Un brasileño fue asaltado en su país y le robaron un auto valioso. En Bolivia también fue asaltado, pero por la Policía.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Fantástica corrupción
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Bajo el Penoco, El Día: Apuestas por el Sacha
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Los Tiempos: HACIA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
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El Deber: Pasaportes: a la buena gana del centralismo
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La Razón: Deportistas
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Cambio: �Que robe, pero que deje obras�
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La Prensa: Las inversiones petroleras
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El Diario: El Estado, buen cobrador pero muy mal pagador
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El Mundo: Rescate
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Opinión: Lucha contra la corrupción es para todos
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Clarín, Argentina: Grave deterioro medioambiental
El Día: Fantástica corrupción
El programa más prestigioso de la televisión brasileña mostró el domingo como algo fantástico un hecho de corrupción que para los bolivianos es cotidiano y, porque sucede todos los días, ya no llama la atención de nadie. De todas formas, provoca vergüenza ajena ver tanta porquería divulgada por todo el mundo.
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Estamos hablando de la odisea que tuvo que pasar un ciudadano brasileño que llegó desde Río de Janeiro a Bolivia para recuperar un valioso automóvil que le fue robado en su país y fue cambiado en la frontera boliviana por 12 kilos de cocaína, forma de transacción que también es común y que tiende a generalizarse aún más gracias al auge del narcotráfico que se vive en Bolivia.
El auto de Oswaldo Fonseca cuesta arriba de cien mil dólares, monto que justifica el esfuerzo de viajar cinco mil kilómetros para buscarlo, pero que no representa un pretexto para ser objeto de la extorsión de policías que desde hace años vienen lucrando con un delito muy frecuente, especialmente en Santa Cruz.
Lo primero que le sorprendió a Fonseca es que en Bolivia la Policía no investiga si el interesado no paga por lo menos la gasolina de sus automóviles y finalmente –como lo saben muchos sectores de esta sociedad-, las investigaciones se las realiza externamente y son los oficiales de uniforme los que se llevan los laureles, porque además, se tiene que recurrir a ellos para hacer los allanamientos, las detenciones y en el caso de los robos, la incautación del “objeto del delito”. Ahí es donde empieza el calvario, especialmente de los que sufren el robo de un vehículo. Las unidades policiales han diseñado toda una maraña burocrática con el fin de exaccionar al público. En Diprove hay que hacer pagos de depósito, buscar abogado, sellos y un sinnúmero de papeleos que representan tiempo y dinero. En el caso del brasileño, denunció que tuvo que pagar hasta por la escolta del vehículo hasta la frontera y algunas otras “compensaciones” a los policías.
El director de Diprove ha negado las acusaciones del brasileño, pero está demás tratar de ocultar lo que también le ha sucedido a miles de personas que han sufrido la desgracia de ser asaltadas por ladrones en la calle y posteriormente tener que enfrentar algo parecido en las oficinas que supuestamente están para proteger al ciudadano.
Pese a que el Gobierno ha anunciado una purga en las filas policiales, al parecer no existen las condiciones para tal limpieza. El narcotráfico representa una amenaza muy fuerte para la integridad de la institución y mientras no exista una decisión política vigorosa para enfrentar este flagelo, la violencia, la criminalidad, el robo de autos y otros delitos graves irán creciendo y por supuesto, comprometiendo aún más el comportamiento de la Policía. A este fenómeno tiene que sumársele también el factor político. Hace unos días un comandante afirmaba que los agentes están más abocados a perseguir dirigentes políticos que a buscar a los delincuentes. El régimen imperante necesita de la connivencia policial para ejercer el control y mantener la hegemonía. En ese contexto es difícil, si no imposible, exigirles a los agentes disciplina, ética y profesionalismo. De esta forma las cosas sólo pueden empeorar.
Un brasileño fue asaltado en su país y le robaron un auto valioso. En Bolivia también fue asaltado, pero por la Policía.
