Controvertido: Según una experta, el racismo es un mecanismo de defensa para rechazar una parte que avergüenza a cada uno. Periodistas salieron a las calles en protesta contra los artículos 16 y 25 del proyecto legislativo antirracista. La ANP gestiona alianzas en La Paz.
Rechazo: protesta en La Paz contra agresiones racistas en Sucre, en junio de 2008
La Prensa. Los servidores públicos que incurran en actos de racismo y discriminación, recibirán terapia sicológica pagada por el Estado, sin perjuicio de ser enjuiciados penalmente si la falta es grave.
El debate está abierto. El masismo asegura que estas actitudes deben ser atendidas por profesionales, la oposición critica, mientras una especialista considera que los actos discriminatorios son mecanismos de defensa ante complejos.
El parágrafo segundo del artículo 13 del proyecto parlamentario oficialista de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece que “la institución pública podrá disponer que la servidora o el servidor infractor se someta a tratamiento sicológico, cuyos gastos correrán a cargo de la misma institución”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los pasibles a esta sanción serán los trabajadores de los entes públicos que expresen comportamiento racista y discriminatorio en el ejercicio de sus funciones, tanto en la relación con sus compañeros como con los usuarios.
El documento define como faltas de esta naturaleza a las agresiones verbales, la denegación de acceso al servicio, el maltrato físico, sicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), sustentó el planteamiento en que se debe asimilar la necesidad de cambiar la realidad boliviana a través de mecanismos de persuasión y educativos, porque en la “sicología social boliviana se ha internalizado el racismo de tal manera que parece algo normal”.
Por ello, la legisladora calificó esta actitud como una enfermedad y acotó que “el racismo y la discriminación son manifestaciones de intolerancia que deben ser tratadas por profesionales. Eso está precisado en estándares internacionales”.
A la par, la directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, la sicóloga Margaret Hurtado, explicó que el racismo y la discriminación son “mecanismos de defensa sicológica que implican proyección”, o sea, que al maltratar a una persona, “simbólicamente uno está matando una parte de sí que no quiere reconocer, porque se avergüenza de ella”.
Dijo que “esto se puede tratar, ser servidor público no significa ser una persona perfecta, así hubiese alcanzado la mayoría de edad, lo que no quiere decir que se tenga suficiente madurez emocional”.
El servidor público “racista”, según la propuesta, será sometido a proceso administrativo interno. Si se encontraran indicios de responsabilidad penal, éste deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía.
La oposición criticó el proyecto. La diputada Norma Piérola, del opositor Convergencia Nacional (CN), aseveró que se trata de “una ley tirada de los pelos y que esa decisión vendría como anillo al dedo a los proyectistas y a quienes pretenden aplicarla de manera unilateral”.
Cuestionó que no se defina quién o quiénes determinarán si un servidor público debe entrar a terapia. “Tendría que haber un dictamen profesional en sentido de que la persona está severamente traumada o sufre problemas sicosomáticos”.
La parlamentaria argumentó que tampoco se establece quién es responsable de hacer el dictamen final, en este caso un médico, un sicólogo o un sociólogo.
El planteamiento normativo, que ya fue aprobado por la Cámara Baja la semana pasada, determina también que los trabajadores de empresas privadas que incurran en estos problemas serán directamente remitidos al Ministerio Público.
Sin embargo, en ambos casos, los responsables de las entidades estatales o privadas deberán remitir los informes correspondientes a la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que llevará un registro de los antecedentes de las personas que incurran en estas faltas y que implementará un seguimiento a las causas respectivas.
Los delitos de racismo y discriminación se penan con hasta nueve años de reclusión, de acuerdo con la propuesta legal de modificación al Código Penal, que está contenida en el mismo proyecto masista.
La restricción de acceso será penada
El proyecto parlamentario oficialista de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación incluye la sanción a los locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento por cualquier restricción de acceso. La pena fluctúa entre los tres y 30 días de cierre o la clausura definitiva para los que reincidan por tercera vez. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), explicó que el objetivo de esta disposición es que sea respetada la dignidad de todas las personas.
Esta disposición está plasmada en el artículo 15 de la propuesta normativa que prohíbe la restricción al acceso de personas por su apariencia física, vestimenta o nivel socioeconómico. Se ordena el reemplazo de los letreros que anuncian “nos reservamos el derecho de admisión”, por otros que señalen la leyenda: “todas las personas son iguales ante la ley”.
