Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Bajo fuego
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Bajo el Penoco, El Día: Jocheando los petos
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Los Tiempos: LOS INCENDIOS FORESTALES Y LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL
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El Deber: Descontrol de chaqueos
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La Razón: Feria del libro
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Cambio: Un fallo señala el camino de la paz
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La Prensa: La institucionalidad debilitada
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El Diario: Instrucción militar a civiles
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El Mundo: Mi bandera
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Opinión: El turno es de Oruro con 12 demandas regionales
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Clarín, Argentina: Modificaciones a la Ley de Trata
El Día: Bajo fuego
Los chaqueos se han vuelto a descontrolar en el país, después de cinco años de aplicación de un sistema de monitoreo, alerta temprana y educación comunitaria que mantuvo a raya las quemas que suelen realizar los campesinos para preparar sus campos de cultivo e incorporar nuevas tierras a la próxima temporada de siembra.
La cantidad de focos de calor registrados en lo que va de este año representan casi la mitad de los que se dieron en todo el 2004, la gestión más crítica de los últimos tiempos y es superior a los incendios que se dieron anualmente desde el 2006, cuando comenzó a notarse el esfuerzo conjunto de las prefecturas, la Superintendencia Forestal y otros organismos gubernamentales en el combate a los chaqueos irracionales.
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No cabe duda que la fuerte sequía que azota al país y a gran parte del continente, es en buena medida la explicación de este fenómeno y prueba de ello es que en Brasil también están agobiados por el mismo problema, donde los focos de calor representan hoy el doble del mismo período de 2009. La gran diferencia es que en Brasil y también en Argentina tienen el problema bajo control porque desde hace años poseen toda una infraestructura, equipamiento, personal y experiencia para enfrentar emergencias como ésta.
En Bolivia, sólo un dato es suficiente para mostrar que el cuidado del medioambiente está reducido a los discursos en conferencias internacionales. El parque Tunari, de Cochabamba, donde el fuego consumió en estos días más de 700 hectáreas de bosque, estaba bajo la responsabilidad de una sola persona, encargada de cobrar el ingreso a los visitantes. Las áreas protegidas, las reservas forestales, los parques nacionales, son invadidos permanentemente por colonos y campesinos que gozan de la libertad y de la protección política para instalarse en ecosistemas frágiles, donde queman, derriban y destruyen sin ningún tipo de freno. La invasión de tierras es también otro de los factores que puede estar agravando el problema, ya que lo primero que hace un campesino al ingresar ilegalmente a un terreno es quemar y “limpiar” para tratar de consolidar su posesión.
Todo el trabajo realizado en las pasadas gestiones para evitar las quemas ha quedado en nada. Todo lo que se le mezquinó al fuego desde el 2006 se lo ha llevado en unos pocos días y hoy, el Gobierno admite que ha sido rebasado y pide la cooperación internacional para mitigar lo que ya es un desastre. No es para menos, más de un millón y medio de hectáreas están amenazadas por el fuego, cientos de comunidades podrían ser arrasadas y las poblaciones rurales están inermes, sin bomberos, sin herramientas ni recursos económicos para enfrentar el avance de las llamas.
A ninguna de las autoridades nacionales se la ha visto preocupada por el fuego. Ocupadas en Potosí, en tumbar a Joaquino y preparar el derrocamiento de Cossío en Tarija, es imposible ver una catástrofe de semejantes proporciones. Ya escucharemos al presidente Morales dentro de unos días, confesar que no tenía idea de lo grave que había sido el fuego. Así lo ha venido haciendo con numerosos flagelos que ha tenido que soportar la población en la más absoluta orfandad.
Más de un millón de hectáreas están amenazadas por el fuego. Es una catástrofe y el Gobierno admite que ha sido rebasado.