Bajo el Penoco, El Día: Apuestas por el Sacha
El presidente Morales dijo hace unos días que pierden su tiempo los dirigentes campesinos que le piden cambios en el gabinete. Y por si no hubiera quedado claro, el vicepresidente García Linera dijo que Sacha no se mueve, manifestando así su respaldo al ministro más cuestionado del momento. Llorentty ha sido el autor del alejamiento de los famosos “Satucos”, que tantos puntos se habían anotado con este régimen; ha provocado que Evo Morales les diga a los otrora sacrosantos movimientos sociales que no se metan en su Gobierno y por último, ha generado discrepancias con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, dos instituciones claves para conservar la imagen de la administración gubernamental. Ambos organismos han coincidido en afirmar que tanto el Ministerio de Gobierno como la Policía cometieron serios abusos en Caranavi y fueron responsables por las dos muertes ocurridas en esa población durante los conflictos de mayo. Tan alta la apuesta, debe ser por algo. ¿Qué tendrá el Sacha que no tuvo Rada ni Quintana?
Los Tiempos: HACIA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Frente a esa realidad, no queda sino expresar a los colegas de La Nación y Clarín de Argentina nuestro sentimiento de solidaridad
La burda acusación de la presidenta de Argentina en contra de los prestigiosos periódicos La Nación y Clarín, que tiene por objeto que el gobierno se apodere de la principal fábrica de papel periódico de ese país, es una muestra más de que la ideología autoritaria se abre campo incluso en naciones donde, se creía, el respeto a la libertad de información y expresión se había convertido en un principio inviolable.
El pecado de ambos medios ha sido, primero, asumir una posición crítica respecto a las gestiones del matrimonio presidencial y, luego, develar con arte de orfebre la grosera corrupción que ostenta esta pareja y sus principales colaboradores, muchos de ellos con importantes relaciones con el gobierno del MAS en Bolivia. En esta tarea, las non sanctas relaciones con el gobierno del histriónico mandatario venezolano salieron a luz a través de estos medios, particularmente a partir del descubrimiento de la internación a Argentina de un maletín con más de 800.000 dólares presuntamente enviados por el Gobierno venezolano para apoyar la campaña de la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner así como el pago de "comisiones" a empresas creadas expresamente para viabilizar la exportación de productos agropecuarios de Argentina a Venezuela y el establecimiento de una "diplomacia paralela" entre Buenos Aires y Caracas para concretar jugosos negocios entre gente de confianza de ambos mandatarios.
Y como para los mandatarios con vocación autoritaria y hegemónica los medios independientes son un obstáculo a derribar, como en Venezuela, en Argentina han procedido a impulsar acciones dirigidas, primero, a copar, de manera similar a las peores dictaduras que la región soportó en las décadas de los 60 y 70, los medios estatales; luego a crear medios paraoficiales; cooptar medios independientes a través de la distribución de la publicidad estatal, y ahora a atentar en contra de los medios que se resisten a caer en esa tentación. En el caso argentino, tratando de asumir el control de la distribución del papel periódico.
Más allá de la forma inescrupulosa con la que se ha armado la acusación en contra los periódicos mencionados, es necesario destacar, ya sin sorpresa a estas alturas de la historia, cómo entidades gremiales, políticas y sociales y personalidades (entre ellas algunos comunicadores y periodistas) que hasta el advenimiento de estos regímenes populistas postulaban la defensa de los derechos humanos, y entre ellos el de información y comunicación, hoy asisten como aliados o asesores o asumiendo silencios cómplices a estos experimentos cada vez más claramente autoritarios.
En este contexto, cabe reiterar que la construcción de la democracia es un proceso inacabado. En cualquier momento pueden aparecer proyectos que intenten destruirla para dar paso a experimentos autoritarios que, si nos atenemos a la historia, sólo conducirán al desastre. Frente a esa realidad, no queda sino expresar a los colegas La Nación y Clarín de Argentina nuestro sentimiento de solidaridad y el compromiso de que saldremos a defender el derecho a la información y la comunicación, quien sea que decida violentarlo.
