El Oruro el conflicto no está resuelto. Los vecinos alteños rechazan propuesta de la Alcaldía que les ofreció otros terrenos.
Inicio de diálogo calma a los mineros de Japo
Un minero en Japo, el jueves cuando hubo violencia. – Daniel James Los Tiempos
Los Tiempos. Por Oscar E. Jordán Arandia
Sin solución pero con el conflicto apaciguado (que desde hace 44 días persiste entre mineros de Cochabamba y Oruro), ayer concluyó una reunión entre autoridades departamentales de Cochabamba y Oruro conjuntamente a la Federación de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) de ambos departamentos, representantes del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La reunión, realizada ayer en La Paz, fue para poner en claro las coordenadas que delimitan la extensión de las concesiones mineras que hoy son motivo de controversia en el sector de la comunidad de Japo (Oruro) y Pumiri (Cochabamba).
Según el secretario de Minerías de la Gobernación de Cochabamba, José Antonio Fernández, la reunión —que duró aproximadamente cinco horas— concluyó con tres propuestas que serán consultadas a las bases tanto por parte de 16 de Marzo como de Porvenir Japo.
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Las tres propuestas serán consultadas a las bases de Pumiri y Japo y el lunes volverán a reunirse para conocer la decisión final.
Según Fernández, las posibilidades planteadas son: Primera. Que 16 Marzo se vuelva socia de Porvenir Japo; Segunda, que los cooperativistas de 16 de Marzo se fusionen con Porvenir Japo; Y, tercera, que los mineros de 16 de Marzo sigan trabajando en las vetas de Japo pero entregándoles todo el mineral encontrado.
El conflicto surgió el pasado 11 de agosto de 2010 entre las cooperativas 16 de Marzo y Porvenir Japo Limitada, ambas dedicadas a la explotación de estaño en la zona fronteriza entre las provincias Bolívar de Cochabamba y Pantaleón Dalence de Oruro.
De acuerdo a los testimonios recogidos de la Fedecomin Oruro, la Gobernación orureña, la cochabambina, Comibol y representantes de las cooperativas Porvenir y San Pablo, las áreas de concesión en esa zona están claras, el problema es “la intención oscura de provocar luto y sangre de parte de algunos dirigentes de la cooperativa 16 de Marzo”, según Carlos Castro, secretario general de Fedecomin Oruro.
Por su parte, Joaquín Choque (que también se identifica como Joaquín Fidel Gonzales) acusa a la cooperativa Porvenir Japo de actuar abusivamente y estar en tierras del sector de Cochabamba. “Se nos han metido a nuestras casas. Queríamos trabajar con la cooperativa (pero ellos) por unos 15 bolivianos nos quieren hacer trabajar ni siquiera por 15, 30 o 90 días. Si no que quieren que estemos por un año, estos compañeros son abusivos”.
Julio Sanjinés, presidente de Comibol, dijo que “lamentablemente son posiciones encontradas. Hay una cooperativa 16 de Marzo que rehuía al diálogo. Ellos entraron en una zona franca muy angosta, en forma tal vez clandestina, y encontraron una pequeña veta. Pero el conflicto se ha armado entre las tres cooperativas: Japo, Santa Fe y 16 Marzo. Hace un mes hemos mediado en este asunto y hemos querido darles otra área de trabajo pero sistemáticamente rehuían al diálogo”.
Desconocen a 16 de Marzo
Aproximadamente una treintena de cooperativas afiliadas a la Fedecomin Oruro emitieron el jueves un voto resolutivo mediante el cual “se denuncia el constante avasallamiento de nuestras concesiones de áreas de trabajo, permanentes agresiones, saqueo de mineral, robo de herramientas, amenazas de muerte a nuestros compañeros de trabajo en nuestras concesiones por los comunarios de Pumiri hasta ocasionarnos serios enfrentamientos con un saldo de cinco heridos en nuestras áreas aprobadas por la Corporación Minera de Bolivia”, según el documento firmado por Pedro Laura, presidente del Consejo de Administración; Domingo Morales Blanco, presidente del Consejo de Vigilancia; Zenón Cuenta, y Edgar Paza, entre otros.
