Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: ¿La nueva amenaza?
-
Bajo el Penoco, El Día: ‘Ese jovencito’
-
Los Tiempos: ISRAEL Y PALESTINA, ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
-
El Deber: Efecto de la nacionalización
-
La Razón: Salvar al fútbol
-
Cambio: Ser antiimperialista hoy
-
La Prensa: Alianza con Irán
-
El Diario: Policía, ¿en qué quedan planes para reorganizarla?
-
El Mundo: Defensa
-
Opinión: Reflexiones informales sobre el sentido social de la economía
-
Clarín, Argentina: Otro plan para Oriente Medio
El Día: ¿La nueva amenaza?
Resulta deseable y sensato que en vigencia de un Estado de derecho se ponga de manifiesto el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado. De esta manera no sólo se favorece la participación equitativa de la ciudadanía sino el ejercicio pleno del disenso que proclama el marco jurídico legal del país. Sin embargo, se está asistiendo a una toma de control de los poderes del Estado por parte de un oficialismo que avasalla y cohíbe a la oposición a través de una judicialización de la política, y de una práctica política y social gubernamental dirigida al control total del país por parte de los sectores afines al oficialismo, en desmedro de quienes tienen una visión distinta y más pluralista.
La intención del partido en función de gobierno de otorgar a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) los atributos de un “superpoder” político que, aunque no se lo diga, tendrá prelación sobre los otros poderes estatales, viene a constituirse en una amenaza al sistema democrático tal y como lo conocen la opinión pública y la propia ciudadanía. La declaratoria formal de impulsar un socialismo comunitario a través de esta estructura de control político y social para el adoctrinamiento y la preservación del proceso de cambio, echaría por tierra la posibilidad que el poder político en el país sea detentado otra vez por partidos políticos de diferente visión e ideología al oficialismo.
En los hechos, esto significa que el proyecto de marras vendrá a ser el espacio donde se presentarán las demandas sociales, se consensuarán las leyes, definirán medidas contra los dirigentes o militantes que generen división o conflicto, y se coordinarán acciones para defender al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Si se analiza con cuidado, da la impresión que el “superpoder” de Conalcam subordinará en la práctica al Poder Legislativo y Judicial, al mismo tiempo que condicionará al Ejecutivo, porque hace suyas varias e importantes atribuciones de los poderes estatales. Esto es lo que los analistas políticos consideran señales evidentes de un tránsito a un nuevo totalitarismo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lo anecdótico de este preocupante asunto es que la orientación ideológica de los llamados sectores sociales no está todavía bien dilucidada. El propio socialismo comunitario que se propugna es, a decir de sus ardientes defensores, una especie de novedosa experiencia que no se parece a ninguna de las conocidas, como la cubana, rusa o china. El oficialismo afirma que es singularmente boliviana, por lo que las particulares características que ofrecen los movimientos sociales involucrados en este proyecto le dan una faz diferente. A todas luces aparenta un temerario experimento político social.
¿Estará el país preparado para un experimento de esta naturaleza? El proceso de cambio que impulsan los oficialistas requiere esfuerzos de largo aliento, décadas, en el caso de resultar exitoso, para dar los frutos que se esperan. ¿Aguantará el país tan pesada carga, considerando las primeras impresiones negativas ofrecidas, como la corrupción en YPFB, conductas públicas reprobables por parte de connotados líderes del partido en función de gobierno? Lo cierto es que un “superpoder” político por encima del Estado de derecho, con tendencias totalitarias, es lo menos que necesita la Bolivia democrática. En todo caso, corresponde al Gobierno arrojar luces para despejar las sombras de la incertidumbre y de la confusión.
Da la impresión que el “superpoder” político de los movimientos sociales subordinará en la práctica, a los poderes del Estado.
Bajo el Penoco, El Día: ‘Ese jovencito’
Por segunda vez, el presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, se estrella contra el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Eduardo Paz, a quien fustigó el año pasado por invitar al presidente Morales a la inauguración de la Expocruz 2009. Esta vez, la guasqueada verbal se da por la alfombra roja que le tendió Paz al Primer Mandatario el viernes pasado, quien fue el orador principal en el acto de celebración del 95 aniversario de la institución empresarial, cita en la que el gobernador Rubén Costas asistió como un simple espectador, con derecho sólo a cuchichear con el jefazo. “Ese jovencito se arrollida ante quien lo humilla”, dijo Núñez en relación a Eduardo Paz, refiriéndose al bochorno que tuvo que pasar el dirigente cuando fue detenido en el aeropuerto Viru Viru por orden del ministro Sacha Llorentty y luego fue obligado a decir que estuvo “voluntariamente” arrestado durante 13 horas en la Policía. Tiene razón don Lucho al estar molesto, pero ocurre que detrás de “ese jovencito” hay unos ilustres “señorotes” que andan con las rodillas peladas. Sería interesante que la ciudadanía sepa en manos de quién estamos.