El Deber: Pasaportes: a la buena gana del centralismo
En épocas del pasado que ya creíamos superadas, el centralismo era tan fuerte que había que peregrinar a La Paz para obtener documentos esenciales tales como un registro de conducir, un carné de identidad o un pasaporte. Esos tiempos felizmente cambiaron y ahora es posible recabarlos en el propio departamento de Santa Cruz, pero he aquí que últimamente no sucede eso con la extensión del pasaporte. Recientes disposiciones del Ministerio de Gobierno obligan al solicitante residente en esta capital oriental a esperar por lo menos unos tres días hasta que su documento retorne de la sede de Gobierno y recién entonces, previa nueva presencia obligatoria del solicitante, se entregará ese vital documento de viaje. Lamentable en verdad, ya que habíamos reportado en algunas de nuestras crónicas anteriores que últimamente era posible obtener el pasaporte prácticamente el mismo día de su solicitud y en el mismo lugar, sin necesidad de este anacrónico retorno al pasado.
Si han habido errores u otras irregularidades técnicas o humanas en la oficina regional de Migración, la culpa no se la debe traspasar al simple ciudadano. Que se arreglen las dificultades o se aprese a los culpables de cualquier anomalía, pero que no se castigue al inocente. Debe tomarse en cuenta que no todos los viajes al exterior pueden ser planificados con anterioridad. Siempre habrá urgencias por negocios puntuales, enfermedades o tragedias familiares. Cualquiera que se encuentre en el campo de estos casos extremos, aquí y ahora, a fines de agosto de 2010, tendrá forzadamente que esperar la buena voluntad del centralismo para recibir su pasaporte. Y si no lo recibe a tiempo, que reviente o gaste dineros extras en un viaje a La Paz. Así de contundente es la cosa.
Creemos que esto debe volver pronto al estado anterior, es decir, tener acá la capacidad de tramitar y entregar el pasaporte sin mayores idas o venidas. Es insólito que quienes residimos en una urbe tan importante como sin duda lo es Santa Cruz de la Sierra -con su más de un millón y medio de habitantes, añadiendo su importante contribución económica nacional- tengamos que esperar la buena gana del centralismo para obtener un documento internacional de viaje.
Reiteramos, además, que los problemas internos de la repartición responsable no deben recaer sobre nuestras espaldas. Y si de nuevas máquinas o de nueva tecnología de seguridad se trata, pues entonces que se tomen los recaudos para que se disponga en Santa Cruz del mismo tipo de artefactos o mecanismos existentes en la sede de Gobierno.
Este centralismo tan secante y antipático debe terminarse de una buena vez o el ‘Estado Plurinacional y Autonómico’ será otra gran burla en éste ahora tan cacareado ámbito, como ya viene sucediendo en otros diversos aspectos del quehacer nacional. Todos hoy por hoy se llenan la boca con la palabra ‘autonomía’, pero en la dura realidad de los hechos concretos vemos todos los días -en múltiples situaciones- que los brazos constrictores del centralismo nos aprietan cada vez con mayor fuerza. Lamentable.
La Razón: Deportistas
Como una posibilidad para impulsar el deporte se abren los Juegos Estudiantiles 
De las escasas satisfacciones que le da el deporte a Bolivia —tan pocas, que seguimos celebrando como la mayor hazaña, que lo fue, nuestra clasificación al Mundial del año 1993—, el fútbol figura en primer lugar, aun con sus modestísimos aportes.
Porque del resto de las disciplinas, salvo alguna excepción que sólo confirma la regla, en general nos hemos debido conformar, en certámenes internacionales, con el deprimente “estamos ganando experiencia”.
En Singapur, el equipo juvenil ha participado en calidad de invitado. Ha sido el único representante de Sudamérica en tal condición y, por tanto, se podría argumentar que quienes han estado enfrente no son los equipos de países tradicionalmente fuertes en este deporte. Pero, tal situación no resta en nada la buena performance de los muchachos. Han ganado y jugando bien.
El único antecedente de este tipo es la selección Sub-16 que ganó, en 1986, el campeonato sudamericano, nada menos. Un adolescente Marco Etcheverry comenzó a brillar entonces. Y fue ese grupo el que permitió llegar a EEUU 93. La Academia Tahuichi fue entonces, como es ahora, el origen, la causa. Qué más se puede decir si la prueba está clarísima: cosechas lo que siembras.
Donde no se siembra, al menos no se nota sino esfuerzos personales, es en otras disciplinas deportivas. En ciclismo, natación y atletismo, en las que enviamos representantes a Singapur, nos fue muy mal. Y poco se puede reclamar a los delegados, pues esos jóvenes han hecho lo que pueden, sin el respaldo profesional.