En Japo, hasta el momento existe un centenar de policías resguardando la seguridad de los pobladores de ambos lados.
En los últimos cinco días se han registrado oficialmente cinco heridos —todos de Japo—, dos de ellos de gravedad, y un detenido del lado de Pumiri, que sin embargo declaró ser campesino y que lo llevaron a enfrentarse con engaños.
Los avasalladores de Aldeas SOS se radicalizan e intimidan a periodistas
SOS. La Alcaldía les ofrece otros terrenos, pero ellos se cierran
La Razón. Herbert Herrera – El Alto
Vecinos de la zona Bautista Saavedra que ocupan el Centro Social de SOS rechazaron ayer la oferta de la comuna de construir un centro de salud y una Subalcaldía en otros terrenos; y golpearon a periodistas que realizaban la cobertura del conflicto.
Cerca de las 16.20, la reportera y el camarógrafo de una red televisiva que intentaban conocer los resultados de una asamblea en la que los avasalladores debían definir el inicio de medidas de presión fueron agredidos. “Nos chicotearon, lanzaron piedras contra nosotros, nuestra cámara y el vehículo. Nos acusaron de distorsionar la información”, denunció la periodista de la red ATB, María Ulo.
Los vecinos que ocupan desde hace 14 días el Centro Social de Aldeas Infantiles SOS, al que pusieron cadenas y candados, anunciaron a gritos ayer que no dejarán esos predios.
El secretario general de la Alcaldía, Sergio Choque, informó de que se planteó a los vecinos alternativas para atender sus demandas. Sin embargo, la respuesta de los avasalladores fue la de mantener la toma y de exigir la expulsión de la ONG SOS.
“Les hemos dicho que tenemos un terreno, incluso se puede gestionar el presupuesto para la construcción de un centro de salud y de una subalcaldía”.
El director general de Aldeas SOS Bolivia, Alfonso Lupo Flores, dijo que incluso su organización propuso gestionar el financiamiento para dichos proyectos en el exterior. “Es una postura que siempre hemos mantenido en todo este conflicto y que aún la sustentamos”, añadió.
Ayer, la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) se sumó al rechazo a la toma de SOS de la Cancillería, de la Bancada de Senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Concejo Municipal. “El Alcalde debe actuar de inmediato para que el centro social sea devuelto”, dijo su representante Rosario Tórrez.
El Concejo, por otra parte, emitió una resolución en la que insta a los vecinos a abandonar la propiedad y reitera que se respetarán los convenios con la ONG.
En la zona desde el martes no existe resguardo policial y los avasalladores están armados con piedras y palos. Periodistas de La Razón también fueron hostigados y amenazados a través de megáfonos. Los dirigentes impidieron que se hable con los vecinos de base.
APDHLP desvirtúa acusación vecinal
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) informó ayer de que no se comprobó ninguna de las acusaciones de vecinos de Bautista Saavedra sobre supuestas agresiones a niños al interior de uno de los Albergues de Aldeas SOS.
“No se verificó nada en la investigación que la Asamblea ha llevado adelante, al contrario, repudiamos las agresiones hechas por los vecinos a los padres de familia que sólo fueron a reclamar por los derechos de sus hijos”, aseveró la coordinadora de los Movimientos Sociales de la APDHLP, Rosario Tórrez.
Los avasalladores que mantienen la toma del Centro Social de Aldeas SOS, desde el 12 de septiembre, acusaron a los educadores del albergue de agredir física y psicológicamente a los niños. “Derechos Humanos no tiene evidencias”, recalcó Tórrez.
Dicha instancia oficia como de mediadora en el conflicto, sin embargo, critica la intransigencia de los vecinos de Bautista Saavedra que se rehúsan a aceptar otras opciones de atención a sus demandas.
Los avasalladores amenazaron con bloquear las carreteras a Laja y Copacabana ante la negativa del alcalde, Édgar Patana, de entregarles los predios donde funciona el Centro Social de la mencionada organización.