Los Tiempos: ISRAEL Y PALESTINA, ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
Es de esperar que los esfuerzos que hace el Gobierno de Barack Obama sean debidamente secundados por los líderes de ambos pueblos
El inicio de las negociaciones entre los representantes de los israelíes y de los palestinos, Benjamin Netanyahu y Mahmud Abbas respectivamente, ha sido recibido en todo el mundo con reacciones de lo más diversas y representativas de la enorme complejidad que tiene el diferendo histórico que separa a ambos pueblos.
En un extremo, aunque todavía muy tímidas, dados los decepcionantes resultados que similares intentos dieron en años anteriores, ha habido expresiones de optimismo y esperanza. Son las que provienen de quienes pese a todo todavía confían en la posibilidad de que la sensatez termine imponiéndose y palestinos e israelíes hallarán finalmente la forma de convivir en paz. Muy importantes líderes de ambos pueblos están dispuestos a hacer sus mejores esfuerzos para que sea ésa la fórmula que termine imponiéndose y son ellos los que mantienen viva la fe en un futuro de paz en la región.
En el otro polo, desgraciadamente con mucha influencia, están los exponentes de las corrientes radicales de unos y otros. Judíos fanáticos que no están dispuestos a conformarse con menos que la eliminación de los palestinos y que se niegan a reconocerles el derecho a contar con un Estado soberano propio, por una parte, y palestinos identificados con la causa del fundamentalismo islámico que tampoco aceptan considerar siquiera la posibilidad de que el Estado de Israel preserve su derecho a existir, por otra, constituyen los dos extremos de una polarización que, en caso de imponerse, sólo puede llevar a la que la guerra vuelva a asolar esa región.
De momento, la buena disposición mostrada por Abbas y Netanyahu permite alentar, aunque moderadamente, la esperanza de que sean las corrientes más proclives a la negociación y el entendimiento las que se impongan. Sin embargo, como se ha podido ver, los sectores más radicales de ambos pueblos no han dudado al calificar como traidores a sus respectivos representantes y han abundado las expresiones de odio e incitación a la violencia.
En el caso de los palestinos, el grupo Hamas ha vuelto a mostrarse como el principal obstáculo para la paz y para la construcción del Estado palestino al anunciar desde Gaza su alianza con otros 12 grupos armados para lanzar una campaña de ataques a Israel y resistencia a las negociaciones recién iniciadas.
En Israel, por su parte, los colonos y la ultraderecha conservadora han calificado al primer ministro Netanyahu de traidor y han anunciado su decisión de no acatar ningún acuerdo que implique el repliegue de los asentamientos judíos en los territorios que corresponden al pueblo palestino.
Así, tal como viene sucediendo desde hace ya más de cinco décadas, el miedo y la esperanza son los dos sentimientos que acompañan el nuevo proceso de negociaciones. Cuál de los dos terminará imponiéndose es algo que sólo el tiempo podrá decir.
Mientras tanto, cabe esperar que los esfuerzos que hace el Gobierno de Barack Obama sean debidamente secundados por los líderes políticos, intelectuales y religiosos de dos pueblos que, para bien o para mal, no pueden desconocer que tienen un destino común.
El Deber: Efecto de la nacionalización
Un informe técnico de la Gobernación de Santa Cruz acerca del comportamiento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) concluyó que la nacionalización ha tenido un efecto negativo para los ingresos de los gobiernos departamentales.
Una comunicación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de mediados de agosto confirmó que la producción de hidrocarburos se ha reducido, lo que provoca que en la gestión 2010, la Gobernación cruceña no tendrá regalías adicionales.
Según las cifras oficiales, las regalías provenientes del IDH para Santa Cruz cayeron de Bs 464 millones a Bs 310 millones, es decir que se redujeron en aproximadamente un 50%.
Esta caída, indica el informe de la Gobernación, afecta a 350 instituciones en el país, entre municipios y universidades, además de ser una de las causas por las cuales el Tesoro General de la Nación (TGN) tendrá este año un déficit de Bs 6.500 millones.
Los nueve departamentos del país no cuentan ahora con los recursos que necesitan para aportar con la contraparte para proyectos de obras esenciales que tienen el apoyo de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
Los recursos que el TGN entregó en 2010 a los nueve departamentos fueron inferiores en 700 millones de dólares a los que habían recibido en 2008, señala el informe de la Gobernación cruceña. Esto afecta directamente a los planes operativos para la construcción de obras de infraestructura vial y servicios básicos.
