Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: La caricatura de Santa Cruz
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Bajo el Penoco, El Día: Del verbo empalagar
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Los Tiempos: CAMBIOS INTERNOS EN EL “PROCESO DE CAMBIO”
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El Deber: La tarea incumplida
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La Razón: Los especuladores
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La Prensa: La lucha antidroga
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El Diario: Gas, ley y contratos para explotación y exportación
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El Mundo: Con qué físico
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Opinión: Coboce un ejemplo digno de ser admirado
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Clarín, Argentina: Desobediencia a la Corte Suprema
El Día: La caricatura de Santa Cruz
Nadie más en Santa Cruz habló sobre el atentado ocurrido en el parque El Arenal el primero de septiembre. El silencio hubiera sido la mejor opción en un contexto amenazante, pero a cambio, lo que se está viviendo en la región es un folclorismo político insoportable que da para pensar en algo más que funcionalidad del liderazgo cruceño con el régimen político imperante en el país.
Y así como nadie habla de algo tan grave como un atentado destinado a amedrentar a toda una población, no existe ninguna mención a la falta de cemento, a la escasez de maíz, los linchamientos, el narcotráfico, la arremetida contra los alcaldes legalmente elegidos y menos, sobre la reciente expropiación de una empresa nacional.
En lugar de asumir una posición consecuente con la crítica situación que vive la ciudadanía por el incremento de precios y la falta de productos elementales, los parlamentarios de Santa Cruz, que supuestamente pertenecen a la oposición, sorprenden con propuestas tan anodinas como folclóricas. Declarar mediante una ley “patrimonio regional” al Carnaval Cruceño y reconocer a los bailes típicos, a las Cabañas del río Piraí y por último, promover una ley para crear un nuevo feriado, no puede ser entendido más que como un intento de colaborar con las acciones de un régimen que busca distraer a los bolivianos de los verdaderos problemas que los aquejan.
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Lo que se está viendo por estos días, con gremios empresariales acusados de servilismo, con parodias y escenas burlescas, no es más que una caricatura del papel que estuvo desempeñando esta región hasta hace un par de años en defensa de la democracia y los valores de la libertad. Hace unos días, el presidente Morales les decía a los campesinos de La Paz que está cansado de reunirse con ellos porque le hacen perder el tiempo. Es el precio que han pagado los sectores que durante años se portaron conniventes con el autoritarismo, el abuso y la ilegalidad. No vaya a ser que la misma suerte corran los supuestos líderes cruceños que le brindan en bandeja de plata las posibilidades para que el régimen del MAS se expanda en el oriente boliviano, donde la gente defiende una visión absolutamente distinta al modelo que pretende implantar Evo Morales, con serios peligros para el estilo y la calidad de vida que se ha conseguido forjar en esta parte del país.
Los que asumen como normal el compadrerío con los gobernantes que acusan, encarcelan, derrocan, manipulan la justicia, expropian empresas, insultan y pisotean la honorabilidad de la gente, hoy tratan de hacer ver que su docilidad es tolerancia frente al radicalismo que expresan otros sectores. Es absurdo llamar radical a quien defiende la libertad, la justicia, la libre iniciativa y por último, tiene la osadía de seguir reclamando la autonomía que aprobó más del 80 por ciento de la población.
Santa Cruz fue derrotada por culpa de sus líderes, eso no cabe duda. Pero una derrota política puede superarse, porque los autoritarismos no son para siempre. Lo que será muy difícil será devolverle la dignidad a este pueblo tan noble.
Una derrota política puede superarse, porque los gobiernos no son eternos. Lo difícil será devolver la dignidad a este pueblo noble.
