La norma establece la creación de una institución que en forma exclusiva se dedicará a precautelar la defensa del Estado, atribución que era asignada al Ministerio Público. También contempla la creación de una Escuela de Abogados del Estado.
El Día. Polémica. Como todas las leyes que ha tratado la Asamblea Legislativa Plurinacional plantea ser la de la Procuraduría General del Estado que empezará a ser debatida esta semana bajo la mira de los Colegios de Abogados que han observado un riesgo de división y los opositores que creen que se trata de “un nuevo brazo” del Gobierno para perseguir opositores.
El documento consta de tres Títulos y dos disposiciones transitorias, en cuya redacción se destaca la “independencia” de la Procuraduría, el “principio de gratuidad” de sus acciones y los de libertad, equidad, pluralismo, honestidad, transparencia, solidaridad, igualdad de género y de oportunidades.
La Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad, promover, defender y precautelar los intereses del Estado.
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La defensa judicial. Y extrajudicialmente de los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, es una de sus funciones.
Asimismo, debe tener a su cargo el registro de procesos judiciales, en los que sea parte el Estado. Reemplazará en esas funciones al Ministerio Público que tenía como función dual la defensa de la sociedad y la defensa de los intereses del Estado.
El artículo 24, parágrafo primero del proyecto de Ley, ordena la creación de un “Cuerpo de Abogados del país como entidad descentralizada de la Procuraduría General del Estado, cuya función es colegiar y agrupar a todos los abogados que trabajen en el sector público en todos sus niveles”.
Asimismo, el parágrafo segundo, establece que “se deberá mantener un registro permanente y actualizado de todos los abogados que prestaron y prestan asesoramiento jurídico técnico en todas las entidades públicas del nivel central”.
Reacciones. Los primeros en advertir un acto de avasallamiento y división del gremio ha sido el Colegio Nacional de Abogados que, a decir de su presidente, Erwín Rojas, pretende dividir a uno de los gremios más contestatarios.
Pero además de eso, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, observa la figura de “inviolabilidad” del Procurador, que implica que no podrá ser juzgado por las opiniones y acciones que realice en función de su cargo.
En opinión del analista Jorge Lazarte, el Gobierno pretende dividir a los abogados creando una institución estatal que estará confrontada con una privada.
Comparó esta acción con el Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que organizaba “células de abogados por militancia”.
“Si el Gobierno no buscara esta intención, no los agruparía corporativamente creando una división, como lo hizo con los campesinos, entre abogados privados y estatales. Además esta figura nunca había existido más que en el Gobierno del MNR”, sostuvo.
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y diputado del MSM, Javier Zavaleta, afirmó que la creación de una escuela no afecta a los colegios de abogados porque solamente incluirá a los juristas que trabajen en entidades estatales, y no a los particulares.
UN CARGO A LA MEDIDA. Por su parte la diputada opositora Norma Piérola denunció que la figura del Procurador es un traje hecho a la medida del actual presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quien es seguro que asumirá ese cargo.
También cuestionó que además del Procurador el Presidente designe a los tres subprocuradores.
La norma se tratará en Diputados a partir del lunes
La Directiva de la Cámara de Diputados agendó para mañana el tratamiento del proyecto de Ley Nº 271/2010 “Procuraduría General del Estado”.
El diputado Javier Zavaleta del Movimiento Sin Miedo puntualizó que una vez aprobada la ley de la Procuraduría, se establece un período de transición de sesenta días, cuando el Presidente del Estado nominaría al nuevo Procurador después de haber redactado los respectivos reglamentos a través de un decreto supremo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Presidente del Estado Plurinacional es quien designa -de forma personal- al Procurador ó Procuradora y, del mismo modo, la Ley establece que será el Presidente quien designará a los tres Subprocuradores, sesenta días después de la promulgación de la Ley de la Procuraduría.
Finalmente, ratificó que la Procuraduría General del Estado reemplazará al actual Ministerio de Defensa Legal, al señalar que “absolutamente. En el Régimen Transitorio establece que en sesenta días el actual Ministerio de Defensa del Estado va a transferir sus activos, su personal y su presupuesto a la nueva Procuraduría”.