Lo más grave de estos resultados no es tanto el no haber sabido ni clasificar, sino el que la sensación de derrota nos enfrenta con la cruda realidad: mientras otros países tienen en sus jóvenes un futuro brillante, nosotros no hacemos sino restregarnos la falta de previsión, de escuela, de rigor. El “ganar experiencia” no ayuda, ya no, pues mientras nos conformamos con ello, los otros países avanzan a paso seguro y nos dejan a años luz de distancia. La experiencia la ganan en sus escuelas, en sus propios certámenes, con sus propias exigencias.
Como una posibilidad, como una esperanza, se presentan los Juegos Deportivos Estudiantiles que impulsa el presidente Evo Morales y que, si marchan adecuadamente, darán finalmente la oportunidad a miles de jóvenes de aprovechar los años en el colegio para formarse, medirse, aprender a ganar. En medio de tantas crisis, que al menos el deporte muestre un cambio.
Cambio: ‘Que robe, pero que deje obras’
La captura en Lima (Perú) del ex prefecto paceño, Luis Alberto ‘Chito’ Valle, acusado de un millonario daño económico al Estado, volvió a poner en el tapete de análisis a un flagelo social que los bolivianos estamos dispuestos no solo a frenarlo sino a erradicarlo definitivamente de la administración pública y sus tentáculos con el sector privado: la corrupción.
Un informe publicado en la revista 7 Días de Cambio, puso el dedo en la llaga y desveló la compleja red delincuencial que forjaron quienes en su momento tuvieron bajo su responsabilidad la administración del Estado y cómo utilizaron el poder político para enriquecerse de manera ilícita, pero fundamentalmente para cometer delitos que representaron pérdidas por cientos de millones de dólares para las arcas públicas. Varias de esas ex autoridades acusadas de enriquecimiento ilícito optaron por buscar refugio en países extranjeros.
Según 7 Días, el daño económico inflingido al Estado por los corruptos es incuantificable, porque sólo en el sector de la banca en la década de los años 90, con las quiebras de diversas entidades financieras, se causó un daño económico aproximado de 1.000 millones de dólares.
Es que en el pasado, los corruptos eran protegidos por la impunidad y el blindaje que les proporcionaba un sistema político que tenía en el prebendalismo y la enajenación de la riqueza de todos los bolivianos, su razón de ser y existir. Los hechos comprueban superabundantemente esta aseveración.
Era tal la impunidad que rodeaba a los nuevos ricos, a los ladrones de cuello blanco, que la población había acuñado una frase que, por su trascendencia, era patética como dramática: "Que robe, pero que haga obras".
No obstante, ¿acaso esas autoridades fueron elegidas para robar? ¿No fueron electas para gobernar a favor de millones de bolivianos y dejar obras que cimenten nuestro desarrollo? Es en este contexto que los corruptos situaron a Bolivia como subcampeón mundial de la corrupción en un pasado no muy lejano.
Pero esta realidad golpeó de manera directa a un pueblo que, cansado de ver cómo los ‘ladrones decentes’ disfrutaban de lo robado al Estado y paseaban su impunidad en las calles de nuestras ciudades, optó en las urnas —en diciembre de 2005— por el proceso de cambios estructurales que hoy recorre los caminos de la patria, que tiene en la lucha frontal contra la corrupción, la recuperación de nuestra riqueza, en la diversificación productiva y en la inclaudicable defensa de nuestra dignidad y soberanía, a sus pilares fundamentales.
Esta es la diferencia cualitativa respecto de ese infame pasado. Hoy, el combate a la corrupción es frontal y no admite fueros ni privilegios; por eso los hechos desmienten cualquier interpretación peyorativa que pudieran expresar los nostálgicos del fácil enriquecimiento, porque nunca antes un gobierno asumió el compromiso con el pueblo para erradicar una práctica que, a la par que sembraba de millones de pobres a nuestro territorio, enriquecía a un pequeño aunque poderoso grupo de políticos y empresarios corruptos.
Un documento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, al que tuvo acceso Cambio, establece que en ese despacho al menos una veintena de casos están encausados, de los cuales cinco tiene acusación formal. Por ejemplo, la esposa del ex dictador Hugo Banzer, Yolanda Prada, fue imputada formalmente el 13 de este mes por legitimación de ganancias ilícitas y se solicitó la anotación preventiva de sus bienes.