Bajo el Penoco, El Día: Jocheando los petos
Mientras los potosinos festejaban el “éxito” de los 19 días de paro, el Gobierno estaba lejos de sentirse derrotado. Las palabras del ministro de la Presidencia, Óscar Coca sonaban a advertencia el pasado martes, cuando decía que en Potosí habían protestado por nada. Algunos dirigentes de la Villa Imperial se dieron cuenta de que habían “jocheado” los petos, pero no alcanzaron a desmentir el supuesto veto a Evo Morales para las fiestas de la efeméride departamental, cuando se produjo lo que estaba anunciado desde hace meses. La Fiscalía, una suerte de “inquisición” del régimen, terminó de redactar la imputación formal contra el alcalde de Potosí, René Joaquino, por la compra de automóviles transformers y este miércoles, la nota ya estaba en el Concejo Municipal, donde no hubo más remedio que aplicar la “ley corta” incrustada en la Ley de Autonomía. Ahora Potosí tiene otro alcalde y de yapa, en Tarija, Mario Cossío recibió su respectiva notita de imputación que indica que sus días como Gobernador pueden estar contados.
Los Tiempos: LOS INCENDIOS FORESTALES Y LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL
Pese a la grandilocuencia de los discursos ecologistas, en los hechos Bolivia es un país que contribuye mucho a la destrucción de la tierra
Pese a su efecto devastador, los incendios que con toda regularidad se producen en el país todos los años atraen la atención colectiva sobre nuestra directa relación con el medio ambiente, aunque sólo sea porque recuerdan la importancia de la calidad del aire que se respira. Así, se trata de un tema que, excepto por el ligero malestar y leves perjuicios que durante estos días causan las humaredas, el resto del año no es percibido más que como una abstracción que nos es del todo ajena, tanto por sus causas como por sus consecuencias.
Vale la pena pues aprovechar estas circunstancias, antes de que la predisposición favorable se despeje con los últimos humos, para recordar que los incendios forestales son algo más que desafortunados incidentes ante los que sólo cabe el lamento. Se trata, más bien, de uno de los más serios problemas que afronta la humanidad en general y que a los bolivianos nos atañe de manera muy especial por múltiples motivos.
En lo que a la dimensión mundial del mal se refiere, se sabe que los incendios forestales son responsables de aproximadamente el 20 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale a unas 6.000 millones de toneladas al año, mucho más que el total de las emisiones causadas por el todo el sector del transporte. En ese contexto, Bolivia ocupa un lugar destacado pues es uno de los países que, en términos relativos, más contribuye a esa fuente de contaminación.
El 80 por ciento de las emisiones de CO2 bolivianas provienen del cambio de uso del suelo y deforestación. Y lo que es peor, es uno de los pocos países en del mundo que todavía recurre a "prácticas ancestrales" como la quema de la cubierta vegetal no sólo para ampliar su frontera agrícola, sino para mejorar la fertilidad de la tierra. Se trata de prácticas ya consideradas primitivas en el mundo actual, pero que en nuestro país siguen siendo las favoritas no sólo de "indígena originario campesinos", sino incluso de los máximos exponentes del "moderno" sector agroindustrial.
La magnitud de ese crimen ecológico -del que nuestro país es corresponsable- es enorme. Según los más recientes reportes, la deforestación en Bolivia avanza a un ritmo de aproximadamente 300.000 hectáreas por año, lo que equivale a que se destruyan bosques del tamaño de unas 43 canchas de fútbol por hora, 480.000 canchas de fútbol al año. Con la agravante de que la mayor parte de esa deforestación no se realiza, como en otras partes, con métodos modernos de desbosque, sino recurriendo al más barato sistema de los incendios masivos.
Los resultados de tan irracional manera de actuar son muchos. Las humaredas están entre los más visibles pero no los más importantes. Más grave es el hecho de que, según todos los estudios, lo que queda después de las quemas no son tierras fértiles, excepto por poco tiempo, sino desiertos.
De ahí que es importante adoptar políticas de defensa del medio ambiente que trasciendan la retórica del momento. Las autoridades y la comunidad deben comprometerse a impulsar programas bien elaborados, participativos, sostenibles en el tiempo y dotados de personal altamente calificado y recursos suficientes. Mantener la actitud de mostrar preocupación por estos problemas sólo en el momento en que ocurren es, definitivamente, suicida.
El Deber: Descontrol de chaqueos
Todos los años, sin faltar, por esta temporada el humo cubre el cielo de más de la mitad del país, consecuencia del incendio provocado de vegetación, con el supuesto propósito de habilitar nuevas tierras para la agricultura.
