Uncía: La Fiscalía acusa a Hilarión E. G. de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa. Hay otros cuatro sospechosos prófugos.
Aprehensión: Hilarión E. G. declara ante la Fiscalía de Uncía, el viernes
La Prensa
El juez potosino Édgar Jallaza ordenó la reclusión preventiva de Hilarión E. G. (56) en el penal de Cantumarca, al haber encontrado indicios de que es, con probabilidad, instigador del linchamiento de cuatro policías en Saca Saca, Uncía, entre fines de mayo y principios de junio.
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En la audiencia de medidas cautelares realizada ayer, el fiscal Juan Carlos Ramírez imputó a Hilarión E. G. por la presunta comisión de los delitos de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa. Además, se informó que otros cuatro sospechosos se dieron a la fuga de sus comunidades.
El domingo 23 de mayo, Nelson Alcócer, Esteban Alave, Rubén Cruz y Miguel Ramos, efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, salieron en busca de dos vagonetas Toyota Land Cruiser que fueron sustraídas en esa ciudad.
Los cuatro llegaron a proximidades de la localidad de Uncía, en el departamento de Potosí, donde comunarios de Saca Saca los acusaron del asesinato del taxista Adalid E. C. (22), acaecido el viernes 21 en la zona de Ancacato. Fue así que los raptaron, los torturaron y los ajusticiaron entre el 24 de mayor y el 1 de junio.
Johnny Castelú, abogado de los familiares de los policías asesinados en los ayllus potosinos, explicó que Hilarión E. G. velaba los restos de su hijo, cuando se le avisó que los campesinos habían capturado a cuatro supuestos falsos efectivos del Control Operativo Aduanero (COA).
Al llegar al sitio al que habían sido llevados los uniformados, de acuerdo con Castelú, el imputado instigó a sus compañeros a lincharlos, participó activamente en el asesinato de uno de ellos, se llevó un cadáver y recibió, como compensación, el automóvil en el que iban los policías.
Castelú informó que “no se sabe dónde está ese coche ni qué cadáver se llevó o con qué finalidad. Son cosas que determinaremos durante el proceso”.
“Ya hemos identificado a los instigadores y autores materiales de los asesinatos. Son cuatro personas, quienes están siendo buscadas”, comentó el abogado.
Desde que fue capturado, Hilarión E. G. se acogió a su derecho a guardar silencio. Sus abogados dijeron que cuando se produjeron los hechos, su cliente velaba los restos de su hijo, por lo que no pudo participar en el ajusticiamiento.
Castelú dijo que la detención se produjo en Uncía, cuando el imputado se aprestaba a abordar un vehículo de transporte público para regresar a su comunidad, aunque los campesinos de la región pusieron una demanda por secuestro ante la Policía de ese distrito, pues el arresto se hizo rápidamente y sin permitir reacción.
Sin embargo, a pesar de que anunciaron que ratificarían su denuncia ante las autoridades judiciales de Potosí, no se presentaron ante el tribunal de la región.
Fiscalía exhumará a familia ajusticiada
Una comisión del Ministerio Público de Potosí ingresará en cualquier momento al ayllu Qara Qara, del norte potosino, donde una familia de tres integrantes fue linchada en mayo pasado por los comunarios, quienes sepultaron los restos sin vida de sus víctimas.
El Ministerio Público investiga las razones por las que los campesinos decidieron quitar la vida a este núcleo familiar compuesto por padre, madre e hijo, según radios locales.
Sin embargo, el fiscal de Uncía, Henry Espíndola, quien dirige las indagaciones por este caso, anotó que la tarea no será sencilla ni exenta de riesgos, pues un primer intento de ingresar en el lugar fue repelido por los integrantes de los ayllus a pedradas y dinamitazos.
La Fiscalía pretende recuperar los cuerpos para someterlos al respectivo examen forense y así determinar las causas de los decesos, a partir de lo que se buscará conocer las causas que indujeron a los lugareños a dar muerte a las tres personas.
Los parientes de los asesinados señalaron que el jefe de la familia asesinada había recibido un ultimátum de la comunidad para dejar la región, dado que él no pertenecía al ayllu y que llegó al sitio al haberse casado con una comunaria. Los habitantes de la zona reclamaron para sí los terrenos de cultivo que manejaba esta persona hasta que le dieron un plazo para abandonarlos. Al no haber cumplido el ultimátum, los demás lugareños rodearon su vivienda y sorprendieron a las tres personas, a quienes luego dieron muerte.
Una hija mayor, la esposa del hijo fallecido y los nietos interpusieron la demanda para recuperar su propiedad y para que los asesinos de sus familiares sean sometidos a la acción de la justicia ordinaria, de acuerdo con los reportes en las radios locales.