En Cuba sí toman en serio a Fidel

Paradójicamente, mientras Cuba inicia el desmontaje del régimen estatista, otros países se empecinan en encaminarse por el rumbo opuesto

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Sin maíz ni cemento

2. Bajo el Penoco, El Día: Bolivia importa

3. Los Tiempos: EN CUBA SÍ TOMAN EN SERIO A FIDEL

4. El Deber: Una reserva en el abandono

5. La Razón: Tristes episodios

6. Cambio: Se impuso la democracia

7. La Prensa: Reservas forestales en abandono

8. El Diario: La actual crisis política

9. El Mundo: Un compromiso

10. Opinión: Gastos de representación, montos y regulación

11. Clarín, Argentina: La economía y las instituciones

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El Día: Sin maíz ni cemento

El maíz y el cemento son dos productos elementales para cualquier economía. “Sin maíz no hay país”, solía decir el ex presidente Víctor Paz Estenssoro y no se necesita ser poeta ni experto economista para afirmar que “sin cemento no hay crecimiento”. Paradójicamente, ambos productos están faltando en Bolivia y justamente el Gobierno tiene mucho que ver en esa escasez que, por un lado, tiende a generar inflación y por el otro, le pone un freno a la industria de la construcción, una de las pocas actividades que está en auge en el país, sin mencionar por supuesto a la coca y otros rubros ilegales, que precisamente son las que incentivan en gran parte la bonanza de las edificaciones. Todo va de la mano.

Y así se encadenan también las acciones del Estado Plurinacional con la vida empresarial y a partir de lo que ocurre con el cemento y el maíz, se puede constatar que el impacto de dichas medidas sobre el consumidor se vuelve incontrolable, por más camisas de fuerza que intenten ponerle los técnicos del Gobierno; es decir, precios máximos, prohibiciones a la exportación y otras determinaciones que ya fueron tomadas y que justamente explican el desbarajuste.

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La falta de cemento no es otra cosa que una consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos que ha devenido en una caída estrepitosa de la producción. Desde hace años, muchas industrias de Santa Cruz, de El Alto y de Tarija, han tenido que buscar fuentes alternativas de energía ante la imposibilidad de apelar al gas y en numerosos casos, excelentes proyectos empresariales han tenido que archivarse ante la falta del energético. El Mutún no arranca, entre otras razones, porque no hay gas suficiente y obviamente, en este cuatro tan negativo (no olvidemos que Bolivia perdió el mercado de gas de Cuiabá ) le tenía que llegar el turno a las fábricas de cemento, que ahora se ven impedidas de acompañar el crecimiento de la demanda.

Frente a esta emergencia, el Gobierno no tiene mejor idea que nacionalizar la principal fábrica de cemento del país y naturalmente está obligado a realizar cuantiosas importaciones de este producto para paliar la escasez. El Estado no solamente gastará millonadas del Tesoro en comprar cemento más caro del exterior, sino que al mismo tiempo incidirá negativamente en la industria nacional. Lo que ocurra con Fancesa será sin duda alguna “la cereza” sobre esta torta tan desagradable.

El maíz comenzó a escasear en el mundo entero hace unos cinco años o tal vez más y los precios empezaron a subir. Llegó el MAS al Gobierno y lo primero que hizo fue frenar las exportaciones de este cereal. Esta medida, sumada a la inseguridad jurídica de los agricultores, se constituyó en un freno para expandir la producción y obviamente al caer la demanda, el precio se fue a las nubes, hecho que repercute en toda la cadena, como el pollo y otros forrajes alternativos. En lugar de incentivar cultivos adicionales (cosa que aparentemente comenzará a hacer) los operadores gubernamentales anuncian importaciones, lo que consolida el círculo vicioso. La gran novedad es que el factor precio, ese que ha estado controlando el Gobierno con cierto éxito, se ha vuelto una amenaza que no cede.

 

El Gobierno tiene mucho que ver en esa escasez que, por un lado, genera inflación y por otro, pone un freno a la industria constructora.

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Bajo el Penoco, El Día: Bolivia importa

El Gobierno anunció que importará 10 mil toneladas de cemento por mes de Perú para paliar la escasez de este producto y paralelamente, Soboce, propietaria de la mayoría de las cementeras de Bolivia, también comprará del mercado peruano alrededor de 20 mil toneladas del material para fabricar hormigón y otras 40 mil toneladas de clinker, la materia prima. El Gobierno del MAS ha estado haciendo esfuerzos por competir con la empresa privada en la producción de bienes y está buscando incrementar la presencia del Estado en la economía nacional, hasta un máximo del 70 por ciento, según lo ha anunciado el vicepresidente García Linera, cuyo objetivo es conseguir un “Estado Integral”. Lo de producir más está por verse y mientras siga ocurriendo lo mismo que ha sucedido en las minas y petroleras nacionalizadas, habrá que prepararse para más importación, no sólo de gas, gasolina y cemento sino también de cartón y otros rubros en los que el Estado Plurinacional pretende incursionar. Al final, el Gobierno cumple y compite con los privados, pero con los importadores.