Pero todos los años, con similar exactitud, los incendios se descontrolan, el humo se mantiene durante varias semanas afectando a la salud de las personas, cerrando las operaciones de varios aeropuertos y dando la impresión de que Bolivia es un país sin leyes ni autoridades.
Todas las naciones vecinas han resuelto ese problema mediante la aplicación de controles estrictos, que tienen que ver con la angustia internacional sobre la extinción de las áreas verdes del planeta. Pero Bolivia sigue permitiendo estas prácticas que equivalen a un crimen.
Esta vez se observa que esta situación coincide con un momento en que ni siquiera los parques naturales son respetados, porque sus áreas han sido violadas por ‘colonizadores’ y cocaleros.
En otros países las prácticas de cuidado y preservación de cielos han dado resultados sorprendentes, de recuperación de áreas que habían sido arrasadas en épocas en que los incendios provocados eran prácticas comunes.
Se ha difundido el criterio de que no se puede eliminar las pasturas naturales y los bosques de zonas donde los suelos no son aptos para la agricultura, porque se convierten en desiertos.
Pero en Bolivia pocos han hecho un estudio de ese tipo y el desbosque llega a todas las áreas, incluso cuando se observa que algunas regiones del país están muy avanzadas en el proceso de desertización.
En los últimos días se ha informado que el territorio del departamento de Tarija es el que más afectado está y donde los suelos tienden a convertirse en desiertos.
Aparte de esas informaciones, no se conoce de ninguna decisión de las autoridades para revertir este daño irreparable que se hace al territorio nacional.
La expansión de los cocales en las zonas autorizadas y en las no autorizadas ha tenido un impulso muy grande en los últimos años, a pesar de que se sabe que ese cultivo destroza la riqueza orgánica de la tierra.
Si la prédica del cuidado de la madre tierra es sincera, algo habría que hacer para demostrarlo. La política de preservación de los bosques no tiene que limitarse al decomiso de cientos de camiones que llevan la madera hacia las fronteras.
La humareda que ahora afecta a gran parte del territorio oriental del país, y llega incluso a algunos valles, es la demostración de que en Bolivia no se respeta la naturaleza. En este caso, los discursos no tienen ningún valor, si en la práctica se demuestra que no hay ninguna consideración con la naturaleza.
Si las autoridades no pueden atender esta situación tan dramática, quizá puedan acudir a las Naciones Unidas para que la repartición encargada de la preservación de la naturaleza tome alguna iniciativa.
De lo contrario, permitir que los incendios y los desbosques sigan adelante es atentar contra el porvenir de Bolivia, es dejar para el futuro un país arrasado por la irresponsabilidad de las actuales generaciones.
La Razón: Feria del libro
Hay muchos paceños que no han ido aún a la feria. En ello hay que trabajar ahora
El año pasado, la feria, que tiene lugar en Bajo Següencoma (al sur de La Paz), recibió a 70.000 visitantes. Número que refleja una tendencia ascendente, si se compara con las primeras versiones, y que confirma lo dicho sobre el entusiasmo de los vecinos de esta urbe, suficiente como para animar, año tras año, a quienes viven de escribir, editar y vender libros a invertir en el evento.
La feria paceña ha motivado, además, a replicar el ejemplo en otras ciudades. Santa Cruz, por ejemplo, que abre el año de ferias del libro, ha crecido lo suficiente como para ratificar el acierto de prestarle atención al mundo bibliográfico, que lectores seguro que hay.
Se suele decir y repetir que en Bolivia se lee poco. Si bien no hay estudios precisos al respecto, que puedan ayudar a identificar las razones, lo cierto es que una de las soluciones para acortar la brecha entre libro y público resulta ser la feria. Sobre todo porque ésta, como pasará ahora, hasta el 29 de agosto, dedica un espacio privilegiado a los niños.
La mejor inversión que se puede hacer en este sentido es, justamente, atraer a los niños. Se puede afirmar que ya hay una generación (hoy de 18 años, más o menos) que ha crecido con la experiencia de visitar la feria. Basta ver a un niño de tres años recorrer entusiasta los estantes y anaqueles, deseoso de tocar esos objetos de lomos variados, para sospechar que, de alimentarse esa fascinación, el lector estará asegurado para un futuro próximo.
