Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: Las leyes del MAS y sus trampas
-
Bajo el Penoco, El Día: El cuchillo de la casa
-
Los Tiempos: Zapatero a tus zapatos…
-
El Deber: La reforma urbana
-
La Razón: El país contaminado
-
Cambio: Una exitosa visita
-
La Prensa: Caranavi
-
El Diario: El flamante Tribunal Supremo Electoral
-
El Mundo: Con padrinos
-
Opinión: Medios de comunicación, Gobierno y sociedad civil
-
Clarín, Argentina: Escalada oficial contra empresas y libertad de prensa
El Día: Las leyes del MAS y sus trampas
En el Gobierno todavía no aprenden que en el derecho internacional no se procede de la misma forma que actúan los fiscales del régimen en el “canchón judicial” que ha hecho de este país el MAS, con la ciudad de La Paz como campo de concentración. En Bolivia todo se resume a una orden ministerial y en cuestión de minutos el sujeto señalado ya está subido en un avión, maniatado y a veces con los ojos vendados, camino a la oficina de algún agente del control político. Las autoridades nacionales pensaron seguramente que de esa manera iban a actuar sus colegas peruanos tras la detención en Lima del ex prefecto paceño Luis Alberto Valle, acusado de numerosos hechos de corrupción.
Al día siguiente de la aprehensión comenzaron a escucharse voces, incluida la del vicepresidente García Linera, quejándose de la falta de voluntad del Gobierno peruano para entregar a “Chito” Valle. Algunos parlamentarios oficialistas se expresaron de manera soez contra las autoridades del vecino país, a las que acusaron de proteger a los corruptos, actitud que amenaza con revivir las tensiones diplomáticas que hace unos meses llegaron al borde del rompimiento de las relaciones bilaterales, algo que hubiera sido catastrófico, sobre todo para Bolivia.
Menos mal que el canciller David Choquehuanca, que algo ha llegado a entender del asunto en los años que lleva en el cargo, puso las cosas en su lugar al afirmar que en Perú sí existe la voluntad de cooperar, pero que hay que esperar que se cumplan los plazos y los procedimientos legales indispensables para extraditar o expulsar a “Chito” Valle. El ministro boliviano sabe que la diplomacia peruana ha estado haciendo grandes esfuerzos por recuperar y mantener buenas relaciones con nuestro país, donde nadie se explica cómo Bolivia puede llevarse mejor con Chile que con una nación que ha sido la eterna aliada, una suerte de hermana siamesa en los histórico, en lo político y también en la parte comercial.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lamentablemente y pese a la buena predisposición que pueden demostrar los peruanos, no será tan fácil enviar a “Chito” Valle de vuelta a Bolivia, justamente por la forma cómo ha estado manejando la justicia el Estado Plurinacional. Hay por lo menos dos juzgados que han intervenido en el procesamiento del ex prefecto paceño, cuyo juicio se ha llevado adelante en rebeldía, algo que el derecho internacional no tolera porque viola las garantías elementales de las personas y transgrede pactos y convenios multilaterales. Ni bien se supo del apresamiento, autoridades nacionales anunciaron que el prófugo debería ser sometido a la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que implicaría aplicar el concepto de retroactividad. Todo esto que ya es común en Bolivia, en el exterior pertenece a la época de las cavernas y puede ser usado por la defensa de “Chito” Valle para probar que en Bolivia lo espera cuando menos un linchamiento. Sería lapidario para éste régimen, que supuestamente impulsa el cambio, que un personaje tan funesto como Luis Alberto Valle demuestre a nivel internacional que el remedio parece estar resultando peor que la enfermedad.
Las leyes del MAS imponen retroactividad y juzgamiento en rebeldía, algo que el derecho internacional no tolera. Eso podría beneficiar a Valle.
Bajo el Penoco, El Día: El cuchillo de la casa
Gustavo Torrico ha sido una de las figuras más poderosas del Gobierno de Evo Morales. Es el líder de los “Satucos”, el grupo más aguerrido, el que ha ganado todas las peleas callejeras del régimen, el que metía palo a la prensa, organizaba grupos de choque aquí y allá para amedrentar a los opositores. Cuando era parlamentario se metió en la comisión que le hizo todo el trabajo al fiscal Marcelo Soza en relación al supuesto caso de terrorismo, con el fin apuntalar una verdadera patraña gubernamental destinada a defenestrar a la oposición regional cuya base más importante estaba en Santa Cruz. Y vaya que lo consiguieron, pese a que la película llamada Eduardo Rózsa tenía menos fondos que una telenovela mexicana. Todo ese aporte de Torrico fue bien compensado con uno de los cargos más importantes y sobre todo más rentables del Gobierno. Como se sabe, el ex viceministro de Régimen Interno ha caído en desgracia con el caso de Dirk Schmidt y los menonitas y en el MAS no le quieren dar ni la hora. Torrico ha comenzado a poner en duda el caso Rózsa y ese cuchillito parece que viene bien afilado.
