Autorregulación periodística

“Para que pueda existir la autorregulación se requiere una sociedad democrática. En una tiranía no puede haber autorregulación"

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Acoso a la prensa y autorregulación

2. Bajo el Penoco, El Día: Cotudos somos

3. Los Tiempos: LA AUTORREGULACIÓN EN EL PERIODISMO

4. El Deber: El reto de la autorregulación

5. La Razón: Autorregulación

6. Cambio: El crimen acecha México

7. La Prensa: Autorregulación periodística

8. El Diario: Regulación voluntaria de la libertad de prensa y expresión

9. El Mundo: Por fin

10. Opinión: La autorregulación en los medios de prensa

11. Clarín, Argentina: Más señales de declive educativo

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El Día: Acoso a la prensa y autorregulación

La prensa es una de las instituciones más creíbles de Bolivia, junto con la Iglesia Católica. Este dato ha sido ratificado en numerosas encuestas hechas a nivel nacional y también por estudios internacionales como el que acaba de divulgar la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), según la cual, la gente de los países de América Latina confía más en los medios de comunicación que en los políticos.

Los medios de comunicación se ganan la confianza del público todos los días, proporcionándole información veraz y oportuna sobre la base de un trabajo responsable y honesto. La gente está debidamente protegida por leyes que penalizan los excesos o errores que pueden cometer los periodistas. El Código Penal establece muy claramente los delitos contra el honor de las personas, al igual que el Código del Niño, marca con precisión los límites del ejercicio periodístico cuando se trata del sector más vulnerable de la sociedad. Cualquier ciudadano puede recurrir a los tribunales cuando siente que sus derechos han sido vulnerados por la prensa y no son pocos los casos que se encuentran hoy en día en las cortes de justicia.

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La credibilidad de cualquier medio informativo es muy frágil. Los periodistas no se pueden arriesgar a mentir descaradamente como hacen otros actores de la sociedad y por eso es que, mientras la confianza en los medios se ha mantenido alta por décadas, otros sectores han caído en un descrédito del que es muy difícil salir. Y no son sólo las leyes mencionadas las que aseguran esa relación de confianza entre los medios y el público. La autorregulación; es decir, la fijación voluntaria de límites, el establecimiento de normas éticas que se aplican en las salas de redacción, la búsqueda permanente de la responsabilidad y de la honestidad, son la mejor garantía para el ejercicio de un periodismo sano, edificante, coadyuvante en el fortalecimiento de la democracia, contribuyente efectivo para el progreso social.

La autorregulación es la única que garantiza la vigencia de los valores internos de la comunicación, destinados a mantener al ciudadano consciente, despierto y enfocado en su comunidad, libre de las interferencias de “grupos o sectores deseosos de imponer al resto su modelo de lo correcto o, lo que es más frecuente, su interés”. (Restrepo). Justamente vivimos tiempos difíciles en el ámbito comunicacional porque existen fuerzas políticas con afanes totalitarios que buscan quitarle al ciudadano boliviano uno de los últimos espacios democráticos que le quedan, expresado en el pluralismo informativo, en la libre circulación de ideas, en el debate público y la posibilidad de ejercer cierto nivel de fiscalización sobre la cosa pública. El acoso a los medios de comunicación busca la consolidación de una voz única, incuestionable, incontrastable, dueña de la verdad.

Lo lamentable es que estén surgiendo sectores funcionales al proyecto de destrucción del espectro comunicacional pluralista. Más terrible todavía es que sean actores de la comunicación los que se estén prestando a esos fines oscuros, intentando sabotear los proyectos de autorregulación que emanan de un mandato de la Constitución Política del Estado.  Se busca crear tribunales de facto, estamentos inquisidores con el pretexto de la ética, cuando en realidad lo que pretenden es instaurar un nuevo modelo de periodismo militante, al mejor estilo de los regímenes autoritarios del pasado.

 

La autorregulación es la única que garantiza los valores internos de la comunicación, libre de presiones políticas y de intereses de grupos.

