela y Colombia están ideológicamente enfrentados. Mientras Chávez lleva a su país a un denominado Socialismo del Siglo XXI bajo el ejemplo comunista de Cuba y pretende extender ese modelo al resto del sudcontinente, Uribe encabeza un Gobierno conservador neoliberal calificado por Chávez como ultraderechista.

Los vínculos entre estos dos países fueron de una intermitente aproximación y, últimamente, estuvieron bastante deteriorados precisamente debido a ese enfrentamiento ideológico que llevó a mandatarios de ambos países a tener ásperas expresiones mutuas.

La herencia que Uribe deja a su sucesor Juan Manuel Santos, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, es una carga muy pesada. Por un lado está este rompimiento total de relaciones con Venezuela y, por otro, las relaciones diplomáticas interrumpidas con Ecuador a consecuencia de la incursión armada de febrero de 2008, cuando tropas colombianas atacaron la frontera con Ecuador para desbaratar un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).

Juan Manuel Santos ha tratado en estos últimos días de sentar las bases para un acercamiento con Venezuela, Ecuador y otros países de la región, dando señales de que pretende cambiar la política exterior colombiana de Uribe de confrontación. Esta tarea deberá ser apoyada por los organismos internacionales, como la OEA y las Naciones Unidas, y países amigos.

Lo importante será bajar las tensiones, tranquilizar a la región para mantener una convivencia pacífica entre los pueblos, por encima de sus diferencias ideológicas y políticas; respetando la libre determinación y no echando gasolina que avive el fuego de la confrontación que podría tener imprevisibles consecuencias.

América del Sur no puede ni debería caer en la insensatez de buscar soluciones a los problemas entre dos naciones vecinas por la vía de la violencia. El mejor camino será siempre el diálogo y la voluntad política de los gobiernos de solucionar los problemas y los conflictos en forma negociada, sin dejar de lado la importancia del diálogo.

De ahí la necesidad también de frenar esas carreras armamentistas que han emprendido algunos países de la región y que no hacen otra cosa que sembrar temores y desviar dineros que bien podrían ser empleados en solucionar los graves problemas de hambre que enfrentan nuestras sociedades.

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El Diario: El poder encandila y vuelan las promesas

Al asumir el mando del país, todos los gobiernos han cometido el mismo yerro: prometer todo para olvidarlo después. Efectivamente, al iniciarse cualquier gestión gubernamental -tanto en los regímenes constitucionales como en los dictatoriales- la demagogia y el populismo fueron las características para prometer todo, ofrecer hasta lo más difícil y no cometer los errores de los antecesores porque “el Gobierno está consciente de sus deberes en bien de todo el pueblo y por el engrandecimiento de la Patria”.

Decantadas promesas y patrióticos juramentos sólo han servido para convencer a los partidarios y, en parte, al pueblo sobre las bondades, virtudes y sanas intenciones de quienes han asumido el poder. Civiles y militares cantaron la misma canción, unos más desorejados que otros, pero la misma letra y la misma mala música, sin darse cuenta de que la mayoría del pueblo no creyó en los “cantos de sirena”, por estar convencido de realidades vividas con todo tipo de gobiernos.

El presidente Evo Morales inició su gestión en 2006 con las mismas promesas e idénticas intenciones con el agregado de “políticas de cambio” porque “había que destruir al neoliberalismo y a quienes han traicionado al pueblo”. ¿Cuánto de esto se ha cumplido? En mayo de 2006, como medida “revolucionaria” se “nacionalizó” las empresas capitalizadoras del petróleo y el hecho sólo consistió en cambio de contratos y la medida de incrementar impuestos y regalías. Los contratos, que se sepa, aún no están firmados y esas empresas siguen trabajando “y sacando lo que precisan”, pero sin invertir más capital ni tecnología que permita superar la producción.

Se ha tomado muchas medidas en contra del empresariado nacional sin tomar en cuenta que con ello se lastimaba seriamente la economía del país; se puso trabas a las exportaciones y se cerró posibilidades para que capitales nacionales y extranjeros puedan invertir en Bolivia. No hubo cambios para mejorar la producción ni aumentar las exportaciones, ni para crear empleo; por el contrario, el éxodo de bolivianos al exterior aumentó en forma increíble y el índice de desocupados es alarmante. ¿Qué cambió en relación con el pasado? Hubo cambios en sentido de fomentar el racismo, el regionalismo y la división de clases, con grave detrimento para la unidad nacional.