Los Tiempos: Zapatero a tus zapatos…
NUESTRA PALABRA
Es pertinente recordar que en el complejo mundo de las relaciones internacionales es mejor el silencio que la locuacidad
Una vez más, el Ministro de Relaciones Exteriores ha tenido que salir al frente para poner freno a destempladas declaraciones de los primeros mandatarios respecto a la actitud del gobierno peruano en el caso del arresto de Luis Alberto ("Chito") Valle, ciudadano boliviano perseguido por la justicia y sobre quien pesan graves cargos de corrupción.
De acuerdo a los primeros mandatarios, el gobierno peruano debería proceder a deportar a Valle al país sin más trámite que la solicitud verbal hecha por autoridades bolivianas. Parecería que éstas se encuentran convencidas de que Perú vive un proceso de desinstitucionalización similar al boliviano y que, por tanto, una orden del Presidente de este país al Poder Judicial bastaría para que se resuelva el entuerto, como más o menos pasa en Bolivia.
Como las mencionadas autoridades son, por decir lo menos, afectas al calificativo, nuevamente han agredido, innecesariamente por lo demás, a sus colegas peruanos, razón por la que el Canciller -como ya lo hizo en el tratamiento de las relaciones con Estados Unidos y Chile– ha tenido que salir al ruedo y situar el tema en su verdadera dimensión: el gobierno peruano está actuando con buena voluntad en el caso Valle y que espera que se cumplan los procedimientos de rigor para que el imputado Valle sea entregado a las autoridades nacionales.
Se trata de una oportuna intervención porque en el tema de las actuales relaciones con Perú hay, por lo menos, tres factores que se debe tomar en cuenta antes de pronunciarse como lo han hecho los primeros mandatarios. El primero es el caso Walter Chávez, ciudadano peruano, acusado y procesado por extorsión terrorista en su país, que vive en Bolivia y es un estrecho colaborador del régimen. Perú lo quiere extraditar, solicitud que las autoridades del Órgano Ejecutivo -no el Judicial– han rechazado tajantemente por la calidad de refugiado que ostenta Chávez.
El segundo, la especial relación que se mantiene con Perú por, fundamentalmente, la cercanía, la historia y el tema del mar. Incluso algunos columnistas han señalado que la buena predisposición mostrada por ese país en este caso -como ha señalado el Canciller y omiten o no conocen los primeros mandatarios– se debería a que es de su interés reponer las relaciones con Bolivia en un alto nivel para amortiguar la agresiva política de acercamiento impulsada desde principios de la década de los 90 del siglo pasado por Chile.
El tercer factor es Venezuela. Los entendidos sostienen que sin Perú el proyecto hegemónico chavista no puede consolidarse y como el presidente Chávez ya no puede intervenir directamente (debido a que todo lo que apoya en esa nación pierde la simpatía popular), tendría en el gobierno boliviano el canal para hacerlo (habrá que recordar la intervención del presidente Morales en los conflictos registrados en la Amazonía peruana, por ejemplo). De ahí que uno de sus tácticas sería evitar, a como dé lugar, que las relaciones boliviano-peruanas retornen a su cauce natural.
Con esos antecedentes, es pertinente recordar que en el complejo mundo de las relaciones internacionales es mejor el silencio que la locuacidad. Y, en este caso concreto, es fundamental subordinar los intereses político-ideológicos, siempre circunstanciales, a los del país que son más permanentes.
El Deber: La reforma urbana
Los medios de comunicación están divulgando versiones preocupantes de proyectos de ley que aluden a una reforma urbana que el Gobierno se propondría aplicar desde los municipios que controla el Movimiento al Socialismo. La última versión dice que las personas estarían libres de poseer hasta dos viviendas, pero que la tercera sería motivo de un impuesto elevado, que aumentaría más aún para el caso de un mayor número de viviendas.
Y se ha vuelto a aludir a la presunta intención del Gobierno de prohibir que en las ciudades existan propiedades con una superficie de terreno superior a los 500 metros cuadrados. En ese caso los municipios tendrían autoridad para expropiar la superficie excedente.
El vicepresidente Álvaro García Linera, respondió a la última versión diciendo que el Gobierno no tiene la intención de aplicar una reforma urbana.
La aclaración parece oportuna, en vista de que medidas como las referidas sobre un límite a la cantidad de viviendas que puede poseer una persona podría provocar efectos desalentadores en el sector de la construcción.
En efecto, el ahorro interno, como lo revelan las estadísticas, se está refugiando en la compra de bienes inmuebles, por temor de los ahorristas a usarlo en proyectos empresariales. La tasa de inversión que se presenta en Bolivia sigue siendo la más baja de América Latina debido a la incertidumbre política que sigue minando la confianza de los inversionistas.
