Daño a la democracia

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Para corregir el rumbo

2. Bajo el Penoco, El Día: ¿Fijación o miedo?

3. Los Tiempos: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LAS NUEVAS LEYES

4. El Deber: De voz del Gobernador

5. Cambio: Piedad Córdoba

6. La Prensa: Daño a la democracia

7. El Diario: En peligro libertades de expresión y pensamiento

8. El Mundo: Para enojarse

9. Opinión: Efectos de las elecciones venezolanas

10. Clarín, Argentina: Presiones oficiales al periodismo

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El Día: Para corregir el rumbo

El ascenso del MAS al poder no se entiende apartado del contexto internacional, sobre todo, del giro a la izquierda que adoptaron varios países del continente y el auge de los regímenes populistas que siguieron los pasos de Hugo Chávez, el líder que marcó el camino con abundantes petrodólares para que lo sigan los  “pulgarcitos” de la región como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Ecuador. Ahora que están ocurriendo hechos sumamente relevantes en el continente, habría que ver si todos los que se sumaron al juego, saben percibir la necesidad de un cambio de orientación.

En el caso hondureño, el viraje se produjo a la fuerza, mientras que en Paraguay y en Perú, el sistema de partidos pudo soportar los embates populistas. Nicaragua  y Bolivia son los mejores seguidores de las directrices que emanan de Caracas, mientras que el ecuatoriano Rafael Correa parece haber reaccionado a tiempo, antes de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo. Ecuador no es precisamente el país que mejor aguanta las aventuras de sus presidentes.

A juzgar por la quejumbrosa reacción algunos brillantes “opinadores” del régimen boliviano sobre lo que está ocurriendo en Cuba, donde no hace falta ser Fidel Castro para saber que el modelo fracasó hace mucho; sobre lo que ha sucedido en Colombia, con el descabezamiento de las FARC y por último, sobre la reciente derrota electoral del chavismo en Venezuela, estos hechos son de gran incidencia en la vida política boliviana, donde naturalmente, tienen que darse las consecuencias y posiblemente las rectificaciones al curso adoptado.

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El paradigma del Estado poderoso, presente en todas las circunstancias de la vida de la población no sólo está cuestionado en Cuba, donde la mitad de los trabajadores del país son empleados públicos, sino también en Europa, donde el modelo del “Estado de bienestar”, que establecía una serie de garantías a los ciudadanos, está recibiendo fuertes ajustes para salir de la grave crisis que ha azotado al viejo continente. La consigna es abandonar el dogmatismo, tal como ha sucedido en Estados Unidos, donde también se sujetaron a las leyes del mercado como un credo intachable.

En lo que respecta al narcotráfico, otro de los aspectos que ha estado marcando fuertemente a los países de la línea bolivariana, la arremetida final contras FARC debe ser entendida como la señal más clara de la comunidad internacional en contra de los grupos de cualquier tipo que protegen y promueven la producción de drogas. No se puede a estas alturas desconocer las vinculaciones que ha tenido esta organización terrorista con algunos regímenes de la región, relaciones que seguramente se irán haciendo más nítidas cuando se recupere información valiosa recientemente hallada.

Finalmente se debe hablar del proceso de destrucción de la democracia y la eliminación del estado de derecho que han estado acometiendo los líderes populistas del continente. La votación del domingo en Venezuela es un fuerte indicador que le debe servir a Chávez y a todos los que le rodean para retomar el camino democrático. Esta expresión ya se dio en Bolivia el 4 de abril, pero el Gobierno decidió ignorarla. Sería bueno no insistir en la tozudez.

 

La votación en Venezuela es un fuerte indicador que debe servir a Chávez y a los que le rodean para retomar el camino democrático.

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Bajo el Penoco, El Día: ¿Fijación o miedo?

Desde que llegó de Estados Unidos, el Presidente casi no ha hecho otra cosa que hablar de Juan del Granado. Le dice líder de la derecha, lo relaciona con Tuto Quiroga, lo vincula a Goni, después lo acusa de haber intentado dividir al MAS y de ser un hábil cizañero, aunque al final se muestra dispuesto a dialogar con el ex alcalde de La Paz. Mucho de lo que dice Evo Morales puede ser cierto, ya que Del Granado no tuvo problemas en ponerle su firma a la capitalización y años después se convirtió en un fervoroso aliado de la nacionalización impulsada por el MAS. Pese a los antecedentes del “Sin Miedo”, el jefazo no sabía cómo elogiarlo y ponerlo de ejemplo ante el resto de los alcaldes del país. Después del divorcio político de ambos líderes, el oficialismo ensayó el ataque, pero en vez de destruirlo, lo hizo crecer, al punto que Juancito le ha hecho la parada a Evo y el nerviosismo de éste posiblemente sea el reflejo de la talla que ha alcanzado el contrincante.  Es que la democracia había tenido nomás sus anticuerpos, más allá de Juan o de cualquier otro.

