Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: La droga se mete a los hogares
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Bajo el Penoco, El Día: La semana política
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Los Tiempos: LA DESAGREGACIÓN EN MARCHA
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El Deber: La ciudad frente a los desastres
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La Razón: Una nueva esperanza
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Cambio: Chito y la justicia
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La Prensa: Los chaqueos y la deforestación
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El Diario: Ni disenso ni discrepancias
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El Mundo: Si no te pego
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Opinión: Asentamientos ilegales y falta de autoridad
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Clarín, Argentina: Confusión entre partido y Gobierno
El Día: La droga se mete a los hogares
Con el crecimiento exponencial de la producción de cocaína que se ha registrado en el país en los últimos cinco años, no se podía esperar menos del aumento de los consumidores de droga. El más reciente estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) muestra que desde el 2005, creció en casi en 20 mil el número de adictos a la cocaína en Bolivia.
El informe, presentado el pasado 3 de agosto, refleja que la tasa de “incidencia” del uso de cocaína en Bolivia era de 78 por cada cien mil habitantes el 2005, mientras que las cifras actuales hablan de 145 consumidores por cada cien mil habitantes, más del doble. El dato anterior muestra el número de casos nuevos de consumidores que se iniciaron en un período, por cada cien mil habitantes, mientras que la “prevalencia”, es decir, la frecuencia o la magnitud del consumo, ha subido de 43 mil a 63 mil por cada cien mil habitantes.
Este pico de consumidores del último lustro no es de la magnitud que el registrado entre 1992 y 1996, cuando prácticamente se multiplicó por seis el número de adictos a la cocaína, pero es superior al otro período de “auge” de la drogadicción, entre 1996 y 1998. A partir del año 2000, el uso de la cocaína había marcado un descenso, fenómeno que se ha revertido en los años recientes.
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La mayoría de los adictos a la cocaína son varones en Bolivia, pero de acuerdo a los datos del Celin, es preocupante el aumento de mujeres que se sumergen en la drogadicción.
El despegue del consumo de cocaína no se ha dado sólo en Bolivia. Según recientes estadísticas, Argentina posee en la actualidad más de 600 mil adictos a esta droga, una enormidad en relación a los 900 mil consumidores que hay en Brasil, un país con el triple de población. Ambos países representan el principal mercado para la droga boliviana y resulta obvio que el aumento de la drogadicción en aquellas naciones es en gran parte el resultado de lo que está ocurriendo de este lado de las fronteras. Argentina ha pasado a registrar tasas de drogadicción similares a las de Estados Unidos, hecho que preocupa a las autoridades, que han comenzado a exigir más controles en los límites fronterizos con Bolivia.
De acuerdo a la ONU, en Argentina, el 2,6 por ciento de la población comprendida entre los 15 y los 64 años es consumidora de cocaína. En Chile, otro país que ha estado manifestando quejas por la avalancha de droga que pasa desde Bolivia, esta cifra es del 2,4 por ciento, muy por encima de los registros de Uruguay, Brasil y Venezuela y otros países de la región.
Si el dato sobre el aumento de la drogadicción en Bolivia era de esperar debido al auge de la producción de droga, entonces debemos prepararnos para un crecimiento del índice de criminalidad y violencia en el país, ya que está demostrado que más de la mitad de los robos y asaltos suelen ser perpetrados por toxicómanos. A este doloroso costo social, que surge de la tolerancia con el narcotráfico, hay que sumarle también la violencia callejera, la disputa entre grupos de mafiosos, el deterioro de la calidad de vida en los barrios por la presencia de vendedores de droga, el miedo y decenas de miles de vidas destruidas por culpa de la maldita droga.
En los últimos cinco años, creció en casi 20 mil el número de adictos a la cocaína en Bolivia. Es fruto del auge del narcotráfico.
