La borrachera del poder


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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La mala hora de los indígenas

  2. Bajo el Penoco, El Día: Prohibida la verde y blanco

  3. Los Tiempos: EL MAR EN LA AGENDA BILATERAL

  4. El Deber: La borrachera del poder

  5. La Razón: Surco, ¿le creemos?

  6. Cambio: Bloqueo contra Cuba

  7. La Prensa: Hay que cuidar la imagen del país

  8. El Diario: Tramo para el turismo

  9. El Mundo: Qué más

  10. Opinión: Diferendo de límites entre Potosí y Oruro

  11. Clarín, Argentina: Coordinar la acción policial


El Día: La mala hora de los indígenas

Ser indígena en Bolivia ¿qué cambió? Hace apenas unos días cientos de dirigentes de los pueblos originarios del oriente abandonaron la marcha hacia La Paz y volvieron a sus comunidades humillados, mascullando su desengaño con un régimen que los usó para adornar sus leyes y su Constitución pero que ahora los llama “buscapegas”, por exigir el cumplimiento de esas normas. La falsa inclusión que ha enarbolado un Gobierno que se hace llamar indigenista, los condena a seguir siendo los exponentes de los índices más bajos de pobreza, marginalidad, salud y analfabetismo, indicadores que, entres las mujeres y los niños nativos son aún más calamitosos.



Por cosas del destino o por razones que nadie puede explicar, los indígenas bolivianos no están dando la mejor imagen ante el mundo que espera justamente que un Evo Morales en el poder, se traduzca en mejor calidad de vida para millones de individuos que han estado aguardando pacientes por cientos de años, la atención de las élites políticas, intelectuales y económicas de Bolivia.

Y la mala imagen la dan unos indígenas del norte potosino que matan policías y se declaran protectores del contrabando; un “sabio” aymara que consagra al Presidente en Tiahuanacu y que en el patio de su casa fabrica cocaína para unos colombianos; un senador que organiza milicias, que amedrenta a toda una ciudad y que, insulso de borracho, choca su auto y es llevado a la Policía. Eso nos recuerda mucho el triste espectáculo que brindó el ex ministro Abel Mamani y posteriormente su colega y candidato a gobernador de La Paz, Félix Patzi. A los indígenas se los ha visto amedrentando a indígenas, tal como sucedió en la toma de la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; degollando perros para meter miedo y generar una imagen satánica de sí mismos por pedido de un mandatario; acarreados como borregos a cuanto cerco, movilización o acto de violencia ha utilizado el régimen para acumular poder y aplastar a sus enemigos; los indígenas han sido carne de cañón en Caranavi, en Cochabamba y en Huanuni; han sido el hazmerreír cuando se los ubicó en cargos de alta jerarquía sin una preparación para ejercer esas funciones y tal vez por eso, uno de los máximos exponentes del indigenismo, Santos Ramírez, es hoy uno de los emblemas de la corrupción de este Gobierno.

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A los indígenas se los colocó como los sabios protectores de la naturaleza, sitial que no aguantó la solicitud de la petrolera estatal venezolana para “profanar” la Pachamama. Se los entronó como cabeza de naciones que no les sirven más que para membretar al Estado. Se endiosó lo “comunitario”, ámbito que hoy sólo les es útil para proteger a narcotraficantes y contrabandistas. Les dieron una ley que los ha convertido en temibles justicieros y asesinos. Sólo así los indígenas hacen noticia, porque de ellos se habla cuando hay escándalos, borracheras, violencia y muerte. Algunos estamos convencidos de que la mala hora de los indígenas en Bolivia tiene que ver también con una vieja pugna interna dentro del régimen, donde los blancos, blancoides y mestizos siguen teniendo la batuta para signar la desgracia de los que tienen la piel oscura.

 

Los indígenas hacen noticia en Bolivia. Pero en borracheras, linchamientos, narcotráfico y la misma pobreza que los marginó siempre.