La legisladora masista Paco complementó que esta medida no será aplicada de forma irrestricta, pues el mismo planteamiento normativo determina la salvedad de “aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido”. Así, por ejemplo, las personas en estado de ebriedad o con actitud violenta podrán ser rechazadas en el ingreso de locales, pues se supone que pueden poner en riesgo a quienes se encuentran en el interior de estos lugares; al igual que niños en casos de que se ofrezcan espectáculos adecuados para personas con criterio formado. “Se deben evitar los extremos, el proyecto de ley establece que hay límites al ingreso irrestricto a estos locales”, explicó.
A principios de junio, el periodista Fernando Molina denunció que no se le permitió el ingreso al local Gitana, ubicado en la zona Sur de La Paz, aunque sí se dio vía libre a sus amigos extranjeros, quienes se negaron a entrar. El afectado declaró a BBC Mundo que “no entras si no eres del biotipo que a ellos les gusta. En cambio, si eres rubio ingresas”.
Los periodistas lanzan campaña
Las organizaciones nacionales del periodismo iniciaron ayer una campaña contra el racismo y la discriminación, que será difundida por los principales medios de comunicación del país.
La campaña emitirá el mensaje de que “los periodistas y los medios apoyamos la lucha contra el racismo y la discriminación. Al ser intermediarios de la libre expresión, no aceptamos ni la cárcel para los periodistas ni el cierre de medios. Sin libertad de expresión no hay democracia”.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, según el comunicado, explicó que esta iniciativa cuenta con la adhesión y el respaldo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), la Asociación Nacional de la Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de casi la totalidad de las redes televisivas que operan en el territorio boliviano.
El artículo 16 del proyecto oficialista de Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación plantea que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y la suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
El artículo 23 propone que cuando el hecho sea generado por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
Ambas disposiciones son rechazadas por los organismos empresariales y gremiales de los periodistas, por considerar que dan lugar a la censura de prensa y dejan sin efecto la Ley de Imprenta, considerada una de las principales conquistas del sector.
‘¡No a la ley mordaza!’
El Día. Con barbijos y pancartas protestaron ayer los trabajadores de la Prensa, rechazando un artículo de la Ley Contra la Discriminación y Racismo por intentar “callar y cerrar” los medios de comunicación, por tanto propusieron una alianza para evitar la suspensión de licencias.
El secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, Roberto Carlos Hurtado, explicó que los medios de comunicación ya tienen regulación con los códigos de éticas y la Ley de Imprenta, pero aclaró que se puede viabilizar el control de los actos o palabras de racismo pero que no comprometa el cierre del canal de televisión, la radio o el periódico. Añadió que si no hay consenso sería el inició de las movilizaciones.
El proyecto de Ley aprobado en diputados y que se encuentra en senadores plantea sanciones económicas y la suspensión del medio de comunicación por emitir criterios racistas.
¿flexibilidad?. El presidente de la Comisión de Constitución en el Senado, Eduardo Maldonado, del partido oficialista, pidió a las organizaciones sociales y al MAS flexibilizar posiciones y abrirse a las propuestas que se van a realizar a partir del próximo lunes 27 de septiembre.
propuestas. Los senadores ya se reunieron con las asociaciones de la Prensa en La Paz, los que plantearon algunos cambios donde el entrevistado sea el directo responsable de sus palabras, que las multas a los medios de comunicación vayan a un fondo para los mismos trabajadores y que la suspensión sea luego de al menos tres multas.
RESPALDO. El presidente de la Brigada Parlamentaria, Jorge Flores, explicó que la bancada opositora viabilizará la eliminación del artículo.
El vocero de Gobierno, Iván Canelas, apoyo los encuentros pero dijo que se deben buscar los mecanismos para sancionar los excesos.
LAS FRASES
“Se está criminalizando nuestra profesión. Estos artículos son excesivos”
YERKO GUEVARA- Unitel
“De aquí para adelante no vamos a poder hablar, buscan callarnos”
REMBERTO ARAÚZ-Bolivisión
Periodistas y medios inician campaña “sin precedentes”
Las organizaciones relacionadas con la prensa reclaman el cambio de los artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que atentan contra la liberad de expresión-
Trabajadores de la prensa de Santa Cruz marchan ayer contra los artículos polémicos de la Ley contra el Racismo. Similares marchas hubo en otras ciudades del país. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos. Las principales organizaciones del periodismo boliviano iniciaron ayer una campaña “sin precedentes” para protestar contra los artículos cuestionados del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
La campaña, que se difundirá por redes nacionales de televisión, radioemisoras y medios impresos, lleva el mensaje “Los periodistas y los medios apoyamos la lucha contra el racismo y la discriminación. Al ser intermediarios de la libre expresión, no aceptamos ni la cárcel para los periodistas ni el cierre de medios. Sin libertad de expresión no hay democracia”.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, informó que la iniciativa cuenta con la adhesión y el respaldo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, de la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), de la Asociación Nacional de la Periodistas de Bolivia (ANPB), de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de casi la totalidad de las redes de televisión del país.