Ese documento señala que por el caso gastos reservados está imputado Peter Sueldo, recluido en el penal de San Pedro, junto a Luis Edson Pizarro, y está involucrado el ex ministro de Gobierno, Guido Nayar.
El también ex ministro de Banzer, Guillermo Fortún tiene denuncia formal por mal uso de bs 18 millones de los gastos reservados. Está pendiente la notificación por edicto y la ampliación de investigación expidiendo mandamiento de aprehensión, que se pondrá a conocimiento de la Interpol a través de la Cancillería.
En el caso de las 10 obras de supuesta mala calidad y pagos irregulares por Bs 33,9 millones contra el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, el Ministerio de Transparencia emitió un requerimiento acusatorio el 10 de junio de 2010, y se está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia dicte un auto supremo solicitando al Congreso la autorización para que se inicie el juicio de responsabilidades.
Las demandas tambien involucran al ex presidente del SNC, José María Bakovic, acusado de la firma de contratos lesivos al Estado con empresas constructoras de caminos; Guido Nayar por el presunto desvío de Bs 2 millones de los gastos reservados; José Luis Paredes por supuesto daño económico al Estado por $us 552 mil por la compra de computadoras y ganancias ilícitas; y Ernesto Asbún por atentado contra la seguridad de transportes, cuando gerentaba al LAB, entre muchos otros casos. Además, ‘Chito’ Valle debe responder por los casos ‘Chito Chatarra’ I y II, Banco Minero, La Cuisine, Ferreco y la venta irregular de un inmueble de la Prefectura. El daño cuantificado al Estado alcanza a 17.753.013 millones de dólares.
Por eso la lucha contra la corrupción es tarea de todos los bolivianos, más allá de las afinidades o desencuentros políticos que pudiéramos tener, porque se trata de una cruzada en defensa de los intereses de nuestros hijos y de los hijos de ellos; del pueblo, de la patria. Ya no es posible tolerar que la impunidad se pasee por nuestras calles, es tiempo de que la gente borre de su vocabulario aquella lapidaria frase: "Que robe, pero que deje obras". No les parece.
La lucha contra la corrupción es tarea de todos, más allá de las afinidades o desencuentros políticos, porque es una cruzada en defensa del pueblo. Es hora de que la gente borre de su vocabulario aquella lapidaria frase: "Que robe, pero que deje obras". No les parece.
La Prensa: Las inversiones petroleras
El Presidente dijo que su Gobierno está empeñado en crear un clima de confianza con los empresarios para que trabajen en beneficio del país?
El III Congreso Bolivia Gas & Energía, auspiciado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), confirmó que el Gobierno Nacional está empeñado en atraer inversiones para el sector petrolero, para lo que tiene que cambiar algunas leyes, pero sobre todo actitudes.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, dijo en la ocasión que el Gobierno Nacional prepara una nueva ley para el sector, que comprenderá todos los cambios que el Ejecutivo ha decidido introducir en esta materia, pensando en la necesidad de garantizar que la renta petrolera siga siendo un sostén seguro para el Tesoro General de la Nación.
Y el presidente Evo Morales fue el encargado de dar a las empresas petroleras la certeza de que podrán gozar de las suficientes seguridades jurídicas para operar en el país y encontrar nuevos yacimientos. Acerca de ello, el presidente a.i. de YPFB, Carlos Villegas, dijo que todas las áreas susceptibles de contener hidrocarburos serán licitadas para que las empresas puedan iniciar la tarea de exploración.
Se trata de un cambio positivo en la actitud del Gobierno Nacional ante un sector económico tan importante, que había sufrido los embates de la nacionalización de 2006 y de otras políticas desalentadoras de las inversiones.
Ahora que finalmente se han tomado las decisiones políticas sobre el esperado cambio de actitud para la industria petrolera, será preciso que el Gobierno Nacional apruebe los instrumentos legales necesarios, pero sobre todo que ayude a crear el clima de confianza que hace falta.