Bajo el Penoco, El Día: Del verbo empalagar
El presidente Morales les dijo a los campesinos de La Paz, pertenecientes a la central Túpac Katari, algo que esos dirigentes nunca hubieran imaginado. “Me cansan, me perjudican, me hacen perder el tiempo”, les lanzó durante una reciente reunión realizada en el Altiplano. Un día antes, a los líderes de la Cidob, que bastante vapuleados por el oficialismo han estado, les pidió que ya no molesten más con eso de pedir tierras y administrar parques nacionales. El jefazo últimamente prefiere reunirse con el gobernador Costas, con los empresarios, entregar obras en Santa Cruz y por supuesto inaugurar la Expocruz. Lo de Luis Núñez, presidente del Comité Cívico, no sorprende, pero sí lo de Rubén Costas, que a último momento se excusó de estar en la ceremonia de apertura de la Expocruz 2010. En el Gobierno nadie se ha molestado con el supuesto desaire del “prefectuli” al presidente Morales. No vaya ser que al Primer Mandatario le esté pasando con la gente de por aquí, lo mismo que le ha ocurrido con los campesinos paceños. “Hasta la belleza cansa”, decía José José.
Los Tiempos: CAMBIOS INTERNOS EN EL “PROCESO DE CAMBIO”
Llama la atención el distanciamiento de dirigentes que parecían parte esencial del "proceso de cambio", tanto como la incorporación de "viejos dirigentes de la izquierda que no ha claudicado"
Varios han sido y son los anuncios de las principales autoridades del país de proceder, ante la virtual inexistencia de la oposición, a una "ofensiva estratégica" contra infiltrados, oportunistas, traidores y otros elementos que según el criterio de los conductores de la "revolución democrática y cultural" estarían entorpeciendo el buen avance hacia la instauración del socialismo comunitario en nuestro país.
Así, en diferentes instancias del aparato gubernamental, de la estructura orgánica del Movimiento Al Socialismo y de los diversos "movimientos sociales" en los que teóricamente se sostiene el actual régimen y su proyecto político han proliferado múltiples señales, a cuál más contradictoria, sobre lo que la tal "ofensiva estratégica" significa y contra quién está dirigida.
En ese contexto, hace algunas semanas se anunció la decisión de reconstituir la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para hacer de ella nada menos que un "Suprapoder" que estaría muy por encima del gabinete ministerial, del Movimiento Al Socialismo y de todas las organizaciones políticas y sindicales que participan en el "proceso de cambio". Sería, según el proyecto inicial, algo así como un Comité Central al que se subordinarían todas las demás instancias del poder, incluido el Órgano Ejecutivo.
Siendo tanto y tan importante lo que está en juego, no resulta sorprendente que los autores intelectuales y los ejecutores prácticos de la nueva estructura de poder político vayan encontrando tantas dificultades para consumar su obra. Es que al no haber ya un "enemigo común" que haga de factor cohesionador y al haberse ingresado a la etapa de la distribución de las siempre escasas cuotas de poder, resulta comprensible que afloren las contradicciones internas, las pugnas motivadas en intereses individuales, sectoriales, regionales o en discrepancias políticas, ideológicas, doctrinarias o simples cálculos pragmáticos.
En este proceso, llama la atención el distanciamiento del Presidente del Estado de las direcciones de organizaciones que, se consideraba, eran parte esencial de su proyecto como son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) o de la Confederación Nacional de Ayllus y Marcas el Qullasuyu (Conamaq), entre muchos otros, así como la invitación que ha hecho a "viejos dirigentes de la izquierda que no ha claudicado" a ser parte de este probablemente todo poderoso órgano de control político-ideológico.
De esta mera, la quinta etapa prevista por el Vicepresidente del Estado en la búsqueda del control total estaría marcada no sólo con depuraciones sino también con la creación de una institucionalidad paralela, de manera muy semejante a lo que sucedió en otras experiencias de cambio que -y esto parecería que no han evaluado sus gestores– finalmente fracasaron.
