Si el mundo quedó atónito por las palabras de Fidel, es inimaginable la cara de los líderes que pretenden emular el modelo cubano.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Lo dijo Fidel
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Bajo el Penoco, El Día: Sigue el juego
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Los Tiempos: CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿VOLUNTAD O DEMAGOGIA?
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El Deber: El frente empresarial
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La Razón: La ley de la amenaza
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Cambio: La salud de los escolares
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La Prensa: El frente empresarial
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El Diario: Bolivia desperdicia oportunidad de oro
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El Mundo: Pulverizados
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Opinión: Seguridad social de salud y un nuevo sistema
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Clarín, Argentina: La reglamentación de la ley electoral
El Día: Lo dijo Fidel
Hace unos días Fidel Castro dijo que se consideraba un “resucitado”, porque había estado en los umbrales de la muerte y pudo retornar a este mundo. Algo habrá visto en el más allá o con alguien se habrá encontrando, que volvió más lúcido y sobre todo más sincero con la humanidad a la que seguramente quiere dejarle una imagen engrandecida de su ya enorme figura como político y estadista. Nada menos que ante un periodista norteamericano, el primero que consigue hablar con él en más de 50 años, Castro ha dicho que el modelo cubano no sirve ni siquiera para ellos y menos para exportarlo a otros países.
Las expresiones del ex presidente, que abandonó el poder hace cuatro años y que dejó todo en manos de su hermano Raúl, más inclinado a las reformas, cayó como balde de agua fría para muchos que pensaban que la súbita recuperación del anciano líder significaría aplicar un freno de mano a los cambios que pretendía aplicar el menor de los Castro, quien desde hace tiempo le viene pidiendo a los cubanos que se dediquen a trabajar y que dejen de esperar todo de un Estado que fue pensado para intervenir en cada detalle de la vida de la gente. Un “Estado Integral”, como diría el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera.
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Las palabras de Fidel han sido entendidas como un espaldarazo a las reformas de su hermano, quien no sólo pretende abrir más espacios a la actividad privada, sino también deshacerse de una carga burocrática que actualmente absorbe a millones de personas y abolir paulatinamente el acentuado paternalismo estatal, obligado a importar el 80 por ciento de la comida que los cubanos llevan a la mesa.
En realidad, la admisión de Castro llega con varias décadas de retraso, pues el Estado socialista, que comenzó a construirse con el triunfo de la revolución en 1959, jamás fue capaz de demostrar sus reales posibilidades ya sea por el embargo norteamericano, pero sobre todo porque desde un principio se comportó como un régimen apadrinado, primero por la Unión Soviética y luego por la vecina ricachona Venezuela. Tras el ocaso de la primera, en 1989, la economía comenzó a mostrar la fisonomía de un mendigo, traza que no se le quitó ni siquiera con la inyección de los petrodólares chavistas. La industria azucarera, el puntal productivo cubano, fue uno de los fracasos revolucionarios y hoy está en ruinas.
Lo que ha dicho Fidel Castro es apenas la punta del iceberg de lo que ya está sucediendo en Cuba y de lo que se viene en materia de cambios. Poderosos capitales dedicados al turismo ya recibieron el permiso del Gobierno socialista para levantar gigantescos hoteles, campos de golf y astilleros para construir cruceros, de manera de que la isla recobre el esplendor del pasado.
Si el mundo entero ha quedado atónico por las declaraciones de Fidel Castro, es inimaginable la cara que habrán puesto aquellos líderes de la región que desde años pretenden emular el modelo cubano. Evo Morales nunca ocultó su admiración por Fidel y siempre ha dicho que quiere que Bolivia sea como Cuba. Primero, es hora de demostrar ese sentimiento, y segundo, lo mejor sería ahorrarle al país 50 años de reflexión antes de caer en cuenta que lo que se está haciendo ahora en Bolivia no sirve y no va a servir.
Si el mundo quedó atónito por las palabras de Fidel, es inimaginable la cara de los líderes que pretenden emular el modelo cubano.