El presidente Morales dijo, precisamente, que ahora su Gobierno está empeñado en crear un clima de confianza con los empresarios, para que trabajen en beneficio del país, siempre recuperando sus utilidades.
Además de cumplir con esas tareas complementarias, el Gobierno deberá ayudar a encontrar nuevos mercados para el gas natural, ya sea fuera del país como dentro de nuestras fronteras.
Las posibilidades de exportar a Argentina mayores volúmenes de gas han mejorado en el curso de este año. Hay que agradecer, a este respecto, el hecho de que el Gobierno argentino ha tenido una política que desalentó la producción y ha generado un déficit en la oferta de gas. El país con mayor tasa de consumo de gas domiciliario en América Latina está con graves dificultades para atender su demanda, que sigue creciendo. Las exportaciones a Brasil dependerán de cuánto crezca la producción interna en ese país, convertido en una potencia petrolera.
Pero el mercado interno se perfila como un gran consumidor de gas natural, sobre todo si avanzan los proyectos de industrialización. Destrabar el proyecto del Mutún, bloqueado por una desesperante ineptitud burocrática del Gobierno, también hará que crezca la demanda interna. Lo mismo ocurrirá cuando las ofertas de ampliar la red domiciliaria pasen de las palabras a los hechos.
Por lo tanto, habrá que completar las reformas de las leyes y de la Constitución, habrá que crear el clima de confianza y esperar que las inversiones devuelvan al país la condición de potencia energética de la región, condición que perdió debido a la inestabilidad y los errores del Gobierno central.
El Diario: El Estado, buen cobrador pero muy mal pagador
Hay hechos en la vida del pueblo que se hacen incomprensibles: para ejemplo, baste mencionar cómo los administradores del Estado, el Gobierno, es muy buen cobrador; en contrapartida, lo lógico es que también sea buen pagador. Las experiencias con todos los gobiernos muestran que estos principios de sana economía se cumplen a medias; es decir, la justicia de cumplimiento de obligaciones sólo se inclina a favor de un lado, en detrimento del otro.
Quienes administran el Estado recurren a los procedimientos más increíbles -y cuando es necesario, crean nuevos sistemas -para cobrar las deudas que se tenga ante cualquier entidad pública. Para la Renta, Aduanas, instituciones públicas de crédito y otras dependientes del Gobierno, resulta un delito que el público se atrase en el cumplimiento de sus obligaciones, sean tributarias o aquellas que pueden emerger de cualquier contrato o compromiso y los pagos tienen que ser puntuales; en caso contrario, al margen de intereses y multas, se sigue acciones judiciales que, en casos llegan a extremos, así se hayan justificado los atrasos.
En cambio -y esto es lo injusto y hasta arbitrario- quienes administran el Estado no cumplen con sus deberes y obligaciones: el caso de los aportes a los sistemas de seguridad social o a las AFPs, cuyos aportes laborales son descontados mensualmente a toda la burocracia gubernamental -hay reglas claras para los aportes patronales- que se paga tarde o nunca en detrimento y perjuicio de las entidades que deben recibir el pago puntual de los aportes y, por supuesto, del personal beneficiario de seguros.
Los importes no pagados oportunamente a las cajas estatales demandan multas e intereses; en cambio, los montos de los patronales que no son cancelados en los plazos establecidos, muchas veces son desviados a otros pagos. Esto implica que, por ejemplo, la Caja Nacional de Salud cuente con una cartera al Estado por cobrar de muchísimos millones de bolivianos, con la consecuencia de que, por falta de medios financieros, deba disminuir la cantidad y calidad de los servicios a los beneficiarios o, en muchos casos, que todo se posponga para el después que, no es raro, se ingrese en las “calendas griegas” porque “no hay el fiduciario necesario para atender obligaciones” que, si bien son perentorias, “deben esperar”.
El Gobierno del MAS sostiene, desde hace años, la urgencia de cambiar procedimientos y conductas; por lo que se ha visto hasta ahora, no hay cambio alguno siquiera para el campo de la seguridad social y de los aportes a las AFPs, hecho que es injusto. Corresponderá que haya un equilibrio perfecto en este aspecto: dineros descontados al personal o dineros presupuestados, deben ser empozados sagradamente en las cajas respectivas. Utilizar esos dineros en otras obligaciones estatales no es otra cosa que malversación y, en tiempos en que se habla -sólo se habla- de lucha contra la corrupción, la malversación debe estar alejada especialmente de la mentalidad y el proceder de todas las autoridades.