El 16 de agosto de 2009, el presidente Morales, aprobó la transferencia de un terreno en la Ceja de El Alto, para la construcción de la Procuraduría General y la Escuela de Abogados del Estado.
El procurador
Etimológicamente • La palabra Procurador proviene de las voces latinas "curator pro alio", que significan la persona que cuida de otra. Dentro de ese significado literal pueden considerarse comprendidos a todos aquellos que representan o cuidan de cosas ajenas como mandatarios, apoderados, administradores, gestores, agentes, y hasta los propios representantes políticos, conocidos en Castilla, España, con la misma denominación de Procuradores.
España • Adopta la figura del Procurador como el representante de los Bienes del Estado en su Constitución de 1890 y posteriormente otros países como México, Colombia y recientemente Venezuela incorpora esa institución.
Ministerio Público • La actual función de la Defensa del Estado está asignada al Ministerio Público en la figura de los fiscales, pero en la Asamblea Legislativa Plurinacional una de las comisiones estudia ahora el nuevo rol que ejercerá el Ministerio Público y será el de la defensa exclusiva de las víctimas de un delito.
Defensores del Estado • Es una institución que existe actualmente para asistir a las personas que no pueden costearse un abogado privado, entonces el Estado tiene la obligación de asignarle uno en el marco del debido proceso.
Magistrado teme que Procuraduría esté supeditada a la Fiscalía
EL PROYECTO DE LEY SERÁ TRATADO DESDE EL LUNES EN DIPUTADOS
Los Tiempos. Correo del Sur
Sucre | El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Suárez, expresó su preocupación por un aparente sometimiento de la recién instituida Procuraduría General del Estado a la Fiscalía General, situación que –en su criterio– podría desvirtuar un proyecto al que considera como "trascendental logro" en la creación de un instrumento "eficaz" para la defensa de los intereses patrimoniales del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, anunció ayer que desde este lunes 20 el pleno camaral empezará a considerar la Ley de la Procuraduría General del Estado. "El presidente del Estado es quien designa al procurador y puede ser objetado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional", adelantó Arce.
Según Suárez, en el proyecto de ley que se viene elaborando para ser presentado ante la Asamblea Legislativa "no se tiene claramente definido el alcance de las atribuciones de esta nueva institución", pues recordó que la Procuraduría debe intervenir en aquellos procesos en los que el Estado tenga interés directo, sean estos penales, civiles, administrativos, arbitrajes, etc.
"El problema se hace patente cuando advertimos que existe una corriente que se inclina por no otorgarle a la Procuraduría la atribución de actuar por sí sola en acciones legales penales en la defensa de los intereses del Estado, caso en el cual sería una entidad supeditada a la Fiscalía General para cumplir con sus funciones de persecución del delito cuando se trate de defender los intereses públicos", afirmó Suárez.
Agregó que la Fiscalía "tiene labores por demás recargadas al perseguir los delitos de toda la sociedad entre particulares", por lo que consideró que "lo más conveniente y racional" era dejar que la Procuraduría se encargue de la persecución del delito cuando sean cometidos contra el Estado.
Suárez dijo que ello eso no impide que la Procuraduría y el Ministerio Público puedan coordinar para seguir determinadas acciones penales cuando así lo consideren pertinente.
Recordó que la institución del Ministerio Público en la historia judicial se remonta a tiempos de la Francia medieval, cuando esta institución era la encargada de defender los intereses patrimoniales del rey, para luego convertirse en defensor de los intereses de la sociedad.
Agregó que en Bolivia, el Ministerio Público se creó el 27 de abril de 1825 junto con la Corte Suprema de Justicia, aunque recién en 1861 adquirió rango constitucional a partir de la reforma aprobada ese año.
Asimismo, señaló que el nuevo Ministerio Público emergió con la aprobación, el 19 de febrero de 1993.
‘Es una jugada política para hacernos callar’
El Presidente del Colegio Nacional de Abogados dice que el Gobierno pretende acallar a uno de los colegios de profesionales más contestatarios.
Entrevista
Edwin Rojas
Presidente del Colegio Nacional de Abogados
Su perfil
Abogado egresado de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz.
Sus cargos públicos • Presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz y presidente del Colegio Nacional de Abogados y miembro del directorio de la Federación Departamental de profesionales.