Sobre el poder que ciega, las experiencias son muchas en los últimos sesenta años porque, especialmente en períodos o procesos “revolucionarios”, en nombre del nuevo sistema fueron cometidos abusos y fueron violadas la Constitución y las leyes. Tanto ciega el creer que “se está en la cumbre del mundo”, que se olvida las promesas previas al llegar al Gobierno; se soslaya acuerdos y convenios porque parece que el período de duración de lo que se tiene “durará poco tiempo y hay que aprovecharlo”. En casos, pues, la tenencia de lo que nunca se tuvo ciega y anula valores, propósitos, buenas intenciones y sentimientos. Que es condición humana, lo es; pero cuando hay conciencia de país y los valores tienen cimientos fuertes y basados en virtudes, resultaría muy difícil y hasta imposible que las cegueras lleguen a extremos. De no ser esto así, no habría en la historia de la humanidad grandes hombres y mujeres, gobernantes que han sido ejemplares y que han hecho de su trabajo un servicio, una entrega, un apostolado y han logrado inmensos beneficios para sus pueblos, sin permitir que el poder ciegue o destruya sus valores.

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El Mundo: Yo no fui

Una denuncia sobre la presencia de campamentos de las fuerzas guerrilleras de las FARC en territorio venezolano , la misma que fue presentada con pruebas ante la asamblea general de las Organización de Estados Americanos, dio lugar a que Venezuela tomara la decisión de romper relaciones con Colombia.

La tensión entre las dos naciones ha sido una constante en los últimos tiempos y se ha agudizado, cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia colombiana, con quien el presidente Hugo Chávez tenía un encuentro especial de carácter ideológico, el mismo que fue actualizado en diferentes oportunidades, con agresiones verbales de tipo personal y acusaciones de todo tipo.

En reiteradas oportunidades, Colombia ha denunciado la presencia de guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, las mismas que han sido desmentidas; sin embargo, en otras circunstancias, el gobierno venezolano ha manifestado su identificación con la guerrilla y no ha vacilado en expresar su simpatía con ese movimiento, tal vez por el solo hecho de ser un obstáculo para la gestión gubernamental de Uribe.

Con la misma frecuencia, se ha indicado que las FARC se encuentran apoyadas por el narcotráfico y que habrían sido alentadas en su actividad revolucionaria por narcotraficantes que utilizaban para su movilización el territorio venezolano.

Es sabido y ha sido reiterado en las oportunidades en que el narcotráfico se ha puesto en el tapete de la discusión, que es muy difícil probar que alguna personas o institución y menos un gobierno, esté vinculado de alguna manera a las actividades del narcotráfico y con mayor razón que alguno de éstos, haya asumido para sí la tarea de alentar esa actividad, con el propósito de apoyar el movimiento guerrillero.

La decisión venezolana no ha dejado de tener una repercusión especial en todo el continente y provocado diversos criterios. Para Bolivia el tema tiene características particulares, debido a la estrecha relación que ha decidido adoptar el gobierno del MAS con las autoridades venezolanas y en particular con el presidente Chávez.

No seria extraño que esa simpatía pudiera traducirse en un apoyo abierto a Venezuela que pueda traducirse en una medida similar, para mostrarla solidaridad del partido de gobierno con ese gobernante.

La formación militar de Chávez da lugar a que esas reacciones de carácter bélico resulten explicables; si embargo, nadie podría justificar un actitud de esa naturaleza en pleno Siglo XXI; el argumento venezolano es que se ha mancillado su soberanía, al hacer las acusaciones de que su territorio estuviera acogiendo a fuerzas guerrilleras extrañas. El gobernante venezolano ha deseado reaccionar con un argumento muy fuerte, pero Colombia ha probado la acusación con la que se siente afectada directamente, por un hecho que tiene a ese país en vilo desde hace ya mucho tiempo.

Asociar el problema con el narcotráfico, vuelve a poner en el tapete situaciones que lamentablemente no son fácilmente explicables, aunque de alguna manera despiertan susceptibilidades que dan lugar a que se sospeche sobre las actividades ilícitas del narcotráfico en esta y otras situaciones.

Nuestro país ha sido mencionado en reiteradas oportunidades dentro de una red de naciones que estuviera permitiendo esa actividad ilícita en su territorio, como no podía ser de otra manera, los gobernantes han sido terminantes en rechazar las acusaciones; sin embargo, el hecho de que el presidente hubiera manifestado abiertamente, en foros internacionales y con mayor razón dentro del país, que la producción de hoja de coca no tiene por qué ser considerado un acto ilícito; mentar la seguridad de que la superproducción está destinada a la fabricación de drogas, constituye un hecho irrefutable, deja que las aclaraciones que puedan hacerse encuentren su límite.

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Opinión: La orden pendiente a las Fuerzas Armadas

Hace pocos días atrás se recordaron los 30 años del golpe militar del 17 de julio de 1980 a la cabeza de Luis García Meza y de un grupo de militares que a nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación ocuparon de manera sangrienta el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz.

A partir de ese momento el gobierno de facto ordenó una persecución implacable contra líderes políticos, sindicales, periodistas y ciudadanos que opusieron resistencia al régimen, que meses después caería envuelto en el escándalo del narcotráfico y con la culpa de una serie de crímenes y latrocinio contra las arcas fiscales del Estado.