El Deber: La tarea incumplida
Tiene sobradas razones el presidente de EEUU, Barack Obama, para manifestar, como lo ha hecho últimamente, que Bolivia ha “fallado” en el cumplimiento de los acuerdos internacionales en actual vigencia sobre lucha contra el narcotráfico. Tales instrumentos parten de la incuestionable premisa del carácter internacional del combate contra las drogas. Así lo determina no sólo una escala mundial de mercado para los estupefacientes, sino también la existencia de poderosas bandas o cárteles de droga a cargo de tan vasto tráfago. La réplica al mal, tanto en el orden preventivo como represivo, en consecuencia, debe darse en el marco de la coordinación y cooperación entre los gobiernos de los países que producen la droga y los que le sirven de mercado.
A la cabeza de los primeros se hallan Estados Unidos y la mayor parte de los Estados europeos. La droga que producen Bolivia, Perú y Colombia les llega a través de una compleja red de narcotraficantes muy bien conectada a grupos endógenos que elaboran la cocaína en plantas clandestinas, tras un recorrido casi siempre elíptico por varias fronteras nacionales, cuyas puntas terminales son el norte de México y el Caribe, lugar este último desde el cual la droga arriba a Europa a través de España y otros países del Mediterráneo.
La inteligencia y la provisión de medios económicos y técnicos corresponden a las referidas tareas de coordinación y cooperación. La primera garantiza datos fidedignos del movimiento de los operadores de las ‘narcomafias’, en base a los cuales los servicios nacionales de lucha contra las drogas pueden dar golpes más o menos certeros. Para estas embestidas requieren de ayuda económica y técnica. Necesitan de ambas cosas, particularmente, países como el nuestro, con dificultades prácticamente insalvables en lo económico para costearse tales recursos.
Planteadas así las cosas, cualquier insularidad que por causas puramente ideológico-políticas se imponga en materia de lucha contra el narcotráfico, empuja a países como el nuestro a todo un descalabro en tan crucial espacio de gestión gubernamental, como ocurre actualmente entre nosotros, desde que la imprudente expulsión de la DEA norteamericana operara efecto de una colosal apertura de puertas nacionales al narcotráfico internacional.
Carente de información y demás medios de ayuda, Bolivia no pudo evitar que los operadores de las grandes mafias de la cocaína ingresaran al país por todos sus costados. La producción de la droga se incrementó de forma drástica y nuestra Felcn apenas se dio abasto para descubrir plantas e interceptar el tráfico de drogas en casi todas las regiones del país. Otro factor propicio para el auge del narcotráfico fue el crecimiento ostensible de los cocales de Cochabamba, como resultado de la flexibilización de la política gubernamental sobre el tema.
Ha llegado el momento de que el Gobierno reflexione y vuelva a la cooperación y coordinación con países involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es uno de ellos y a su presidente Obama le asiste, repetimos, toda la razón del mundo para reprocharnos por haber fallado en el combate a las drogas.
La Razón: Los especuladores
El manejo de la economía real, la de los mercados: pollo, res, cemento… exige celeridad
De nuevo, justos pagando por pecadores. ¿Qué culpa tiene la población de la eventual irresponsabilidad de los sectores encargados de producir y vender la mercadería que consume? Por supuesto que ninguna. Pero igual, el ciudadano común paga las consecuencias de la negligencia ajena.
La Asociación de Vendedores de Carne de Pollo de La Paz se ha declarado “muy molesta” con los avicultores y con el Gobierno por la falta de atención a sus pedidos. Los avicultores, por su parte, se han quejado de que el Gobierno no hizo caso a sus demandas. Paralelamente, los comerciantes de carne de res han confirmado un incremento de precios en La Paz porque a ellos les están cobrando más los ganaderos de Santa Cruz y de Beni. Toda una cadena que desemboca en una situación indeseable para los consumidores de estos productos habituales en la mesa de los bolivianos.
Hace una semana, por decreto, se eliminaron los aranceles a la importación de maíz, pero esto no ha servido para frenar la especulación ni para atenuar el descontento de los avicultores, que vienen protestando por los altos costos de su producción.
Sin embargo, el origen de este conflicto se remonta a un tiempo más atrás. Los productores de maíz fueron desalentados en febrero con otro decreto que prohibía exportar el grano para evitar el agio y la especulación en la venta de carne de pollo, lo cual había generado desabastecimiento en el mercado nacional. Ahora, la historia se repite.
