Deportación. El ex prefecto llegó desde Lima a las 3.10 visiblemente demacrado. Sólo se recuperarán diez de $us 17,7 millones desfalcados.
Arrestado: el ex Prefecto, al momento de bajar de la aeronave en El Alto
La Prensa
Chito fue expulsado de Perú, ya está en la cárcel de San Pedro
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Corrupción: El ex Prefecto paceño llegó hacia las 03.10 en un avión de la FAB que lo trajo de Lima. Estaba enmanillado, con chaleco antibalas y un gorro cubría su cara.
Acabó la incertidumbre. Tres años y seis meses después de haber abandonado la cárcel de San Pedro, el ex prefecto paceño Luis Alberto “Chito” Valle Ureña retornó esta madrugada al penal tras haber sido expulsado del Perú.
Hoy en el aeropuerto de El Alto, a las 03.10, la nave 018 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trajo desde Lima al fugitivo que pasó los últimos 15 días en el reclusorio de San Jorge de Lima, después de su aprehensión por la Policía Internacional.
Chito es acusado del desfalco de más de 17,7 millones de dólares durante su paso por la Prefectura paceña, entre agosto de 1997 y mayo de 2000. Por ello, pesa en su contra un juicio de responsabilidad autorizado en 2005 por el Congreso.
El operativo de la recepción de Valle en El Alto fue dirigido personalmente por el subcomandante nacional de la Policía, Reynaldo Iturri. Pasada la medianoche, las primeras autoridades gubernamentales en llegar al aeropuerto fueron la ministra de Justicia, Nilda Copa, y la viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga.
A las 02.30 fue el turno del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y diez minutos después, del gobernador paceño César Cocarico, quien declaró que “tarde o temprano” Chito debía comparecer ante la justicia para responder por el desfalco.
Apenas aterrizó el avión que traía al ex Prefecto, un forense entró en la cabina para auscultar al detenido. A las 03.17, apareció Valle, enmanillado, con chaleco antibalas y un gorro que impedía ver su rostro. Al bajar de la escalerilla, se lanzó y fue sujetado por sus custodios antes de caer.
El jueves pasado, el Gobierno peruano decidió echar a Valle por haber ingresado ilegalmente en su territorio, y después de haberle negado refugio y asilo político. No obstante, la aplicación de esto tuvo que esperar hasta ayer al mediodía.
Entonces, el juez peruano Omar Ahomed Chávez dejó sin efecto la detención preventiva del boliviano con fines de una posible extradición. Con esto, Valle fue puesto en libertad e inmediatamente arrestado por la Policía Migratoria de Perú.
Alrededor de las 17.30 hora boliviana, fue conducido a oficinas de la Dirección General de Migraciones y Naturalizaciones en Lima, donde esperó el resultado de las discusiones sobre la vía de su traslado a Bolivia, entre autoridades binacionales.
Mientras en Bolivia, el Gobierno hacía gestiones ante la FAB para que una aeronave trajera lo antes posible al prófugo. Pero hasta las 19.30 corrieron los rumores de que Chito iba a ser trasladado a la población fronteriza de Desaguadero, por tierra.
A las ocho de la noche se despejaron las dudas. Llorenti y la viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, revelaron en rueda de prensa que un avión oficial se dirigía a Lima para recoger a Valle y que su llegada a La Paz estaba programada para entre las dos o tres de la madrugada de hoy.
En forma simultánea, el embajador peruano en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, confirmaba la expulsión del ex Prefecto como “decisión política de mi país” para contribuir a la justicia boliviana en la lucha del presidente Evo Morales “contra la corrupción y la impunidad”.
Señaló que las autoridades de su Gobierno trabajaron de manera coordinada con el canciller boliviano, David Choquehuanca, desde el momento de la aprehensión de Valle. Aunque en anteriores días, el vicepresidente Álvaro García Linera culpó a Perú de falta de voluntad política para deportar al ex Prefecto paceño.