Las familias bolivianas tienen la costumbre de prever para la época de la jubilación la posibilidad de contar con alguna renta proveniente del alquiler de algún inmueble. La inseguridad sobre el sistema de jubilación ha convertido a esta práctica en una costumbre muy difundida.
Pero una ley como la antes mencionada en las versiones provocaría grandes problemas a las personas que hubieran hecho ese tipo de previsión para el tiempo del retiro. Además, si las personas no van a poder invertir sus ahorros en viviendas, terminarían provocando una fuerte depresión en el sector de la construcción, que es el único boyante, fuera de las actividades ilegales.
Haría falta que el Gobierno anuncie de manera terminante que el sistema de la propiedad urbana no será cambiado. Quizá para ello sea necesario no solamente la declaración a los medios de comunicación, sino que se cambie la Constitución en el acápite donde habla de la “función social” que deben cumplir las propiedades urbanas.
Esa alusión es una permanente espada de Damocles que asusta a los propietarios, pues no se sabe cómo será el proceso por el cual se definirá si una vivienda cumple o no una “función social”. Habría que cambiarla. Las garantías que desea dar el Gobierno tendrían que ser claras para que sean verdaderas garantías.
El Gobierno ha mostrado, en el campo petrolero, que puede revisar sus anteriores políticas y dar garantías a las inversiones. Del mismo modo tendría que tomar decisiones radicales para que, de una vez por todas, los ahorristas bolivianos dejen de temer que en cualquier momento sus propiedades sean afectadas, como ha ocurrido en Venezuela.
A grandes males, grandes remedios. Habrá que corregir la Constitución para aclarar este entuerto.
La Razón: El país contaminado
Hay leyes orientadas al cuidado del medio ambiente, pero su aplicación está aún pendiente
El medio ambiente en el país atraviesa por una crisis de la que costará salir. ¿Hace cuánto tiempo que se habla de la contaminación del agua, especialmente del río Pilcomayo? Basta con revisar la prensa de los últimos años a vuelo de pájaro para constatar que este tema no ha sido encarado de la mejor manera y que, lejos de solucionarlo, el problema se agrava cada vez más.
Con la contaminación del aire ocurre lo mismo. Ahora que el fuego aparece a diario en los televisores del país, abarcando a la flora de una parte de casi todos los departamentos, vuelve la preocupación por este tema. Antes, a juzgar por las acciones inexistentes de las autoridades nacionales, la contaminación era un espejismo, una ocurrencia visual.
Parece oportuno recordar que la contaminación del aire no se reduce a la quema de pastizales y chaqueos; también se da por las emanaciones de humo en los vehículos públicos y particulares, por la actividad industrial y por el quehacer diario en los hogares.
Algunos de los principales problemas de la ecología boliviana son: la erosión de los suelos, la deforestación, la contaminación de las aguas, la falta de saneamiento ambiental y la quema indiscriminada de pastizales y bosques.
Hay varias leyes orientadas al cuidado del medio ambiente, pero la débil estructura administrativa del Estado se ha encargado de volverlas estériles, como pasa con tantas otras normas cuya promulgación acabó siendo un verdadero saludo a la bandera. La cuestión ambiental es, así, una de las grandes tareas pendientes.
Por lógica, los gobiernos tienen la responsabilidad de emprender acciones que sirvan para mitigar, al menos, los conflictos derivados de las fluctuaciones a las que está sometida la naturaleza, generalmente, por la actividad del hombre. En el caso de los incendios forestales que se registran en Bolivia, esta época suele llegar acompañada de los chaqueos y, por lo tanto, el hombre origina ese fuego que luego se expande y se vuelve incontrolable. La situación, por otra parte, está siendo aprovechada por los pirómanos, gracias a cuya manía viene resintiéndose el ecosistema de algunos lugares del país.
Se necesita insistir en la prevención, pero también generar alternativas a los chaqueos para mimar los cultivos con el uso de la tecnología.
Cambio: Una exitosa visita
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, acaba de concretar una exitosa visita a Seúl, capital de Corea del Sur. Ambos países suscribieron tres importantes acuerdos, cuya ejecución demandará más de 250 millones de dólares en créditos comprometidos, en condiciones ventajosas para el país, por el gobierno del mandatario surcoreano Lee Myung-bak.
Los préstamos están integrados en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, que el Gobierno surcoreano creó en 1987 para ayudar a los países en vías de desarrollo.
Los convenios asumidos durante una cumbre bilateral y un memorando de entendimiento entre ambos presidentes apuntan, por ejemplo, a una cooperación mutua en el desarrollo, explotación e industrialización del litio y de otros recursos naturales en territorio boliviano. Las compañías estatales Korea Resources Corporation (Kores) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) participarán en un proyecto para desarrollar e industrializar el litio del Salar de Uyuni que alberga al menos la mitad de los yacimientos de este metal en todo el mundo.
