La muerte de David Olorio Apaza, sospechoso de haber participado en el atraco al puesto de cobro de peaje en la autopista La Paz- El Alto, a parte de las razonables dudas que deja en torno a las circunstancias en que se produjo, muestra la forma en que se conducen tanto la policía como la justicia en el último tiempo.
Sospechoso del atraco. La gráfica muestra los hematomas en el rostro y el hombro que tenía el cuerpo de David Olorio Apaza (foto El Deber)
Las versiones de la policía y de la propia fiscal sobre las circunstancias de la muerte resultan simplemente grotescas y parece que consideran que la población se está chupando el dedo y no ve más allá de sus narices.
En primer lugar sería conveniente que aclaren que es eso de la “muerte súbita”. ¿Será que el individuo falleció por el profundo remordimiento que le ocasionó la muerte del policía encargado de la custodia del peaje?. La verdad es que esta posibilidad resulta muy remota y habría que ser muy ingenuo para aceptarla.
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Por otra parte que la fiscal asignada al caso, Virginia Villegas, diga que el cuerpo de Olorio no presentaba lesiones es una falsedad tan grande que muy bien puede dar la pauta para pensar de que hay algo que se quiere ocultar, por cuanto el informe forense dice lo contrario y daría lugar al inmediato procesamiento de esta funcionaria del Ministerio Público.
El cuerpo de Olorio muestra evidentes signos de haber sido duramente torturado. Las causas podían ser dos. La primera que a los interrogadores se les fue la mano en su afán de sacarle información, lo cual no puede, en modo alguno ser admitido en un país democrático, por mayor que haya sido el delito cometido.
La segunda posibilidad resulta más inquietante. Existen versiones de que Olorio fue simplemente “acallado”. Se quería impedir que hable e involucre a otras personas -policías, funcionarios de la empresa estatal Vias Bolivia y otros- que naturalmente deben gozar de mucho poder.
Se podría alegar que estas son simples especulaciones pero resulta que las autoridades del gobierno, policiales y judiciales hacen poco para despejar las más que razonables dudas que han surgido y por el contrario, sus burdas versiones no hacen más que reforzar las dudas de la población.
Para el comandante de la Policía, general Oscar Nina que ya ha dado demasiadas muestras de que su única intención es congraciarse con el gobierno “no hubo brutalidad”, en los interrogatorios cuando las evidencias muestran lo contrario.
El método de acallar a las personas que pudieran ayudar a aclarar un caso ya fue utilizado en el hotel Las Américas de Santa Cruz, cuando se acribilló a tres personas sin más ni más y se abrió la posibilidad para que el gobierno teja toda una novela de conspiración en torno al caso Rózsa que le está dando buenos réditos para tener arrinconados a los opositores políticos.
Sin embargo el alarmante aumento del narcotráfico y la delincuencia criminal en el ultimo año no resiste siquiera el intento de una politización; el problema es tan grave que desde el presidente Morales, el ministro Llorenti, el comandante de la Policia Nacional, fiscales y jueces, deben asumir de inmediato drásticas medidas estructurales (no los parches de coyuntura) para enfrentar la inseguridad ciudadana que terminará no solo con destruir a instituciones como la Policía, sino al país en su conjunto.