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Los Tiempos: EN CUBA SÍ TOMAN EN SERIO A FIDEL

Paradójicamente, mientras Cuba inicia el desmontaje del régimen estatista, otros países se empecinan en encaminarse por el rumbo opuesto

Cuando hace algo más de una semana se publicó la entrevista que durante muchos días y con la minuciosidad que le es característica preparó con un periodista estadounidense, Fidel Castro logró un efecto mediático notable. Sus palabras causaron revuelo en todo el mundo, excepto en Cuba, donde fueron sistemáticamente censuradas.

Desde ese mismo día comenzaron a proliferar las hipótesis en busca del porqué de tan sorprendentes declaraciones. Hubo desde las que se inclinaban por olvidar la política e indagar incluso problemas correspondientes a la edad, hasta las que aseguraban que, muy lejos de ello, Castro estaba dando una muestra más de lucidez, e incluso hay voces que las consideran obra de genialidad política, al inaugurar con sus palabras el proceso de deconstrucción del socialismo cubano con el mismo ímpetu con que más de 50 años antes inició su construcción.

En cuál de ambos extremos se encuentra la verdad es algo que el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si hay algo que está más allá de cualquier interpretación subjetiva o "manipulación mediática", es que sólo cinco días después de que Fidel Castro sostuviera que "el modelo cubano no funciona ni para nosotros", se han producido en Cuba dos hechos de lo más significativos.

Uno de ellos estuvo a cargo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que anunció el recorte en seis meses de 500.000 empleos estatales de los más de un millón (un 20 por ciento de la fuerza laboral) que el Gobierno prevé eliminar en el próximo futuro para aumentar la productividad.  Lo notable no es el anuncio en sí mismo, pues ya había sido hecho hace algún tiempo por Raúl Castro, sino las circunstancias en que fue ratificado.

Casi simultáneamente, y de una manera misteriosa pero que no puede atribuirse a la casualidad,  se "deslizó" a la prensa internacional un documento interno, supuestamente muy reservado, que desde hace algún tiempo estaría circulando entre los más altos dirigentes del Partido Comunista Cubano. Se trata de un análisis de 26 páginas en el que con toda minuciosidad se trazan las líneas maestras de lo que será el inicio del proceso de privatización de la economía cubana.

Aunque el documento ha sido objeto de muchas burlas por los jocosos extremos que llega al discernir entre las 124 actividades que podrán ser transferidas a la iniciativa privada –vender agua, por ejemplo–  y las que seguirán perteneciendo a la categoría de actividades delictivas –que esa agua sea para beber en vaso– lo que parece evidente es que sus autores sí tomaron muy en serio la idea según la cual el modelo cubano no funciona y requiere con urgencia una radical transformación.

Paradójicamente, mientras bajo la conducción de Fidel Castro el pueblo cubano se prepara para dar marcha atrás en el camino que condujo a la destrucción del sector privado de su economía, otros países, entre ellos el nuestro, se empecinan en encaminar su marcha en el rumbo opuesto. Razón más que suficiente para preguntar si las primeras escaseces que padecemos –pollo y cemento, por ejemplo– no tendrán algo que ver con las mismas fórmulas que durante más de 50 años se aplicaron en Cuba con tan elocuentes resultados.

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El Deber: Una reserva en el abandono

El día en que la depredación forestal acabe o por lo menos reduzca de forma drástica el bosque de nuestros parques naturales, el desarrollo agropecuario en el país se tornará manifiestamente insostenible. Es que tales acervos naturales constituyen la pieza clave para un normal equilibrio ecológico-ambiental, sin el cual no puede existir la biodiversidad y tampoco un buen régimen pluvial para la agricultura y los pastizales reservados a la cría de ganado.

Lo anterior cobra especial relevancia para Santa Cruz, una región que posee la mayor parte de las reservas naturales del país. Riquezas como las que encierran los parques Noel Kempff Mercado y Amboró, por sólo citar estos dos casos, son la fuente de evaporación que tanto influye en la normalidad de las lluvias regionales. El agua que cae del cielo, ahora tan escasa y necesaria, condiciona favorablemente el proceso de fertilización de la tierra y ésta rinde lo que tiene que rendir. La sequía se abate con todos sus males en zonas donde no se da tan positivo rol de la floresta en la atmósfera.