El acuerdo boliviano-surcoreano sienta las bases para la implementación a gran escala de la colaboración en el desarrollo de las minas de litio, un metal estratégico para el desarrollo de la industria mundial, en una coyuntura en la que los países industrializados buscan alternativas a la dependencia de las energías procedentes del petróleo. Con el litio se pueden fabricar baterías eléctricas para automóviles y otros aparatos electrónicos.
Según reportes de prensa desde Seúl, la visita del Presidente boliviano despertó gran interés en los medios de comunicación en Corea del Sur, país que busca nuevos recursos para su industria y que compite con Japón, China y Brasil en la explotación del litio del Salar de Uyuni. En este sentido, el gubernamental Gran Partido Nacional valoró que el acuerdo que alcanzó con Bolivia supone una "gran alegría" para la nación surcoreana y ha sido uno de los mayores logros del Gobierno de Lee Myung-bak en la llamada "diplomacia de recursos" para asegurar los recursos naturales necesarios para la industria de ese país asiático.
Además, los tres convenios prevén la ejecución de proyectos en beneficio de varios departamentos bolivianos. El primero tiene que ver con un crédito blando —con 40 años de plazo, cinco de gracia y el 0,1% de interés al año— para la construcción de puentes que beneficiarán a cuatro departamentos. Se trata de los puentes sobre el río Mamoré (Beni) y Madre de Dios (Pando), que son parte del corredor bioceánico; un tercero sobre el río Banegas (Santa Cruz) y un cuarto sobre el río Beni en la futura carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni). Asimismo, el gobierno de Corea del Sur acordó una donación para la construcción de ho spitales de segundo nivel en las capitales de los departamentos de Oruro, Pando y Beni.
La visita del Presidente del Estado Plurinacional a Seúl también logró recursos para la construcción de sistemas de riego en Pampas de Padilla (Chuquisaca), Monteverde (Santa Cruz) y para el suministro de agua potable a Guarayos (Santa Cruz). Y como corolario de ese importante encuentro boliviano-surcoreano, igualmente se convino la extensión de visas para el personal oficial y diplomático de ambos países que visitan periódicamente Bolivia y Corea del Sur; y la pronta reapertura de la legación diplomática boliviana en Seúl, tras su cierre por razones presupuestarias en el año 2000.
En este contexto, es incomprensible que voceros de los partidos de oposición hayan criticado el exitoso periplo del Presidente del Estado Plurinacional a Seúl.
Sin duda no analizaron que los resultados obtenidos apuntalarán proyectos de infraestructura vial, productivos y de atención social a la población boliviana.
Por eso los opositores elucubraron versiones como las de la diputada Adriana Gil (CN), quien —citada por ANF— acusó al Jefe de Estado de ser "un presidente ornamental"; el diputado Moisés Salces ironizó que el oficialismo critique la ausencia de los líderes opositores cuando el Presidente permanece fuera del país, en tanto que su colega Paola Zapata consideró que Morales "sólo vuelve a cobrar su salario e intenta conducir el país a larga distancia".
Pero como la falacia tiene patas cortas, los hechos señalan que el Gobierno nacional hizo que nuestra economía haya evolucionado tanto que el Banco Mundial certificó que pasó de ser un país de ingresos bajos —altamente endeudado— a uno de ingresos medios, lo que le permitirá acceder a las mismas líneas de crédito y el trato que reciben Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros.
"Hemos visto un progreso notorio en la economía, en las cifras de pobreza y en las cifras sociales, un manejo macroeconómico sano y estable y, por eso, en este nuevo periodo, en esta nueva estrategia de apoyo del Banco Mundial, vamos a poder ofrecerle a Bolivia servicios financieros a los que tienen acceso normalmente los países de ingreso medio", afirmó el director del Banco Mundial para los países andinos, Felipe Jaramillo.
Además, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza extrema ha bajado en Bolivia de 41,2% en 1996 a 32,7% en 2008.
Esta es la verdad que eclipsa y descalifica las mentiras que propalan algunos opositores, porque el manejo responsable de la economía hizo de Bolivia un país digno de crédito y que da certidumbre a los inversores. Por eso es loable el millonario crédito conseguido por la visita de Evo a Corea del Sur, y que será invertido en infraestructura y proyectos productivos que apuntalarán, sin duda, nuestro desarrollo.
La verdad eclipsa y descalifica las falacias que propala la oposición, porque el manejo responsable de la economía hizo de Bolivia un país digno de crédito y que da certidumbre a los inversores. Por eso es loable el millonario crédito conseguido por Evo en Corea del Sur.
La Prensa: Caranavi
Si bien Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo respaldaron sólidamente sus informes, el Gobierno se encargó de crear dudas de su veracidad?
¿Qué hay detrás de la solidaridad sin límites y la confianza total que las principales autoridades del Gobierno han expresado masivamente al Ministro de Gobierno sobre el caso de Caranavi?
¿Es que dos instituciones como el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos se han unido para, efectivamente, conspirar contra la Policía y el Gobierno?