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Bajo el Penoco, El Día: Prohibida la verde y blanco

Si la bandera cruceña no va a estar presente en los actos cívicos del 6 de agosto en Santa Cruz es porque estará prohibida. Decir que se trata de un pacto para evitar que tampoco flamee la wiphala en la plaza 24 de Septiembre es un eufemismo inaceptable. Los que dice eso deben admitir entonces que la bandera a cuadros tiene la misma categoría y el significado –para Santa Cruz y los cruceños-, que la verde y blanco y que por lo tanto se las puede intercambiar como figuritas de algún álbum barato. El solo hecho de trasladar los actos del 6 de agosto a Santa Cruz debe ser asumida por todos como la victoria final del Estado Plurinacional sobre el último bastión que le quedaba a la República de Bolivia. Que además de eso, a los plurinacionales les dé la gana de izar la wiphala en el sable del monumento a Ignacio Warnes es un detalle más, una más de las tantas humillaciones que ha sufrido y sigue soportando este pueblo de parte del centralismo de siempre. Lo que nadie esperaba y tampoco ha hecho nadie, ni siquiera en la peor de las derrotas, ha sido arriar sus propias banderas.

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Los Tiempos: EL MAR EN LA AGENDA BILATERAL

Aunque hay elementos que abren resquicios de esperanza, todavía hay muchos obstáculos que superar tanto en el plano bilateral como en el interno

Causó justificada expectativa la declaración del Ministro de Defensa de Chile en sentido de que el tiempo que estamos atravesando constituye un gran momento para resolver el tema del acceso al mar de Bolivia.

Además, esta declaración fue hecha luego de que el ex comandante de Ejército Emilio Cheire dijera, a su vez, que las actuales negociaciones entre Bolivia y Chile sobre el mar deberían partir de lo alcanzado en los acuerdos entre los dictadores Hugo Banzer Suárez y Augusto Pinochet a mediados de los años 70, luego del "Abrazo de Charaña", los mismos que de acuerdo a varios especialistas serían en los que más se avanzó en términos de concretar una salida soberana al mar de Bolivia, sobre la base de un trueque de territorios.

Adicionalmente, el embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos señaló que su país nunca será un obstáculo para que Bolivia consiga su más que centenaria demanda marítima.

Así las cosas, es posible afirmar, por un lado, que ha habido significativos avances en las negociaciones entre los gobiernos de Bolivia y Chile en la estructuración de una agenda compartida y, específicamente, en el tema de nuestro acceso al Pacífico. Por el otro, que el Canciller boliviano supo ser prudente en el manejo del tema incluso corriendo serios riesgos al advertir a personalidades de su propio gobierno que estas negociaciones están bajo su responsabilidad y que no se desarrollarán a través de los medios de comunicación ni otros actores que los oficiales.

Lamentablemente, en el tema de las relaciones diplomáticas en general y, particularmente, en las que tenemos con Chile, hay muchas susceptibilidades provocadas por una larga historia de frustraciones y uso -hasta abusivo– de nuestra demanda para fines utilitaristas. No fueron pocas las veces que Chile dio muestras de flexibilidad mientras confrontaba otros problemas internacionales, para volver a su posición tradicional una vez superados aquellos.

Hoy, aparentemente no es ese el caso, salvo por el litigo en La Haya que mantiene con Perú sobre límites marítimos. Recordando algunas posiciones que Chile ha ido asumiendo desde, particularmente, el ascenso al poder del ex presidente Ricardo Lagos, parecería que en el vecino país hay la percepción real de que entre las condiciones para consolidarse como país desarrollado e influyente requiere previamente solucionar un problema de la naturaleza del que tiene con Bolivia.

Resumiendo, es evidente que hay nuevos e importantes elementos que abren resquicios de esperanza, pero son muchos los obstáculos que se tienen que superar tanto en el plano bilateral como en el interno. En el primero, se debe calibrar los intereses del interlocutor y recordar siempre que, al final, se trata de una negociación "de a tres"; es decir, no se puede olvidar a Perú. En el país, lo menos que se puede exigir al gobierno es evitar que los conflictos internos que está atravesando con inusitada intensidad afecten las negociaciones diplomáticas con Chile u otros países. No deben olvidar que una de las razones esgrimida por el dignatario chileno para justificar que éste es un momento propicio es precisamente la estabilidad del gobierno y la popularidad del Presidente.

En todo caso, se puede coincidir con el ministro chileno de que se vive un momento propicio para arribar a acuerdos de mutuo beneficio.

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El Deber: La borrachera del poder

En el lapso de muy pocos días, el país ha observado con asombro cómo dos prominentes miembros del Gobierno mostraron que los valores morales no son cuidados con la responsabilidad que deberían tener quienes se han propuesto ‘cambiar’ Bolivia.