El país afronta de esta manera una crisis severa en tres importantes sectores de la economía: el avícola, el ganadero y el cementero. La escasez de cemento continúa, pese a los esfuerzos y a la presteza de las fábricas privadas de este insumo esencial para el rubro de la construcción.
Esto, que se dice fácil pero que en la realidad se traduce en miles de familias afectadas por dichas tribulaciones, constituye una nueva afrenta al bolsillo del consumidor. Y los principales beneficiados son los especuladores, que se aprovechan de la coyuntura para ganar en días lo que en otras épocas conseguirían en meses. El Gobierno anuncia normas para castigar estas acciones, y es lo menos que se espera.
Del escenario adverso para todos, el Gobierno tiene que aprender que la falta de atención oportuna a sectores clave puede costar caro. El manejo de la economía real, la de los mercados, la de la carne de pollo, de res y el cemento, por mencionar los que ahora aprietan, requiere de celeridad. De lo contrario, la población paga la factura.
La producción de la droga se incrementó en forma drástica y la FELCN apenas se dio abasto para interceptar el tráfico en casi todo el país.
Tiene sobradas razones el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para manifestar, como lo ha hecho últimamente, que Bolivia ha ?fallado? en el cumplimiento de los acuerdos internacionales en actual vigencia sobre la lucha contra el narcotráfico. Tales instrumentos parten de la incuestionable premisa del carácter internacional del combate contra las drogas. Así lo determina no sólo una escala mundial de mercado para los estupefacientes, sino la existencia de poderosas bandas o carteles de droga a cargo de tan vasto tráfago. La réplica al mal, tanto en el orden preventivo como represivo, en consecuencia, debe darse en el marco de la coordinación y cooperación entre los gobiernos de los países que producen la droga y aquellos que le sirven de mercado.
A la cabeza de los primeros se hallan Estados Unidos y la mayor parte de los Estados europeos. La droga que producen Bolivia, Perú y Colombia les llega a través de una compleja red de narcotraficantes muy bien conectada a grupos endógenos que elaboran la cocaína en plantas clandestinas, tras un recorrido casi siempre elíptico por varias fronteras nacionales, cuyas puntas terminales son el norte de México y el Caribe, lugar este último desde el cual la droga arriba a Europa a través de España y otros países de la región del Mediterráneo.
La inteligencia y la provisión de medios económicos y técnicos corresponden a las referidas tareas de coordinación y cooperación. La primera garantiza datos fidedignos del movimiento de los operadores de las ?narcomafias?, sobre la base de los cuales los servicios nacionales de lucha contra las drogas pueden dar golpes más o menos certeros. Sin embargo, para estas embestidas requieren de ayuda económica y técnica. Necesitan de ambas cosas, particularmente, países como el nuestro, que cuentan de insuficientes recursos para costearse tales recursos.
Planteadas así las cosas, cualquier postura de insularidad que por causas puramente ideológico?políticas se imponga en materia de lucha contra el narcotráfico empuja a países como el nuestro a todo un descalabro en tan crucial espacio de gestión gubernamental, como ocurre actualmente entre nosotros, desde que la imprudente expulsión de la DEA norteamericana operara efecto de una colosal apertura de puertas nacionales al narcotráfico internacional.
Carente de información y demás medios de ayuda, Bolivia no pudo evitar que los operadores de las grandes mafias de la cocaína ingresaran en el país por todos sus costados. La producción de la droga se incrementó en forma drástica y nuestra FELCN apenas se dio abasto para descubrir plantas e interceptar el tráfico de drogas en casi todas las regiones del país. Otro factor propicio para el auge del narcotráfico fue el crecimiento ostensible de los cocales de Cochabamba, como resultado de la flexibilización de la política gubernamental sobre el tema.
Ha llegado el momento de que el Gobierno reflexione y vuelva a la cooperación y coordinación con países involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es uno de ellos y a su presidente Obama le asiste, repetimos, toda la razón del mundo para reprocharnos por haber fallado en el combate a las drogas.