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Los Tiempos: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LAS NUEVAS LEYES

Para que las recientes leyes no sean nuevos motivos de frustraciones, hace falta que sean elaboradas con la participación activa de toda la sociedad

Desde que el pasado 22 de enero, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional inició sus labores para dotar a Bolivia del nuevo andamiaje legal necesario para llevar a la práctica los preceptos contenidos en la nueva Constitución Política del Estado, todos sabíamos que lo que nos esperaba era una época de intensos debates y que quien más, quien menos, por uno u otro motivo, todos nos sentiríamos involucrados en ellos.

No debe sorprender por eso que gran parte de la atención colectiva, a través de los medios de comunicación, principalmente, esté concentrada en una reflexión en la que participa activamente toda la sociedad. Más aún cuando las leyes sobre las que se debate están directamente relacionadas con las vivencias cotidianas de las personas, como ocurre ahora con el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación y como sin duda ocurrirá con muchas de las que están en la agenda legislativa.

Que así sea puede parecer, desde un punto de vista excesivamente pragmático, una pérdida de tiempo y energías. Más práctico sería, según esa visión, que los legisladores hagan solos su tarea y el resto de la ciudadanía se limite a acatarlas sumisamente una vez que sean puestas en vigencia.

Ese criterio, sin embargo, no se adecua en nada a nuestra realidad actual y a sus múltiples desafíos. Es que la sociedad boliviana, por una serie de factores acumulados y no resueltos a lo largo de su convulsionada historia, necesita hacer un alto en el camino para pensarse a sí misma, mirarse colectivamente en el espejo, reflexionar sobre sus problemas, sus angustias, sus esperanzas y frustraciones. Por eso, la nuestra es una sociedad que ha decidido someterse a una especie de psicoterapia colectiva y eso es algo que sólo puede dar un buen resultado si se hace con la participación de toda su gente.

Sin embargo, para que tal propósito sea alcanzado, hace falta que el proceso cumpla con algunas condiciones básicas sin las cuales se corre el riesgo de que todo el esfuerzo degenere en un gran engaño colectivo, en una frustración de la mayoría y que todo termine beneficiando sólo a quienes más habilidades muestren para encaramarse y aferrarse al poder.

Hace falta, por ejemplo, que nadie se atreva a expropiar para beneficio propio derechos que ya son de todos y no de unos cuantos, como el derecho a opinar, a cuestionar, a criticar, a discutir, a participar. Que nadie se apropie, finalmente, del derecho a equivocarse.

Felizmente, muchas décadas de experiencia acumulada a través de la democracia sindical, luego reproducida y ampliada en otras instancias de la sociedad civil -como los hoy llamados movimientos sociales– dan motivos para creer que el derecho a participar será debidamente defendido y quienes pretenden redactar leyes en herméticos círculos de iluminados para luego dictarlas a la Asamblea Legislativa para que ésta las apruebe "sin cambiarles ni una coma" tendrán que quedarse con sus pulsiones autoritarias insatisfechas.

Por eso, como dice la Iglesia católica en su más reciente comunicado, es necesario que las leyes que están en proceso de aprobación "sean suficientemente difundidas, socializadas y consensuadas, a través del debate social y abriéndose a los aportes de todas las organizaciones vivas de la sociedad".

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El Deber: De voz del Gobernador

En particular, y como no podía ser de otra manera, en los niveles gubernamentales y su entorno, las críticas no se han dejado esperar sobre el giro de las palabras del gobernador de Santa Cruz durante los actos centrales de la reciente conmemoración septembrina. Inapropiado, confrontador, agresivo fueron, entre otras muchas, las consideraciones que se hicieron acerca de lo dicho por Rubén Costas Aguilera, la primera autoridad política elegida del departamento, durante  los fastos de su ya bicentenario grito libertario.

Si bien es cierto que la conmemoración volvió a poner de manifiesto las diferencias existentes entre el Gobierno central y la Gobernación cruceña, no lo es menos que las vertidas en la ocasión por  Costas Aguilera fueron verdades de a puño.

¿O no lo es, por ventura, aquella convocatoria a mantener la unidad de los cruceños como ‘materia prima’ de los éxitos de la región, cualidad que hace dos centurias llevó a la buena gente de estas llanuras a sublevarse contra el opresivo yugo colonial?

El gobernador se refirió también a los riesgos que entrañan para aquella unidad las ‘verdades a medias’ o los falsos discursos que buscan confundir y promover enfrentamientos.

De igual manera alertó acerca de los que pretenden colocar una venda sobre los ojos de los nuestros en tanto sus más elementales valores morales y cívicos y sus principios son quebrantados.

