La encerrona contra los ex Presidentes Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez está en el libreto oficialista y el senador Isaac Ávalos, con su aspecto de satisfecho y bien nutrido gamonal, dice que de está no se salvan y que los tres irán a parar a la cárcel de Chonchocoro.
El asunto consiste en modificar la Ley de Juicio de Responsabilidades de forma que los ex mandatarios puedan ser juzgados por los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Si se tiene en cuenta que los miembros de la máxima instancia judicial del país son interinos y han sido nombrados a dedo por el presidente Evo Morales los resultados son previsibles. Lo que no tiene en cuenta el senador Ávalos es que si los tres ex mandatarios llegan a Chonchocoro, mediante el mismo procedimiento, varios masistas que vienen acumulando «méritos» suficientes irán a reemplazarlos en un futuro no muy lejano.
Fue una sesión muy a lo masista
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El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce hacía llamados a dialogar, a concertar. Luego de cinco horas de sesión se vio muy claramente que es lo que entiende por diálogo o concertación. El informe de la Comisión Integrada de Gobierno y Derechos Humanos sobre el caso de Caranavi fue aprobado sin modificar ni una coma y dejando al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y al comandante de la Policía, Oscar Nina, más libres de culpa que la madre Teresa de Calcuta.
La diputada Adriana Gil ha demostrado que con su coquetona sonrisa saca de quicio a Héctor Arce, quien a lo único que atina es a instruir “suficiente discusión” y, siguiendo una arraigada práctica masista ordenar a los asambleístas de su partido “levantar la mano” que finalmente están para eso y no para pensar o tener criterio propio.
Un fiscal impertinente
El fiscal Luis Mamani realmente se extralimitó y tuvo la osadía de suponer que estaba ahí para aplicar las leyes. Realmente se le fue la mano al informar que los proyectiles que causaron la muerte de dos personas en Caranavi provenían de armamento de uso policial y con eso todo el andamiaje del ministro Sacha Llorenti y el comandante de la Policía, Oscar Nina, se vino abajo de manera estrepitosa.
Para que no vuelva a tener semejantes ocurrencias el gobierno ya ha enviado el nombre de su reemplazante y ha desplegado, al igual que lo hace con los abogados de Derechos Humanos, serie de presiones y amenazas al extremo que el citado fiscal renunció al caso a fin de librarse de un juicio por “prevaricato”. El mensaje a los operadores de justicia es claro: nadie debe incurrir en el «delito» de contradecir las versiones oficiales.