El caso del amauta Valentín Mejillones sorprendido en una organización de narcotraficantes ha circulado por el mundo entero y ha hecho que millones de extranjeros se rían de las jerarquías de los ‘sacerdotes’ de los pueblos originarios del altiplano.

Cuando no se había agotado el tema del amauta, surge el caso del senador masista Fidel Surco, que manejaba en estado de ebriedad, a las 10:30 de la mañana, un poderoso 4×4 que terminó impactando a un vehículo de un oficial de las FFAA.

El prodigioso sistema de los “reporteros ciudadanos”, efecto de la tecnología moderna, captó testimonios del momento de la colisión, la salida del senador del asiento del conductor y su intento de darse a la fuga.

Hasta ese momento la historia es clara, porque fue registrada por los ciudadanos que fotografiaron y filmaron el hecho.

Es cuando el senador Surco y su ayudante son conducidos a la Policía que comienzan las irregularidades. Es alojado en la oficina de Tránsito, para que duerma la borrachera, y no se le hace el test de alcoholemia “por respeto a sus derechos humanos”.

En este caso, como debería saberlo cualquier autoridad, los derechos humanos que deben ser protegidos son los de la gente que podía ser dañada por la irresponsabilidad del senador oficialista. La autoridad tiene que actuar en defensa de la colectividad, sancionando a quienes la pongan en riesgo.

De todos modos, después de cerca de diez horas de espera, cuando se habían respetado los “derechos humanos” del conductor ebrio, se le tomó la prueba para medir el contenido de alcohol en la sangre. Y el test dio como resultado que Surco tenía todavía 1.5 de alcohol, cuando lo máximo permitido es de 0.7.

Se vio a los policías actuar con temor ante el personaje. Algunos miembros de la institución tuvieron que ayudar al operativo por el cual Surco fue transportado de un lugar a otro de la Policía en El Alto con todas las precauciones para que no se le mire el rostro.

Luego, las autoridades del Gobierno y del partido del presidente Evo Morales dijeron que no protegerían a Surco. De todos modos, ya se estaba armando la treta para sacarlo del aprieto, diciendo que él no iba al volante. Aquí deberían servir los registros electrónicos hechos por los ciudadanos que presenciaron el hecho.

Unas horas antes de este lamentable hecho, los vecinos de Caranavi habían decidido expulsar a Surco y a su familia de esa población paceña. Los acontecimientos que provocaron muertos y heridos en aquella población son atribuidos a Surco.

Este personaje, que es mencionado como el eventual sucesor del presidente Morales en el liderazgo del MAS, tiene antecedentes de conducir en estado de ebriedad, que ahora la Policía tendría que exhibir.

Para que los bolivianos tengan confianza, o por lo menos no tengan temor a lo que resulte de este proceso de cambio, los personajes que manejan el Gobierno deberían proponerse actuar con responsabilidad.

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La Razón: Surco, ¿le creemos?

El senador tuvo la entereza de reconocer lo obvio: que estaba alcoholizado a las 10 am

Primero fue el ex ministro de Aguas Abel Mamani, removido de su cargo tras ser sorprendido por una lente fotográfica con su asesora legal en la fuente italiana de Trevi. Luego, Félix Patzi quien, próximo a llegar a la Gobernación de La Paz, tropezó con la mala costumbre (o la enfermedad) del alcohol y, así, el mundo se le vino encima. Ahora le tocó el turno a un senador y alto dirigente del MAS, Fidel Surco.

Las vueltas que da la vida: es el mismo Surco que cuestionó a Patzi cuando éste chocó su vehículo en estado de ebriedad. Y su caso se asemeja al de Mamani, en sentido de que ambos lideraron grupos sociales importantes en la estructura orgánica del partido en función de gobierno: el primero en El Alto y el segundo entre los colonizadores del país.

Surco, como representante de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dio un mal ejemplo que no puede ser perdonado, especialmente si se toma en cuenta la actitud asumida por el MAS con Mamani y Patzi.

La aclaración, a manera de justificativo, de que no conducía el vehículo que colisionó el martes en El Alto o que no le tocaba trabajar ese día, ¿lo exculpa de responsabilidad? ¿Cómo salva la imagen deplorable que recorrió el país y que lo muestra fotografiado mientras dormía, chocándose cabeza a cabeza con otra persona, en oficinas policiales? También negó que haya recibido un trato preferencial en Tránsito. ¿Le creemos?