Bajo el Penoco, El Día: La semana política
Un empresario cruceño preso en Palmasola, acusado de nexos con el terrorismo. La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Desirée Bravo, otra vez en líos judiciales, denuncia presión del Gobierno para meterla presa. El alemán Dirk Schmidt nuevamente es llevado a La Paz por órdenes superiores y no precisamente de un juez. El alcalde de Warnes, Nyls Carmona, quien pasó una noche en la Felcc, permanece en una clínica, esperando para ser llevado ante un juez cautelar. El ex viceministro Gustavo Torrico podría ser detenido acusado de extorsionar menonitas. El ministro de Gobierno, Sacha Llorentty es convocado por un juez para declarar sobre dos muertes en Caranavi. Una comisión del Gobierno boliviano acelera los trámites para la deportación del ex prefecto Chito Valle arrestado en Lima, Perú. La ex ministra de Salud, Sonia Polo, acusada de corrupción, obtiene libertad irrestricta. Las anteriores son noticias que hablan de lo agitada que comienza la semana política en Bolivia. Ah, también hay que mencionar que se están quemando
2 millones de hectáreas de bosque.
Los Tiempos: LA DESAGREGACIÓN EN MARCHA
Seguir actuando como hasta ahora, sólo recuerda el autismo en el que cayó el viejo sistema político partidario y que lo condujo a su derrota el año 2003
Bolivia es un país particular. El problema central es que quienes han gobernado y gobiernan circunstancialmente no quieren entender esta realidad porque, en forma reiterada, se creen refundadores de la nación o los únicos que pueden encontrar soluciones al atraso, las injusticias y la falta de objetivos comunes a alcanzar en el futuro. Probablemente por la magnitud de las necesidades, se busca siempre soluciones inmediatas y no se quiere aceptar que hay procesos que deben cuajar para que den los frutos esperados.
Además, cuesta ver el pasado y, sobre todo, aprender de él. Como quienes arriban al poder se sienten únicos, normalmente lo que corresponde es borrar ese pasado, sin importar los costos que el país debe luego pagar por esa recurrente actitud. La situación se agrava cuando hay una profunda resistencia a escuchar a la sociedad más allá de los adláteres de turno. Quienes critican o exigen no pueden ser escuchados ni, menos, aceptados porque los conductores de turno consideran que sólo ellos tienen la razón.
En esta tendencia se está yendo de las manos el control del país, como las posibilidades de aprovechar la bonanza económica que tiene el país y que parece que su fin ya no está tan lejos. No se trata, de ninguna manera, de una actitud nueva; es, más bien, recurrente. Sin embargo, en la medida en que no se solucionan las demandas sociales, regionales, culturales o de cualquier índole va creciendo el descontento y comienzan a aparecer peligrosos síntomas de nuevas frustraciones.
La diferencia respecto al período anterior (pero, con muchas similitudes a otros que se presentaron en nuestra siempre compleja historia) es que quienes conducen la administración del país han hecho promesas que la cruda realidad les impide cumplir y los cambios que se prometieron se han estancado en lo simbólico porque, entre otros, se ofrecía algo imposible: el retorno a un pasado que no existió o, en casos concretos, como en la administración de recursos naturales, ya se fracasó rotundamente.
En este contexto, los conflictos que el gobierno central ha mantenido con los pueblos indígenas de las tierras bajas, con Caranavi y con Potosí; los que se presentan entre departamentos o provincias o finalmente entre barrios, con enfrentamientos entre gente pobre, muestran, así no se quiera ver desde el poder, que hay un proceso de desagregación en marcha que si no es atendido con apertura y visión de futuro puede conducir a escenarios de violencia creciente.
Si impulsar esos procesos de desencuentro es parte de la estrategia de algunas corrientes radicales dentro del MAS no es impertinente señalar que se trata de una actitud suicida. Pero, si es una dinámica que se impone por la cruda realidad lo que corresponde es impulsar desde el poder central espacios de encuentro ciudadano que permitan, en pacífica convivencia, labrar acuerdos de largo plazo para consolidar la unidad nacional -bastante resquebrajada por la acción de un poder central omnívoro de poder total-, la democracia, con las aperturas consignadas en la nueva Constitución Política del Estado, y un programa de desarrollo socioeconómico viable y sustentable.
Seguir actuando como hasta ahora, sólo recuerda el autismo en el que cayó el viejo sistema político partidario y que lo condujo a su derrota el año 2003.