Apenas Chito pisó tierra alteña, enfundado en su traje oscuro, con chaleco antibalas y el gorro que le tapaba parte del rostro, opuso resistencia para abordar la vagoneta 1034-SYD, del Ministerio de Gobierno, y fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro. Ingresó allí a las 03.39.
El juicio de responsabilidades sigue
La viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga, señaló ayer que continúa el juicio de responsabilidades seguido en la Corte Suprema de Justicia contra el ex prefecto paceño Luis Alberto Valle Ureña. “Como señalé anteriormente, queda una orden de detención preventiva vigente aún. Se están haciendo las gestiones con la Fiscalía General, para que se pueda proseguir con el juicio pendiente que se inició con la anterior Constitución”.
El presidente del máximo organismo judicial, Julio Ortiz Linares, informó ayer que el juicio oral de “Chito” está en la fase de presentación de pruebas y anunció de que el tribunal se reunirá pronto. Además, comentó que deberá elaborarse un cronograma especial de audiencias por la recarga procesal propia de la Corte, además del juicio de responsabilidades por el caso “octubre negro” al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El fiscal general interino, Mario Uribe Melendres, manifestó no tener conocimiento oficial de la llegada de Valle. «Estoy a la espera de los acontecimientos que pudieran suscitarse con relación a la deportación (difundida) por los medios de comunicación. Conozco que se está solicitando, una vez que se conozca el resultado recién el Ministerio Público procederá conforme corresponde», dijo sin ingresar en detalles, ayer en Sucre.
Sólo se recuperarán diez de $us 17,7 millones desfalcados
Resignación. El Ministerio Público estimó que el daño económico al Estado causado por Luis Alberto Valle Ureña durante su paso por la Prefectura paceña es de 17.753.013 dólares. Sin embargo, de este monto sólo se podrán recuperar alrededor de siete millones, de acuerdo con los cálculos del gobernador de La Paz, César Cocarico.
La autoridad departamental anotó que una de sus misiones será recuperar esos siete millones de dólares; sin embargo, “eso vendrá después de la sentencia del juicio de responsabilidades. Nosotros, como gobierno departamental y parte querellante y constituida como parte civil, vamos a hacer los trámites para realizar el cobro respectivo”.
Sobre Valle pesan cinco casos de desfalco: Chitoalcoba, Chitochatarra, Chitocasa, Banco Minero y Fademin. Todos ellos suman los más de 17 millones de dólares en cuestión (leer punteo de la derecha). Los delitos de los que la ex autoridad es acusada son falsedad ideológica, falsedad material, uso de instrumento falsificado, negociaciones incompatibles con la función pública, uso indebido de bienes del Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Valle, con el juicio de responsabilidad en su contra, según el gobernador Cocarico, puede recibir una condena de hasta cinco años de cárcel. Por ello, el Gobierno y la autoridad departamental buscan que el ex Prefecto sea juzgado mediante la nueva Ley Anticorrupción, con la cual puede ser sentenciado hasta a diez años de reclusión.
Otro tema son las propiedades desaparecidas, a lo cual la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, anunció una investigación para encontrar a las personas que prestaron sus identidades para aparecer como “palos blancos” de Valle. La norma anticorrupción sanciona a éstos con entre dos y cinco años de reclusión.
Asimismo, Cocarico adelantó que la Gobernación hará todas las gestiones para recuperar el hotel San Buenaventura, que estaba a nombre de Valle Ureña.
Los “Chitojuicios”
Caso “Chitochatarra”: El daño económico causado al Estado boliviano es de dos millones de dólares por la venta, a precio de chatarra, del parque automotor de la antigua Prefectura de La Paz, cuyas unidades se encontraban en buenas condiciones de funcionamiento. Etranali, una empresa de transporte nacional e internacional de carga, hizo el avalúo de los vehículos. Cobró 12.000 bolivianos por hacer ese trabajo.