El senador tuvo la entereza de reconocer lo obvio, que estaba alcoholizado a las diez de la mañana. Si bien en la conferencia de prensa de ayer, lejos de la humildad y el arrepentimiento sentido que se esperaba, volvió a mostrar una actitud desdeñosa, se debe ponderar que, como fuera, dio la cara.

Los primeros análisis que van saliendo a la luz pública señalan una supuesta crisis interna del MAS. Si fuera así, será una crisis moral o de valores. En días pasados, aunque refiriéndose a otro tema, el vicepresidente Álvaro García reconoció que “hay problemas en el instrumento, los arrastramos de años. Tiene que haber una reideologización para dejar de lado las pugnas personales y por cargos…”.

Ayer, mientras los parlamentarios pedían la renuncia de Surco, el Vicepresidente dijo que “no hay privilegios para nadie”. El senador, ¿pagará el mismo costo político que Patzi? Por lo pronto, el MAS tendrá que frenar la tendencia de algunos de sus miembros a emborracharse de poder.

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Cambio: Bloqueo contra Cuba

Los presidentes de los países miembros  y de los Estados Asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) exigieron ayer —en San Juan, Argentina— el inmediato levantamiento del inhumano bloqueo impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos desde hace casi medio siglo; mientras que Gerardo Hernández, uno de los Cinco Héroes de la Isla arbitrariamente detenidos en una cárcel norteamericana acusados de terrorismo, abandonó finalmente ayer una celda infrahumana de castigo denominada ‘el hueco’, en la cárcel Victorville, California, tras una férrea campaña internacional en defensa de sus derechos humanos.

Un comunicado conjunto aprobado en la 39 Cumbre del Mercosur subraya que el bloqueo es "una medida contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y contraviene los principios del derecho internacional". Al expresar su rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba, los dignatarios instaron, además, a dejar sin efecto todas las leyes y disposiciones contrarias al derecho internacional que afecten o impidan el libre comercio y la libre navegación.

Es decir, ese documento —que se suma a muchos otros aprobados en foros internacionales— condena una medida tan ilegal como inhumana que pretende asfixiar a la Revolución Cubana porque no sólo promueve el aislamiento internacional de un gobierno legalmente constituido, sino que atenta contra los derechos humanos de todo un pueblo.

Es que la política externa de Washington contra La Habana mantiene en el bloqueo económico, financiero y comercial su expresión más radical, en busca de asfixiar por hambre y enfermedades a Cuba, por el único delito de escoger su propio sistema socioeconómico.

El rostro inhumano de esa política imperial se muestra de diversas formas. Una de ellas es la creciente persecución de personas, empresas y países que desean comerciar o visitar al archipiélago, lo cual es una reafirmación de que el bloqueo norteamericano es el más prolongado, cruel e injusto que haya conocido la historia de la humanidad. Esa política de cerco económico comenzó en 1961 y desde entonces Estados Unidos mantiene feroces medidas contra la Isla, con el objetivo supremo de rendir por necesidades materiales al pueblo cubano.

Según el analista Oreste Ríos, el conjunto de disposiciones adoptadas por la potencia norteamericana está encaminado a impedir u obstaculizar las relaciones internacionales de Cuba, referidas a la actividad económica, comercial, financiera, cultural o política.

Es que el bloqueo está montado a partir de un agregado de normas legales de diferente rango, dictadas en varios momentos, todas las cuales han cerrado el cerco de intención genocida hacia el pueblo cubano.

De acuerdo con diversas fuentes, el bloqueo económico impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba alcanza un costo superior a los 90 mil millones de dólares en pérdidas para la economía de la Isla Mayor de las Antillas y constituye una práctica injerencista y guerrerista. Por eso, el carácter agresivo e ilegal del bloqueo es rechazado por la comunidad internacional —como se refleja cada año en las votaciones de las Naciones Unidas— y que ayer fue ratificado por los presidentes del Mercosur.

Nada cambió en el transcurso de diez gobiernos estadounidenses sucesivos —como no fuera para recrudecer esa política—, ni desde la llegada al poder del presidente Barack Obama, en enero de 2009, quien, pese a enarbolar el discurso del ‘cambio’ en las relaciones de la potencia con América Latina, no ha cumplido con lo que ha ofertado a sus electores.