Hay que convenir en que el Gobierno, como administrador del Estado, debe ser muy buen cobrador; pero, en consonancia y por un mínimo sentido de honradez y responsabilidad, también debe ser buen pagador. Es preciso conciliar conductas que favorezcan a unos y otros; no hacerlo querrá decir que todo accionar gubernamental está supeditado a las conveniencias e intereses sólo de quienes poseen el poder público.
El Mundo: Rescate
Las perspectivas para el rescate de los 33 mineros que se encuentran atrapados en una mina en la república de Chile, si bien son optimistas, dicen que tendrá que tomar un tiempo que tranquilamente podrá representar un trimestre. El tema ha trascendido la fronteras de ese país, ya que los temas relacionados con la tragedia suelen ser siempre de interés de la comunidad que de esta manera parece conformarse pensando que debe sentirse feliz con lo que tiene ya que podría estar peor.
Para los bolivianos actuales, cualquier historia que parece mostrar un desenlace positivo resulta altamente confortante, ya que la situación en general muestra un panorama poco alentador y lo más grave es que son las propias autoridades quienes se encargan de hacer que el futuro se vea como algo poco digno de ser considerado bueno o positivo.
Las inundaciones que afectaron a una buena parte del oriente y que parecía que no podían terminar, dieron lugar a una pérdida de las cosechas y luego a una sequía que impedía la posibilidad de que pueda rescatarse algo de la producción, por el contrario, el ganado comenzaba a dar muestras de la rudeza de la situación y luego de buscar refugio en las zonas altas, comenzó a rendirse ante la situación.
Los agricultores no perdieron las esperanzas y luego de un esfuerzo comenzaron a entusiasmarse con la preparación de las tierras para una próxima siembra, pero para fertilizar el suelo y deshacerse de los desechos, comenzaron con los famosos chequeos, cotidianamente censurados pero relativamente contenidos; en efecto, la prohibición de quemar queda circunscrita a la noche de San Juan, cuando se prohíbe hacer fuego en las ciudades, prohibición que no es acatada del todo y luego la quema en los campos.
Lo fatal en la situación actual es que la que mayoría de los chequeos resultó avivada por los vientos huracanados, otra de las características del clima actual, atribuidas al fenómeno de El Niño y que dieron lugar que el fuego se propagara de tal manera que afectó seriamente a muchas comunidades rurales e inclusive que constituyera una amenaza para algunas poblaciones mayores.
Pero la amenaza no viene sólo de la naturaleza, que parece que estuviera pasando la factura por lo mal que la tratamos, en especial con el manejo de los desechos, tanto en el área agrícola, como hemos mencionado y también en las ciudades donde la acumulación de desechos da lugar a que recibamos censuras por nuestra falta de cuidado.
Tal vez lo más grave resulte la amenaza constante que se manifiesta contra los ciudadanos que nos vemos sitiados permanentemente, temiendo ser citados a declarar y otras actividades que han sido preparadas por las autoridades de gobierno que hacen lo posible por mostrar en qué medida ejerce su poder para manejar la justicia a su arbitrio y muestra situaciones extremas, una de ellas se ha manifestado en Cochabamba, cuando una juez liberó, por falta de pruebas, a un fiscal que intentó tirar a una personas de un segundo piso, haber disparado sobre los efectivos policías y otros hechos que él considera parte de sus atribuciones como miembro del Ministerio Público.
Las cosas han llegado al extremo cuando la justicia decide sacar de la cárcel a medianoche al alemán Dirk Schmidt y trasladarlo a una celda más fría en la sede de gobierno, asegurando que de esa manera precautela su seguridad, luego de haberse verificado que realizaba trabajos para el Ministerio de Gobierno y para garantizar la seguridad del Presidente. Lo grave en este caso es que no tenemos ninguna esperanza de que alguien nos fije un plazo para el rescate.
Opinión: Lucha contra la corrupción es para todos
Una de las labores más importantes y urgentes que se plantean los gobiernos en la mayoría de los países de la región es la lucha contra la corrupción, un mal endémico que año tras año se lleva millonarias sumas de dinero de las arcas fiscales y que afecta profundamente los cimientos morales de la sociedad.