Esta ‘confiscación’ de recursos ha sido hecha para financiar el bono para las personas de la tercera edad, que antes se pagaba con las utilidades de las empresas capitalizadas. Se trata de una aberración económica, según el mismo informe, pues se paga gasto corriente con dinero que estaba destinado a la inversión. Pero sobre todo se trata de una medida que usa el dinero de las regiones para un programa del Gobierno central, agudizando el centralismo.
Todo el informe de la Gobernación acerca de este tema es preocupante, porque deja en evidencia el hecho de que los nueve departamentos del país han perdido recursos justamente cuando se ponen en práctica las autonomías.
Una de las comunicaciones del Ministerio de Finanzas da una curiosa explicación del porqué Santa Cruz no tendrá un incremento de las regalías a pesar de que el precio del gas que se produce en el departamento tuvo un precio mayor al del año pasado. La explicación dice que el cálculo no toma en cuenta el precio, sino el volumen de producción, que se mantuvo sin variaciones.
Se trata de una actitud poco honesta de parte del Gobierno central. Buscar pretextos, encontrar argucias para negar los recursos a los departamentos donde el partido oficial no ganó en las elecciones, no es un comportamiento digno.
La reducción de los recursos viene a conspirar contra la capacidad de los gobiernos autónomos de mostrar que la causa autonómica beneficia a las regiones. Como van las cosas, con este comportamiento del centralismo, la autonomía producirá pobres resultados, e incluso negativos para las regiones.
El comportamiento del Gobierno central en el caso de las regalías parece mostrar que su verdadera actitud hacia las autonomías sigue siendo negativa.
La Razón: Salvar al fútbol
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) afronta una deuda por tributos que ronda los 50 millones de bolivianos. El remate de su sede en Cochabamba está previsto para el 20 de septiembre, y sus oficinas en La Paz correrían la misma suerte. Tan grave se ha puesto este conflicto que la FIFA advirtió a Bolivia con suspenderla de sus torneos si la FBF sigue en quiebra y no resuelve su problema impositivo.
Al toparse con la firmeza del Servicio de Impuestos Nacionales, la FBF recurrió a la FIFA y a la Conmebol y logró que una comisión llegue a mediados de este mes. La cuestión es que el presidente Evo Morales aceptó recibir a los delegados internacionales, pero no tocar el asunto de la deuda tributaria.
En una misiva enviada al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, Morales desnudó ante el mundo la caótica situación del balompié nacional: “Me alegra saber que usted conoce los problemas que afronta la Federación Boliviana de Fútbol, no sólo económicos, sino de división profunda de sus dirigentes”, dice una parte de esa carta.
La crisis adquirió ribetes de escándalo internacional con el “descubrimiento” de la adulteración de las edades de, por lo menos, 500 jóvenes futbolistas. Valga la ironía de las comillas porque los rumores de esta práctica desleal no son nuevos y si nadie los comprobó hasta ahora, fue sólo porque más de uno se hizo de la vista gorda.
Entre lo mucho de grave que conlleva la denuncia conocida en estos días destaca la presunta adulteración de edades de cinco futbolistas de la selección Sub-15 que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esto puede destapar una maraña de corrupción inimaginable, porque la inscripción de jugadores se realiza con los papeles que presentan los interesados pero, en muchos casos, interviene la justicia a través de la extensión de documentos, se supone, legales. Ahora, el Ministerio Público está imbuido en una investigación que no debería representar mayor problema: las irregularidades tendrían que saltar con el simple cruce de datos de la FBF y del Registro Civil.
Una golondrina no hace verano; tampoco dos, ni tres. La exitosa participación de la Sub-15 en Singapur y las inesperadas actuaciones de Universitario de Sucre y Oriente Petrolero de Santa Cruz en la Copa Sudamericana son esfuerzos puntuales y no sirven como atenuantes para salvar la crisis deportiva nacional.
Cambio: Ser antiimperialista hoy
Cambio, en su suplemento Movimientos Sociales, publicó el pasado sábado 4 de septiembre una entrevista reveladora con Rina Bertaccini, ingeniera geógrafa argentina dedicada a la lucha por la paz frente a la militarización en esta parte del continente y la soberanía de los pueblos.
En el curso de la entrevista, Bertaccini entrega información altamente valiosa de la que todo latinoamericano que milita en las filas de la paz y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos debiera estar advertido. De acuerdo con los estudios y datos con que cuenta la activista, en el Caribe no sólo está Estados Unidos, como fuerza militar influyente ubicada en puntos estratégicos, hay bases militares alquiladas a Holanda (por parte de EEUU) en las islas de Curaçao y Aruba, pero hay otras bases en la Guayana Francesa que siguen siendo un territorio colonial francés y, vale aclararlo, Francia es miembro del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sobran, desde luego, los comentarios sobre los países en los que las potencias mundiales se han instalado cual gendarmes del mundo, prestos a cualquier intervención allí donde se les antoje.