Este año, los chicos tendrán para elegir carpas de terror, fantasía, superhéroes… diversión en grande, que eso es también la lectura. Seguramente hay muchos habitantes de La Paz que no han visitado aún la feria. En ello hay que trabajar, pero no cabe duda de que la continuidad es una forma de ir conquistando a la gente.
Quizás hay que pedir a los expositores un poco más de retribución a la fidelidad de los visitantes. Por ejemplo, cumpliendo con los descuentos que se suele ofrecer y que no siempre se concretan. O trabajando más para posibilitar la presencia de figuras de las letras. En años pasados vinieron Quino, Carlos Monsiváis, incluso Paulo Coelho… El peso de nuestra fiesta se mide también en este sentido.
En todo caso y para descubrir valores más allá de la fama, ahora están aquí varios autores italianos deseosos de hacer contacto con el lector boliviano. Un motivo más para acudir a la cita.
Cambio: Un fallo señala el camino de la paz
La Corte Constitucional de Colombia declaró inexistente la validez jurídica del acuerdo que en 2009 firmara el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez con Washington, que permitía la presencia de soldados y mercenarios (denominados contratistas) estadounidenses en siete bases militares en suelo colombiano. La decisión fue asumida por seis votos a favor y tres en contra y dejó sin vigencia y con efecto inmediato ese acuerdo cuestionado por los países del ALBA y Unasur.
No obstante que esa decisión constitucional dejó en manos del Congreso colombiano la decisión de si un acuerdo militar similar puede ser firmado con Estados Unidos en el futuro, el mensaje enviado al nuevo presidente Juan Manuel Santos es clara: dicho pacto no fue aprobado mediante ley, es decir se trataba de un acuerdo inconstitucional, intolerable en un estado de derecho.
Ante la contundencia de la sentencia constitucional, el gobierno colombiano no tuvo otro camino que acatar la decisión que dejó sin base jurídica el acuerdo militar pactado por Bogotá y Washington. "El gobierno nacional estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables", dijo al respecto el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien leyó un comunicado de la Casa de Nariño.
El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, aseguró que al examinar el acuerdo firmado por el ex canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador de Estados Unidos en Bogotá William Brownfield, en 2009, se constató que era un instrumento que implicaba nuevas obligaciones para el Estado colombiano y que autorizaba el uso y porte de armas por personal extranjero en su territorio.
Según el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Luis Guillermo Pérez, el acuerdo firmado por el gobierno de Uribe no era uno simplificado de otros que habían sido suscritos anteriormente —como argumentaba el anterior Gobierno—, sino que "era de tal envergadura que consistía en un Tratado que debía surtir el trámite legal correspondiente, ser aprobado por el Congreso y luego ser sometido al control de constitucionalidad" y constituía un documento lesivo a los intereses nacionales porque no contenía la reciprocidad en relación con lo que el Gobierno colombiano entregaba a Estados Unidos.
La politóloga Claudia López —citada por el Semanario Cambio— cuestionó la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones que describió como "negar en público lo que se acuerda en privado", y señaló que si bien la cooperación es útil y necesaria para Colombia, debería darse un debate público sobre una decisión de grandes implicaciones no solo para el país sino para las naciones vecinas y la región".
El acuerdo de 2009 contemplaba la posibilidad de que desde las siete bases militares en Colombia, Estados Unidos pueda no sólo ‘cooperar con otras naciones de la región’ sino implementar ‘ejercicios combinados para abordar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia’. Es decir, una amenaza encubierta en contra de países de América Latina que Washington considera ‘hostiles’ a sus intereses, aquellos que, por voluntad soberana de sus pueblos, caminan por el sendero de su liberación definitiva.
Respecto de la inmunidad en la relación militar entre Washington y Bogotá, esta fue reconocida en los acuerdos firmados en 1952 y en 1974, y la Convención de Viena contempla la concesión de esos beneficios, pero Estados Unidos pretende que la inmunidad cobije a todos los militares, contratistas y asesores que cumplan misiones en Colombia y que incluso, en caso de detenciones por ser descubiertos en flagrancia, la aprehención no se extienda más allá del tiempo necesario para poner al infractor a disposición de Washington.