El Deber: La ciudad frente a los desastres
Un devastador incendio que se prolongó por más de 12 horas y que redujo a cenizas los depósitos de una gigantesca fábrica de plásticos en el Parque Industrial mostró cuán vulnerable y desprotegida está la capital cruceña frente a desastres de tal magnitud, principalmente debido a la falta de los medios y recursos indispensables para hacerles frente.
Santa Cruz de la Sierra debe tener, como se dice, un dios aparte, por cuanto desastres tales, si bien han ocasionado cuantiosas pérdidas económicas, al menos no se han cobrado vidas humanas.
El fuego desatado en las primeras horas de la tarde del pasado domingo y que se prolongó hasta la madrugada del lunes incluso, puso en evidencia, una vez más, que la ciudad no está ni siquiera, ni de lejos, medianamente preparada para afrontar situaciones de emergencia o de desastre como la últimamente ocurrida o las que ya se han presentado en anteriores oportunidades.
El reciente siniestro movilizó a todas las unidades de bomberos en el departamento y demandó el concurso de las brigadas de emergencia de la Gobernación. También fue necesario que intervinieran unidades medioambientales habida cuenta la combustión de los químicos empleados en la fabricación de materiales plásticos y que representaba serio riesgo para la salud del numeroso vecindario de la zona donde el dantesco incendio provocó una lógica alarma. Hasta ayer podían sentirse en el lugar y sus alrededores los efectos del aire contaminado que, para peores males, la humareda de los incendios forestales ha tornado casi irrespirable en los últimos días.
Los siempre esforzados bomberos, con sus limitados equipos, fueron los héroes de la jornada combatiendo las llamas y evitando una mayor propagación. Sin espuma química ni otros medios modernos que se emplean para casos de incendios, su tarea se hizo mucho más compleja y extenuante y sólo el sacrificio y la perseverancia posibilitaron, aunque tardío, el control del fuego. Para peor, en el lugar del siniestro quedó en evidencia la falta de seguridad industrial porque no había cerca un hidrante para la provisión del líquido elemento a los carros bomberos.
Entre las prioridades de una ciudad que, como la nuestra, suma casi dos millones de almas y sigue expandiéndose sin control ni planificación alguna, tiene que figurar la implementación de modernas unidades de bomberos. No hacerlo en el corto plazo nos puede colocar frente a una tragedia de gran magnitud, con horrorosa pérdida de vidas humanas incluso.
En cualquier parte del mundo que no sea Bolivia, los cuerpos de bomberos cuentan con medios materiales constantemente renovados y modernizados, aparte de hidrantes a corta distancia para surtirse de abundante agua. En aspectos de esta índole, no andamos muy al día que digamos. Pero a pesar de esta ultrajante realidad, más otras como las carencias sensibles de nuestros hospitales, los gobernantes se permiten lujos como pagar millonadas de dólares por un avión presidencial mientras el Jefe de Estado, con séquito a la cola, viaja de un extremo al otro del planeta, imperturbable y ajeno a los acuciantes problemas y conflictos que aquejan a la nación.
La Razón: Una nueva esperanza
La intención de invertir $us 786 millones hace pensar en que llegó la hora del despegue
El país vuelve a creer en los hidrocarburos y en todo lo que implica tener, en las entrañas de la tierra, un tesoro aún no cuantificado íntegramente, pero que permite pensar en un futuro mejor, siempre y cuando se entienda que sólo la estabilidad política y la confianza en los inversores posibilitarán el ansiado despegue de este sector vital para la economía nacional.
No se trata de continuar dependiendo de la explotación de materias primas, con lo cual la promesa de la industrialización permanecería encajonada junto con otros proyectos no concretados hasta ahora por la administración de Evo Morales. La excesiva subordinación de la economía al comportamiento de los precios del gas natural en el contexto internacional puede resultar peligrosa si, a corto, mediano o largo plazo, la actual situación llegara a cambiar y se volcara completamente hasta suponer un factor negativo.