Lamentablemente, año que pasa son más recurrentes los signos premonitorios de tan indeseable contingencia. Hasta ahora, los incendios forestales tenían lugar casi exclusivamente en los llanos orientales y zonas selváticas de otras regiones del país, a cierta distancia de los parques naturales. Se originaban en focos de fuego que encendían los chaqueadores de siempre. En el año que corre, durante la actual estación seca, alcanzaron un número sin precedentes en la historia de estos siniestros, convirtiendo en cenizas, a escala nacional, más de dos millones de hectáreas de selva. El país terminó cubierto por una humareda que en Santa Cruz alcanzó particularmente peligrosa densidad y toxicidad cuyos efectos todavía se dejan sentir.

Lluvias ocasionales no lograron extinguir del todo esos puntos de fuego, porque para que esto ocurra son necesarios chaparrones tan fuertes como prolongados, sin los cuales no se apagan del todo las brasas incandescentes bajo la respectiva capa de ceniza. Pasa el chubasco ocasional, vuelve la sequedad y el viento reaviva el foco de fuego. Parece que tras las últimas lluvias aconteció así en las faldas de nuestro Parque Noel Kempff : brotó de nuevo el fuego originado en zonas brasileñas fronterizas, propagándose hasta las plantas de tan invalorable como hermosa área de selva, montaña y caídas de agua.

En todo caso, dicho Parque estuvo desde mucho antes soportando las consecuencias de los trabajos de ‘desmonte’ (chaqueos) de grupos de colonizadores establecidos en sus proximidades. Lo hacen con el fin de habilitarse áreas de cultivo de productos como yuca, maíz, plátanos, etc. Tras encender el fuego, las llamas, impulsadas por el viento, se propagan de inmediato, afectando a grandes extensiones de tierra. El Gobierno nunca reparó en los riesgos que para la conservación de los parques naturales del país representaban los planes de ‘colonización’ que ejecuta no sólo en el este de Santa Cruz, sino también en las regiones de Pando y Beni.

Lo más sensible, sin embargo, es la inexistencia de control y supervisión de los parques naturales del país por parte de las autoridades específicamente encargadas de tan crucial labor. Brillan por su ausencia en el Parque Noel Kempff Mercado. Por tanto, colonizadores y chaqueadores queman en sus faldas cuanto quieren. Y nadie alerta a nadie del fuego que llega de Brasil, desde estancias ganaderas.

En definitiva y bajo tales circunstancias, el precioso Parque parece estar abandonado a su suerte. Es algo para lamentar y condenar a los cuatro vientos.

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La Razón: Tristes episodios

Si algún error va a alejar a un alcalde del cargo, que sea uno grande, evidente, probado

Se trata de un proceso judicial más, pues ya cursa otro en contra del contralor Gabriel Herbas, quien se habría apresurado en acusar al Alcalde sin cumplir con los procedimientos que marca la ley. El alcalde Revilla, por lo demás, se guarda el derecho de iniciar otros juicios, a nivel personal, mientras desde la Contraloría se insiste en que hay mucho más que fiscalizar en las obras ediles…

Lo cierto es que a diario se derrocha energía que seguramente, en el caso de La Paz, se resta de las muchas y verdaderas ocupaciones que la ciudadanía espera de sus autoridades. ¿A quién pasar la factura?

Desde la Contraloría se dirá que simplemente se cumple un deber, que el manejo correcto de recursos, el desarrollo adecuado de la gestión deben ser garantizados. Irrefutable argumento. Pero, si el trabajo de evaluación de toda la labor que se ha cumplido a favor de una urbe durante una década —como es evidente en el caso de La Paz— se va a reducir a un detalle —por ahora no probado de la rendición de cuentas por gastos de representación—, algo no está siendo bien evaluado.

Tan poco sustentable parece el argumento en perspectiva: poner en vilo toda una gestión, con el riesgo hoy evidente dadas las reglas de juego, de alejar al Alcalde del poder para el que ha sido elegido por el voto ciudadano, que la palabra que emerge para calificar los hechos parece una: exceso.