Uno de los asesinatos más graves que pesan sobre la conciencia del ex dictador Luis García Meza y sus colaboradores es del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue apresado por un grupo de paramilitares durante la toma de la Central Obrera Boliviana, escenario en el que momentos antes se reunían los miembros de un comité de defensa de la democracia para contrarrestar el golpe militar en un esfuerzo inútil que no dejó tiempo para ninguna acción contra la arremetida de los militares golpistas.

Quiroga Santa Cruz trasladado a un lugar hasta ahora desconocido fue torturado y ultimado. Hasta el momento y pasados 30 años de aquellos luctuosos acontecimientos en la vida política del país no se ha logrado conocer el paradero de los restos del dirigente socialista. Las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento por parte de algunas organizaciones se han encontrado siempre con un escollo mayor relacionado al hermetismo de las Fuerzas Armadas y el acceso a las fuentes de información internas y archivos que sin duda alguna podrían dar luces para averiguar una serie de hechos que aún permanecen ocultos.

Existen presunciones muy serias de que Marcelo Quiroga Santa Cruz fue trasladado de las instalaciones de la Central Obrera al Estado Mayor y que sus restos estarían enterrados bajo el mástil en el predio castrense de Miraflores. Así por lo menos sostiene el escritor Hugo Rodas Morales en un libro que cita la declaración de un oficial recogida en un informe del Defensor del Pueblo. Afirma que los restos son rehenes de las Fuerzas Armadas y que el reconocimiento de esta realidad está documentada. La declaración corresponde al coronel Edgar Franco Montenegro, graduado por la Escuela de las Américas estadounidense (SOA) por el Comando y Estado Mayor Boliviano.

Otro libro que será entregado a fin de mes en Cochabamba y que corresponde a un trabajo de investigación del abogado y ex director de Régimen Penitenciario Tomás Molina, anticipa nuevas revelaciones y que del mismo modo que el anterior citado, asegura que los restos de Quiroga Santa Cruz están en un sitio posterior al Estado Mayor en un lugar que tiene vigilancia día y noche a cargo de guardias militares.

Lo cierto es que en todo este asunto que tiene que ver con los crímenes de las dictaduras militares y el proceso de recuperación de la democracia no se puede negar que durante todos estos años ha existido y existe un pacto de silencio que impide ahora mismo desclasificar los archivos militares pese a los intentos que se han dado para que mediante procedimientos fiscales y de la justicia se llegue a conocer la verdad.

Una verdad que estaría próxima si el Presidente y Capitán de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, Evo Morales, da la instrucción precisa, la orden concreta, para que la institución castrense finalmente ponga a conocimiento de las autoridades competentes y de las comisiones de familiares asesinados, sus famosos archivos de época tan tenebrosa.

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Clarín, Argentina: La publicidad y los medios privados

Los diarios que no dependen de la publicidad oficial para su subsistencia pueden mantener su independencia económica y periodística cuando, gracias a la lealtad de sus lectores ?construida a través de años de identificación editorial y servicio informativo? reciben naturalmente los flujos de publicidad privada que busca llegar con sus productos y servicios a esos lectores.

La inversión publicitaria, además de ser un vehículo de comunicación comercial, contribuye legítimamente a la sustentabilidad de la economía de los medios y a que el precio de tapa de los diarios sea accesible a vastas capas de la población.

Existen reglas no escritas en el campo de la ética periodística que consideran impropio aceptar publicidad a cambio de condicionamientos a la línea editorial. Así como su contracara, esto es que un medio se aparte de sus estándares informativos a partir del comportamiento de una inversión publicitaria.

Más allá de la natural libertad de mercado que debe regir las transacciones comerciales, sería un triste precedente para la sana relación entre medios y empresas ?de la que es tributaria la prensa argentina?, que los anunciantes privados decidieran orientar sus pautas de publicidad con criterios asociados a premios y castigos respecto de la línea editorial de los medios.

Esta conducta es la que viene siguiendo sistemáticamente el Gobierno Nacional con la pauta oficial, cuyos millonarios montos ?varias veces multiplicados en los últimos años? son distribuidos sin parámetros objetivos y en base a un sistema que privilegia a los medios adictos y discrimina a los críticos, lo que se agrava por tratarse de fondos públicos.

No se trata de cuestionar los debates en torno al rol que medios, gobiernos y empresas cumplen en el diálogo democrático. Ni tampoco el natural intercambio ?aún el más intenso y acalorado? respecto de las opiniones e informaciones que publican los medios, y que siempre están sometidas al escrutinio y a la crítica de los distintos actores sociales, políticos y económicos.Pero Argentina no debería ?ni en su esfera pública, ni tampoco en la privada? importar estilos de países de la región donde el temor y el condicionamiento en torno de la información se anteponen al diálogo fecundo y el debate razonado. Aún en el disenso, que es la mejor prueba de la vigencia de la libertad de expresión en una democracia.

La utilización arbitraria de la publicidad oficial, como la que hace el Gobierno, es un abuso sostenido por la falta de controles. Y se agrava, además, por tratarse de fondos públicos.

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