Bajo el Penoco, El Día: Sigue el juego
Fidel Castro estuvo hablando durante tres días con un periodista norteamericano y entre otras cosas, se estrelló contra el autócrata iraní, Mahmoud Ahmadinejad, a quien lo ha exhortado a que abandone sus posiciones antisemitas y que deje de difamar a los judíos. Muy cerca de allí y como si estuviera jugando al “mono mayor”, uno de sus alumnos aventajados, el presidente venezolano, quien ha estado hostigando de manera sistemática a la comunidad judía local, rápidamente convocó a una reunión a los israelitas para limar asperezas, cosa que será difícil pues medio gabinete de Hugo Chávez está compuesto por árabes y musulmanes. Se espera que en estas tierras, que últimamente ha estado con las puertas abiertas a Irán, también se produzcan algunos gestos positivos hacia Israel, después de los dardos punzantes que les lanzó Evo Morales hace unos días. De lo que hay pocas esperanzas es que los seguidores del juego imiten a Fidel en lo que respecta al modelo económico. Hay que poner a prueba el famoso “Estado Integral” y esperar 50 años a ver si funciona.
Los Tiempos: CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿VOLUNTAD O DEMAGOGIA?
Es importante combatir la corrupción, pero si se quiere ir más allá del fácil exitismo, se lo debe hacer en el marco de la institucionalidad vigente
La "operación comando" que el gobierno, a través del Ministerio de Transparencia, ha realizado el miércoles en las instalaciones de las oficinas de Derechos Reales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y El Alto, para "verificar y hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Consejo de la Judicatura para resolver el retardo en la tramitación, cobros irregulares y la poca transparencia en el procesamiento de la información en esas oficinas de registro de propiedades" ha recibido generalizado aplauso.
La operación consistió en instalar mesas de quejas para que la gente registre denuncias espontáneas. De acuerdo a las informaciones, los formularios se agotaron en una hora, lo que muestra la indefensión de la ciudadanía en una oficina tan importante como es la de Derechos Reales. Toda persona que requiere un trámite en ella -y son muchos los que se deben realizar particularmente en el caso de compra-venta de bienes inmuebles– conoce lo que es enfrentarse a una burocracia insensible que pese a contar con modernos sistemas de computación, se empeñan en dificultar el proceso. Cualquier trámite, desde los más complejos hasta los más simples, dura por lo menos dos semanas y no es excepcional que -salvo diligenciero particular– haya siempre "algún problemita" que dilate aún más la obtención del documento requerido.
Frente a esa realidad, la mencionada acción del Órgano Ejecutivo parece pertinente. Pero, hay algunos factores sobre los que se debe reflexionar. Tal vez el más importante es que esta repartición del Estado depende del Consejo de la Judicatura, es decir, está en el ámbito de otro órgano, el Judicial, que es el que debería proceder a sanear, transformar, modernizar Derechos Reales. Extremando el análisis, una vez más el Ejecutivo invade un espacio que no es el suyo mostrando su voluntad de copar el poder sin que nadie pueda poner límites. De hecho, algunas autoridades del Consejo de la Judicatura -que desde su mal parto ha sido una de las instituciones que peor ha funcionado en el ámbito de la modernización del Estado– han avalado sumisamente esta actitud cuando su deber era que la operación se realizara como parte de una labor de coordinación de ambos poderes, en cuyo caso, debería ser el Presidente del Órgano Judicial el que la avale.
Es precisamente esta falta de voluntad para coordinar labores lo que conduce a pensar si la operación responde no tanto a la voluntad de limpiar de corrupción al Estado como a recuperar el apoyo ciudadano que, de acuerdo a varias encuestas, ha estado mermando en los últimos tiempos. Y ya se sabe que las autoridades del Ejecutivo se ponen agresivas cuando esto sucede.
Hay un tercer factor importante. Está en curso la elaboración de una norma sobre propiedad urbana, sobre la que se ha especulado demasiado y, en muchas ocasiones, de muy mala fe. Por ello, se debe cuidar que operaciones como las que se comentan no ayuden, más bien, a aumentar las susceptibilidades.
En fin, es importante combatir la corrupción, pero si se quiere ir más allá del fácil exitismo, se lo debe hacer en el marco de la institucionalidad vigente. Otra cosa, sólo es demagogia.