No en vano la activista por la paz y contra las bases militares en América Latina habló de que nuestros países están rodeados de un círculo de fuego. Desde el Caribe hasta las Islas Malvinas, Estados Unidos y la OTAN se han encargado de sentar su presencia militar con el más absoluto cinismo. Hay bases en Martinica, no se han ido del todo de las bases de Puerto Rico, y en algunas islas británicas pequeñas -entre Puerto Rico y EEUU- hay también instalaciones militares que son de la OTAN. En el sur, en las Malvinas está la gran base militar de Mount Pleasant; para unas islitas donde viven 2.500 habitantes hay dos pistas de aviación, una con 2.600 metros de largo, igual que la de Palmerola. El largo de la pista tiene que ver con el tamaño de los aviones que tienen que moverse para transportar tropas, equipos, armas, municiones, y esto también está reconocido con documentos de la Unión Europea.
A estas alturas de la historia, pareciera no ser ya una novedad aquella presencia que ha desatado una corriente social y política que recorre América Latina y el mundo en contra de las bases militares que, como nos enteramos gracias a la destacada entrevista, ya no son sólo de los Estados Unidos, sino de países pertenecientes a la OTAN.
Un verdadero círculo de fuego custodia hoy no sólo la influencia política de las potencias imperialistas en la región, sino -y esto quizás es lo más grave- los riquísimos recursos naturales con que cuentan nuestros países. No es casual pues tal despliegue y tanta presión guerrerista, por ahora silenciosa sobre el continente.
Estos criterios vale la pena recuperarlos para reflexionar sobre la urgente como insoslayable necesidad de denunciar y resistir toda presencia militar extranjera en nuestros países. Bertaccini sostiene, por ejemplo, que uno de los principales grupos afectados por las bases militares y las políticas del Pentágono son los pueblos indígenas, cómo no denunciarlo y rechazarlo de manera militante. Algunos ejemplos de la guerra silenciosa contra los indígenas están a la vista: en Chile tienen una ley llamada antiterrorista que la están aplicando a los mapuches; Perú es una gran base militar norteamericana; Panamá sigue los pasos de Colombia y sus territorios están a merced de la política intervencionista del Pentágono.
Según la activista, desde hace muchos años hay una política de injerencia de Washington en la región, la que ahora se ha visto afectada por el hecho de que en los pueblos de la región ha surgido una cantidad de gobiernos con distintas definiciones políticas. Algunos se enfrentan, o por lo menos no comparten o resisten las políticas del Pentágono. La mayoría de los gobiernos se opone a este proceso de remilitarización del continente por parte de EEUU, remilitarización que es impulsada desde la misma Casa Blanca y a través del Comando Sur, o lo que ellos llaman Ministerio de Defensa, que en realidad debería llamarse ‘Ministerio de la Guerra’.
El signo más evidente de esta política de remilitarización -señala Bertaccini- es el desarrollo de muchas más bases extranjeras en la región. Es cierto que hace mucho tiempo que hay bases militares, pero quizá en el último período (2009 y 2010) el signo característico es el aumento brutal de éstas.
Es una realidad recién visibilizada para la gente común. El año pasado en Bariloche, en la Cumbre de Unasur del 28 de agosto, cuando apareció el escándalo de las nuevas bases militares en Colombia cedidas por el gobierno de Álvaro Uribe al Pentágono, se pudo ver -durante siete horas en la televisión estatal- toda la discusión de los gobiernos criticando a Uribe y denunciando la presencia de las bases militares extranjeras. Los doce gobiernos de Unasur rechazaron esta presencia extranjera y Uribe se quedó solo. Ni siquiera el Gobierno de Perú, que es su aliado en estos temas, lo apoyó. Gobiernos como los de Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa del Ecuador y Evo Morales de Bolivia, salieron al frente para denunciar y rechazar la presencia militar norteamericana.
Frente a la evidente amenaza no ya de la instalación de bases militares, sino de su presencia efectiva en varios puntos estratégicos del mapa latinoamericano, se ha gestado un gran movimiento antiimperialista en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba e inclusive Estados Unidos, en rechazo a las bases militares cuyo objetivo superior, sin duda, es la intervención sobre aquellos pueblos que han dicho basta al modelo capitalista depredador y plantean hoy nuevos caminos para la construcción de la verdadera independencia, con dignidad y soberanía.
Es bueno no olvidar que el enemigo principal de los pueblos tiene un nombre y posee un frondoso prontuario de delitos contra la humanidad: el imperialismo norteamericano.