Como un nuevo balde de agua fría para el gremio de los abogados y para la justicia en si ha sido recibido el proyecto de ley de la creación de la Procuraduría General de la República que desde hoy empezará a ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Cómo ve la creación de la Procuraduría del Estado?
“Lo veo como una agresión a la institucionalidad de los colegios de abogados, ya que a partir de la creación de una Escuela de Abogados del Estado con dichas instancias se pretende debilitar y crear un organismo paralelo al nuestro que ya lleva casi 120 años de vida y que ha jugado un rol importante en la historia de Bolivia.
¿Por qué cree que se plantea esta normativa?
Bueno, el Colegio Nacional de Abogados siempre fue una piedra en el zapato en el Gobierno del presidente Evo Morales porque ha sido crítico y contestatario con todos los cambios, cuando cerraron al Tribunal Constitucional y luego cuando por medio de una ley corta nombraron a los más altos magistrados por decreto y porque hemos denunciado en forma permanente el proyecto de acaparamiento de poder, la violación al debido proceso, al derecho al juez natural de detenidos que han sido llevados a La Paz y se les ha cortado su derecho a la defensa, entre otros.
¿Dice que quieren callarlos?
Durante todo este proceso, siempre hemos dado nuestra desaprobación a las leyes, por nuestra posición de defensa de los derechos humanos, ésto ha hecho que el Gobierno le tenga una animadversión a las instituciones de la abogacía boliviana
El Poder Judicial boliviano se ve afectado por una injerencia política que desde la llegada de Evo Morales al poder se ha visto agravada y que pone en riesgo el sistema democrático y eso lo hemos denunciado en foros nacionales e internacionales, especialmente cuando se persiguen jueces o se cambian vocales de las Cortes Superiores de Distrito para tener correligionarios.
¿Qué acciones van a tomar?
Tenemos entendido que el proyecto de ley será tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional entonces haremos llegar nuestra voz representación y desacuerdo con esa normativa.
¿El Colegio de Abogados puede correr riesgos al crearse una escuela paralela?
Anteriormente ya han intentado dividirnos pero no lo han conseguido. Yo considero que lo que quieren ellos (el Gobierno) es manejar todas las instituciones: los colegios de abogados, de médicos y otros para que no tengan profesionales que se opongan a su proyecto de poder.
“Tiene la finalidad de desestabilizar a la abogacía boliviana siempre crítica con la acumulación de poder”
AsÍ cambia la estructura jurídica
Constitución Política del Estado
La nueva CPE fue llevada a referendo el 25 de enero del 2009 se aprobó con el 61% y fue promulgada el 7 de febrero. En su artículo 1 establece el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, (…) descentralizado y con autonomías y que además de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incorpora el Electoral. Llegó con cinco leyes para acompañarla.
Dos ‘leyes cortas’
El 7 de febrero del 2010 se aprobó la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, también llamada “Ley corta” por medio de la cual nombraron ministros de la Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional y Tribunal Agrario y el 20 de mayo se aprobó la llamada Ley Corta de Autonomía hacia la transición descentralizadora.
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz
El 31 de marzo el presidente Evo Morales promulgó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz llamada “ley anticorrupción”. Lleva el nombre de un insigne defensor social y los derechos públicos, Marcelo Quiroga Santa Cruz (1932-1982), y apunta a la recuperación de fondos apropiados por particulares, producto de cohechos, desfalcos y peculados, entre otras.
Dos legislaciones electorales
Para adecuar el funcionamiento del cuarto poder: el electoral, a mediados de mayo fue aprobada la Ley del Órgano Electoral y la Ley del Régimen Electoral. Establece el cambio de Corte Nacional Electoral a Tribunal Supremo Electoral y de vocales electorales en los departamentos a Tribunos, pero el nombramiento de éstos últimos se atrasó.
Tres leyes troncales
Hasta el 22 de julio, en un plazo de 180 días (6 meses) desde el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aprobaron otras tres leyes: la del Tribunal Constitucional, la Ley del Órgano Judicial y la Ley de Autonomías. Las dos primeras configuraron cambios como la elección de altos magistrados y la segunda la consolidación de la autonomía en Bolivia.