El Deber: El frente empresarial
Un informe de la brasileña Fundación Getulio Vargas estableció que Bolivia es el segundo peor país de América Latina para la atracción de inversiones. El único país que tiene una nota más negativa que Bolivia en esa medición es Venezuela, dice el estudio.
Esta lamentable calificación del país se produce a los pocos días de que las cámaras de industria y comercio de toda Bolivia, reunidas en la ciudad de La Paz, decidieron pedir al Gobierno nacional seguridad jurídica y reglas claras para el sector privado.
A su vez, ese pronunciamiento había seguido a la decisión del Gobierno nacional de expropiar a favor de la Gobernación de Chuquisaca las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) que estaban en manos de la empresa privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Fue una semana llena de acontecimientos referidos a la libertad de empresa en el país y a las condiciones en que el sector privado tienen que desenvolverse bajo un gobierno que proclama su propósito de avanzar hacia el socialismo.
Y se produjo otro hecho más por esos días. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) cumplía años y sus dirigentes invitaron al presidente Evo Morales.
Dirigentes cívicos y líderes políticos criticaron al presidente de la Cainco por no haber expresado al primer mandatario el sentimiento de temor que reina en el sector privado nacional a raíz del comportamiento del Gobierno. En lugar de ello, el dirigente del ente empresarial cruceño, Eduardo Paz, destinó su discurso a elogiar el clima para las inversiones.
Un conocido líder de opinión dijo al respecto que todo el episodio mostró que la Cainco actúa como rehén del Gobierno, por las amenazas veladas que estarían pesando sobre todo el sector en general y sobre los empresarios cruceños en particular.
Es probable que el empresario Paz haya actuado como lo hizo guiado por las seguridades que unos pocos días antes había dado el presidente Morales a todas las inversiones privadas que se radiquen en Bolivia. El mandatario lo había hecho ante los empresarios del sector petrolero, pero se entendía que las seguridades jurídicas que se estaban comprometiendo a conceder no eran solamente para ellos, sino para todos los sectores de la economía, y no eran únicamente para los inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales.
Las seguridades dadas por el presidente Morales habían provocado una sensación de alivio en el mundo empresarial, e incluso ayudaron a que los ciudadanos se convenzan de que no habrá, de parte del Gobierno, ninguna ley que afecte la propiedad privada urbana.
Pero la decisión tomada por el Gobierno respecto a la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.
Es en ese sentido que se entienden las críticas hechas al titular de Cainco, de haber perdido la oportunidad de hacer escuchar la palabra de los empresarios cruceños en un momento tan sensible en que el Gobierno había entrado, una vez más, en contradicción con sus propias palabras, tan recientes, sobre la vigencia de seguridades jurídicas para la iniciativa privada en el país.
Debilitar el frente de los empresarios en un momento así puede alentar a los que siempre están deseando poner fin al sector privado de la economía nacional
La Razón: La ley de la amenaza
Alguien debe evitar que la anarquía de unos triunfe sobre la voluntad democrática de otros
“No hagan despertar al monstruo que está durmiendo”, amenazó el mallku Simón Colque, en representación de nueve ayllus del Norte de Potosí, implicados en el espeluznante crimen de cuatro efectivos policiales que se registró a fines de mayo en Saca Saca (Uncía). También dijo que “en 100 flotas o en 50 flotas los ayllus guerreros nos vamos a lanzar a la ciudad de Potosí”.
Este señor, que de esa flagrante manera incitó a la violencia en días pasados, es el mejor ejemplo de que las autoridades responsables de mantener el orden público se movilizan de acuerdo con las conveniencias políticas antes que por lo que manda la ley.
Son los ayllus en el país de los amenazadores, donde los amenazados importan poco y nada. Otra muestra de la alarmante falta de Estado en determinadas situaciones, lo cual convierte a cada vez más espacios geográficos en tierra de nadie y actualiza la frase trillada pero cierta: “la justicia brilla por su ausencia”.
¿Tan fácil es pedir la destitución de fiscales en Bolivia? ¿Y a título de qué? Hoy, el pretexto se llama ‘justicia comunitaria’, bajo el argumento de que la justicia ordinaria debe coadyuvar con ella.