En las Malvinas está la gran base militar de Mount Pleasant; para unas islitas donde viven 2.500 habitantes hay dos pistas de aviación, una con 2.600 metros de largo…esto tiene que ver con el tamaño de los aviones, que tienen que transportar tropas, equipos, armas…
La Prensa: Alianza con Irán
Países vecinos que han avanzado en proyectos de energía nuclear se cuidan mucho de respetar lo estipulado por acuerdos de Naciones Unidas?
El presidente Evo Morales confirmó, al volver de Corea del Sur, que su Gobierno tiene un criterio preciso sobre la política de alianzas internacionales, que privilegia a países como Irán.
Ninguno de los cinco países vecinos de Bolivia tiene preferencias similares en sus políticas de alianzas internacionales.
A propósito de estas inclinaciones políticas de los países de la región, recientes publicaciones llaman a América Latina ?el extremo Occidente?. En la región, sólo Venezuela tiene las preferencias internacionales de Bolivia.
El presidente Morales ha ido más allá todavía, pues decidió reclasificar la imagen internacional de Irán, al que califica de ?pacifista? a pesar de que es el centro de los peores temores en todo el Oriente Medio.
El Mandatario boliviano dijo en una improvisada declaración pública que, según cree, Israel tiene entre 60 y 200 bombas atómicas que no ha declarado a las Naciones Unidas. Este tipo de declaraciones, hechas en nombre de un país, tienen que ser más serias. Otros gobernantes se cuidan de decir frases como ?según informes de diferentes fuentes? para sustentar alguna información.
Dijo el Presidente que hay países pacifistas, como Irán, que se arman para defenderse, mientras otros, como Israel, que se arman para agredir o invadir.
Quizá sea conveniente que el Gobierno, pero específicamente el presidente Morales, tenga más cuidado cuando se trata de hablar en nombre del país, no solamente en los detalles y en las informaciones, que deberían ser precisas y sin vaguedades como la mencionada.
En el fondo, se trata de otro caso que señala la necesidad urgente de que el país elabore una política exterior coherente, que no sea susceptible de entusiastas cambios de tendencia.
Los intereses del país deberán ser tomados como guía de todo lo que se decida en política exterior. Sólo el interés del país debería tomarse en cuenta cuando se trabaje para estos propósitos.
Quienes diseñen la política exterior deberán enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo. En este momento, cuando en el mundo se habla del choque de culturas o de civilizaciones, cuando el terrorismo islámico amenaza al Occidente, se podría esperar que los gobernantes bolivianos tengan el tino de alinear el país de manera que sus intereses sean precautelados de manera privilegiada y excluyente.
En las Naciones Unidas, el debate sobre las armas nucleares es motivo de cuidadosos análisis. Países vecinos, como Argentina y Brasil, que han avanzado en proyectos de energía nuclear, se cuidan mucho de respetar lo estipulado por el organismo internacional para que no queden dudas sobre los propósitos pacifistas que tienen.
Por lo demás, América Latina goza de la condición de ser una zona libre y protegida de armas nucleares. Esto obliga a los países de la región a ser muy cuidadosos con este tema.
La Cancillería debería proponerse enviar al Parlamento las bases de una política exterior permanente para Bolivia, e iniciar un debate amplio sobre el tema, de tal modo que no se den confusiones como la que ha tenido el presidente Morales.
El Diario: Policía, ¿en qué quedan planes para reorganizarla?
Cuando la delincuencia ajusta mucho; cuando los problemas de la seguridad ciudadana no encuentran soluciones; cuando hay reclamos sobre el comportamiento indebido de muchos oficiales y tropa de carabineros, hay “desgarre de vestiduras”. Las autoridades de Gobierno anuncian una inminente reorganización; por supuesto, los mandos de la entidad prometen y juran que “están en estudio”: planificación, organización, reorganización, replanteos, refundación y otros para la Policía Boliviana.
Pasados los problemas -graves la mayoría de ellos- en los que han intervenido los policías, toda buena intención de cambio queda en el olvido. La verdad es que desde hace muchos años, décadas, la Policía ocupa lugar preferente en las autoridades y en el pueblo para “tocarla” y aplicar programas que permitan su reorganización completa; si es posible, con un cambio radical inclusive en los mandos para empezar de nuevo y con base en estrictos exámenes de competencia no sólo para comprobar la capacidad de aquellos policías que siguieron estudios en su escuela, sino sobre la idoneidad, los valores morales y éticos y muchas otras condiciones.
