Maggy Talavera – Periodista | Urupesa urbana – Página 7
Si la felicidad de la gente dependiera de la cantidad de leyes que tiene un país, no hay duda que los bolivianos estaríamos en la lista de los más felices del mundo. Las leyes se aprueban con una asiduidad que espanta, en medio de maniobras parlamentarias nada ortodoxas. Hoy y ayer, sin excepciones a la regla, reeditando aplanadoras. La cantidad de leyes aprobadas, sin embargo, no ha garantizado ese estado de felicidad prometido. Y no lo ha logrado, no sólo porque cantidad no es sinónimo de calidad; sino también porque no basta la letra muerta de la ley para asegurar justicia, en primer lugar, y felicidad de yapa. Es más, en el caso boliviano esa avalancha de leyes sólo ha servido para confundir a la población y favorecer a quienes se alternan en el poder, permitiéndoles que sigan acumulando privilegios en detrimento de las mayorías que dicen representar y de la democracia que juran defender.
El Gobierno del MAS no es una excepción. Saca leyes de la Asamblea Plurinacional que controla, como hacer chipilo. ¡Y hasta tiene libreto para ello, con marcación de tiempo incluida: una ley por semana! Al menos, fue la orden inicial dada por el jefe máximo de la bancada oficialista y a la que sus asambleístas dan cumplimiento sin chistar. La más reciente de las órdenes cumplidas es la que se traduce en la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Cualquiera podría aplaudir la iniciativa, obnubilado por el título de la norma y porque como dice Benjamín Santisteban, “en estos tiempos, a excepción de neo-nazis confesos, nadie se declara racista, todos acusan de racistas a todos”. Pero, ¿será que esta Ley está como para celebración? Al contrario de lo dicho por el Defensor del Pueblo y otras voces, me atrevo a decir que no, que no hay motivo para el festejo. Por el contrario, la Ley da nuevos y más motivos para preocuparnos.
Así lo sostengo, a costa de que desde el oficialismo digan que lo hago por “racista” o “discriminadora”. ¡Vaya paradoja, los que discriminan y sostienen su discurso político sobre ideas racistas, dando normas de conducta para castigar el racismo! Y tomo la definición de racismo que los impulsores de la Ley incluyen en el artículo 5: “Se considera racismo a toda teoría tendiente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio del otro con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro”. ¿Acaso no son los principales portavoces del MAS y del Gobierno los que abogan por la superioridad aymara, en detrimento de todos los otros sectores de la sociedad boliviana? Si fuera por la simple y pura vigencia de la letra muerta de la Ley, más de una autoridad oficial, funcionario gubernamental o vocero de movimientos oficialistas serían encarcelados por infringir la nueva norma.
Y digo que hay más motivos para la preocupación que para el festejo, porque con la nueva Ley el Gobierno tiene otro instrumento más para acallar las voces disidentes y críticas a la voz oficial. No sólo a las que emergen desde los medios de comunicación, hay que aclarar a contra corriente del grito de espanto de periodistas y dueños de esos medios, que han centrado sus críticas en un par de artículos de la Ley que los señala de manera directa, quitándoles el fuero especial del que gozan desde hace décadas. La Ley afecta los derechos y libertades de todos los ciudadanos, no sólo en su contenido y orientación deliberadamente discriminadora, sino también porque será funcional a las directrices de unos administradores de justicia que ya están copados y subordinados a los intereses políticos del Gobierno central y del MAS. Basta leer las más de dos carillas que contienen la Justificación de la Ley para darse cuenta de ello, en las que destacan como razones para aprobar la misma “…un proceso de exacerbación del racismo en ciudades como Santa Cruz; la masacre de Porvenir el 11 de septiembre en Pando; y el acto de humillación perpetrado en contra de personas llegadas de zonas rurales a Sucre el 28 de mayo, ambas en 2008…”
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En la Justificación no figuran las violentas manifestaciones de racismo registradas en El Alto, en Cochabamba, en La Paz… claro, seguramente porque ninguna de ellas fue motivo de “informes especiales” por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Bolivia, que sí desplegó esfuerzos y recursos para “analizar” los casos de Santa Cruz, Porvenir y Sucre, y cuyos informes dan “sustento” a la Justificación de motivos de la Ley contra el Racismo y otras formas de discriminación. No hay duda. Como ya lo dijo hace más de cuatro años el periodista argentino Marcelo De Angelis, “la justicia se define en un escenario donde quienes tienen el poder determinan su sentido y en el que la ley la ejercen quienes tienen la fuerza para imponerla”. Un “concepto de justicia extraño y alienante” propio de un pensamiento occidental, cristiano y burgués del que tanto reniegan el MAS y sus voceros, pero al que siguen fiel, tal como lo estuvieron antes los defenestrados líderes de la “política tradicional de la derecha y neoliberal”.
Santa Cruz, 11 septiembre, 2010