Se le ha reprochado a la vez a Costas el  hablar de la necesidad de una democracia y de una autonomía ‘de verdad’, y de criticar a los que se empeñan en sembrar el miedo y acallar las voces disidentes con la judicialización de la política partidaria.

Un llamado a un pueblo que lleva el nombre de la Santa Cruz no puede tener miedo e invocando su fe lo convocó a defender, intransigente, la libertad y la autonomía.

Entre ésas y otras expresiones que siguieron una línea crítica contra las políticas del Gobierno nacional,  el gobernador Costas no dijo nada que no estuviera dentro del sentir del ciudadano común de esta parte del país, que clama por el respeto de unos valores y principios esenciales con los que simplemente aspira a vivir en paz y en mejores condiciones.

Aprestos inconfesables, torcidas intenciones no se pregonan en público y a la luz clara del día. En tal tesitura no estuvo el gobernador cruceño que en todo caso, se aprovechó apenas de sus derechos para proclamar su vocación cívica en un día de franco cruceñismo.

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Cambio: Piedad Córdoba

La Procuraduría de Colombia ordenó ayer la destitución de la senadora liberal Piedad Córdoba —quien facilitó liberaciones de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, la acusó de tener  "nexos" con la guerrilla y, aunque el Consejo de Estado deberá avalar la sanción, decidió su destitución como senadora y la inhabilitó por 18 años de ejercer sus derechos políticos.

Esta resolución —que podrá ser apelada ante el Consejo de Estado, máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa—, fue condenada por instituciones defensoras de los derechos humanos y por varios gobiernos de los países latinoamericanos, entre ellos el del presidente venezolano Hugo Chávez.

Según la Procuraduría, organismo encargado de investigar y sancionar a funcionarios públicos, se "estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos" y que la legisladora "dio información a este grupo, al margen de la ley, sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos".

Lo peculiar de la fundamentación de la Procuraduría es que asume como ‘prueba’ los datos que supuestamente fueron encontrados en ‘la computadora’ confiscada al fallecido jefe guerrillero de las FARC Raúl Reyes, fuente que no sólo fue cuestionada y rechazada por organismos defensores de los derechos humanos, sino también por gobiernos latinoamericanos, a cuyos presidentes se intentó vincular con el grupo guerrillero precisamente con los ‘datos’ de la computadora de Raúl Reyes.

No obstante, ¿cuál es el contexto político en el que la Procuraduría colombiana ordenó la destitución e inhabilitación de Piedad Córdoba?

La senadora exigió a los países de América Latina no mantener indiferencia ante el dolor que causa a los colombianos la guerra entre el gobierno y las FARC. Por ello recibió el Premio Internacional Paz y Reconciliación que le otorgaron organizaciones que estuvieron involucradas en los conflictos armados de Centroamérica.

Córdoba es presidenta del Movimiento Colombianos por la Paz, y reiteró su propuesta de buscar una salida política y negociada al conflicto y no por las armas. La senadora logró la liberación de rehenes: tres policías y un civil, a inicios de este año, tras convocar a intelectuales de diferentes países que dialogaron con las FARC mediante cartas.

"Colombia no puede estar relegada a la guerra fraticida, que no se escuche más que en Colombia es imposible la paz. La paz debe ser un nuevo pacto social, y América Latina no puede ser indiferente al dolor que se vive en Colombia", señaló la senadora, y abogó por la búsqueda de la paz para su pueblo mediante un diálogo abierto con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su propuesta política asegura que en Colombia existen dos proyectos de nación que luchan entre sí para "definir" el porvenir del país: "Uno, el del poder neoliberal y tecnocrático, el de las élites financieras. Es decir, el de la inmovilidad, que ha producido problemas como la exclusión social, la precariedad del Estado, desigualdad, pobreza y desarticulación social, lo cual se traduce en primeros lugares en América Latina en concentración del ingreso y 60% de pobres, con 20% en condición de indigentes.

Este proyecto prescribe en la práctica la negación de nuestras raíces históricas, entrega la soberanía, hace de la simulación y la mentira escaleras del éxito político, impone un programa económico que sólo consigue ganancias en la desestabilización y la inseguridad de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos, y utiliza la violación de derechos, la represión y la intolerancia como argumento de gobernabilidad.

El otro proyecto —el de los colombianos y colombianas del pueblo, clases medias, empresarios progresistas, artistas y campesinos, que fortalecen el desarrollo nacional de la economía y los golpeados por el TLC, profesionales, desempleados, etnias y excluidos, con o sin organización— tiene su razón de ser en la fuerza social y en los marginados y perseguidos de la patria.