El actual Gobierno de Estados Unidos ha continuado aplicando ese bloqueo contra Cuba con todo rigor. No se ha emprendido acción alguna para desmontar el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman sus bases. Tampoco han sido modificados los fundamentos sobre los que se erige esa política. Así lo demuestran las siete legislaciones y regulaciones vigentes, entre ellas las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996).

Estos textos ilustran, además, que ningún bloqueo ha sido tan abarcador y brutal contra un pueblo como el que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace medio siglo, y es un acto de genocidio en virtud del inciso C del artículo II de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Por otro lado, se trata de un acto de guerra económica, de acuerdo con lo establecido en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres en 1909.

Además, Cuba no sólo es víctima del bloqueo imperial, sino que desde Florida grupos ultraconservadores cubanos, que se autodenominan ‘demócratas’, alimentan acciones, a todas luces criminales, en contra de Cuba en el marco de una política de agresión sistemática que incluye el terrorismo planeado, organizado y financiado.

En ese contexto, en 1998, cinco antiterroristas cubanos: René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo, fueron detenidos porque con gran riesgo para sus vidas buscaron información sobre los planes criminales de esos grupos terroristas y fueron sentenciados a duras penas de prisión de entre 15 años y cadena perpetua.

La misión que cumplían no afectaba en modo alguno ni la seguridad ni los intereses de Estados Unidos, como fue demostrado en el amañado proceso judicial a que fueron sometidos, y como reconocieron ante el tribunal los propios fiscales del Gobierno.

Su injusto encarcelamiento es una prueba más del inhumano bloqueo norteamericano que ayer fue nuevamente rechazado, esta vez por los presidentes de los países del Mercosur.


Ningún bloqueo ha sido tan abarcador y brutal contra un pueblo como el que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace medio siglo y es un acto de genocidio en virtud del inciso C del artículo II de la Convención de Ginebra de 1948.

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La Prensa: Hay que cuidar la imagen del país

Todos esos hechos, que se suman a otros protagonizados por otras autoridades, enlodan no sólo la imagen del Gobierno, sino la del país.

L os últimos días estuvieron plagados de una serie de problemas y algunos escándalos que han sido la comidilla de la sociedad, pero que, lamentablemente, empañan la imagen de nuestro país y ponen al descubierto preferencias y privilegios para algunos y la condena despiadada para otros.

Casi coincidentes, con diferencia de un par de días u horas, se conocieron los casos del amauta Valentín Mejillones, vinculado a una fábrica con 240 kilos de cocaína; la destitución del fiscal del departamento de La Paz, Williams Dávila, acusado de ineficiencia; la denuncia gubernamental contra el alemán Dirk Schmidt de alzamiento armado, con la secuela de vínculos oficiales; otro linchamiento en el norte de Potosí de un minero confundido con un ladrón y la expulsión de Fidel Surco de las filas del Movimiento Al Socialismo de La Paz. También esos días comenzó el paro cívico en Potosí, que más tarde se endureció y creó un fuerte dolor de cabeza al Gobierno.

El caso de Mejillones no habría tenido mayor repercusión nacional y menos internacional si no fuera quien ungió a Evo Morales como Presidente y guía espiritual del mundo andino, el 21 de de enero de 2006, pocas horas antes de que asumiera formalmente la primera magistratura del primer Estado Plurinacional de Bolivia en el Palacio Legislativo.

Dávila fue uno de los fiscales cuestionados por algunos sectores opositores por su aparente parcialización como juez con el Gobierno al disponer el encarcelamiento de Leopoldo Fernández, entonces prefecto del departamento de Pando, sin tener pruebas de que hubiera sido el cabecilla de la supuesta masacre de Porvenir.

Schmidt resultó haber sido contratado por el entonces viceministro de Gobierno Gustavo Torrico, quien a su vez había sido destituido días antes sin ninguna explicación. El alemán es ahora acusado de otros supuestos delitos y Torrico también parece haber caído en desgracia.

Fidel Surco, senador por La Paz, no había terminado de salir de un problema cuando cayó en otro por acompañar ebrio a quien conducía, también ebrio, una vagoneta que colisionó en una avenida de El Alto. Ambos recibieron de la Policía ?presuntamente enfrascada en un proceso de anticorrupción? un trato privilegiado con relación a otros conductores borrachos a los que no tiene el menor empacho en cancelarles la licencia e imponerles otras sanciones o entablarles otros juicios.