El Diario: Gas, ley y contratos para explotación y exportación
La decisión de cambiar contratos y darle el tinte de “nacionalización” a la explotación de gas y petróleo, ya lleva mucho tiempo porque lo anunciado: cambio de contratos, aún no se perfila en realidades; en otras palabras, no toma cuerpo, no se efectiviza y menos muestra caminos ciertos para las inversiones de capitales y tecnología que permitan vislumbrar más exploración, mayor explotación e incremento de las exportaciones.
¿Qué pasa realmente? ¿Qué puntos “imposibles” tienen los nuevos contratos que no se concretan en hechos? ¿Quién conoce lo invertido – fuera de lo inicial- en estos años luego del 1ro.` de mayo de 2006? Las empresas “nacionalizadas” -sujetas a nuevos contratos, es lo que corresponde decir- mantienen el mutismo de su vida; a ellas les interesa seguir con las concesiones, explotando el gas y el petróleo que dé la madre tierra; seguir, más o menos, con algunos niveles para el consumo interno y para la exportación.
La realidad es que si a las empresas “les importa un comino” lo que ocurra mientras ellas ganen dinero, sí importa al Estado y al Gobierno: es preciso conocer realidades y tener resultados. Hasta ahora, ¿quién conoce las reservas reales de petróleo y gas que alberga nuestro suelo? ¿Cuántos pozos están en funcionamiento, cuáles son y a qué administración se deben? ¿Son pozos antiguos o nuevos? ¿Qué pasó con los casos en los que se tuvo que indemnizar con millonada de dólares a quienes han preferido “irse” y no seguir en condiciones no aptas para sus intereses?
Cuánto gas tenemos, cuánto exportamos, cuánto consumimos internamente, qué nuevas posibilidades existen, cuáles y para qué tiempo son las reservas y muchas otras interrogantes deberían ser conocidas por el Gobierno y ser informados al pueblo. Lo secreto, lo más arcano se puede ocultar un tiempo, un pequeño tiempo, pero no indefinidamente. Es preciso que las autoridades de YPFB -empresa que debería ser rectora de la exploración, la explotación y la exportación del gas- digan verdades, pero no “sus verdades” de conveniencia u ocasionales para “contento del pueblo”.
La experiencia petrolera mundial muestra que, mensual o trimestralmente, se conoce sus realidades, sus perspectivas y los datos que da son precisos en cuanto a las reservas, cuantificación de explotación, exportaciones, etc. Nosotros nada o poco conocemos de lo que más deberíamos. Lamentablemente, YPFB no es ni la sombra de lo que fue en sus peores tiempos -ni qué decir de las buenas épocas en que proporcionaba al TGN parte de sus ingresos-.
El Gobierno tiene que saber a qué atenerse y el rubro de petróleo y gas resulta, en las actuales circunstancias, uno de los principales de nuestra economía; contar con cifras parciales y datos “para contentar” no es suficiente; por el contrario, es modo de engañar para después, más temprano que tarde, lamentar realidades y no ponerles remedio porque el tiempo se habrá encargado de disipar las posibles soluciones.
Las luchas internas, la búsqueda de medios y modos para defenestrar a los posibles contrarios y a los propios correligionarios – por la división existente – y las ambiciones de llevar a la cárcel a “moros y cristianos”, no le hará ningun bien al régimen; al contrario, lo debilitará y en vez de recibir fortalezas, destruirá los fundamentos de su propia estructura. Los problemas económico-financieros sobre el petróleo y el gas no pueden seguir en el abismo de los descuidos y las irresponsabilidades.