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Bajo el Penoco, El Día: Cotudos somos

La Policía de Santa Cruz no tiene los mejores antecedentes esclareciendo explosiones. Todavía no se sabe quién puso la bomba que destruyó la fachada de su Comando de Policía a fines de 2001, aunque para muchos quedó claro que se trató de una pelea entre mafias internas de la entidad. Tampoco fue convincente la versión policial sobre la muerte de la fiscal Mónica von Borries, ocurrida tres años después, a pocos metros del Comando. Y recientemente, la explosión en el parque El Arenal, que se escuchó en todo el centro de la ciudad, la Policía se apresuró a afirmar que todo fue por causa de la fuga de gas de una garrafa. El comandante debió por lo menos cerciorarse que la garrafa estaba adentro del restaurante destruido y no afuera, como lo confirmó su dueño, Fernando Cronenbold Aguilera. Todos los días explosionan garrafas en los barrios por fugas de gas y nunca se ha sabido que sean capaces de destruir moles de hormigón como las que se hicieron pedazos en El Arenal. En el mes del Bicentenario de Santa Cruz, alguien nos está viendo con pinta de cotudos.

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Los Tiempos: LA AUTORREGULACIÓN EN EL PERIODISMO

Conscientes de la responsabilidad que nos corresponde, a nuestras exigencias profesionales hemos agregado los mecanismos de autorregulación

Quienes formamos parte de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), como es el caso de Los Tiempos, hemos decidido reflexionar en el editorial de este 1 de septiembre sobre la autorregulación, un mecanismo interno que permite corregir los errores que cometemos y que afectan -directa o indirectamente- a nuestros lectores, hombres y mujeres.

Se trata de dos mecanismos. Uno, el Código de Ética que hemos aprobado en la entidad y el que nos hemos comprometido respetar; el otro, el Tribunal de Ética de la ANP, ante el cual pueden presentar queja los ciudadanos que consideren que una nota publicada ha sido elaborada incumpliendo las normas incluidas en el Código de Ética. En el supuesto de que quien se queja tiene la razón, las sanciones que aplica este Tribunal son eminentemente morales.

Conviene, asimismo, señalar que estos mecanismos de autorregulación conviven con la Ley de Imprenta, la cual norma la forma de procesar a los responsables de informaciones que se difundan por los medios y que incurran en los delitos tipificados en ella: contra el honor, contra la sociedad y contra la Constitución. Si se comprueba la comisión de delito, se aplican sanciones que, en forma privilegiada, son de orden pecuniario.

De lo que se trata, en definitiva, es de que la información que difunda un periódico se sustente en hechos comprobables y se haya recurrido a todas las partes en conflicto, fundamentalmente si el tema en cuestión se presta a la polémica.

A lo anterior se debe añadir un factor emergente de los cambios que vive el mundo: los medios, en general, se han convertido en un espacio público de deliberación ciudadana al que necesariamente deben llegar los actores de la vida social, política, económica y cultural. Esto ha hecho que sean tentados a traspasar fronteras para actuar en campos que no necesariamente les compete, lo que ha generado resquemor en otros ámbitos, principalmente el político, que desde hace algún tiempo, aquí y en otras latitudes, buscan mecanismos que les permitan controlar sus contenidos, fundamentalmente informativo.

Se trata de un peligro real. Basta ver lo que está ocurriendo en Venezuela o Argentina para comprender los alcances de esa voluntad política que se ejerce desde el poder para silenciar a los medios que consideran críticos. Incluso en el país no es infrecuente que el Primer Mandatario considere a los medios como "su oposición" y agreda injustificadamente y en forma recurrente a quienes trabajan en ellos.

Por tanto, y comprendiendo que nuestro deber -más allá de los peligros circunstanciales– es presentar a nuestros lectores una información oportuna y documentada; que consideramos que dadas las condiciones en que realizamos nuestro trabajo (siempre presionados por la "hora del cierre" y en una realidad cada vez más compleja), es que a nuestras exigencias profesionales hemos agregado los mecanismos de autorregulación mencionados, que sólo tendrán vigencia si nosotros cumplimos el Código de Ética y nuestros lectores acuden al Tribunal si consideran que se ha publicado un error que los afecta.

En definitiva, lo que buscamos es realizar un buen periodismo al servicio de la ciudadanía.

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El Deber: El reto de la autorregulación

La libertad de expresión, garantizada no sólo por la Constitución Política del Estado (CPE) sino por normas internacionales, constituye un derecho fundamental del ser humano y el pilar más importante del sistema democrático. Esto quiere decir que no es un regalo ni una concesión voluntaria de ningún Gobierno del mundo.