¿Cómo saben estas autoridades gubernamentales, incluyendo una comisión de la Cámara de Diputados, que en Caranavi la Policía no violó flagrantemente los derechos humanos como afirman las investigaciones in situ de los organismos encargados de vigilar por el respeto al ser humano?
Las contradicciones existentes entre el Gobierno y estas dos instituciones son profundas, aunque los antecedentes hacen presumir que son el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos los que mayor razón tienen.
Por un lado, estas dos organizaciones generaron dudas al principio sobre su imparcialidad y se presumió, equivocadamente, como lo hizo también este diario y por ello pide disculpas, que serían funcionales al Gobierno. El Defensor del Pueblo había sido elegido por el Presidente del Estado Plurinacional de una terna que había sido presentada por el Parlamento oficialista y en la que el designado no estaba en el primer lugar.
Por otro, ya se conoce que la actuación politizada de varios funcionarios de organismos que tienen la misión de ser justos y honestos y de su presunto acatamiento a directrices gubernamentales, en las que disidentes u opositores son los que llevan la peor parte, mientras que los funcionarios de confianza de los hombres del poder permanecen intocados, como es el caso del Ministro de Gobierno y del Comandante de la Policía.
También se conoce ya cómo actúa la Policía: abusiva, violenta y, en muchos, casos ilegalmente, con opositores o disidentes, como sucedió en Pando, a cuyos domicilios ingresó por la madrugada, rompiendo puertas y sin órdenes judiciales, apresó y trasladó a los acusados a La Paz. O cómo actuó contra los mineros en el cerro de Posokoni, o contra los ciudadanos de Sucre o contra los bloqueadores de Caranavi. Y cómo no actuó, por ejemplo, en el caso de los policías linchados en Saca Saca, Uncía.
Si bien la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo respaldaron sólidamente sus informes, el Gobierno se encargó de crear dudas sobre su veracidad, como sucedió también en otros casos de violencia registrados en nuestro país.
Por ello se hace necesaria una investigación más profunda, minuciosa y responsable ya no de un organismo imparcial, porque imparciales resultaron las dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino de reconocida solvencia ética, moral y desvinculados de cualquier ideología política, que no caiga en las torcidas interpretaciones y datos falsos como los de aquella tristemente célebre comisión de la OEA que dijo que hubo más de 20 muertos en Porvenir pero varios de esos muertos aparecieron vivos.
El Diario: El flamante Tribunal Supremo Electoral
Aunque la ex Corte Nacional Electoral tuvo en sus 54 años de vida altibajos en el desenvolvimiento de su misión, escaló una difícil asunción hacia el prestigio y la confiabilidad pública y, en ese vaivén oscilante, no hay duda de que en las últimas gestiones se vio afianzada su capacidad de conducir procesos electorales de aceptable credibilidad, aunque en países donde todavía tiene cabida la manipulación, como el nuestro, no desaparecen las sombras en las consultas populares que definen la suerte del poder. Y la CNE cesante no quedó librada del todo de cuestionamientos, en parte por lo difícil de la aplicación del nuevo y no menos intrincado mecanismo electoral y lo nebuloso de tanto de la normativa vigente.
El Tribunal Supremo Electoral no nace con los mejores avales como sería de desear y cunde un halo de desconfianza alrededor de sus miembros. Su elección en la Asamblea Legislativa no quedó a salvo del partidismo. Se dice de uno de ellos que ni como postulante dejó la dirigencia nacional de la CSUTCB, identificándose así con el MAS y, más aún, por prestar juramento con el brazo en alto y el puño cerrado, una especie de marca de fábrica masista, además de otras cosas. Sobre otra integrante de la cúpula electoral se dice que confronta un proceso aún no resuelto desde el 2006, a instancias del Ministerio de Transparencia. Sobre un tercer miembro emanado de los dos tercios oficialistas de la Asamblea, todavía no han surgido observaciones, pero su canalizada elección no deja dudas de su tendencia política.
A los anteriores se añade el nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado al efecto por decisión personal del Primer Mandatario en tan Alto Tribunal, quien ahora preside el TSE. Abierta nuevamente la convocatoria para llenar las dos vocalías faltantes del ente electoral, estos antecedentes permiten predecir una similar repetición favorable al oficialismo, que ojalá recayera al menos en personas mejor formadas en relación con el ramo al que deberán servir.
No obstante sin caer en pesimismo, es necesario convenir en que se trata de un órgano clave o piedra fundamental de la organización -ahora más próxima que futura- de instituciones esenciales del aparato estatal, pero esta construcción amenazará venirse abajo si sus miembros carecen de la garantía de una imparcialidad a toda prueba. Los procesos electorales constituyen el comienzo de la institucionalidad de un Estado democrático, construida desde el primer plano electivo hasta el más elevado. Si la base que nos ocupa no es suficientemente sólida, la estructura electoral puede cimbrarse y caer. Es que el esquema electivo de una Nación radica fundamentalmente en la confianza y la credibilidad que puedan inspirar quienes lo dirigen y siempre que lo administren transparentemente.