El Mundo: Con qué físico
Independientemente de nuestra opinión con relación al sistema de gobierno implantado en el país, con un rótulo de socialismo que no llegamos a entender, tenemos que coincidir en que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene ninguna autoridad para hacer evaluaciones y menos para tomar decisiones con relación a nuestro país. Baste recordar que el actual Gobierno, en una de sus salidas bravuconas, decidió expulsar al embajador de ese país, con la acusación de que estaba interfiriendo en la política interna del país y que luego se dispuso el retiro de la agencia para las drogas, DEA que hasta ese momento había estado coadyuvando en las tareas de control y erradicación de nuestro país, aunque como es de suponer, se encontraba defendiendo los intereses de su país y en esas condiciones era más un invitado que un apoyo significativo en esas tareas.
No obstante la presencia del país del norte era todavía evidente, ya que el país y en especial en pequeño y mediano empresario se encontraban recibiendo el apoyo del Atpdea, un sistema de apoyo que comprometía la importanción de parte de Estados Unidos, de prendas fabricadas en el país con materias primas americanas.
Hoy sin el beneficio del Atpdea, Estados Unidos no tiener autoridad para intervenir en el control de las actividades que se realizan en el país, salvo denunciar la existencia de droga procedente del país, pero de ninguna manera calificar o descalificar con lo que se puede considerar un acto de intromisión.
Por otra parte, sin necesidad de la presencia de los Estados Unidos o sus representantes, los medios han estado permanentemente denunciando el incremento de la producción de coca y la consiguiente fabricación de cocaína, debido al incremento que se había impulsado desde el Gobierno, en especial en la zona del Chapare ya que se ha asegurado y comprobado que la coca que se produce en esa región no tiene otra utilidad.
Lo interesante en el caso presente es el pronunciamiento del Consejo de Ayllus y Markas que denuncia la falta de preocupación del Gobierno por erradicar la coca excedentaria, tomando en cuenta la proliferación de denuncias relacionadas con las actividades de la producción de coca y la fabricación y trafico de alcaloides.
El incremento de plantaciones es un hecho irrefutable, es más oficialmente aceptado por el Gobierno, pero muy poco se ha hecho por erradicar las consecuencias, salvo algunos intentos mínimos de industrialización de la hoja en otros rubros.
La Felcn ha desarrollado una actividad importante con el descubrimiento e incautación de cargamentos de droga que suman toneladas; sin embargo, esa misma autoridad ha denunciado en reiteradas oportunidades que se trata de cocaína procedente del Perú y de otros países vecinos, lo que equivaldría a decir que la que se fabrica en el país es traficada con facilidad.
La única reacción que conocemos hasta el presente es la del Presidente del Estado, censurando a los campesinos por la actitud asumida, lo que resulta algo insólito ya que desde su ascenso al poder, ha manifestado que es el representante de la voluntad de los pueblos originarios y cuando ellos se pronuncian son calificados de traidores y otros calificativos que dicen muy proco de la relación de los pueblos nativos con quienes dicen protegerlos.
Opinión: Coboce un ejemplo digno de ser admirado
Sin duda una de las instituciones más extraordinarias, tanto por su ideología, como por su organización y sus éxitos económicos, es la Cooperativa Boliviana de Cemento Industrias y Servicios Coboce Ltda. La historia de esta entidad es admirable y al mismo tiempo conmovedora. Comenzó con poco dinero, casi nada, hasta convertirse en el conjunto de fábricas más importantes de la región. El esfuerzo y abnegación de los trabajadores es un ejemplo, que puede ser el maravilloso contenido de una novela. En la dinámica generada por Coboce, se han operado transformaciones importantes en toda la región y particularmente en nuestra ciudad, Coboce pavimentó un millón de metros cuadrados en condiciones, ciertamente, excepcionales.
En la lógica de su concepción de la historia, avanza permanentemente. En los momentos más difíciles, en Coboce siempre se hacía y se hace algo. Ahora está instalando una nueva fábrica de cemento que en sus dos fases incrementará la producción en porcentajes elevados. La tecnología es moderna y está siendo adquirida de tres países, lo más importante viene de Alemania y los aspectos secundarios del Brasil y de la Argentina. Se trata de una negociación cuidadosa e inteligente para lograr una transferencia de tecnología que contribuya al desarrollo del país. La experiencia cobociana, le permite escoger lo mejor y adaptarla a las condiciones estructurales de Bolivia. Siendo la tecnología un acontecimiento cultural, todos los trabajadores, ahora son expertos en sus respectivas especialidades.