Caso “Chitoalcoba”: Luis Alberto Valle Ureña autorizó la adquisición en la empresa La Cuisine de un lujoso juego de dormitorio con destino al Palacio Prefectural. La compra fue hecha en 210.049 dólares y los muebles, suntuarios e innecesarios, desaparecieron. Años después, el ex prefecto José Luis Paredes halló sólo una silla de todo el mobiliario comprado de esta manera.
Caso “Chitocasa”: Bajo su gestión se vendió una casa perteneciente a la Prefectura en 100.000 dólares, un monto muy inferior a su valor real. El inmueble está ubicado en la zona Gran Poder, en la ciudad de La Paz. En posteriores administraciones, esa transacción fue anulada y el bien retornó a dominio de la desaparecida Prefectura del departamento de La Paz.
Caso Banco Minero: En la administración de Luis Alberto Valle Ureña, la Prefectura paceña transfirió terrenos en Chasquipampa y en la ciudad de El Alto pertenecientes al desaparecido Banco Minero de Bolivia en 7,1 millones de dólares, una cotización subvaluada.
Caso Fademin: La Prefectura de La Paz se subrogó, a través del Fondo de Desarrollo Minero (Fademin), una deuda de 8,2 millones de dólares que había sido contraída anteriormente por la Federación Regional de Cooperativas Auríferas de La Paz (Ferreco), sin que existiera un justificativo que avalase semejante operación que endeudó al gobierno departamental de La Paz.
Dos condenados: Érick Scholz, ex director Administrativo, y Abigaildo Reyes Bustillos, ex jefe de Transportes, se declararon culpables de los delitos de falsedad ideológica, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, por lo que fueron condenados a dos años de reclusión, pero se beneficiaron con el perdón judicial.
El último de los sentenciados: Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori fue penado el 2 de abril de 2009 a tres años de reclusión por el delito de falsedad ideológica en su condición de propietario de la empresa Etranali, que fue la encargada del avalúo del parque automotor de la Prefectura paceña con cuya finalidad se adulteraron registros de los vehículos.
Fanático de las Harley Davidson y acusado de tráfico de cocaína
Otros tiempos: Luis Alberto Valle, en el despacho de la Prefectura paceña, en 1998
La Prensa.- Hijo político del fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez, Luis Alberto “Chito” Valle Ureña (68) se desempeñó como prefecto del departamento de La Paz entre el 7 de agosto de 1997 y el 5 de mayo de 2000, durante el segundo Gobierno de su suegro. En 2001 se abrió juicio contra la ex autoridad paceña. Nueve años después, el proceso penal parece acercarse a su final.
Nacido en La Paz, Valle se casó con Patricia Banzer Prada. Se graduó como médico ginecólogo y era común verlo en la zona Sur de la urbe de La Paz al mando de una motocicleta Harley Davidson de colección y con un casco similar a los usados por los soldados de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
En la década de 1970, cuando su padre político era dictador, fue acusado de traficar con sangre que se extraía a conscriptos que prestaban su servicio militar y llevada de contrabando a Haití.
Además fue expulsado de Canadá por haber sido sorprendido en poder de una maleta que contenía pasta base de cocaína. En aquel tiempo cumplía las funciones de cónsul boliviano en Montreal, pero uno de los allegados a la familia debió cumplir cinco años de reclusión por esto.
Chito Valle fue elegido diputado por Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1997, pero pidió licencia para hacerse cargo desde el 7 de agosto de ese año de la Prefectura del departamento de La Paz, que ejerció hasta el 5 de mayo de 2000, cuando renunció acosado por las denuncias de corrupción e irregularidades.
Su esposa, Patricia Banzer, quien cumplía las funciones de secretaria privada de su padre, fue involucrada en la compra irregular de un avión Beechcraft destinado a la Presidencia. La investigación está paralizada desde la muerte del ex ministro de Defensa Fernando Kieffer.
Mientras su suegro ejercía la Presidencia de la República, adquirió un terreno en el Parque Nacional Madidi, donde construyó un lujoso hotel, actualmente a nombre de una empresa alemana.