Recientemente se confirmó el hallazgo, en el estado de Maranhao, de una inmensa reserva que equivaldría a la mitad de la exportación gasífera a Brasil; pese a todo, ese país planea triplicar la demanda del hidrocarburo boliviano. El problema es que Bolivia no produce la cantidad suficiente de gas como para cubrir las exportaciones, ni siquiera su demanda interna.
YPFB sigue débil y no termina de levantar cabeza, pese a haberse constituido en el eje de esta cadena productiva. Ninguna institución puede llevar adelante un trabajo serio, regular, con seis presidentes en cuatro años, como ocurrió con Yacimientos. Y pasa lo mismo con el sector en general: durante este gobierno, Hidrocarburos tuvo cinco ministros y seis superintendentes.
Las actividades de exploración y producción de gas natural, entre 2006 y 2009, han sido prácticamente nulas. Hasta ayer, no se sabía con exactitud cuál sería el compromiso de las empresas petroleras para con la oferta gubernamental de dar un impulso más decidido a este sector. Ahora que se conoce de la intención de invertir 786 millones de dólares en proyectos destinados a cumplir con la venta de gas a Brasil, parece haber llegado la hora del esperado despegue. Queda por resolver el preocupante tema de la importación de carburantes.
La buena noticia ofrecida por el ministro Villegas alienta la esperanza de un repunte de este sector, en el que se concentra la mayor apuesta en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo del país.
Cambio: Chito y la justicia
Quien fuera uno de los hombres más poderosos de las gestiones presidenciales del fallecido dictador Hugo Banzer Suárez, el ex prefecto de La Paz durante el gobierno constitucional de su suegro, Luis Alberto ‘Chito’ Valle Ureña, fue detenido el pasado viernes en Lima (Perú) por agentes de la Policía Internacional del vecino país (Interpol), acusado de la comisión de varios delitos en contra de los intereses del Estado boliviano.
El prófugo de la justicia boliviana fue capturado mientras caminaba ese mediodía por una calle cercana a la Embajada de Estados Unidos en Lima. Fue difícil reconocerlo porque había cambiado tanto su fisonomía que parecía otra persona, según los reportes de prensa provenientes de la capital peruana. ¿Pero qué hacía ‘Chito’ en las inmediaciones de esa legación diplomática? ¿Acaso intentaba pedir refugio político?
Valle desapareció hace 17 meses, tras ser favorecido por el accionar de algunos operadores de justicia. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, responsabilizó a la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, y a los vocales de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, de la huida de Valle porque sus fallos judiciales lo beneficiaron, pese a las pruebas aportadas en su contra.
El ex prefecto paceño enfrenta varios procesos penales en su contra por al menos 17.753.013 dólares. Se encuentra procesado por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, falsedad material e ideológica, contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, peculado y malversación, entre otros.
Los casos en su contra —acumulados entre 1996 y 1998— se refieren a la compra del Banco Minero de Bolivia por 7.177.964 dólares y la adquisición de muebles de lujo a la empresa Cuissin por 210.049 dólares. Por otro lado, también está procesado por el caso denominado ‘Chito Chatarra’ por la transferencia irregular de 200 vehículos de la Prefectura de La Paz casi nuevos, a precio de usados por un monto de 2.000.000 de dólares, así como el llamado ‘Chito Casa’, que involucró un inmueble en la calle Antonio Gallardo de La Paz enajenado de manera irregular por 100.000 dólares.
A ello se suma una deuda contraída por la transferencia de Ferreco por un monto de 8.265.000 dólares. Además, el ex prefecto también se apoderó —sin trámites— de una quebrada sobre el río Beni, en el Parque Madidi, que era usada por vecinos de Rurrenabaque y San Buenaventura para su recreación. Nunca se supo de dónde sacó los millonarios recursos, pero en ese paradisiáco lugar construyó, al amparo del segundo gobierno de su suegro, Hugo Banzer, una serie de bungalows con pozas de agua cristalina en el medio de la selva. Según la red Erbol ese hotel fue construido con material llevado desde La Paz en vehículos oficiales.