Hace muchos años, el Comando de la Policía anunció: “Se ha descubierto 500 ítems fantasmas en la Policía; se siguen las investigaciones y, en pocos días informaremos a la opinión pública”. Han pasado los años y no hay tal información, menos que se hayan suprimido esos ítems fantasma que nunca se supo a quiénes beneficiaban. Habrá que temer, de todos modos, que esas partidas presupuestarias siguen siendo desembolsadas por Hacienda y, por supuesto, beneficiando a 500 “fantasmas” que, a vista y paciencia de los mandos, festejan una percepción graciosa y gratuita.
Los cuadros policiales, al margen de que parece que no se han dado cuenta de la importante misión que tienen, no toman en cuenta que es tiempo -luego de muchas décadas de funcionamiento- de reestructurarla, cambiar sistemas, reeducar a tropa y oficiales carabineros y, sobre todo, sentar nuevas reglas de formación para quienes desempeñen tan importante labor. Los mismos mandos, conjuntamente el Ministerio del ramo, han reconocido que hay corrupción, que el abuso con el pueblo y la complicidad en muchos actos delictivos es parte del accionar de muchos policías; pero, igual, no hay quién ponga coto a todo ello; al contrario, cada “olvido” implica que surjan nuevas sindicaciones contra policías.
La verdad es que la diversificación de funciones que tiene la Policía: Identificación Personal, Tránsito, Vigilancia nocturna en ciudades, guardias en ministerios y otras instituciones, etc., etc. da lugar a que “haya pocos efectivos” y el presupuesto sea mínimo para atender necesidades de mejor servicio. Pero, a la vez, nadie rinde cuentas de la venta de “rosetas” de Tránsito por inspecciones vehiculares que nunca se realizan; nadie dice algo sobre las recaudaciones de multas y otras gabelas; tampoco se informa sobre determinados decomisos producto de abusos contra ciudadanos y otros ingresos que, contando con las recaudaciones por Identificación Personal suman muchos millones de bolivianos de los que nadie rinde cuentas.
El Gobierno, por su propia responsabilidad, debe proceder con la Policía con la mayor energía y para su reorganización aunque, con seguridad, surgirán los mandos policiales que están seguros de ser intocables porque se cree que los policías, por su propia labor, “cumplen con las leyes y sirven con honestidad y eficiencia al pueblo”; en fin, los sofismas para evitar cambios en la Policía son de todas las gestiones de gobierno.
El Mundo: Defensa
El Presidente Morales tuvo que dar satisfacciones a Costa Rica por haber mencionado al ejército de ese país, dentro de un discurso que se refería a la defensa de las naciones latinoamericanas y lo que es peor, asegurar que Estados Unidos se encargaría de la defensa de esa nación centroamericana. La idea de nuestro presidente, de que alguien tiene que encargarse de la defensa de un país, cuando sus Fuerzas Armadas están debilitadas, da lugar a que su gobierno, desde el primer día, hubiera decidido someter a nuestro país al dominio de las fuerzas revolucionarias cubanas y luego a las del comandante Chávez que viéndolo bien, lejos de cuidarnos debe preocuparse de la fuerte presión interna y de la amenaza norteamericana que además de la permanente insolencia de su gobernante, debe tener intereses fundamentados en la riqueza petrolera del país caribeño. A propósito, la mención de Morales de las Fuerzas Armadas inexistentes de Costa Rica que las eliminó antes de la mitad del siglo pasado, tuvo lugar en un acto en el cual las Fuerzas Armadas Bolivianas recordaban un bicentenario que no acabamos de entender, ya que en el mejor de los casos, las Fuerzas Armadas Bolivianas tendrían que pensar en los 185 años, desde que fueron fundadas al iniciar la vida republicana, bajo el mando del libertador Antonio José de Sucre.
El Bicentenario tendría que estar referido a las fuerzas encabezadas por Manuel Ascencio Padilla, Ignacio Warnes, el Moto Méndez y otros líderes de las fuerzas revolucionarias que ni por casualidad habrían pensado en que serían los pioneros de la nación boliviana que fue más bien una ocurrencia de 1825, cuando nacía la nueva nación en el Alto Perú, inclusive con la oposición del Libertador Bolívar que tenía en sus planes el nacimiento de una nación mucho más extensa y fuerte, que por razones particulares no pudo hacerse realidad.
Consideramos que además de haber dado las satisfacciones necesarias al gobierno de Costa Rica, seria importante que el gobierno socialista se tome un tiempo para pensar en la importancia que tiene para ese país el no contar con los excesivos gastos que representa mantener unas Fuerzas Armadas que en los 185 años de vida republicana, han representado muy poco para el crecimiento de la nación y por el contrario, resultaron adversas a ese sistema de gobierno, con empresas estatales y nacionalizadas que fueron revertidas precisamente por acción de las Fuerzas Armadas, desde 1964 adelante, cuando a través de un golpe de estado, ellas se hicieron del poder para satisfacer intereses que en ningún caso fueron nacionales y sirvieron más bien intereses relacionados con el gobierno mas fuerte de occidente.