En marzo del año pasado escapó de territorio boliviano. Perú le negó refugio y, posteriormente, asilo político. Fue capturado el 20 de agosto en la capital Lima y llegó esta madrugada a La Paz en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana.
‘CHITO’ VALLE YA ESTÁ EN MANOS DE LA JUSTICIA BOLIVIANA
Deportación. El ex prefecto llegó desde Lima a las 3.10 visiblemente demacrado
Arribo. El ex prefecto paceño al bajar del avión de la FAB que lo trajo desde Lima.
La Razón – La Paz
El ex prefecto Luis Alberto Chito Valle llegó a La Paz esta madrugada, tras la decisión del Gobierno del Perú de expulsarlo luego de mantenerlo detenido por 11 días en una cárcel de Lima. La ex autoridad, acusada de malversar $us 22 millones, fue recluida en el penal de San Pedro.
Luego de mantener en reserva la información sobre el trámite que realizó el Gobierno ante el Perú para pedir la devolución de Valle al país, anoche el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la viceministra de Transparencia, Gabriela Veizaga, anunciaron el arribo de Valle para la madrugada, tras el envío de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a Lima para que lo traslade.
Llorenti, Veizaga, además del gobernador de La Paz, César Cocarico, llegaron a instalaciones del Grupo Aéreo de Caza (GAC) pasadas las 00.30. Esta madrugada hubo un movimiento inusual en esa base aérea, lugar al que la ex autoridad arribó a las 3.10 en la aeronave FAB 018, junto al embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, y otros funcionarios bolivianos.
Al bajar de las gradas del avión, Valle se desplomó y tuvo que ser sostenido de los brazos por oficiales de la Policía. Al pisar el suelo, nuevamente estuvo a a punto de caer de rodillas, por lo que los uniformados tuvieron que arrastrarlo hasta una vagoneta color plomo que aguardaba en el lugar.
La ex autoridad vestía una chamarra y botas cafés, pantalón, guantes y gorro negro, y encima un chaleco antibalas color negro; permanecía enmanillado. Además, se notaba visiblemente demacrado.
El traslado de Valle desde El Alto al penal de San Pedro estuvo escoltado por una ambulancia, dos camionetas y una veintena de policías de la UTOP en motocicletas, en medio de una llovizna, tras la caída de una granizada y nevada en El Alto.
Cocarico explicó que Valle enfrentará el juicio de responsabilidades que está pendiente y adelantó que el proceso puede terminar en dos días. Sin embargo, admitió la posibilidad de retrasos en la medida que su defensa interponga recursos para alargar el proceso que está en la fase de alegatos.
Sostuvo que se pedirá su reclusión en el penal de Chonchocoro y que se le aplique la nueva Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para que su condena sea de 10 a 12 años de prisión. “La justicia llega tarde o temprano”, dijo. Además, anunció el inicio de otro juicio contra los “palos blancos” de Valle, una vez que concluya el proceso.
Una vez que la caravana de vehículos llegó hasta el penal de San Pedro, Chito Valle bajó de un vehículo y nuevamente se desplomó y cayó en brazos de los policías, que una vez más lo arrastraron en su ingreso al penal. El ex prefecto lanzaba quejidos.
En una improvisada rueda de prensa, Llorenti destacó que esta es una muestra de que en el país “se hace justicia”, mientras que la viceministra Veizaga agradeció al Gobierno peruano por haber expulsado a Valle.
La ex autoridad está acusada de malversar $us 22 millones del Estado, cuando fue prefecto de La Paz (1997-1999) en el gobierno de su suegro, Hugo Banzer. “Es importante recordar que la denuncia que se interpuso contra el señor Valle data del año 2001 y que bajo ninguna circunstancia se trata de ningún tipo de persecución política, ya que estamos hablando de un acto de justicia, estamos hablando de un acto de lucha contra la corrupción y creemos que, por supuesto, el tema no sea politizado de esa forma”, manifestó el Ministro de Gobierno.