En este intento, hasta ahora fallido, en desterrar la corrupción de la administración pública y de instituciones que dependen del Estado se han creado instituciones y ministerios expresamente encomendados para luchar contra el mal. En criterio de algunos ciudadanos estas acciones son positivas porque todos los esfuerzos que se realicen en esta cruzada contra la corrupción son bienvenidos, aunque para otros lo que representa no son más que pesadas cargas burocráticas con resultados poco significativos. Sin embargo, lo más importante de estas estructuras gubernamentales es que las mismas sean absolutamente imparciales, independientes de los poderes públicos y económicos. Resultaría un contrasentido que los ministerios u oficinas que se ocupen de fiscalizar, investigar y castigar a los corruptos tengan ataduras precisamente con aquellos sectores donde la corrupción anida tradicionalmente. Esta labor también demanda que las investigaciones alcancen a todos los corruptos, a los del oficialismo como a los de la oposición, a los aliados de ahora como a los enemigos de ayer.
Este es el rumbo que el país espera del trabajo de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, encargada por el Gobierno del Estado Plurinacional para desarrollar un trabajo de gran alcance y cumplir los objetivos tantas veces proclamados de luchar contra la corrupción y hacer de Bolivia uno de los países con los menores índices de corrupción, es decir, todo lo contrario a la calificación que tiene ahora respecto a uno de los países que están primeros en la lista mundial de corruptos.
La ministra tiene el deber de informar, cuando así exijan los asambleístas opositores, sobre las labores que está cumpliendo, no sólo en la investigación de los casos de políticos y personas de la oposición política sino del oficialismo, donde obviamente la corrupción está presente en municipios, en ex ministros, senadores, diputados y altos funcionarios. La ministra tiene que explicar la situación de gente en función de Gobierno que está involucrada en corrupción y que sin embargo resulta libre de culpa y pena.
En el ámbito de las alcaldías los actos de corrupción dejan además de graves daños económicos que afectan directamente a los municipios y a los pobladores, factores de ingobernabilidad, o de luchas internas entre facciones del partido oficialista que pugnan por ocupar los cargos ediles.
El Ministerio de Transparencia, por la importancia que tiene, por lo menos en los propósitos descritos por el Gobierno, merecerá el respeto ciudadano en la medida en que su trabajo demuestre probidad e imparcialidad mediante el ejercicio de una regla simple, pero que a veces es difícil cumplirla cuando existen intereses políticos o partidarios: trabajar por el bien común, más allá de preferencias y consignas políticas.
Si la Ministra de Transparencia está segura de que su trabajo se realiza dentro de los marcos de la independencia y libre de prejuicios o instrucciones políticas, debería ser la primera en pedir que reciban sus informes en sesiones de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa y evitar que surjan lo que la oposición considera como maniobras políticas, para dejar sin asistencia los recintos que deberían ser de la preferencia de la ministra para explicar en forma clara y concreta el trabajo que está desarrollando.
Clarín, Argentina: Grave deterioro medioambiental
Una sucesión de catástrofes ambientales, como las que se registran en Rusia y Pakistán, pone de manifiesto la gravedad del deterioro del medio ambiente y de sus consecuencias. Estas se manifiestan, en primer lugar, sobre los afectados directamente, como sucede en Pakistán, donde hay 20 millones de personas en riesgo, muchos miles de ellas, incluso sin comida. Pero también hay consecuencias indirectas como el daño de largo plazo que sufren las tierras productivas, el aumento del precio de los alimentos o la pérdida de infraestructura que los países deben forzosamente reconstruir a costos muy elevados.
Para, cuando menos, frenar esta tendencia es necesario un acuerdo internacional realista y aplicable. Hasta el momento los grandes contaminantes se han negado a asumir el costo de las transformaciones que requiere la preservación ambiental. Pero a medida que el tiempo pasa, esos costos, que tarde o temprano deberán enfrentarse, se incrementan.
Desastres naturales como los de Rusia y Pakistan revelan el deterioro del medio ambiente y muestran la necesidad de acuerdos internacionales para revertir la tendencia.