Así parecen percibirlo también los ciudadanos. La prueba está en las firmas que se están estampando en puntos callejeros instalados por el Movimiento Sin Miedo (MSM). La firma, en rigor, más que defender a una persona, traduce el deseo de la gente de que su decisión, expresada en elecciones democráticas, sea respetada. La mayoría de los paceños votó por Luis Revilla y ése es un hecho. Si algún error cometido en el ejercicio de sus funciones va a derivar en su alejamiento del cargo, éste tiene que ser realmente grande, evidente, probado. De lo contrario, qué nefastas las reglas que permiten el despropósito de cortar aquello por lo que los paceños se pronunciaron: la continuidad de una gestión, la tranquilidad de gobierno y no más los sobresaltos que traen las crisis políticas de las que La Paz tiene triste memoria del pasado no muy lejano.

Las acusaciones apresuradas, los juicios a los que éstas obligan, pasarán a la historia como uno más de los tristes episodios de una vida política que sobrepone el conflicto a la capacidad de diálogo.

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Cambio: Se impuso la democracia

Agobiado por la presión interna y externa, que rechazó contundentemente su intención de favorecer a violadores de los derechos humanos con una norma que aprobara hace dos semanas —en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso—, el presidente peruano, Alan García Pérez, no tuvo otro camino que resignarse a que el Poder Legislativo derogara el Decreto 1097 con el respaldo de 90 votos contra uno.

Diversas instituciones, como la Iglesia Católica —a través de la Conferencia Episcopal—, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, partidos políticos e incluso su ministro de Justicia, Víctor García Toma; además de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, no sólo rechazaron la pretensión de García Pérez de liberar de culpa y pena a los represores que actuaron durante el gobierno del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), sino que la denunciaron y la condenaron.

Por eso, la aprobación del Decreto 1097 desató un vendaval de críticas, puso en ascuas al gobierno de García Pérez y lo sumió en una profunda crisis política, ya que esa norma constituía en los hechos una ‘ley de impunidad’ que legalizaba una ‘amnistía encubierta’ a los procesados y acusados por graves violaciones a los derechos humanos.

Y aunque el mandatario peruano envió el martes "con carácter de urgencia" un proyecto de ley al Parlamento para que deje sin efecto el controvertido decreto legislativo, su derogatoria constituyó un duro golpe a la ya deteriorada imagen de su gobierno. Porque, pese a las aclaraciones oficiales de que ese decreto fue producto de "una conspiración de un ministro y algunos congresistas y abogados", los hechos señalan lo contrario.

El decreto dictado por García beneficiaba a los integrantes del grupo Colina —por cuyos crímenes Fujimori ha sido condenado a 25 años como autor intelectual— que habían solicitado que el proceso en su contra, que está cerca de culminar, sea archivado, con lo cual quedarían libres. Incluso Fujimori podía haberse beneficiado por esa norma. El decreto —que fue derogada por el Congreso peruano— señalaba que los delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos antes de noviembre de 2003 no eran considerados crímenes de lesa humanidad y tenían el beneficio de la prescripción.

Además establecía que si el proceso de investigación judicial por estos delitos excedía el plazo de 36 meses, el caso quedaría archivado y los inculpados libres de responsabilidad.

El 3 de noviembre de 1993, seis individuos armados y encapuchados bajaron de dos vehículos, allanaron un domicilio particular y ordenaron a los asistentes de la reunión tenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos. Así mataron a 15 de ellos, incluido un niño de ocho años de edad, e hirieron seriamente a otras cuatro personas, una de las cuales quedó paralítica

Según un reporte de Prensa Latina, el comentarista oficialista Mirko Lauer, del diario La República, intentó ayer liberar de toda responsabilidad a García Pérez y aludió como autores al hasta el martes ministro de Defensa y proyectista del decreto, Rafael Rey, y al primer vicepresidente, Luis Giampietri, quienes insisten en defender la legislación anulada y el segundo hasta se propone presentar otro proyecto similar ante el Congreso Nacional.

Y mientras Rey dijo haber sido abandonado por el gobierno y afirmó que ni el Presidente ni los demás ministros pusieron reparos al decreto cuando presentó el proyecto, un tribunal rechazó ayer el pedido de 21 militares acusados de violaciones a los derechos humanos que la semana pasada habían pedido acogerse al derogado decreto. El tribunal declaró inaplicable el pedido por considerar que generaría una grave contradicción con acuerdos suscritos por Perú con organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Además, por la gravedad del atropello a la defensa de los derechos constitucionales que representaba, dos días después Amnistía Internacional exhortó al gobierno peruano a abandonar todo intento por legislar a favor de violadores de los derechos humanos porque podrían permitir el cierre de las causas que involucran a represores que están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad. "Constituyen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos y sientan las bases para una posible amnistía encubierta", dijo Susan Lee, directora del Programa América de Amnistía.