Y a la luz del fallo de la Corte Constitucional colombiana, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Movimiento Justicia y Vida, a través de su directora Lilian Solano, sostuvo que su organización realizará campañas internacionales con la intención de presionar al Congreso para que no ratifique este tratado militar con la nación norteamericana. ‘’Si es que se le da un año al Congreso, entonces tendremos un año de trabajo intenso para poder sensibilizar al mundo, donde lo último que necesitamos los colombianos son bases militares de Estados Unidos", afirmó.
En efecto, el trámite que debe seguir el proyecto, es que después de que eventualmente el Congreso colombiano lo apruebe, la Corte Constitucional analizará si cumple los requisitos formales y si el acuerdo mismo en su contenido material es compatible o no con la Constitución. Entonces se sabrá si las normas colombianas permiten que en el país haya extranjeros circulando por las bases militares, porten armas, ingresen aeronaves y si sus comportamientos gozarán de inmunidad diplomática y si un pueblo castigado por la guerra interna merece una oportunidad para vivir en paz.
En este contexto, el hecho de que la Corte Constitucional de Colombia haya declarado que ese acuerdo no tiene bases jurídicas, abre el camino para consolidar la paz en la región, porque ese documento firmado por el gobierno de Uribe deterioró las relaciones colombianas con varios países de la región —particularmente con Venezuela, país con la que recientemente Bogotá restableció sus vínculos diplomáticos—, por la amenaza que representan las bases militares estadounidenses para la paz, la democracia y la estabilidad de América Latina.
El hecho de que la Corte Constitucional de Colombia haya declarado que el acuerdo con Estados Unidos no cuenta con bases jurídicas, abre la vía para consolidar la paz, por la amenaza que representan las bases militares para la democracia y estabilidad de América Latina.
La Prensa: La institucionalidad debilitada
El crédito y la fortaleza de las instituciones están en directa relación con la credibilidad que emana de la confiabilidad de quienes las conducen.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), la institución que reemplaza a la ya benemérita Corte Nacional Electoral, que es la máxima instancia del sistema electoral del país, acaba de posesionar a sus nuevos vocales que se comprometieron a mantener la independencia de dicho ente de cara a los demás poderes del Estado. Sin embargo, el vocal que luego fue elegido Presidente del Tribunal había sido nominado por el mismo Jefe de Estado y otro de ellos juró con el puño izquierdo en alto y la mano a la altura del corazón. Lo hizo delante del presidente Evo Morales y al característico e impuesto modo en que lo hacen en señal de su compromiso político con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su consiguiente sometimiento desde luego. Como un modo de justificarse, dicho vocal habló de su afinidad con una ?resistencia popular? de hace 30 años. Uno más de los vocales del TSE recientemente posesionado está bajo cuestionamiento porque, supuestamente, habría faltado a la verdad en su declaración jurada de reglamento.
La elección de estos vocales tuvo lugar en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin la presencia de la mayoría de los parlamentarios opositores que abandonaron la sesión como una forma de protestar contra el oficialismo, que prefirió ignorar olímpicamente sus observaciones y propuestas y siguió adelante con la designación de los nuevos vocales del Tribunal.
Evidentemente, la transición de una institución que, en poco menos de 30 años y pese a múltiples problemas propios del proceso de una construcción democrática, supo ganarse la confianza de todo el país, frente a otra que nace con tantos factores que inspiran evidentes motivos de suspicacia, inicia su nueva etapa sin aquel buen augurio que el Tribunal requiere, dada que su base debe ser la confiabilidad total de la población.
El crédito y la fortaleza de las instituciones están en directa relación con la credibilidad que de alguna manera emana de la idoneidad y confiabilidad de quienes las conforman y conducen. Y si en su conformación y en su conducción, por tanto, se da alguna situación que pudiera ensombrecerlas, lo que ellas generen siempre será blanco propicio para el recelo y en seguida para el veto, y desde luego para el conflicto.
Hay, gracias a Dios, en nuestra diversa organización social, hombres y mujeres de irreprochables antecedentes y sin ostensibles compromisos políticos ni sectarios de ninguna cuenta. Aquella gente, mucha de ella dotada de limpios sentimientos patrióticos y de elevadas cualidades morales ?esto sin mencionar sus evidentes aptitudes funcionarias?, se esteriliza en un medio, el boliviano, en que sólo se toma en cuenta a aquellos que pisan fuerte, y a gritos y empellones pretenden enfrentar a quienes se les hubieran puesto del otro lado de la vereda.