Existe persuasión en cuanto a que el oficialismo no ha procedido con el necesario cuidado al modelar el TSE desde el punto de vista humano, aunque como advertimos ya, serán los resultados los que definirán su credibilidad, si bien será suficiente el debut del flamante organismo frente a la primera consulta electoral a la vista. El reto es aun más comprometedor desde que la CNE pasó a la categoría de Órgano o Poder del Estado, tal vez para dar a su actuación un sello de mayor jerarquía y por consiguiente a las autoridades que resulten elegidas.
Más allá del título formal de Tribunal Supremo, está por verse si ha de ser capaz de corresponder a semejante encumbramiento. Hay fundados pareceres que discrepan de esta nominación a nivel de Órgano del Estado, desde que las elecciones no son actividad permanente sino más bien periódica, lo que no es óbice para concordar que la TSE no debe dejar de ajustar los mecanismos adecuados e inherentes, pero esta labor no configura ni conlleva la esencia definitoria de los actos de Gobierno, que es precisamente la que asiste a los Poderes del Estado, hoy Órganos.
El Mundo: Con padrinos
Cuando se produjeron los luctuosos hechos de Caranavi, en los cuales se produjeron dos bajas, por los enfrentamientos entre dos sectores de la comunidad que exigían, por separado que se cumplan los ofrecimientos hechos por las autoridades en la época previa a las elecciones, de construir en ellas una planta de industrialización de cítricos. Las autoridades esperaron pacientemente que la sangre llegue al río, vieron con complacencia cómo se enfrentaban y según afirman algunos observadores, la Policía estuvo en medio de la trifulca, alentando a uno de los bandos en pugna, para que consiga imponerse al adversario. Los defensores de la Policía niegan ese hecho y por decir lo mejor, dicen que la institución del orden no intervino, estuvo como espectadora, mientras las vecinos trataban de imponer sus posición con bloqueos y otras medidas que dejaron los muertos con arma de fuego.
La Asamblea de Derechos Humanos hs desatado una investigación sobre los hechos y vaya maravilla, nos avisan que detrás de todo se encontraba el propio Ministro de Gobierno controlando las situación, es decir alentando los enfrentamientos y frenando a la Policía, para evitar que esta pueda parar los hechos.
Una vez conocido el informe, quedaba muy poco por analizar, el Ministro de Gobierno habían estado al tanto de la promoción, aliento y desarrollo los acontecimientos y por consiguiente resultaba corresponsable de los resultados.
Pese a la claridad con que se expresaba el informe, el mismo que era una ratificación de informes anteriores, las autoridades de gobierno no sólo desconocieron los informes, sino que brindaron su pleno apoyo al Ministro.
Expresada de esa manera, la situación nos muestra con claridad que cuando las personas tiene padrinos en el poder, pueden obrar si escrúpulos, de la forma que les parezca mejor, en este caso no podemos decir que es un actitud aislada, ya que además de respaldar al ministro en el tema Caranavi, el viceministro también merece el respaldo, cuando se le otorga un arresto domiciliario por un delito de corrupción que además de ser comprobado, tiene como corresponsable a otro detenido que es trasladado de un lado a otro, para evitar que se encuentre en lugares donde pueda ocasionar inconveniente.
Dirk Schmidt estará ahora en Palmasola, lejos de la sede de gobierno, después de haberse comprobado que tuvo participación en las presiones a las colonias menonitas para recibir sobornos, con el pretexto de que se podría expropiar las tierras y otras amenazas que pusieron en vilo a los agricultores foráneos.
Mientras algunos personajes guardan detención en las cárceles, fuera de lo establecido por las normas legales que impiden que una persona sea detenida y más aún incomunicada, por un tiempo prolongado, sin el respectivo proceso, otros ciudadanos que cuentan con apoyo, pasean a pesar de tener informes que prueban su participación en determinados delitos y tiene el respaldo del Ejecutivo en pleno que de esa manera echa por tierra la misión que se la he encomendado, la Ministra anti corrupción por ejemplo, en algún momento tendrá que explicar la actitud que ahora la pone al lado que quien deberán estar bajo su jurisdicción. Ya lo decía Calderón de la Barca, las cosas son del color del cristal con que se miran.
Opinión: Medios de comunicación, Gobierno y sociedad civil
En ámbito de la post modernidad, uno de los sectores más importantes de la civilización está formado por la prensa, la radio, la televisión y últimamente el internet. Podemos decir que es aquí donde se han producido y siguen produciéndose los avances científicos y tecnológicos más admirables. Actualmente, la mayor parte de la población terrestre, incluyendo a los que habitan las zonas más alejadas y pobres, tienen a su alcance la información que desean. Apretando pocos botones las personas pueden acrecentar sus conocimientos en filosofía, historia, sociología, antropología, economía, política y otros. Es verdad que la cultura de este tiempo deriva, preponderantemente, de los medios de comunicación.