Es decir, el decreto 1097 permitía el sobreseimiento de los acusados "que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación" por el Ministerio Público y el Poder Judicial, como si no fuera el Estado peruano el responsable de acelerar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Además, ese argumento era una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes, lo cual se hubiese constituido en una amnistía encubierta.

Amnistía Internacional considera que en abierta contradicción con la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los que el Perú es un Estado parte, un nuevo Código de Justicia Militar Policial consagra la prescripción de los crímenes de guerra y admite también las amnistías y los indultos para las personas responsables de tales crímenes.

Entre 1980 y 1990 Perú fue víctima de una guerra interna que dejó al menos 69.000 muertos y desaparecidos. Según Amnistía Internacional, el 54% fue obra del grupo armado Sendero Luminoso y el 46% de las Fuerzas Armadas. Por eso, es trascendente que el Congreso derogara la ley de la impunidad y apostara por la democracia, pero fundamentalmente que se pusiera del lado de la justicia y de la vida.

Entre 1980 y 1990 la guerra interna dejó 69 mil muertos y desaparecidos. El 54% fue obra de Sendero Luminoso y el 46% de las FFAA. Por eso, es trascendente que el Congreso derogara la ley de la impunidad, apostara por la democracia y se pusiera del lado de la justicia y de la vida.

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La Prensa: Reservas forestales en abandono

Lo más sensible es la inexistencia de control y supervisión de los parques naturales por parte de autoridades encargadas de tan crucial labor.

El día en que la depredación forestal acabe o por lo menos reduzca de forma drástica el bosque de nuestros parques naturales, el desarrollo agropecuario en el país se tornará insostenible. Es que tales acervos naturales constituyen la pieza clave para un normal equilibrio ecológico-ambiental, sin el cual no puede existir biodiversidad y tampoco un buen régimen pluvial para la agricultura y los pastizales reservados a la cría de ganado.

Lo anterior cobra especial relevancia para las regiones que poseen reservas naturales en el país. Riquezas como las que encierran los parques Noel Kempff Mercado, Amboró y el Madidi, en el norte de La Paz, son la fuente de evaporación que tanto influye en la normalidad de las lluvias regionales. Las lluvias, ahora tan escasas y necesarias, condicionan la fertilización de la tierra y ésta rinde lo que tiene que rendir. La sequía se abate con todos sus males en zonas donde no se da tan positivo rol de la floresta en la atmósfera.

Hasta ahora, los incendios forestales tenían lugar casi exclusivamente en los llanos orientales y zonas selváticas de otras regiones del país, a cierta distancia de los parques naturales. Se originaban en focos de fuego que encendían los chaqueadores de siempre. En el año que corre alcanzaron un número sin precedentes en la historia de estos siniestros, convirtiendo en cenizas, a escala nacional, más de dos millones de hectáreas de selva. El país terminó cubierto por una humareda que en varias ciudades alcanzó peligrosa densidad y toxicidad cuyos efectos todavía se dejan sentir.

Lluvias ocasionales no lograron extinguir del todo esos puntos de fuego, porque para que esto ocurra son necesarios chaparrones tan fuertes como prolongados. Pasa el chubasco ocasional, vuelve la sequedad y el viento reaviva el foco de fuego. Parece que tras las últimas lluvias aconteció así en el Parque Noel Kempff: brotó de nuevo el fuego originado en zonas fronterizas con Brasil, propagándose hasta las plantas de tan invalorable como hermosa área.

En todo caso, dicho parque estuvo desde mucho antes soportando las consecuencias de los trabajos de ?desmonte? (chaqueos) de grupos de colonizadores establecidos en zonas próximas. Lo hacen con el fin de habilitarse áreas de cultivo de productos como yuca, maíz, plátanos, etc. Tras encender el fuego, las llamas, impulsadas por el viento, se propagan de inmediato afectando a grandes extensiones de tierra. El Gobierno nunca reparó en los riesgos que para la conservación de los parques naturales del país representaban los planes de ?colonización? que ejecuta en Santa Cruz, el norte de La Paz, zonas adyacentes al Chapare en Cochabamba, y ahora también en Pando y Beni.

Lo más sensible, sin embargo, es la inexistencia de control y supervisión de los parques naturales del país por parte de autoridades encargadas de tan crucial labor. Por tanto, colonizadores y chaqueadores queman en sus faldas cuanto quieren. Y nadie alerta a nadie del fuego que llega de Brasil, desde estancias ganaderas.

En definitiva, y bajo tales circunstancias, estos valiosos parques parecen estar abandonados a su suerte.

Es algo para lamentar y condenar a los cuatro vientos.