Tal vez sea la hora precisa para convocar a esos personajes que se debaten en el anonimato y en medio de la general indiferencia, atesorando de verdad, calladamente, condiciones para implantar la paz y abrirle cauce a un novedoso destino para esta Bolivia en que sólo tienen opción, hoy en día, los cofrades de la fuerza y de la impostura y así se manejan.
El Diario: Instrucción militar a civiles
El descubrimiento o revelación de hace algunos días, de que un regimiento acantonado en Montero, provincia Santiestevan de Santa Cruz, impartía instrucción militar a civiles causó extrañeza e incredulidad, pero fue confirmado por videos reproducidos en televisión. El hecho fue admitido por altos jefes de la Octava División, en sentido de que se imparte “adoctrinamiento”, además de instrucción militar teórica y práctica y manejo de armas, principalmente a los movimientos sociales con la finalidad de prepararlos “ante cualquier eventualidad”.
Según partes de prensa, los jefes castrenses manifestaron que estas prácticas no sólo se realizan en Montero, sino en otros lugares del país a través de planes de seis meses. Los videos difundidos mostraron también a mujeres del pueblo en pleno entrenamiento. Este proceso inusitado en la vida del país no puede menos que llamar la atención y desatar dudas sobre sus motivaciones, más aún por la certidumbre de que no hay en el horizonte ninguna amenaza externa ni conflicto interno que haga peligrar la seguridad del Estado. Sin embargo no deja de extrañar que estos ejercicios se hicieran evidentes en Santa Cruz, distrito al que el Gobierno considera el menos adicto a su política, provocando susceptibilidades a la población oriental y, a la vez, llevando a suponer que la versión de una similar instrucción en el resto del país, sería sólo un recurso para distraer el impacto en dicha población.
Parlamentarios del Oriente solicitarán la presencia del Ministro de Defensa para que explique esta curiosa medida, sobre la base de que las autoridades castrenses de la Octava División, con sede en Santa Cruz, dijeron obedecer órdenes del titular de dicha cartera. Surge la duda, en el entendido que el indicado portafolio de Estado es un nivel administrativo de las Fuerzas Armadas, mientras que las atribuciones técnico-operativas corresponden a la cúpula militar.
Cualquiera que sea la eventualidad que se pretende prevenir o la intención de disponer de una fuerza paralela a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, justifica la preocupación de la ciudadanía nacional, pues, la experiencia, que es la mejor escuela, trae al recuerdo las milicias armadas del MNR de los años 50 y 60, las que dejaron páginas dramáticas no sólo por su carácter irregula, de por sí irresponsable, sino por el papel represivo que ejercieron contra toda persona o grupo que no militaba en el partido de Gobierno o que no compartía sus ideas. Una de sus más fatídicas pruebas fue precisamente la de las depredaciones al pueblo cruceño y las matanzas de Terebinto.
Toda reflexión que se pueda hacer al respecto, debe ser escuchada por el Poder Ejecutivo para que recapacite debidamente sobre estos preparativos que no encuentran explicación alguna. En estas circunstancias sólo cabe la propia posibilidad oficial de crear confrontaciones internas mayores. Acaso no basta en cualquier caso hipotético el potencial militar y policial, por lo que la pregunta flotante es, ¿para qué y cuál es la finalidad para impartir este tipo de instrucción? Ninguna amenaza y menos bélica pone en riesgo al Gobierno o es que se trataba de preparar contingentes ante la beligerancia entre Venezuela y Colombia, a miles de kilómetros de nuestras fronteras, conflicto ahora depuesto, pero ante el cual el presidente Morales adelantó preferencias.
El Mundo: Mi bandera
A pocos días del nacimiento de la república de Bolivia, fue instituida la enseña patria; hoy recordamos ese acontecimiento y recordamos todo lo importante que ella representa para todos los bolivianos.
