Fanor Heredia fue destituido de Diprove. Denuncias de extorsion a víctimas de robo de vehículos involucran a 2 parlamentarios. Germán Guardia es el nuevo jefe de Diprove Santa Cruz.
NUEVO JEFE. El director de la Diprove Santa Cruz, Germán Guardia.
La Razón
UN JEFE DE DIPROVE CAE Y EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR
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Extorsión. Fanor Heredia fue reemplazado por Germán Guardia
El Gobierno anunció una investigación a efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz y a dos asambleístas, por una denuncia de extorsión para la devolución de un carro robado y echó al jefe de esa repartición.
Esta semana, el empresario brasileño Osvaldo Fonseca Filho contó a la red O Globo cómo recuperó su vagoneta Infinity, valuada en $us 132 mil, que le robaron el 2009 en su país. Dijo que tras un viaje de 5.000 kilómetros, desde Río de Janeiro hasta Santa Cruz, recuperó el vehículo, luego de pagar $us 5 mil, después de negociar con policías, un diputado y un senador, quienes le dijeron que el motorizado era ‘un encargo de un coronel de La Paz’.
“Estamos preparando una querella de parte del propio Ministerio de Gobierno sobre este caso, es absolutamente insuficiente que estas investigaciones se las hagan a través de una línea administrativa de la Dirección Nacional de Responsabilidad Policial”, sostuvo el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al referirse al tema.
Caso. Agregó que “tiene que haber una investigación no sólo a través del Ministerio Público, yo voy a solicitar a la Ministra de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción (Nardi Suxo) para que inicie una investigación pormenorizada sobre este tema, sabiendo ya que existen otros casos indagados por esta instancia”.
“Es un tema en el que por supuesto va a haber una acción contundente de la justicia, caiga quien caiga”, agregó Llorenti.
En la misma línea, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aseguró que la investigación de la presunta extorsión estará dirigida a los denunciados, sean policías o asambleístas.
Farfán señaló que hubo una instrucción del Comando General de la Policía a las autoridades del Comando Departamental de Santa Cruz, para que inicie las investigaciones sobre la extorsión denunciada por Osvaldo Fonseca. “Vamos a ser sumamente drásticos en las sanciones contra las autoridades o funcionarios”, indicó.
El último jueves, los efectivos de la Diprove de Santa Cruz fueron relevados de sus cargos por órdenes superiores. Ayer, el director de esa repartición policial, coronel Fanor Heredia, fue destituido y pasado al Tribunal Disciplinario para que sea indagado.
Llorenti, por otra parte, advirtió que “hay bandas delincuenciales que se dedican a robar cerebros de vehículos y que en combinación con algunos malos policías esos temas no solamente no son investigados, sino en algunos casos los mismos policías saben quiénes son”. En ese sentido, el Ministro de Gobierno demandó a la ciudadanía denunciar las acciones irregulares que se presenten en la Diprove.
Comisión de diputados va a Brasil
Una comisión de la Cámara de Diputados viajará este fin de semana a Sao Paolo para entrevistar al dueño del vehículo robado que denunció extorsión, Osvaldo Fonseca.
Casos de extorsión en Diprove causan el cambio de Heredia
Medida. Será sometido a una investigación. Guardia es el nuevo jefe
Bienvenida. El Gral. Jaime Ayala (cen) vino expresamente para posesionar a Germán Guardia como jefe de Diprove
Berthy Vaca Justiniano, El Deber
Fanor Heredia fue destituido ayer como director de Diprove por orden superior, a raíz de las denuncias de corrupción, como cobros de dinero a víctimas de robo de vehículos y extorsiones a choferes del transporte pesado libre. Al oficial, que estuvo en el cargo dos meses y ocho días, lo reemplazó su colega (coronel) Germán Guardia, que comandó la unidad a principios de 2009.
“Por orden de la superioridad he venido a hacer el relevo del coronel Heredia; esto para indagar sobre las denuncias públicas de un ciudadano brasileño, de un ex fiscal y de algunos transportistas. Heredia ha pasado a disposición de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional, la primera instancia en la que debe defenderse”, manifestó el general Jaime Ayala Soto Peña, inspector general de la Policía, que vino a Santa Cruz exclusivamente al relevo.
La cabeza de Heredia rodó porque el brasileño Osvaldo Fonseca Filho reveló que pagó $us 5.000 a policías de la unidad para recuperar su vagoneta Infinity, valuada en $us 132.000, robada en 2009. Asimismo, una treintena de transportistas denunciaron que agentes de Diprove retenían sus motorizados y les cobraban entre $us 500 y 1.000 para devolvérselos, exacciones que también se daban en las carreteras y en los retenes, según José A. Baldelomar, dirigente de los camioneros.
Heredia negó la acusación del brasileño y dijo que desconocía las extorsiones de sus subalternos. Ayer por la mañana brindó un informe al comandante departamental, Humberto Echalar, y participó de la reunión que el máximo jefe policial cruceño mantuvo con los transportistas en busca de una solución al problema.
Cuando estalló el escándalo, Heredia anunció el relevo total del personal de Diprove, pero el Gral. Ayala indicó que los posibles cambios de efectivos será atribución de Guardia, el cual señaló que por lo pronto ratifica al subdirector, Leopoldo Toro, y que tras un previo análisis verá si amerita una purga.
La Policía promete no retener más camiones
El comandante de la Policía, Humberto Echalar, y representantes del transporte pesado libre sostuvieron una reunión ayer en el Comando, donde la autoridad verde olivo se comprometió a instruir a Diprove y a otras unidades que se abstengan de retener sin motivo los motorizados de alto tonelaje, cuyo parque se calcula en unas 4.000 unidades en Santa Cruz.
José A. Baldelomar, uno de los voceros del sector, manifestó su beneplácito por el acuerdo. Además, se quedó en que la jefatura nacional de Diprove instruya a sus filiales que dejen de lado el acoso a los camioneros.
El pacto contempla un trabajo conjunto entre los transportistas y la Policía para buscar una solución definitiva al problema a través de un estudio técnico y jurídico en el que participe la Aduana, cuya administración dio plazo hasta septiembre para empadronar las chatas que entran al país sin papeles.