El Gobierno se pronunciará hoy sobre el informe del fiscal Mamani. Masistas de Comisión mixta desechan informes del Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia
Pobladores de Caranavi durante los enfrentamientos del 7 de mayo. – Ap Agencia
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Basado en el primer informe de balística, el fiscal Luis Mamani, que forma parte de la comisión que investiga el caso Caranavi, reiteró que los disparos que mataron a los estudiantes Mario Fidel Hernani y David Callisaya Mamani provinieron de la Policía y los calibres corresponden a armas de uso reglamentario.
El Ministerio de Gobierno dijo que hoy se referirá al tema.
“El informe de balística es claro: los disparos han procedido del lado de la Policía hacia los civiles, a no ser que hubiera existido en el lado de la Policía un infiltrado. Esa es la hipótesis de la Policía que la vamos a confirmar en el curso de las investigaciones”, afirmó el fiscal.
Este informe desvirtúa las versiones del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y de los altos jefes policiales, que aseguraron que había una orden expresa para que los efectivos que participaron del operativo no lleven armas letales y que los armados eran los pobladores, lo que prueba la cantidad de policías que resultaron heridos.
El Ministerio de Gobierno no quiso referirse ayer a dicho informe balístico y las declaraciones del Fiscal Mamani, pero anticipó que hoy oficialmente darán a conocer su posición al respecto.
El informe pericial, contrariamente, ratifica las conclusiones de los informes presentados por el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en semanas anteriores, los que establecieron en base a los testimonios de las víctimas (familiares y pobladores), entre algunas de sus conclusiones, que los dos estudiantes fallecieron por disparos efectuados por los policías.
Por estos elementos, ambos informes coincidieron en que existen responsabilidades del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la Policía.
Según Mamani, los disparos se habrían producido a una distancia de 32 metros y ahora las autoridades quieren encontrar a los responsables de los mismos. Ese informe señala que una de las armas es de calibre 12 mayor, que corresponde a las escopetas de los uniformados.
El padre de David Callisaya, Juan Callisaya Clavel, relató que su hijo murió con siete impactos de los perdigones de esa escopeta y que le extrajeron sólo el que le dio en el corazón, por esa razón afirman que la bala que mató a su hijo provino de la Policía.
El fiscal Carlos Fiorilo, integrante de la comisión de fiscales que investiga el caso, adelantó que falta “el último viaje a Caranavi” que establecerá la pericia balística que fue solicitada de manera complementaria por las partes.
Este viaje se realizará la siguiente semana y con ello concluirá el trabajo de campo.
Fiorilo, sin embargo, dijo que hasta el momento y luego de la declaración de la mayoría de los acusados de asesinato no se tiene una hipótesis clara ya que todas las autoridades policiales y civiles negaron que hubieran existido policías portando armas letales.
Hasta ahora, las autoridades descartaron la existencia de algún efectivo policial que hubiera desobedecido la instrucción de no portar armas. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que investigan la existencia de un “infiltrado” que sería el responsable de las muertes de los dos estudiantes y de los heridos que se produjeron en esas jornadas.
Sólo falta la declaración de los generales Reynaldo Iturri y José Ayala además de la del comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), coronel Julio Cruz, y se pedirá informe a los fiscales de materia que acompañaron el operativo donde fallecieron dos personas del lado de los civiles y donde hubo además 30 heridos de diversa gravedad y con ello se habrá concluido.
Hasta el momento no hay imputados por esta querella que fue presentada por los familiares de los dos estudiantes muertos en esa localidad los días 7 y 8 de mayo cuando se produjo el desbloqueo de la carretera que une La Paz con Caranavi.
La fiscal de distrito de La Paz, Betty Yañiquez, dio a conocer ayer del alejamiento de la investigación de este caso de uno de los fiscales, de Sergio Céspedes, que integra la comisión, atendiendo la recusación presentada por los familiares de los dos estudiantes fallecidos en Caranavi.
La comisión a cargo del caso estaba integrada por tres fiscales.
Excluyen otros informes
El informe aprobado por la mayoría oficialista de la Comisión Mixta de Diputados que investigó los sucesos de Caranavi será tratado por el pleno de la Cámara Baja esta semana.
La presidenta de la comisión, Marianela Paco, anunció que únicamente se tratará el informe elaborado por la comisión y no así los enviados por el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia debido a que éstos fueron entregados cuando ya la comisión había cerrado su trabajo.
El informe a ser sometido a consideración del plenario de Diputados libera de responsabilidad a las autoridades de Gobierno y a la Policía de las muertes y abusos en Caranavi.
Esta determinación causó las críticas de los legisladores de oposición, entre ellos el diputado del Movimiento Sin Miedo Fabian Yasic, quien argumentó que de no considerarse el informe del Defensor del Pueblo se estaría deslegitimando la elección de esa autoridad y devaluando su rol. Anotó que ese informe proviene de una autoridad elegida para defender los derechos del pueblo y su opinión tiene que tener carácter vinculante.