Desde el momento en que dimos nuestros primeros pasos y con mayor razón a partir de la fecha en que comenzamos a frecuentar la escuela, la bandera se convirtió en el símbolo que representaba a la patria y alrededor de ella, fuimos rindiendo homenaje a nuestros héroes y a cada uno de los acontecimientos que recordábamos dentro de las aulas, como parte de nuestra formación.
Las clases de civismo eran parte importante dentro de nuestra vida escolar y con frecuencia, por lo general el primer día de la semana, nos reuníamos bajo sus pliegue protectores para renovar nuestra fe en la patria y su futuro, y mencionar el compromiso que hizo cada uno de sus gobernantes, para conducir la patria y llevar a un futuro promisor a todos los bolivianos.
Fue precisamente bajo esa inspiración como, a medida que íbamos desarrollando nuestra formación, fuimos capaces de apreciar el trabajo que realizaban los bolivianos a favor de la patria y de sus hermanos, y fuimos capaces también de evaluar y censurar a quienes encaramados en el poder, por la fuerza de las armas, como sucedió en muchos casos o por la fuerza de la palabra que en muchas oportunidades permite hacer grandes ofrecimientos para lograr votos.
Fue bajo esa bandera que aprendimos a amar la patria que nos vio nacer y también la patria chica, el departamento, la ciudad o el pueblo, donde nacimos y donde desarrollábamos nuestra vida.
Fueron precisamente por las enseñanzas que recibimos dentro de esas lecciones de civismo, como aprendimos a respetar y honrar nuestra bandera, donde quiera que nos encontremos y más lejos con mayor razón; dentro de la patria puede suceder pero lejos de ella, sin ninguna duda, existe una bandera en la casa de cada boliviano que le recuerda el terruño lejano, donde pasó importantes momentos de su vida. Inclusive aquellos que logran una situación de bienestar, sienten en el fondo del corazón, nostalgia por la patria y el deseo de volver algún día, así sea sólo para dejar la vida.
Es por esa razón que muchos bolivianos reaccionan en forma airada cuando se trata de sustituirla e inclusiva de equipararla por otros símbolos que pueden tener mucho significado para algunos sectores de la ciudadanía, por su lugar de origen, por afinidad ideológica o cualquier otra razón. Por muchos argumentos que se manejen al respecto, difícilmente se ha de conseguir un cambio en el corazón de los bolivianos, en especial de aquellos que a través de los años, han cultivado con esmero el amor a la patria y lo que ella representa: hogar, familia, amigos etc.
Así como la bandera tricolor sirve para demostrar nuestra pertenencia a la patria que nos vio nacer o la que adoptamos por razones muy justificadas, existen otros símbolos que identifican lugares y territorios más pequeños y de igual manera, han conseguido enraizarse en nuestro corazón; desde 1869, cuando se crearon en nuestro país las banderas departamentales, en el caso de Santa Cruz durante la Prefectura de don Tristán Roca, político, diplomático y periodista de renombre, nació para la región la bandera verde, blanco verde que enorgullece a los cruceños al igual que sucede con los otros distritos que en la misma época, decidieron identificarse con determinados colores.
Respetamos y comprendemos el amor que los pueblos puedan tener por sus colores regionales, pero la tricolor; rojo, amarillo y verde es la única que puede identificar a todos los bolivianos, por lo que hoy, en su día, la honramos y las desagraviamos por el manoseo que sufrió en épocas recientes, por quienes no alcanzan a comprender su verdadera dimensión.
Opinión: El turno es de Oruro con 12 demandas regionales
El Gobierno debe estar preparado para recibir una seguidilla de demandas regionales y atenderlas de manera oportuna, mucho antes de que estallen los paros y bloqueos de carreteras, que afectan el aparato productivo y la depauperada economía de los departamentos.
Ha concluído el conflicto de Potosí dejando un sabor amargo a los potosinos que mantienen resentimiento contra el presidente Evo Morales y contra su Gobierno, por lo que consideran la falta de atención y la arrogancia que expresaron las autoridades durante los 19 días del conflicto, y ahora, surgen las demandas de los orureños.
Oruro, es otro de los departamentos más pobres del país junto con Potosí, y sus dirigentes dicen que ha llegado su turno para solicitar el cumplimiento de un pliego de peticiones que, como es costumbre en estos casos, el estado de emergencia ha sido declarado hasta que el Ejecutivo dé respuesta o caso contrario iniciará movilizaciones.