Pero, como nada es de una sola dimensión o de carácter absoluto, estos avances, ciertamente maravillosos, tienen también su parte negativa. Dialécticamente hablando, los medios de comunicación constituyen un aporte invalorable al conocimiento y consiguientemente a la libertad, sin embargo, en esa proyección y en un momento determinado también pueden limitar, perturbar o enturbiar el conocimiento y consiguientemente restringir la libertad. Este es el asunto más grande e importante de este tiempo que debe ser analizado y resuelto con profundidad, cuidado y grandeza.
En un intento inicial de abordar el tema, yo comienzo formulándome tres preguntas esenciales: 1. ¿Los medios de comunicación están fuera de la estratificación social, es decir, de las diferencias que hay entre clases y pueblos? 2. ¿Todo lo que difunde la prensa, la radio y la televisión corresponde a la verdad o por lo menos no está contaminado con posiciones sectarias, parciales o mezquinas? 3. ¿Los medios de comunicación, constituyen un poder de nuevo tipo, ese poder está en manos de dimensión universal o de grupos privilegiados económica o políticamente?
A todo esto podemos agregar una interrogante referida a la relación de los medios de comunicación con los poderes tradicionales constituidos.
Pensar que la televisión, los periódicos, las radios o el internet están fuera de las diferencias inherentes a todo grupo humano, sería no sólo una ingenuidad, sino un error en la lógica de los intereses dominantes. Todo lo que programan, lo que hacen y difunden los medios, está dentro de ese orden estratificado, donde unos mandan y otros obedecen. No sólo eso, las multimedias agravan esas diferencias y contradicciones. Desde el punto de vista sociológico, es sabido, que las personas, en este caso, los dueños de los medios de comunicación y los periodistas piensan y actúan conforme a su pasado, a su carga cultural, y a sus relaciones de clase. No hay, en ámbito de lo humano, nadie totalmente imparcial y menos objetivo, por eso, lo que para unos es un acto de justa rebeldía para otros puede ser un acontecimiento violento y delictivo, y en niveles más altos, tanto los personajes como sus actos, están también sujetos a esa valoración parcializada que, inevitablemente, está en todo hecho informativo o comunicador. Esta primera deformación estructural, no es posible corregirla, mientras la sociedad humana esté dividida en clases, lo único que podemos hacer, es educar a la gente para que sepa de qué lado le vienen las olas informativas dominantes. Las familias y las personas tienen que aprender a seleccionar, es decir, a poner en marcha o silenciar la televisión conforme a sus propias pautas ideológicas, éticas y estéticas.
En relación con nuestra segunda pregunta, en forma contundente, podemos decir que no hay verdades absolutas y que todo lo que circula a través de los medios de comunicación, está impregnado por el componente subjetivo de quien elabora esas informaciones. Actualmente, el internet, se ha convertido en el medio más vasto y peligroso, a través del cual pueden difundirse, sin ninguna responsabilidad, mentiras, insultos, acusaciones tenebrosas y otras monstruosidades que todavía caracterizan el comportamiento de los sectores más oscuros y atrasados que sobreviven en las cuevas de la civilización. Frente a semejante peligro, nos toca proclamar, otra vez, la educación de la gente. Las estructuras esenciales para la formación de un ser capaz de administrar su cultura, en la perspectiva de su dignidad y de su libertad, están formadas por la familia, por los centros de trabajo y obviamente por la escuela y la universidad.
Y como todo poder, los medios de comunicación, no están libres de incurrir en la violencia o la corrupción. La violencia no siempre es de naturaleza material, hay palabras y acciones culturales mucho más terribles que la metralla o el garrote. Los medios, si no están en manos altamente educadas, comprometidas con los grandes principios y valores del ser humano, pueden incurrir en excesos y deformaciones que hagan daño a las personas y peor aún, reproduzcan y prolonguen sistemas atrasados, injustos y violentos. El riesgo de que los medios se conviertan en reproductores de la mediocridad, de la impostura, de la falsedad y de las cómodas actitudes que no investigan ni se esfuerzan, está implícito en la facilidad con que se puede acceder y manejar la televisión, el internet y la radio. Alguien decía que para brillar en estos medios, lo que hace falta, es sólo un poco de audacia y quizá una fisonomía, circunstancialmente, agradable. El show es una acción irreconciliable con la ciencia y el arte.
Claro que al otro lado, respecto de sus cualidades y aportes, el listado puede ser infinito. Los medios de comunicación ponen al servicio de las personas asuntos que antes estaban restringidos a grupos minoritarios; informan sobre lo que sucede y ha de suceder en los diferentes aspectos de la civilizacion y con amplitud de la naturaleza. Los medios descubren y denuncian lo que hacen los poderes constituidos y dan a la gente los recursos necesarios para precautelar sus derechos. La prensa y la televisión, actualmente, son las estructuras de equilibrio y contrapeso frente a cualquier poder despótico y violento. Contemporáneamente, la globalización, la conversión de la persona en ciudadana del mundo, está determinada por los medios de comunicación. Se trata entonces, de algo fundamental que debe ser manejado con inteligencia, con esmero, con sabiduría. No bastan las persecuciones ni los castigos, no son suficientes las prohibiciones ni las regulaciones arbitrarias, este es un desafío que requiere estudio, conocimiento y amplio sentido humano.