Paradójicamente, desde su llegada al gobierno, el presidente Morales y su gobierno se preocuparon por adular a las Fuerzas Armadas, mediante el pago de bonos especiales y el incremento de haberes, sin que ellas hubieran entregado en cambio ningún beneficio tangible, con el excepción de neutralizar el riesgo de que pudrieran en algún momento intentar hacerse cargo de la situación, como lo hicieron entre 1964 y 1982, en un proceso que muy poco tuvo de beneficioso para el país.
Antes que ofrecer satisfacciones a Costa Rica por la mención de unas fuerzas armadas inexistentes, el gobierno tendría que preocuparse en analizar la situación de ese país y ver cuan poca fue la necesidad que ese país tuvo de contar con un organismo que en la práctica, no ha cumplido una función positiva, ni en la defensa de la nacionalidad, como seria su función fundamental, ni en el control de las fronteras y otras tareas menores que en la práctica fueron superadas por las actividades del contrabando y la penetración permanente de los vecinos, con el uso de lo bienes nacionales, cuando no de los recursos naturales existentes en el territorio nacional.
Un cambio en ese sentido podría significar el fortalecimiento de las tareas de educación y otras, para las que los recursos invertidos en Fuerzas Armadas tendrían mejor utilidad, salvo que en los planes del gobierno estaría llevar al plano de la seriedad la declaración de guerra a los Estados Unidos de Norteamérica y otras bravuconadas que sólo tuvieron el fin de mostrar la solidaridad con el gobierno venezolano, en la crisis ahora superada con Colombia, por el respaldo a las fuerzas irregulares de las FARC.
De esa manera tendríamos la posibilidad de defender a estado plurinacional socialista de su principal enemigo que es la falta de educación de los ciudadanos.
Opinión: Reflexiones informales sobre el sentido social de la economía
Para los que tienen la gentileza de leer lo que escribo, debo informarles acerca de las funciones que cumplo en este medio de comunicación. Opinión, tiene un Director y un Codirector, los dos actuamos en el mismo nivel, en el marco de un programa que asigna áreas y responsabilidades, claramente delimitadas. Por ahora, y provisionalmente, yo estoy a cargo de la gerencia general de Coboce, esto quiere decir que el director en ejercicio es el Dr. Federico Sabat Lara. Mi ausencia temporal no me releva de las responsabilidades ideológicas que nos comprometen a todos los que prestamos servicios en esta empresa periodística.
Para diferenciar las funciones de Director de las que realizo como intelectual, firmo mis artículos. Ahora, en esa condición, formularé algunas reflexiones acerca de la necesidad de realizar transformaciones estructurales para que la economía esté al servicio de la gente.
El debate acerca de las funciones del Estado, en esta materia, es permanente, quizá no acabe nunca, mientras la organización política actual siga vigente. Yo creo que el Gobierno, como parte del Estado, tiene facultades para resolver los problemas que afectan a la sociedad, lo político es aquella parte de la economía, de la ciencia o del arte, que interesa a todos. En esa proyección, es normal que las autoridades dicten normas y las apliquen mediante los niveles administrativos pertinentes. En ejercicio de esa facultad rectora, el sector público, también puede planificar el desarrollo nacional. Como se sabe, el término desarrollo, abarca todos los aspectos del país, en función del ser humano. En este ámbito, un tema concreto es el que se refiere al sector público respecto de la organización y administración de unidades productivas específicas, hay quienes dicen que el Estado debe manejar los sectores estratégicos de la economía. Conceptualmente, estratégico quiere decir aquel nivel o sector del que pueden surgir otras corrientes económicas y que, de algún modo, tiene relación con la seguridad del Estado y el bienestar de la población. Considerando tal definición, aquí en Bolivia, los sectores estratégicos serían: hidrocarburos, minería, industria pesada, agricultura de alimentos básicos y, contemporáneamente, la cibernética, lo demás tendría que estar bajo la responsabilidad del sector privado, con las garantías necesarias.
A fin de lograr una articulación eficiente, oportuna y ágil de todo el aparato productivo, es no sólo pertinente, sino obligatorio que el Gobierno planifique el desenvolvimiento global del país. En materia de planificación hay tres métodos: el imperativo, el consensual y el indicativo. En el primer caso, todos están en la obligación de cumplir las tareas señaladas por el Gobierno; en el segundo, de lo que se trata, es de un acuerdo deliberado entre los sectores público y privado; logrado el acuerdo, los objetivos y la disciplina implícita en la planificación, se convierten en obligatorios. El tercer método se refiere a un conjunto de fines, actividades y plazos establecidos por el sector público como mera sugerencia u orientación. Todo esto, habida cuenta de las leyes de la economía que se cumplen, a pesar de la voluntad de las personas o de las instituciones. Yo soy partidario de la planificación concertada. Creo que todos podemos ponernos de acuerdo para hacer de Bolivia un país admirable.