No obstante, como miembro de una vieja casta como aristocrática ‘clase política’, Valle se benefició con una serie de medidas de jueces vinculados a la misma y logró que dos procesos legales en su contra hayan sido ‘prescritos’, por lo que, en opinión de la Gobernación de La Paz, no se podrán recuperar 10 millones de los 17 millones de dólares del daño económico que causó al Estado.
Sin embargo, el gobernador paceño César Cocarico, dijo que pese a la imposibilidad de recuperar todo el daño causado por ‘Chito’ Valle se exigirá que la sanción penal contra el ex prefecto paceño sea de 10 años de cárcel tomando en cuenta la retroactividad de la nueva Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y del artículo 123 de la Constitución que indica:
"La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, y en materia penal cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución". Así de clara es la suprema ley de los bolivianos.
Por eso y si la lucha contra la corrupción es tarea de todos los ciudadanos no es posible tolerar que algunos políticos opositores hayan expresado poco menos que su ‘solidaridad’ con Chito Valle, al señalar que su captura en Lima "es una cortina de humo" que utilizaría el Gobierno nacional para ‘distraer’ a la población de ‘otros temas más importantes’. No obstante, lo que corresponde en el caso que comentamos es que Perú deporte a Valle a Bolivia. Y en este camino se inscribe una resolucion aprobada ayer por los ministerios de Justicia y del Interior peruanos que han solicitado la expulsion del prófugo y ratificaron su rechazo al asilo y refugio políticos que Chito había solicitado.
En este contexto, su captura es sólo un paso para hacer justicia y resarcir al Estado al menos parte del millonario daño causado. ‘Chito’ no sólo fue un prefecto corrupto, fue involucrado con el narcotráfico cuando era cónsul en Montreal, Canadá, durante la dictadura de su suegro, Hugo Banzer
Su captura es sólo un paso para hacer justicia y resarcir al Estado al menos parte del millonario daño causado. ‘Chito’ no sólo fue un prefecto corrupto, fue involucrado con el narcotráfico cuando era cónsul en Montreal, Canadá, durante la dictadura de su suegro, Hugo Banzer.
La Prensa: Los chaqueos y la deforestación
El Gobierno lograría mejores resultados apoyando a los campesinos en la limpieza de terrenos con un equipo manejado por las Fuerzas Armadas.
Extraña la explicación de don Evo Morales sobre las razones de los incendios forestales que vienen asolando especialmente la zona norte de nuestro país y consecuentemente cubrieron de densas humaredas todos los centros urbanos produciendo no sólo incendios de decenas de viviendas, también brotes epidémicos respiratorios y la paralización del servicio aéreo en los aeropuertos del país, pues la contaminación ambiental alcanzó límites alarmantes en todo el territorio.
El Primer Mandatario, si bien admitió la incapacidad del Estado para combatirlos, sostuvo que estos incendios son ?fenómenos naturales? producidos por ?factores climáticos?, olvidando que en verdad este ?fenómeno" anual que contamina todo el país es producido esencialmente por los chaqueos a los que recurren los campesinos como una manera práctica para ahorrar esfuerzos y costos a fin de limpiar y preparar los terrenos para la próxima siembra.
Estos chaqueos se han ido difundiendo a través de los años entre los campesinos y, justo es reconocer, los gobiernos que se han ido sucediendo no han hecho absolutamente nada, pese a que se ha comprobado que su práctica anual metódica termina esterilizando los terrenos, produciendo la desertización de extensas regiones, esto sin mencionar sus efectos en las especies animales y ríos. A las palabras del Presidente, una de sus ministras admitió que el Gobierno está incapacitado para combatir estos incendios, tanto, que aseguró que sólo la llegada de las lluvias será capaz de detener la propagación del incendio, pues el país no cuenta con recursos técnicos ni financieros para mitigarlos.
El presidente Morales había hablado de solicitar ayuda a países vecinos como Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros, que cuentan con flotas de aviones especializados para apagar incendios, pero hasta ayer la Cancillería no había hecho el pedido pertinente a Brasil, país que esperaba se cumpliera este requisito para empezar a actuar en territorio boliviano. El presidente Morales terminó diciendo que ?de donde sea hay que sacar plata para comprar helicópteros y equipos para apagar estos incendios?. Don Evo Morales supone que será suficiente una flota de cuatro aviones y helicópteros que carguen agua. Se calcula que cada avión alcanzaría un costo de 50 millones de dólares.