A tiempo de resaltar la apertura de un canal de diálogo y concertación en la Cámara de Senadores, Dipp reiteró que nadie se opone a la aprobación de una norma legal contra el racismo y la discriminación, y aclaró que los cuestionamientos se dirigen a aquellos artículos que buscan crear un régimen punitivo contra periodistas y medios de comunicación, que incurren en una abierta restricción a principios básicos de las libertades de prensa y expresión.
Trabajo concertado
El presidente de la APLP, Pedro Glasinovic, dijo que “esta campaña es parte de un trabajo concertado para que el pueblo boliviano tome conciencia de que si se aprueba como está el proyecto de ley contra el Racismo se hará un daño muy grande a la democracia, porque se afectará a la libertad de expresión, al derecho que tenemos los periodistas y los trabajadores de la prensa al trabajo”.
El vicepresidente de la ANPB, Adhemar Camacho, afirmó que con esta iniciativa “queremos contribuir al conocimiento de la población. No nos cerramos a la aprobación de esta ley, pero creemos que nadie puede coartar la libertad de expresión”.
La Ley de Imprenta
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, subrayó que el gremio está preocupado porque “ésta no es simplemente una ley, creemos que se busca afectar con ella a la Ley de Imprenta, que es el marco jurídico en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, obviamente, genera una reacción en los trabajadores, no solamente la defensa de nuestra labor, sino de nuestra fuente de trabajo”.
Agregó que aAl haber una amenaza de cierre a medios de comunicación, “obviamente esa situación nos preocupa”.
Finalmente, el presidente de Asbora, Raúl Novillo, consideró que “es necesario que la ciudadanía se entere de que los medios de comunicación estamos muy preocupados porque se nos quiere coartar la libertad de prensa y de expresión, garantizada en la Constitución Política del Estado. Nuestro interés, con esta campaña, es que la ciudadanía conozca que trabajamos para ellos, pero tenemos que tener la libertad en democracia”.
EN LA LEY CONTRA EL RACISMO
Fundación Unir advierte varias contradicciones
La Paz | Anf
La Fundación UNIR Bolivia mediante una carta abierta a la Asamblea Legislativa Plurinacional advierte que existen contradicciones y falta de precisión en el proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Solicitan al Legislativo que evalúe intensivamente el referido proyecto tomando en cuenta y modificando los aspectos observados.
Unir recuerda que el proyecto de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación incluye varias disposiciones relativas al derecho a la información y la comunicación: Prevención y educación (parágrafo "En el ámbito de la comunicación, información y difusión"), medios masivos de comunicación y artículos referidos a delitos contra la dignidad del ser humano y a la acción penal.
"Sin embargo, tales determinaciones presentan rasgos contradictorios, pues a la vez que alientan formas de autorregulación para los medios de difusión incorporan limitaciones a las libertades de expresión y prensa".
En otro de sus puntos, señala Unir, la norma en proyecto no hace distinción entre el acto de publicar información periodística y el de hacer propaganda, apología o promoción deliberada de ideas o conductas discriminatorias y violentas. Tampoco reconoce la diferencia entre la responsabilidad de la fuente de un mensaje con contenido discriminatorio y la del medio por el cual dicho mensaje fuera difundido.
DEBATE POSTERGADO HASTA EL 27
Senador admite que no será fácil consensuar
La Paz | Anf
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eduardo Maldonado (MAS) admitió ayer que consensuar el proyecto de Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, "no será fácil", por la complejidad de la norma legal.
Maldonado informó que por la semana regional a la que ingresará el Senado, la Comisión de Constitución reanudará el trabajo de análisis del proyecto de ley el próximo lunes 27.
"Confío en que habrá una total predisposición de los senadores oficialistas y opositores para que puedan acoger las mejores iniciativas que enriquezcan este proyecto, no será fácil, pero hay que hacer los esfuerzos", dijo en declaraciones Radio Panamericana.
En criterio de Maldonado, la concepción de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación debería ser preventiva, educativa antes que punitiva. "Hay que incidir en ello, en lo cual jugarán un rol importante los medios de comunicación y el sistema educativo", sostuvo.
El pasado jueves, Maldonado recibió a representantes de las organizaciones del periodismo para llevar adelante reuniones preliminares y conocer las observaciones que tiene el gremio (periodistas y propietarios de medios de comunicación), respecto a los artículos 16 y 25 del proyecto de ley contra el racismo que en su criterio restringe la libertad de expresión y opinión.