Los medios adquieren la dimensión cultural y ética de quienes los manejan. Es aquí donde es importante proclamar un desafío colectivo, un derecho múltiple y universal y una participación limitada, sólo por la propia capacidad y esfuerzo de quienes están interesados en constituir un mundo conforme a lo esencial, es decir, al espíritu del ser humano.
Es pertinente establecer un sistema de principios, valores y normas que regulen y orienten el trabajo de las personas dedicadas a socializar el conocimiento de lo que sucede en ámbito humano y en la naturaleza. Este trabajo debe ser encomendado a seres superiores, libres de actitudes egoístas y sectarias, y por eso mismo comprometidos con la construcción de un orden fundado en la razón y en la justicia. Lo peor que puede sucedernos es que los medios de comunicación caigan en manos incultas, groseras, violentas y egoístas.
Clarín, Argentina: Escalada oficial contra empresas y libertad de prensa
La escalada oficial contra empresas y contra la libertad de prensa ha generado una entendible preocupación en el empresariado, que se manifestó en la ausencia de empresarios relevantes en el montaje realizado contra Papel Prensa y en el reiterado reclamo de seguridad jurídica.
En las instancias preliminares al acto oficial sobre Papel Prensa, el Gobierno realizó intensas gestiones y presiones sobre empresarios y organizaciones empresarias para que concurrieran al mismo. En ese trámite estuvo presente, como no podía ser de otra forma, la prepotencia y la amenaza velada. Sin embargo, el Gobierno no logró sus propósitos y debió realizar su presentación con un magro acompañamiento empresarial. La respuesta empresaria se explica por una sumatoria de factores que se acumulan desde hace años. Desde el inicio de su mandato, el ex presidente Néstor Kirchner y sus funcionarios desplegaron un estilo confrontativo y agresivo con las empresas. Pero, en el actual Gobierno, y a pesar de las promesas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de convertir a la Argentina en ?un país normal? y de mejorar ?la calidad de la democracia?, la política de agresión se profundizó.
En esa línea, en los últimos días tuvieron lugar episodios de gravedad como el bloqueo, durante ocho días, de plantas de Techint por parte de sindicalistas oficialistas y ante la pasividad del Ministerio de Trabajo, la arbitraria decisión de prohibir la prestación del servicio de Fibertel, del Grupo Clarín, y las falsas acusaciones a Papel Prensa, seguidas de una presentación judicial y la elevación de un proyecto para regular la provisión de papel de diario. Se sumó, finalmente, una serie de sanciones a Cablevisión, operadora de cable de Clarín.
Cabe puntualizar que, como se desprende de los testimonios judiciales y ante escribanía, de los protagonistas de la venta de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y la Razón, la misma no se realizó bajo presión de la dictadura imperante en el momento, sino en forma voluntaria. Estos testimonios desnudan la falsedad de los argumentos oficiales y reafirman que la denuncia gubernamental es parte de su objetivo de controlar la provisión de papel de diario como parte de su política de control de la prensa independiente.
En estas circunstancias, los empresarios no sólo decidieron un inédito rechazo a una invitación oficial, sino que, en el marco de la reunión del Consejo de las Américas reclamaron, una vez más, seguridad jurídica y reglas de juego claras para las empresas.
Se trata de una petición que puede y debe compartir, por otra parte, el conjunto de la ciudadanía, para cuya vida personal, laboral o profesional también son imprescindibles la previsibilidad y el imperio de la ley.
La actitud oficial, especialmente en lo referente a los ataques a los medios de difusión, ha provocado también el rechazo de la oposición y en sectores importantes de la ciudadanía, como se refleja en la actividad parlamentaria y en las expresiones que se vierten en las redes de Internet. Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos manifestaron, por su parte, preocupación por el estado de la libertad de prensa.
La política de confrontación oficial está provocando, en suma, un creciente daño social y desprestigio internacional, que se traduce en pérdida de confianza de los inversores, en la crispación de las relaciones políticas y en la creciente dificultad para forjar los consensos básicos para fortalecer la institucionalidad y promover el desarrollo económico y social.
El oficialismo profundiza su escalada contra las empresas y la libertad de prensa que comenzó durante la presidencia de Néstor Kirchner. En los últimos días varias empresas sufrieron presiones sindicales y ofensivas del Gobierno, como la realizada contra Papel Prensa, basada en falsos argumentos. Esto genera rechazo empresario y daños en la vida política, la economía y en el prestigio de la Argentina en el exterior.