A través de este sistema, el sector público puede poner la economía y, en ese marco, la propiedad privada, al servicio del bien común. Contemporáneamente, aun los países capitalistas más tradicionales, se preocupan por el bienestar de sus pueblos. Saben que no es posible lograr el progreso sólo de un sector o de grupos privilegiados, sin provocar contradicciones y conflictos que imposibilitan una existencia digna y feliz. Allá donde la mayoría sufre injusticias, hambre y privaciones, obviamente, los sectores económicamente solventes, no pueden estar lejos del drama ocasionado por esas diferencias e injusticias.
La solución no es fácil, es urgente buscar fórmulas ingeniosas que resuelvan las diferencias sin trasladar los costos a otros sectores o niveles. Circunstancialmente, parece fácil confiscar a unos para dar a otros. Una fórmula tan simple en la dinámica de las luchas partidarias, acaba muy pronto, empobreciendo a todos y, consiguientemente, generalizando la violencia. De lo que se trata es de aumentar la riqueza, crear puestos de trabajo y dar a las personas la oportunidad de ganar su pan con la dignidad implícita en su condición humana. Ganar el pan con el esfuerzo propio significa haber alcanzado un nivel importante de evolución. Estoy de acuerdo que, en esta proyección, el Estado puede utilizar incentivos y disuasivos y con mayor eficacia el sistema tributario para poner las cargas más pesadas sobre las espaldas más anchas. Los impuestos constituyen los mecanismos más eficientes para la redistribución de la riqueza.
Lo que el gobierno del presidente Evo Morales ha hecho, en ámbito de los hidrocarburos, es plausible, los resultados están ahí y son contundentes. En minería y agricultura, todavía no hay un sistema completo de largo alcance, es urgente que esto sea concluido, lo antes posible. Las acciones realizadas con empresas, que estaban en manos nacionales, no son las más aconsejables. Con la indemnización que se pagará, se podían establecer otras unidades productivas, creando más fuentes de trabajo e incrementando los ingresos de las áreas correspondientes. Lo que ha sucedido últimamente en Sucre, más allá de su contenido político y moral, económicamente hablando, no es lo más eficiente. La cementera ya era de propiedad del sector público (Alcaldía y Universidad), esto quiere decir, que podía ser administrada desde esa perspectiva. Con el dinero de la indemnización, seguramente treinta millones o más, se podía haber instalado otra fábrica en Sucre. Aquel hermano departamento, además de poseer físicamente la fábrica de cemento, hubiera tenido otra inversión importante con los efectos consiguientes en puestos de trabajo y en rendimientos económico financieros. Ahora, el precio que pague el Estado, con seguridad y dadas las condiciones jurídicas imperantes, será trasladado a otro lugar.
En economía, lo importante es el sentido social de lo que se produce. La mejor forma de redistribuir la riqueza es creando fuentes de trabajo. El gobierno del presidente Evo Morales tiene condiciones excepcionales para hacer de Bolivia un país próspero, capaz de ofrecer a su pueblo condiciones dignas de existencia.
Clarín, Argentina: Otro plan para Oriente Medio
El relanzamiento de las conversaciones de paz en Oriente Medio anunciado en Washington reabre un proceso de negociaciones con moderadas expectativas y destino incierto. Juegan a favor de un entendimiento más decidido las amenazas comunes que enfrentan los antiguos contendientes israelíes y árabes.
En primer lugar, la inestabilidad regional incentivada por las guerras de Irak y Afganistán y la creciente presencia de Irán como potencia regional con influencia en otros países del área. En segundo lugar, una radicalización de las posiciones más intransigentes al interior de los países. Ambos factores estimulan un acercamiento entre los gobiernos y líderes árabes y judíos menos intransigentes. Quienes se reunieron en Washington bajo los auspicios del presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton son los viejos enemigos de ayer, devenidos potenciales y necesarios aliados de hoy: el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas, el presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey de Jordania Abdalá II.
Es la apuesta más fuerte de Obama en lo que va de su mandato y cuando precisa algún logro externo luego de anunciar el retiro de tropas de Irak sin haber alcanzado el objetivo. Pero el resultado de este nuevo intento de acuerdo palestino-israelí, a diez años del último Camp David, está en manos de los líderes de Israel y la Autoridad Palestina enfrentando los extremismos y derrotando a la hostilidad.
El relanzamiento de las conversaciones de paz en Oriente Medio reabre el proceso de negociaciones con moderadas expectativas sobre sus resultados.