Parecería un despropósito erogar doscientos millones de dólares en un país donde muchos de los gobiernos departamentales no tienen el presupuesto mínimo para mantener un servicio de bomberos para la población. Evidentemente, el Gobierno Plurinacional lograría resultados más puntuales y duraderos si organizara un apoyo a los campesinos que a lo largo y ancho del país requieren elementos que les permitan limpiar sus terrenos para iniciar la siembra, a través de un equipo que podría ser administrado desde las Fuerzas Armadas. Así no sólo conseguiría evitar incendios forestales, también haría efectivo un apoyo muy necesario a la clase campesina del país.
Contra todo lo que supone el Presidente, es posible evitar los incendios forestales que asolan y contaminan el país, para ello es necesario recurrir a un pequeño apoyo económico y de concienciación a los sectores campesinos. De esa manera, los resultados serían más duraderos. Y más baratos, claro.
El Diario: Ni disenso ni discrepancias
Después del desafío de Potosí al Gobierno, nada menos que por 19 días, sobreviene la hora del desquite como se desprende de las advertencias del Primer Mandatario. En efecto, fiscales, jueces, la Asamblea Legislativa y el partido oficial recibieron en conferencia de prensa desde el palacio de Gobierno, un fuerte respaldo para actuar de acuerdo con la premisa mayor impartida de que no habrá “perdón”, en especial, para “traidores” e “infiltrados”. La primera estocada alejó a René Joaquino de alcalde de la Villa Imperial, candidato invencible a ese cargo y contendiente con Evo Morales a presidente del Estado.
Seguidamente la mirada escrutadora se dirige a los tres legisladores potosinos identificados con el movimiento reivindicacionista mediante una huelga de hambre en pleno recinto legislativo y que terminó con su hospitalización. Por último el mecanismo purgador es el MAS para juzgar partidariamente a los desobedientes. No podía ser menos la bancada oficialista de la Cámara Alta, que según dijo el senador Eugenio Rojas: “tenemos una fuerte disciplina (y) no soy quien para contradecir al Presidente y decir que no son traidores”. Es de esperar que el próximo ajusticiado sea el prefecto potosino Félix Gonzáles, otro ayunador en nombre del movimiento disidente, a pesar de sus iniciales dubitaciones que casi le cuestan una sanción con el puro estilo de la “justicia comunitaria”.
No obstante desde el mismo Cerro Rico los cooperativistas mineros, hasta ahora fervientes aliados del presidente Morales, aseguraron que los legisladores en capilla fueron elegidos por el pueblo y no permitirán su expulsión “por razones políticas”. La respuesta puede venir en la forma de una reversión de la rebaja de impuestos con la que el Gobierno retribuyó favores. Pero esto no es todo, el Presidente denominó la movilización potosina como una asonada “derechista” instigada por el Alcalde suspendido, a modo de repetición de lo ocurrido en Chuquisaca y Santa Cruz.
Las declaraciones de la cúpula oficial vienen a confirmar una notoria y constante falta de flexibilidad para con los propios militantes y peor aún respecto a los opositores, aunque unos y otros provengan de una elección popular. Cualquier acto de independencia de criterio debe ser enérgicamente sancionado. No se admite ninguna manifestación de disenso, desconociendo que éste es, sin embargo, como el oxígeno para la vida.
La intolerancia es sinónimo de absolutismo, nadie puede discrepar de la palabra oficialmente pronunciada. Por tales características el partido oficial no conoce tendencias internas, es decir, corrientes de pensamiento distintas, así se trate de matices, por supuesto, dentro de una común ideología, al contrario de los partidos verdaderamente democráticos del mundo. Si al interior político no existe democracia, es claro que en el país democracia es una palabra más del discurso, pero no la realidad. Una cosa es la democracia formal y otra distinta su práctica cotidiana.