Sin embargo, el abuso de este derecho en algunos medios de comunicación, ha llevado al periodismo que busca y quiere ser serio, responsable, independiente y, sobre todo, creíble, a crear su propia autorregulación. Ésta constituye un elemento efectivo para servir a los lectores, radioyentes o televidentes, que se sientan injustamente afectados por informaciones o comentarios equivocados, que se realizan a través de los medios y que deben ser corregidos. Es, además, un elemento básico de la ética periodística que mediante sus códigos de comportamiento, permite corregir y enmendar errores y, sobre todo, mejorar la calidad del periodismo.

Nadie tiene obligación a someterse a los códigos de ética y menos al sistema de autorregulación, representados por los denominados tribunales de ética, cuya función es determinar si un periodista ha cometido o no una falta ética. Por  eso, para ser juzgado por los sistemas de autorregulación, los periodistas y medios que quieran, deben adherirse o someterse voluntariamente a alguno de esos tribunales.

Pretender que un tribunal de ética juzgue a todos los periodistas y medios, incluyendo a aquellos que se abstuvieron de someterse a su jurisdicción, constituirá automáticamente un acto de regulación y no de autorregulación.

La autorregulación es poco usada en América Latina y Bolivia podría preciarse de tener sistemas de autorregulación a los que medios y periodistas hubieran optado por someterse voluntariamente. Este es el caso, por ejemplo, de los 25 medios impresos afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que han suscripto un compromiso de cumplir su código de ética, aprobado en septiembre de 2007. Eligieron su tribunal de ética y se sometieron voluntariamente a él.

Para el abogado y periodista Hugo Aznar, uno de los más destacados catedráticos de deontología periodística de legua española, “la primera función de la autorregulación es formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios. En este sentido, la autorregulación se relaciona fundamentalmente con la ética y la deontología profesional de la comunicación; y no con el derecho y las normas jurídicas”. Agrega que “de lo que se trata es de una regulación voluntaria a partir de su libre iniciativa. Como pone de relieve su nombre autorregulación, quiere ser una regulación desde dentro, que tome como único criterio los bienes y valores internos de la comunicación”.

Paralelamente a la libertad de expresión, que según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, es la base de la democracia, Aznar afirma que “para que pueda existir la autorregulación se requiere una sociedad democrática. En una tiranía no puede haber autorregulación, hay censura, autocensura, miedo. Y con miedo no hay libertad ni cabe responsabilidad alguna”.

De otro lado, se afirma que la mejor ley de prensa es aquella que no se dicta, pero lejos de ser una actividad desregulada o carente de normas, el periodismo más íntegro se rige por estrictos deberes autoimpuestos, que no sólo establecen las reglas de juego para sus periodistas y el marco y límites para el propio medio, sino un compromiso explícito con la sociedad y la opinión pública, en cuanto a veracidad e imparcialidad se refiere. Bajo tales características se debe asumir en los medios el reto de la autorregulación.

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La Razón: Autorregulación

Los periodistas deben consolidar un tribunal de ética y no responder a dos, como ahora

La tarea no es nada fácil. Como en la vida, a unos les resulta más difícil que a otros reconocerse a sí mismos, aceptarse o pensar en la posibilidad de cambiar para superar sus incómodos defectos. A los medios de comunicación les ocurre algo parecido.

La Carta Magna establece en el inciso II del artículo 107, que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

Corrió bastante agua bajo el puente antes de que se escribiera ese artículo y, sin embargo, varias organizaciones del sector involucrado elevaron su protesta por la falta de consulta o por la insuficiente socialización de la norma, lo cual probablemente hubiese redundado en un consenso o en una aceptación más generalizada.

La línea debió partir de los primeros interesados, es decir, de los medios y de los periodistas. Y luego se tenía que implicar a la sociedad en su conjunto, como parte fundamental del proceso de la comunicación. Lamentablemente no fue así y aquéllos se dejaron anticipar por los políticos.

Ahora que la cancha está rayada, el Gobierno, la oposición y cualquier otra organización que no tuviese que ver con los principales involucrados, deben evitar inmiscuirse en la complicada labor que se avecina. Que ésta sea misión de periodistas y de medios, sin injerencias de ninguna clase; de otro modo, no se podría hablar de “autorregulación”.