Oruro tiene reclamos y reivindicaciones desde hace años, y cinco puntos coinciden con las demanas del comité cívico potosino.
Lo que los orureños han denominado la ?reinvidicación regional? está en la línea de la reflexión que formulamos hace algunos días en sentido de que los departamentos del occidente del país están adoptando conciencia sobre su verdadera situación frente al centralismo que tradicionalmente los ha postergado, y en una especie de conciencia regional, que por una lado cobra factura al apoyo político electoral que le brindaron al actual Gobierno y también el espíritu de lucha con el telón de fondo del proceso autonomista.
Oruro ha elaborado un pliego de 12 puntos que incluye el asunto de los límites y el respeto a su heredad territorial, la consolidación de Puerto Seco, la conclusión de la carretera Oruro-Pisiga, la construcción de un recinto aduanero, la coonstrucción de hospitales, de un aereopuerto internacional, la formulación de políticas mineras, la construcción de una fábrica de cemento en Sevaruyo, implementación de una política agropecuaria, la nacionalización de mercaderías y la instalación de empresas.
Como se puede observar la demanda orureña aprovecha el momento para señalar asuntos de fondo como otros, que en realidad, parecen complementarios en un proceso de desarrollo, pero que en el espíritu orureño son importantes porque no se puede negar que este departamento sufre la postergación de décadas hasta en los proyectos de menor importancia.
El punto central, a partir de la experiencia de Potosí durante el reciente conflicto, está en conocer si el Gobierno atenderá con prontitud el pliego de peticiones en cuanto se refiere a su atención y reuniones que deben ser convocadas con los dirigentes cívicos e institucionales de Oruro o mantendrá una actitud de dilación hasta que estalle el conflicto y las medidas de hecho. La estrategia del desgaste tan recurrida por casi todos los gobiernos, parece que da un giro en su efectividad, y deja abierta una nueva realidad que será difícil para el Gobierno desconocerla.
Lo acontecido en Potosí ha ocasionado enormes pérdidas a esa región, ha hecho más pobres a los potosinos que antes del conflicto, pero ha reavivado las luchas cívicas que en los hechos han sobrepasado los apoyos políticos y electorales, dejando paso a un nuevo escenario político regional. El Gobierno, más allá de las declaraciones absurdas del ministro de la Presidencia, Óscar Coca, debe plantearse un momento de consideración seria sobre lo que ha ocurrido en Potosí, para luego adoptar decisiones correctas en la atención de estos conflictos, que plantearían un escenario de tensión política gubernamental y regional.
Clarín, Argentina: Modificaciones a la Ley de Trata
La Ley de Trata de Personas, sancionada en 2008, presenta una serie de deficiencias que es necesario corregir para que se logre una verdadera eficacia en la persecución penal de este delito y se le brinde a las víctimas la apropiada asistencia institucional. A estos fines, ya ha comenzado el trabajo en la Cámara de Diputados, ante la cual han testimoniado víctimas y familiares y se han presentado propuestas de organizaciones de la sociedad.
En los aspectos básicos, se ha alcanzado consenso en eliminar el requisito de probar que hubo engaño cuando la víctima de trata es mayor de 18 años; en aumentar las penas, especialmente las mínimas, ya que hoy son excarcelables. También se ha propuesto ampliar la definición del tipo penal, incluyendo la servidumbre por deuda y el matrimonio servil y la incautación de bienes para atender la recuperación de las víctimas.
Asimismo, ha quedado en evidencia la necesidad de que se trace un programa nacional de prevención y de asistencia a las víctimas, supliendo las faltas y deficiencias de las instituciones en estos campos.
Es necesario que se estudien estos cambios para que a la mayor brevedad se cuente con el instrumento legal más apropiado para combatir un delito aberrante, que afecta sobre todo a las mujeres.
Por otra parte, también es indispensable que policías, jueces y funcionarios actúen con la mayor corrección, sancionando los actos de corrupción y los malos tratos que se le dirijan a las víctimas.
La sancionada Ley de Trata de Personas presenta deficiencias que es necesario corregir para lograr eficacia en la persecución penal del delito.