Esos hechos, que se suman a otros protagonizados por propias autoridades del Ministerio de Gobierno que no saben ahora cómo corregir sus errores en el bullado caso del alemán, aparentemente inocente de levantamiento armado con su arsenal de viejas escopetas de caza, como aquellos rifles de ping ball, enlodan no sólo la imagen del Gobierno, sino la del país.

Demuestran que es necesario que se obre con mayor seriedad y responsabilidad. Que las autoridades nacionales sepan quiénes son los verdaderos amautas; que sepan que no deben emborracharse antes de conducir un vehículo ni precipitarse en denunciar y acusar a cualquiera de complotar contra el Gobierno, o levantarse en armas, sin haber investigado en profundidad y responsablemente, y tener sólidas pruebas que respalden sus acusaciones.

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El Diario: Tramo para el turismo

Numerosas y variadas han sido las iniciativas para estimular el turismo, con la finalidad de que alcance, por lo menos, el nivel logrado por países vecinos, que reciben a miles de turistas que contribuyen con recursos económicos el erario de esas repúblicas. En Bolivia varias veces se ha hecho anuncios de proyectos para fomentar la actividad turística, considerada como la “industria sin chimeneas”.

Actualmente contamos con una obra que es un ejemplo de apoyo al turismo, como es el tramo carretero a Coroico, la capital de Nor Yungas, en el Departamento de La Paz, que presenta una variedad de ventajas para los visitantes, como tramos habilitados para el tránsito de bicicletas, con un recorrido lleno de atractivos naturales. Resulta así una ruta llamativa para el turismo, que debería multiplicarse en nuestro país, para hacer de la llegada de extranjeros una fuente de ingresos para las arcas nacionales, como lo hacen tantos países de América Latina y otros continentes con medidas adecuadas y oportunas.

En efecto, el tramo a la población yungueña de Coroico se ha venido constituyendo en motivo de preferencia de turistas nacionales y foráneos, dejando una considerable cantidad de recursos para atender las necesidades de esa población. Dicha carretera debería servir como ejemplo para construir otras vías en varias regiones del país, para fomentar las actividades turísticas, que indudablemente son un medio de aporte económico al Tesoro Nacional. En Bolivia el desarrollo del turismo no es óptimo, pese a que contamos con una variedad de atractivos naturales para despertar la preferencia de contingentes de visitantes, necesarios para el progreso nacional.

No se puede negar que son varios e interesantes los proyectos presentados para estimular el turismo en un país de tantos recursos naturales como el nuestro, pero lamentablemente las autoridades de turno del sector no han demostrado constancia en brindar el auxilio necesario y permanente. Casi siempre han faltado acciones oficiales para que Bolivia, reiteramos, logre el nivel de recepción de turismo que muestran países cercanos, aunque con menores atractivos naturales que el nuestro.

El turismo de los países en desarrollo es, indudablemente, motivo de especial tratamiento por parte de gobiernos conscientes de sus deberes, por lo cual es motivo de apreciables inversiones, con la confianza de una rápida multiplicación económica con el dinero que dejan los visitantes. Por el contrario, en Bolivia el turismo provoca más anuncios que obras, con pocas excepciones, como es el caso de la vía a Coroico. Sin embargo de contar con bellos paisajes, ríos llanuras, selvas y sitios arqueológicos, entre otros atractivos, no damos atención proritaria a la denominada “industria sin chimeneas”.

No obstante, la carretera a Coroico, capital de Nor Yungas, podría ser el comienzo de un mejoramiento de la situación del turismo, que requiere acciones decididas por parte del Estado. Es ya tiempo para que las autoridades nacionales brinden toda la colaboración que demanda ese rubro poco atendido en nuestro medio. Sin embargo también causan preocupación en el sector turístico los bloqueos que inician diversos sectores sociales y que significan enormes pérdidas para la hotelería, empresas de turismo, servicios de transporte, productores y artesanos, mermando además el interés de los visitantes por conocer las regiones bolivianas.

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El Mundo: Qué más

Cuando la situación se torna vidriosa, las autoridades tienden a dirigir la atención de la ciudadanía sobre temas que son aprovechados para distraerla, ofreciendo algún espectáculo especial, ello ha sucedido con el incidente del senador Surco que finalmente es un problema que debería ventilarse al interior del partido de gobierno, donde el mencionado senador infractor pertenece, independientemente de las acciones que se merece por la infracción cometida.

