Consideran que no hay garantías para propietarios cuando son avasalladas sus tierras y que la seguridad jurídica es inexistente en el país. Afirman que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección a la propiedad privada
En los últimos meses se produjeron tomas de tierras por parte de organizaciones sociales; uno de los últimos casos ocurrió en Coroico, donde una hacienda fue tomada por comunarios y su propietario estuvo como rehén durante varias horas.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, dijo que el avasallamiento es un problema en el país que provoca enfrentamientos, además de atentados contra el medioambiente y la propiedad privada, en tal sentido, considera que el Estado debe hacer cumplir el derecho propietario y sancionar el avasallamiento.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado y las leyes del país, debe garantizarse la propiedad privada cuando se cumple una acción social. “Si hubiera tierras que no cumplen dicho rol, es deber del Estado realizar programas de apropiación y asentamiento ordenado de acuerdo a normas, acotó.
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En la parte positiva, dijo que las personas que tienen grandes extensiones de terreno, deben distribuir a aquellas que no tienen, en cambio, en lo negativo, considera que el avasallamiento produce un asentamiento desordenado con relación a las normas del medioambiente, lo que da lugar al tráfico de tierras por parte de loteadores que hacen de su medio de vida “sacar” dinero a otras personas.
“El Estado boliviano tiene la obligación de garantizar la protección a la propiedad privada, y si no cumple la función social, el Gobierno debe revertirlas para realizar un asentamiento ordenado”, expresó Rojas.
PLAN
Para el titular del Colegio Nacional de Abogados, no existe un plan de expropiación, de asentamiento ordenado. “Necesitamos una ley con reglas transparentes para que los demás bolivianos tengan acceso a la tierra por su derecho, por su condición social y no por tinte político”, afirmó el jurista.
Aseveró que el avasallamiento con tinte político es registrable, vuelve al siglo pasado cuando los partidos de gobierno junto a sus acólitos, tomaban las tierras, por lo que cree que aquello debe acabar en el país.
“La ley es clara con relación a quienes ingresan a una propiedad privada y cometen el delito de despojo, usurpación, de posesión, lo que debe ser sancionado, en nuestro país no se puede continuar con estos atropellos”, explicó Rojas.
OPOSICIÓN
En tanto, la diputada de oposición, Norma Piérola, condenó el avasallamiento de la propiedad privada efectuado por comunarios y colonizadores, quienes se dedican a expropiar tierras privadas a cualquier costa.
“Los incendios fueron provocados para empezar a plantar coca, por el crédito que les da el árbol, y por ende, la fabricación de la droga, así como también los incendios en Tunari, donde fueron avasalladas propiedades, hallándose más de 10 factorías de droga”, aseveró la asambleísta.
Para la diputada opositora, el avasallamiento de tierras en Coroico, fue de manera abrupta, donde golpearon y secuestraron al hacendado y su familia, así también quemaron sus bienes.
Bajo ningún punto de vista hacendados y propietarios tienen seguridad sobre su propiedad de los allanamientos, más bien existe orden de parte de autoridades para que los colonizadores y “Sin tierra”, ingresen a tierras privadas.
La legisladora reiteró que no hay garantías para propietarios o hacendados o quien haya comprado sus tierras, y que además no tienen seguridad jurídica ni de su vida por parte del Estado, quien más bien actúa para quitarles sus tierras y entregarlas a supuestos campesinos. EL DIARIO.