Anoche, antes del arribo del ex prefecto, el embajador del Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez, confirmó la expulsión de Valle y aseguró que su gobierno evitó que Bolivia siga el camino largo de la extradición.
Habilitarán horas extras
La Corte Suprema de Justicia habilitará horas extras para juzgar al ex prefecto Alberto Chito Valle, ya que la máxima instancia judicial del país está sobrecargada con otros dos juicios de responsabilidades que lleva adelante: Octubre Negro y el proceso contra dos ex vocales de La Paz.
Perú dice que cooperó para echar al ex prefecto
El embajador del Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez, afirmó anoche que su gobierno buscó, dentro de su ordenamiento legal, la figura jurídica que permitiera la expulsión de Luis Alberto Chito Valle, para que no prospere un proceso largo de extradición que solicitó la Fiscalía de Bolivia.
“Hoy (ayer) se produjo un acto administrativo muy importante en el cual se retiró el pedido inicial de extradición y las autoridades del Perú han procedido, de inmediato, a la expulsión del señor Luis Alberto Chito Valle”, declaró.
El diplomático relató que como la solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de Bolivia con fines de extradición, la Policía de su país, cumpliendo inmediatamente con su legislación, lo había puesto a disposición del juez luego de su aprehensión.
Manifestó que durante los últimos 12 días se vino trabajando con el canciller David Choquehuanca y con otras autoridades bolivianas para que se dé el desistimiento de la extradición y, en función de una resolución ministerial que el día viernes adoptó el Gobierno del Perú, se procedió a realizar todos los actos legales, jurídicos y administrativos que han posibilitado que se concrete la expulsión de ‘Chito’ Valle, por encontrarse en ese país “en una situación migratoria irregular”.
“Estas acciones las hemos realizado primero por la convicción del Estado peruano de que la lucha contra la impunidad y la corrupción es un mandato constitucional, y con la convicción de que una relación como la que existe entre Perú y Bolivia debe expresarse también en actos para contribuir a que la impunidad y la corrupción puedan ser procesadas y sancionadas en Bolivia”, señaló.
Proceso por Fademin
Durante la gestión del ex prefecto fueron adquiridos terrenos y equipos que pertenecían al ex Banco Minero por un valor de 7.177.964 dólares, los que no se terminaron de pagar. Una parte fue transferida a la Fundación de Asistencia y Desarrollo de la Minería (Fademin) por apenas 170 mil dólares. La Fiscalía determinó que se cometieron tres delitos: resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Muebles de La Cuisine
Luis Alberto Valle compró de la empresa de su concuñado, Enrique Vargas Delos, un lote de muebles para la Prefectura por un valor de 812.978 bolivianos. La Contraloría determinó que se incurrió en una malversación y emitió el informe Nº EL/EN15/000. En ese documento se mencionan indicios de responsabilidad penal. La denuncia contra el ex prefecto ante la Corte Suprema fue presentada por el ex ministro de Justicia, René Blattmann.
El caso de la ‘Chitoalcoba’
El ex prefecto de La Paz instaló al lado de su despacho un lujoso dormitorio. Por los muebles pagó 99.149 dólares, incluidos un colchón de 1.200 dólares y tres roperos de 3.500 dólares. La proveedora fue la empresa Occidental Bolivia. Cuando la denuncia llegó a la ex Policía Técnica Judicial (PTJ), Chito Valle se presentó para aducir que él jamás firmó la orden de compra y que su firma había sido falsificada por sus subalternos.
Vehículos como chatarra
El Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal de La Paz abrió causa contra Erick School, Adolfo Ustárez Centellas y otros ex colaboradores del ex prefecto por la venta irregular de vehículos del Estado a precio de material inservible. Una investigación determinó que este negociado provocó una pérdida de al menos nueve millones de dólares a las arcas de la hoy Gobernación de La Paz. Contra Valle se estableció responsabilidad administrativa.