El problema de fondo, en la actualidad, más que en Surco o la wiphala flameando bajo el cielo más puro de América, está en la situación de conflicto que se ha presentado en el departamento de Potosí y que a medida que se lo deja avanzar, está tomado otras dimensiones, tal vez sugeridas desde arriba, para poder refrescar rivalidades existente entre dos regiones.

Todo comenzó con el intento de las autoridades de gobierno de copar la Alcaldía de Potosí, aprovechando la experiencia que les permitió remover al Alcalde de Sucre quien, al igual que el potosino, según ellos, tiene el defecto de no pertenecer a las filas del MAS.

Si el gobierno central tuviera la capacidad de aceptar que las autonomías, como las ha planteado en su Ley Marco, no significan otra cosa que ejercer un centralismo que impedirá el desarrollo de las regiones, vería con claridad que el camino para que el país marche en paz, radica principalmente en que se respeten los derechos ganados por las regiones.

Veamos que de una u otra manera, los problemas que vienen planteando las regiones tienen un denominador común, el manejo directo de sus propios intereses, empleando los recursos que por ley les corresponde.

Antes de la llegada del MAS al gobierno, las regiones ya habían tenido un significativo avance, en cuanto a su autodeterminación se refiere y el querer retroceder no es precisamente una política que la mayor parte de la ciudadanía comparte.

Con la Ley de Participación Popular, las regiones, inclusive los municipios más pequeños, con autoridades originarias, tuvieron oportunidad de llevar adelante obras en su propio beneficio y el gobierno de entonces tuvo la capacidad de hacer que cuenten con los recursos necesarios para ponerlas en marcha.

Mientras la ciudadanía vivía preocupada por profundizar esa situación, para mejorar y acelerar las condiciones de desarrollo el gobierno socialista ofreció llevar adelante con una revolución, vemos que ella consiste en centralizar todos los recursos y tranquilizar los estómagos vacíos con la distribución de unos bonos que no hacen otra cosa que paliar el hambre por algunos días, sin permitir una clara perspectiva de desarrollo.

Lamentablemente, para llevar adelante esos proyectos, lo que se ha hecho ha sido cercenar los ingresos de las regiones y lo que es más grave aún, coartar las actividades productivas que en ellas hubieran podido estar en marcha.

El clamor de un proceso de Autonomía, que era visto como un avance significativo en la forma de manejar el país, ha sido malinterpretado por una ley que deja atrás toda perspectiva y en esas condiciones, resultará imposible que se pueda pensar en eliminar la tensión con alguna movida política, porque lo que el pueblo quiere son obras y quienes conocen cuáles son las necesidades de cada región, son precisamente las autoridades escogidas en las mismas; las citaciones a declarar o los movimientos para conseguir el desconocimiento, por parte de las asambleas departamentales o los concejos municipales bajo control del oficialismo, no conseguirán sino dilatar el ambiente de tensión que no se podrá resolver expulsando a un senador o dejando de hacer flamear la wiphala en algún lugar.

Las aspiraciones de la ciudadanía van por otro camino y en algún momento habrá que atenderlas.

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Opinión: Diferendo de límites entre Potosí y Oruro

Potosí es una de las regiones consideradas políticamente más proclives al gobierno del presidente Evo Morales, de acuerdo a los resultados electorales que le otorgaron durante las elecciones generales porcentajes de apoyo mayoritario y quizá los más amplios en relación a otros departamentos del país.

Este mismo departamento, sin embargo, está expresando que los intereses regionales referentes a problemas de límites, defensa de recursos naturales y otras obras de beneficio colectivo están por encima de las preferencias que pueden presentarse en épocas electorales. Éste es un dato que tiene que ser analizado con el debido cuidado por el Gobierno y por las autoridades del Ministerio de Gobierno que recurren, en circunstancias en que las protestas regionales desembocan en paros cívicos y medidas de hecho, a descalificarlos señalando, en el caso potosino, como instigador al alcalde René Joaquino, en un esfuerzo gubernamental por ligar la situación del paro indefinido con un proceso legal contra la autoridad edil.