Por otra parte, el gremio se fortalecería con un solo tribunal de ética periodística, encargado de atender los casos de faltas que se cometieran en el ejercicio de esta profesión, y no con dos, como se tiene actualmente: uno de la Asociación Nacional de la Prensa (que representa a propietarios de los medios impresos) y otro de la Asociación Nacional de Periodistas, organismo colegiado.

Ese tribunal debería estar conformado por periodistas de trayectoria intachable, obviando la costumbre  de invitar a formar parte del mismo a personalidades de otras profesiones que, si bien realizan una encomiable labor, no siempre conocen a fondo el oficio de los denunciados.

La autorregulación del periodismo debe ser encarada ya, con responsabilidad y asumida por quienes, al fin y al cabo, se verán a sí mismos en el espejo de la comunicación.

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Cambio: El crimen acecha México

El asesinato de 72 inmigrantes centroamericanos y suramericanos en Tamaulipas representó uno de los capítulos más sangrientos que escriben en México los cárteles de traficantes de drogas y del crimen organizado y desnudó la insuficiencia de acciones efectivas por parte del Gobierno mexicano para garantizar la seguridad de los migrantes que frecuentemente son víctimas de secuestro, extorsión, tortura, esclavitud sexual y laboral.

Es que, pese al clamor internacional para que México implemente medidas de acción urgentes para proteger a las y los emigrantes centroamericanos y suramericanos en su paso por México hacia Estados Unidos, el Gobierno del presidente Felipe Calderón no hizo lo suficiente, porque no otra cosa significa la muerte de 14 mujeres y 58 hombres a manos de criminales que —según todos los indicios encontrados hasta el momento— cuentan con la protección de agentes de seguridad y de policías corruptos.

Ésta es la tragedia que castiga al pueblo mexicano que sufre por la violencia extrema promovida por las mafias criminales que, con su sello de muerte, han convertido a ese país en uno de los lugares más inseguros del mundo en el marco de una guerra entre bandas de criminales y narcotraficantes que cobra víctimas entre autoridades, ciudadanos e incluso periodistas.

Es en este contexto que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó en los términos más enérgicos posibles el asesinato de esos migrantes. "Estoy profundamente consternada por esta matanza, que subraya la grave situación de los migrantes en ese país", dijo Pillay.

Según informaciones del Gobierno mexicano, las víctimas fueron ejecutadas por miembros del crimen organizado y son indocumentados de Centro y Sudamérica y, aunque reconoció los esfuerzos gubernamentales por frenar el creciente clima de violencia, llamó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para proteger a los migrantes, sobre todo a mujeres y niños. También les solicitó que conduzcan con la mayor urgencia una investigación independiente, minuciosa y transparente de estos asesinatos, y que identifiquen a las víctimas y devuelvan los cuerpos a sus familias.

En tanto que el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamente, calculó que 400 mil inmigrantes transitan por México cada año, la mayoría traficada por redes internacionales que también se dedican al narcotráfico.

Pero la violencia que siembra muerte en suelo mexicano también ha cobrado la vida de ocho autoridades municipales en los últimos ocho meses. La última víctima fue Marco Antonio Leal García, presidente municipal de Hidalgo, estado de Tamaulipas, en el noreste de México, ocurrida el domingo.

Según reportes de prensa, Leal García fue atacado mientras circulaba en su camioneta por la carretera acompañado de su hija de 10 años, que resultó herida, según la Procuraduría General de Justicia del Estado; y menos de dos semanas antes, las autoridades del Estado de Nuevo León, vecino de Tamaulipas, encontraron el cadáver del alcalde del municipio de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, quien había sido secuestrado el 15 de agosto.

En junio fueron asesinados tres alcaldes: Jesús Manuel Lara Rodríguez, presidente municipal de Guadalupe, estado de Chihuahua, fue acribillado en una casa que tenía en Ciudad Juárez, la localidad más violenta del país, y el 20 de junio, hombres armados emboscaron y mataron a Oscar Venancio Rivera, alcalde del municipio de San José del Progreso, estado sureño de Oaxaca. En ese mismo ataque murió el regidor de salud local, Félix Misael Hernández.

A la lista de víctimas de los criminales armados se sumó a finales de junio el alcalde del municipio oaxaqueño de Santo Domingo de Morelos, Nicolás García Ambrosio, y el síndico municipal Miguel Ángel Pérez García, y en abril, un hombre disparó y mató a José Santiago Agustín, presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, al sur del país.