El Mundo: Si no te pego
Las advertencias para los que no obedecen se reproducen cada vez con mayor frecuencia, tanto de parte de las autoridades que poseedoras de todo el poder político, tienen también deseo de demostrarlo a través de la fuerza; así como de los opositores que ignorados de los centros de poder, lo único que les queda es dar algunos golpes, para hacer que se perciba su existencia.
Dentro de ese marco, los campesinos de la Federación Túpac Katari afirmaron que de no ser atendidos, rodearían la ciudad de La Paz para impedir que los habitantes de la urbe puedan lograr los medios de su subsistencia. Una medida que en l781 tuvo mucha influencia, para adquirir algunas ventajas que podrían seguir vigentes tratándose de una ciudad rodeada de montañas, aunque la tecnología moderna hace que la amenaza pueda ser menos creíble.
En este caso la racionalidad se impuso y ante la posibilidad de un diálogo franco y abierto, los amenazadores terminaron aceptando levantar su medida, para ponerse a conversar; para las autoridades de gobierno, ese podría ser un signo de debilidad; sin embargo, parece que la medida ha sido bien meditada.
Lamentablemente, las presiones no vienen sólo de un lugar y entonces se plantea la necesidad del diálogo; en ese ambiente, los sindicatos de gremiales afirman que estarían en condiciones de cumplir con las obligaciones fiscales que trae la actividad comercial, advirtiendo que podrán ceder para que luego de la concertación, se les restituya una mitad del monto recaudado.
Si el Gobierno en las apariencias, parece más dispuesto a negociar con los opositores, por otra parte continua con el sistema que había estado imponiendo hasta el presente; ahora se trata del alemán que luego de haber sido contratado para la seguridad del Presidente y para hacer otros trabajos con el Ministerio del Gobierno, terminó involucrado en un hecho de corrupción, junto a un viceministro, por lo que se le exige que haga nuevas declaración y en tal virtud, en un operativo poco explicable, es capturado y remitido a la sede de gobierno, para ser internado luego en el penal de Chonchocoro.
Lo más grave de la situación está todavía en preparación, la única explicación que se ha dado hasta el presente, sobre la preparación de civiles en el manejo de armas, en cuarteles de las Fuerzas Armadas, es que estaban haciendo un servicio pre militar, pero existe es la posibilidad de que ellas sean puestas al servicio de las autoridades del Gobierno con fines represivos.
Los pedidos de desarme llegan ahora ya no desde la oposición, sino de los grupos que un momento fueron afines al Gobierno y que luego tuvieron que distanciarse por algunas discrepancias y nos imaginamos que una de las principales de ellas fue precisamente el poner a los sectores sociales frente a la comunidad, para imponer la autoridad.
Parece mentira que en un momento en que las posibilidades para el país se ven inmejorables, la vida interna resulte desenvolviéndose entre amenazas, acciones y represiones. Las autoridades de gobierno en el ámbito económico y las organizaciones internacionales del sector, ven una relativa mejora en al ámbito económico y recuerden la necesidad de aprovechar de la misma; sin embargo, mientras otros tratan de concretar las mejores salidas, para evitar las crisis y la banca está dispuesta a poner en circulación los montos que sean necesarios, la preocupación de las autoridades va por otro camino.
Lo grave es que después tendrán la tentación de echar mano de los recursos que algunas personas reunieron, mientras ellos se ocupaban de agredir y defenderse.
Opinión: Asentamientos ilegales y falta de autoridad
Durante los últimos años las bandas de loteadores y los grupos organizados que avasallan propiedad privada, se han incrementado ante una notoria carencia de autoridad en un ambiente donde la norma y los principios legales valen poco y casi siempre resultan aplastados.
No falta fin de semana en el que loteadores que aleccionan a grupos de personas, muchas veces en estado de ebriedad, como ocurrió el domingo en la zona de Monterrancho a 9 kilómetros de la ciudad, por la carretera antigua a Santa Cruz, desarrollan lo que se podría denominar una especie de plan de acción, primero ingresando a la fuerza a los terrenos y luego rechazando a la Policía que, el domingo, tuvo que huir a la escapada ante la violencia de los avasalladores.