El paro cívico que está ahogando a la población de Potosí y que dura ya seis días tiene que ver con un diferendo de límites con Oruro que se suma a un pliego de peticiones entre los que incluye la defensa del Cerro Rico, la planta de Karachipampa, el aeropuerto internacional y proyectos viales. El paro cívico tiene consecuencias muy graves para la población y para el aparato productivo al estar bloqueados los caminos carreteros.

Más allá de las afirmaciones del Ministro de Gobierno que califica el paro de Potosí como uno donde existen intereses políticos, lo que habría que analizar es un asunto que tiene connotaciones especiales, pero al mismo tiempo complejas, pues engloba un problema de límites que, generalmente, se presentan en el momento en que están en juego riquezas naturales que, a su vez, permite oportunidades de trabajo y vida para sectores poblacionales. El problema de límites entre Coroma en el departamento de Potosí y Quillaca en el de Oruro, tiene que ver con el dominio del cerro Pahua que es un yacimiento rico en piedra caliza, una de las materias principales para la producción de cemento, factorías que representan un anhelo para ambos departamentos.

El problema limítrofe cuando se presenta entre dos departamentos puede constituir uno de los más graves si es que no se adoptan o se encaminan soluciones concertadas entre las partes en litigio y, sobre todo, que tengan fundamentación en documentos y estudios.

En situaciones como las que confrontan los dos departamentos es importante la intervención oportuna del Gobierno mediante sus mecanismos técnicos pero, además, con participación de las autoridades políticas, con el propósito de encontrar caminos de solución, y no como se ha observado en este caso y en otros, cuando los problemas se agudizan hasta llegar a situaciones extremas, originando mayor sufrimiento a la población.

Esta clase de conflictos, también, tiene origen en una reacción de parte del Gobierno que, como los anteriores, sostienen su decisión de no ingresar en un diálogo bajo la justificación de que no puede hacerlo bajo presiones de medidas de hecho, aunque lo evidente es que un Gobierno, cualquier que sea, tiene la obligación de buscar el diálogo en diferentes circunstancias y antes de que los acontecimientos lleguen a niveles donde el diálogo se torne cada vez más complicado.

El conflicto que ha generado el paro indefinido en Potosí y posibles reacciones de Oruro, bajo ningún motivo puede desembocar en enfrentamientos entre pobladores o fuerzas del Gobierno, si aún existen las condiciones para dialogar.

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Clarín, Argentina: Coordinar la acción policial

La Policía Federal ha comenzado el proceso de apertura de agencias en distintos puntos del país, la primera de las cuales se ha inaugurado en San Juan y tiene jurisdicción sobre la zona de Cuyo. El objetivo de esta medida es favorecer la investigación de los delitos federales, para lo cual las nuevas dependencias contarán con personal idóneo en ocho puntos del país. La determinación, que intentará suplir las complicaciones de la distancia geográfica y el desconocimiento de las particularidades del área, puede contribuir a la prevención y sanción de los crímenes que exceden a la jurisdicción ordinaria y le dará verdadera entidad federal a esta fuerza policial, tradicionalmente centralizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero este proceso, que implicará desplegar efectivos y recursos en ocho delegaciones de diversas provincias, es necesario que se concrete sin causar un deterioro de las prestaciones de seguridad a cargo de la fuerza en la Capital Federal. La Policía Federal es la encargada de brindar el servicio de seguridad en la Ciudad, lo cual incluye tanto la prevención de delitos y la investigación de crímenes ordinarios y federales, como el control del tránsito.

Dejando de lado el caso de los delitos federales, las tareas policiales ordinarias ?comprendiendo recurso humanos, infraestructura y presupuesto? en algún momento deberán ser objeto de un traspaso ordenado a la Ciudad de Buenos Aires, conforme el régimen autónomo que la reforma constitucional de 1994 le asignó.

Por los medios y funciones acotadas que tiene, en el presente no puede pensarse a la Policía Metropolitana como capaz de sustituir a la Federal. Por eso, el proceso de despliegue de la Policía Federal en el territorio nacional no debe implicar un debilitamiento del servicio de seguridad capitalino, para lo cual es necesario que se refuerce la coordinación entre las autoridades técnicas y políticas de ambas jurisdicciones, llevando adelante un entendimiento que derive en mejoras efectivas y persistentes para la Capital.

El despliegue de la Policía Federal en el interior no debe afectar la seguridad en la Ciudad, para lo cual es necesaria la coordinación entre autoridades nacionales y comunales.

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