Los primeros dos asesinatos de alcaldes de este año ocurrieron en febrero. En Durango, estado norteño de México y uno de los más violentos del país, el edil de El Mezquital, Manuel Estrada, fue acribillado en un restaurante, y días antes, en Chihuahua, el alcalde de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendívil Sotelo, fue asesinado junto con uno de sus escoltas. Además, los criminales también tienen en la mira a políticos, particularmente en Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Sinaloa, los estados más violentos en México.

En mayo, José Mario Guajardo Valera, candidato del PAN a la Alcaldía de Valle Hermoso, fue atacado con armas de fuego después de que su partido denunciara amenazas del narcotráfico, y a menos de una semana de los comicios locales, el candidato del PRI al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado. El candidato encabezaba todas las encuestas.

Y hace un par de días, la Policía Federal mexicana detuvo a uno de los capos del narcotráfico: Édgar Valdez Villarreal, apodado ‘La Barbie’. Su detención podría dar luces sobre los responsables de la matanza de los 72 inmigrantes centro y sudamericanos.

En este contexto, las autoridades mexicanas deben esclarecer esos crímenes, identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores; porque el único camino para defender la vida y evitar que esos graves delitos se repitan es que la impunidad sea erradicada.

Las autoridades mexicanas deben esclarecer esos crímenes, identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores, porque el único camino para defender la vida y evitar que esos graves delitos se repitan es que la impunidad sea erradicada.

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La Prensa: Autorregulación periodística

“Para que pueda existir la autorregulación se requiere una sociedad democrática. En una tiranía no puede haber autorregulación?"

La libertad de expresión, garantizada no sólo por la Constitución Política del Estado (CPE), sino por normas internacionales, constituye un derecho fundamental del ser humano y el pilar más importante del sistema democrático. Esto quiere decir que no es un regalo ni una concesión voluntaria de ningún Gobierno del mundo.

Sin embargo, el abuso de este derecho en algunos medios de comunicación ha llevado al periodismo que quiere ser serio, responsable, independiente y, sobre todo, creíble, a crear su propia autorregulación. Ésta constituye un elemento efectivo para servir a los lectores, radioyentes o televidentes que se sientan injustamente afectados por informaciones o comentarios equivocados que se realizan a través de los medios y que deben ser corregidos. Es, además, un elemento básico de la ética periodística que, mediante sus códigos de comportamiento, permite corregir y enmendar errores, y, sobre todo, mejorar la calidad del periodismo.

Nadie tiene obligación a someterse a los códigos de ética y menos al sistema de autorregulación, representados por los denominados tribunales de ética, cuya función es determinar si un periodista ha cometido o no una falta ética. Por eso, para ser juzgado por los sistemas de autorregulación, los periodistas y medios que quieran deben adherirse o someterse voluntariamente a alguno de esos tribunales.

Pretender que un tribunal de ética juzgue a todos los periodistas y medios, incluyendo a aquellos que se abstuvieron de someterse a su jurisdicción, constituirá automáticamente un acto de regulación y no de autorregulación.

La autorregulación es poco usada en América Latina, y Bolivia podría preciarse de tener sistemas de autorregulación a los que medios y periodistas hubieran optado por someterse voluntariamente. Éste es el caso, por ejemplo, de los 25 medios impresos afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que han suscripto un compromiso de cumplir su código de ética, aprobado en septiembre de 2007. Eligieron su tribunal de ética y se sometieron voluntariamente a él.

Para el abogado y periodista Hugo Aznar, uno de los más destacados catedráticos de deontología periodística de la lengua española, ?la primera función de la autorregulación es formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios. En este sentido, la autorregulación se relaciona fundamentalmente con la ética y la deontología profesional de la comunicación, y no con el derecho y las normas jurídicas?. Agrega que ?de lo que se trata es de una regulación voluntaria a partir de su libre iniciativa. Como pone de relieve su nombre, autorregulación, quiere ser una regulación desde dentro, que tome como único criterio los bienes y valores internos de la comunicación?.

Paralelamente a la libertad de expresión, que según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA es la base de la democracia, Aznar afirma que ?para que pueda existir la autorregulación se requiere una sociedad democrática. En una tiranía no puede haber autorregulación, hay censura, autocensura, miedo. Y con miedo no hay libertad ni cabe responsabilidad alguna?.