Este problema, como otros que tienen características sociales, al permanecer sin soluciones concretas, se profundiza y se convierte en algo que por su frecuente repetición en muchos sectores de la población y lo peor en las autoridades ya es algo rutinario, cuando en realidad, lo que está en grave entredicho es el respeto a la propiedad y principalmente al principio del orden judicial, que es la instancia, en todo caso, donde se debe dilucidar cualquier problema sobre la tenencia de documentos y otros que certifiquen la propiedad de los terrenos.
Sin embargo, las bandas de loteadores que generalmente están dirigidas por individuos que estafan el dinero de gente de escasos recursos económicos bajo la promesa de un lote, actúan en medio de total impunidad, porque la acción judicial es limitada para enviar a la cárcel a estas personas que engañan y que están creando un ambiente de anomia social, socavando cada vez más los principios de la legalidad y destruyendo el principio de autoridad tanto de la justicia como de la Policía que resulta inoperante ante las turbas violentas, como ocurrió este último domingo en Monterrancho.
Todas estas acciones que se refieren a la propiedad de la tierra y a la necesidad de que cualquier controversia sea superada en los estrados judiciales, lamentablemente, están ingresando, por su repetición, a un ambiente de violencia donde los grupos organizados y armados con palos, piedras e incluso armas de fuego buscan la ocupación violenta. Puede llegar un momento en que ante la inoperancia de la Policía, que está llamada a conservar el orden público y preservar la propiedad pública y privada, ingresemos a una situación de total caos y anarquía, donde se atropelle la propiedad y donde la gente para hacer prevalecer supuestos derechos o para defender los propios recurra a la fuerza y al enfrentamiento originando un ambiente donde la seguridad jurídica individual sea anulada.
El problema de los loteadores y los asentamientos debe ser analizado a partir de acciones legales y municipales que identifiquen a los grupos que promueven estos hechos y a sus cabecillas, porque es conocido que las bandas actúan también mediante nexos delictivos que están ramificados incluso en instituciones públicas.
Sin el concepto de justicia, sin las normas concretas y los tribunales correspondientes, estamos en medio de relaciones humanas sometidas a la fuerza, a la violencia generalizada a una especie de barbarie, donde nadie respeta los derechos de los demás.
Quienes no acepten estas consideraciones, como es el caso de los loteadores, están al margen de la ley, y el Estado y el Ministerio Público deben obrar en consecuencia, mientras aún exista tiempo para hacerlo.
Clarín, Argentina: Confusión entre partido y Gobierno
La utilización de actos y funciones oficiales como tribuna partidista y el ataque constante a la oposición y los medios que no comulgan con el Gobierno es una práctica que, a fuerza de reiteración, ya no sorprende.
Sin embargo, es preciso recordar que esta confusión entre partido y Gobierno a la que es tan propensa la actual gestión no sólo enturbia la relación entre la sociedad y sus gobernantes sino también perjudica al propio oficialismo.
El jefe de Gabinete ha asumido como parte de sus funciones habituales la réplica a las críticas, noticias y comentarios que no le agradan, emitiendo gruesos calificativos y acusaciones sin fundamento, especialmente dirigidas de manera sistemática contra este diario y sus periodistas. En el reciente acto de homenaje al general San Martín en Yapeyú, el ministro Fernández interrumpió su discurso para responder a la silbatina de un grupo de asistentes y en posteriores declaraciones también culpó a Clarín por el episodio. Resulta obvio que este tipo de aseveraciones no resisten un análisis serio. Se inscriben en una lógica de la agresión permanente, la intolerancia hacia las críticas, la evidente intención de ocultar o desviar la atención sobre hechos y denuncias que afectan al Gobierno.
Así como se utilizan fondos públicos y recursos del Estado con fines partidistas, se producen estos excesos verbales que no sólo afectan a los destinatarios de tales agresiones sino a la propia investidura de quienes las profieren. Confundir los roles que cada uno debe cumplir lleva a esta clase de extravíos.
La utilización de actos oficiales para la tribuna partidista es una práctica constante del actual Gobierno que afecta, además, su propia credibilidad.