Este último y nuevo proyecto entraña la reconstrucción de la nación colombiana de la única forma posible, es decir, de abajo hacia arriba. Implica recuperar las raíces históricas de nuestro pueblo; defender la soberanía; luchar por una transición a la democracia ante la ausencia histórica de ella, no simular un cambio sino promover la recuperación del país para todos y todas; luchar porque la democracia, la libertad y la justicia sean patrimonio nacional, porque el diálogo, la tolerancia, la inclusión social, la no explotación y opresión sean el camino cierto para construir una nueva sociedad, una nueva forma del quehacer político". Así piensa Piedad Córdoba, una mujer que lucha por una democracia participativa e incluyente para Colombia.

Lo que no informó la gran prensa internacional —que ayer dio gran cobertura a la destitución de la senadora— es que el procurador Alejandro Ordóñez está seriamente cuestionado por varias actuaciones discriminatorias, pero fundamentalmente por haber desestimado pruebas válidas en el caso de la habilitación de Álvaro Uribe para su segundo mandato presidencial, razón por la que se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, la resolución en contra de Piedad Córdoba es un capítulo más de la persecución política que ha sufrido en los últimos 12 años, amén de atentados contra su vida, operaciones ilegales de interceptación y seguimiento público, y acusaciones, sin prueba alguna, "de sus nexos con las FARC".

La resolución en contra de Piedad Córdoba es un capítulo más de la persecución política que ha sufrido en los últimos 12 años, amén de atentados contra su vida, interceptación y seguimiento público ilegales y acusaciones, sin prueba alguna, "de sus nexos con las FARC".

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La Prensa: Daño a la democracia

Vemos a una oposición preocupada por que Evo proclame que quiere la reelección, mientras sectores sociales que lo apoyan demandan lo mismo?

El artículo 168 de la actual Constitución Política del Estado (CPE) es absoluta y meridianamente claro: ?El período de mandato de la Presidenta o del Presidente del Estado (?) es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua?.

?Por una sola vez?. Cualquiera con dos dedos de frente percibe en el referido parágrafo tan contundente precisión constitucional. El presidente Morales cumple ya su segundo tránsito temporal por el poder político, el que concluirá en el año 2015. De ahí para adelante, la Carta Magna que él mismo hiciera aprobar por su aplastante mayoría parlamentaria en la Asamblea Plurinacional le cierra las puertas a una nueva reelección.

Ni siquiera le permite falsas interpretaciones que le abran ciertos resquicios hacia el referido objetivo. En sus respuestas a preguntas de una periodista de la cadena televisiva CNN de EEUU, el presidente Morales hizo gala de muchas de aquéllas, sin molestarse siquiera por el engañoso carácter de sus afirmaciones, referida una de ellas al respaldo que le brindaría el nuevo orden constitucional boliviano para continuar un quinquenio más en el Palacio Quemado de La Paz, elecciones presidenciales mediante.

Otro de sus alegatos aludía al pueblo, fuente de la soberanía nacional. Dijo que sería aquél quien, en última instancia, decidirá si continúa o no en el poder político. Naturalmente no reparaba en que, conforme a los preceptos constitucionales en vigencia, ese pueblo no va a las urnas, para fines de reelección Presidencial o no, cuantas veces se le ocurra a quien hace pasantía quinquenal por el Gobierno nacional. El ciudadano acude a sufragar para acreditar su voluntad política en el voto mayoritario únicamente en los casos previstos por las normas que desde la CPE definen lo que en tal orden de cosas se debe o no se debe hacer en el país.

Si revisamos la historia de Bolivia, encontramos que el prorroguismo del mandato presidencial operó siempre efectos de desestabilización política, algunas veces con resultados sangrientos. Cabe recordar el vía crucis del presidente Hernando Siles, antes de la Guerra del Chaco, al no ceder en su empeño de ir a las urnas para que el pueblo lo eligiera por un nuevo periodo presidencial. El continuismo corrió igualmente en contra del propio Víctor Paz Estenssoro, quien en 1964 fue derrocado por un cruento golpe militar.

Naturalmente que los de hoy son nuevos tiempos que excluyen tan lamentables soluciones de fuerza, pero no despejan totalmente los riesgos de graves entreveros políticos y sociales inherentes a una intención presidencial de prórroga de mandato.

Ahora mismo vemos a una oposición seriamente preocupada por que Evo Morales proclame a los cuatro vientos que quiere la reelección, mientras algunos sectores sociales que lo apoyan demandan lo mismo, en tanto que otros, que ya empiezan a desgajarse del Movimiento Al Socialismo (MAS), se pronuncian contra el continuismo.

Es fundada la aprensión opositora porque, con sus afanes ?reeleccionistas?, Evo Morales Ayma y su instrumento político no harían otra cosa que dañar a una todavía incipiente democracia que a los bolivianos tanto nos costó conquistar en 1982 y que permanentemente nos urge preservar y fortalecer.