En materia financiera, lo que Coboce ha hecho, tendrá que formar parte de los textos de economía más avanzados. Ha titularizado sus flujos futuros, es decir, ha monetizado una parte muy pequeña de los ingresos que tendrá en los próximos diez años. No ha hipotecado ningún bien y ha recibido dinero en moneda boliviana. Como se comprenderá, con el transcurso del tiempo y la devaluación implícita en todo acontecimiento monetario, las perpectivas para Coboce son alentadoras. Todo esto en el marco de un proceso racional, equitativo y transparente.
En ámbito de la economía, como es sabido, lo más importante es la comercialización, producir para no vender sería simplemente un ejercicio absurdo, Coboce estudió cuidadosamente la evolución del mercado, incluyendo todos los factores concurrentes. Este aspecto del estudio de factibilidad, demuestra que la rentabilidad de las inversiones está garantizada, habida cuenta del carácter estratégico del cemento. Este producto, por factores que no pueden ser expuestos en este trabajo, casi siempre, genera su propia demanda. En el peor de los casos, en los próximos años, el consumo del cemento se incrementará en una proporción mucho mayor al crecimiento vegetativo.
Algo que está totalmente garantizado es la producción y productividad del trabajo. Todos los niveles del sistema actúan con una moral evidentemente cooperativista, superior a la que se da en sistemas típicamente capitalistas y también comunistas. Los teóricos de Coboce, dicen que su institución está en un lugar equidistante de los extremos y tiene la capacidad suficiente para administrar al mismo tiempo y con la misma eficacia las variables social y económica. Dicen que este es el verdadero modelo por el que puede optar una parte importante de la realidad boliviana. Hace un tiempo llegó un economista europeo y al visitar las instalaciones de esta empresa dijo que había estado en el futuro y comprobó que era perfectamente viable.
Clarín, Argentina: Desobediencia a la Corte Suprema
El incumplimiento de la provincia de Santa Cruz de un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un hecho inédito en la historia argentina y provoca preocupación, ya que se trata de un nuevo signo de deterioro institucional.
Ante la desobediencia a la sentencia que en octubre de 2009 dispuso reestablecer en su cargo de procurador de la provincia de Santa Cruz a Eduardo Sosa, separado irregularmente de ese cargo en 1995 por iniciativa del entonces gobernador Néstor Kirchner, la Corte dispuso dar intervención a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que investigue la posible comisión de un delito de acción pública, el cual estaría configurado por el desconocimiento de parte del gobernador Daniel Peralta de la sentencia. Además, la Corte señaló la responsabilidad que le corresponde al Congreso de la Nación en la preservación del orden federal y republicano. De esta manera, el conflicto originado por el incumplimiento de la sentencia de la Corte, genera una posible responsabilidad penal del gobernador, pero también obliga a que el Poder Legislativo nacional adopte las medidas institucionales necesarias para lograr que la provincia acate el fallo, lo cual podría hasta derivar en una forma de intervención a la provincia a fin de garantizar la forma republicana de gobierno.
La actitud desafiante a la Justicia de la gobernación de Santa Cruz brinda, entonces, el lamentable cuadro institucional de un funcionario público que resiste acatar una decisión de la Corte y, además, ejemplifica tanto la independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones como también la necesidad de que los restantes poderes de la República sostengan y hagan cumplir las resoluciones judiciales. En este último sentido, es preocupante el abierto apoyo que ha dado el Gobierno Nacional a la posición provincial.
Es imprescindible que este incumplimiento inédito tenga una respuesta adecuada de parte de los Poderes de la Nación para garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte.
El incumplimiento de un fallo de la Corte por la gobernación de Santa Cruz es un hecho inédito y de gravedad institucional, mucho más porque es apoyado por el Gobierno Nacional.