En cuanto al Estado, en algunos casos hay falta de autoridad, entonces adolece de capacidad de reacción y se muestra débil. En otros, el Gobierno parece actuar con exceso. Lo ideal sería encontrar el equilibrio y llevar adelante una gestión sin abusos pero tampoco permisiva.
La reacción del fiscal general Mario Uribe, ante la advertencia de los ayllus potosinos acusados por una parte de la opinión pública de ser cómplices de asesinos, contrabandistas y narcotraficantes, se caracterizó por su firmeza y oportunidad. Dijo que no cederá al capricho de los amenazadores de turno.
Para este viernes se ha anunciado otro cabildo del sector, que permanece en alerta al sentirse amenazado por los investigadores: de amenazadores a amenazados. Claramente, estamos en presencia de grupos que buscan imponer su propia ley, pisoteando la que se aplica para todos los bolivianos. ¿La fuerza de los movimientos sociales, ligados al partido de Gobierno, se impondrá frente a la institucionalidad vigente en el país?
¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Dónde quedan, con este tipo de actitudes, los derechos y deberes de los ciudadanos? Alguien tiene que poner orden y evitar que la anarquía de unos triunfe sobre la voluntad democrática de otros.
Cambio: La salud de los escolares
Una inspección sorpresiva a la empresa Pan Casero, principal proveedora de alimentos sólidos para los niños y jóvenes estudiantes de los colegios fiscales de algunos distritos de la ciudad de El Alto, permitió evidenciar la existencia de heces de ratón en sus pasillos, donde se guarda la harina, azúcar y otros insumos destinados a la elaboración de esos alimentos.
La presidenta de la Comisión de Educación y Culturas del Gobierno Municipal de El Alto, Delia Peñaloza, certificó, luego de la inspección, que "la empresa Pan Casero no tiene la higiene correspondiente en el resguardo de productos, como establecen las normas y su contrato. No cumple con los términos técnicos de elaboración de productos".
Lo grave de esa acusación es que los productos que entrega la empresa en cuestión —como otras en el interior del país— son parte del programa Desayuno Escolar, que beneficia a cientos de miles de escolares de las unidades educativas fiscales del país; esos alimentos representan el suplemento nutritivo para compensar los altos índices de desnutrición infantil que castiga particularmente a los segmentos poblacionales de mínimos ingresos.
Sin embargo, esa inspección sorpresiva, entre autoridades ediles y padres de familia, no solamente fue efectuada a Pan Casero, sino también a la empresa La Francesa. Anteriormente ese control social había sido realizado en instalaciones de las empresas Soalpro y Banabeni, y continuará en fechas todavía no determinadas en Pant y María Carola
De todas las inspeccionadas —según la Presidenta de la Comisión de Educación y Culturas del Gobierno Municipal de El Alto—, sólo Pan Casero incumplió con los requisitos mínimos exigidos que se encuentran en el contrato correspondiente.
El presente caso que comentamos es apenas un ejemplo de la total falta de prolijidad en la que incurren no sólo restaurantes que expenden diversos platos a los comensales o confiterías que comercian pasteles, tortas y empanadas, entre muchos otros productos, sino algunas empresas que suscribieron contratos de provisión de alimentos —como es el caso de Pan Casero con el Gobierno Municipal de El Alto— con entidades estatales y privadas.
Periódicamente los espacios noticiosos de la televisión, la radio y de la prensa escrita difunden informaciones relacionadas con la violación de las normas de higiene de establecimientos que con su falta de pulcritud atentan contra la salud de sus eventuales clientes.
No obstante, más allá de la clausura temporal de los reincidentes o una multa pecuniaria, no se conoce, al menos públicamente, si algún propietario de esos locales haya sido acusado de atentado contra la salud pública y castigado por las autoridades jurisdiccionales según las normas legales.
En este contexto, es imprescindible que las autoridades municipales de todo el país implementen ese tipo de controles sorpresivos porque —por ejemplo— los roedores son portadores de graves enfermedades y pueden transmitirlas a los seres humanos.
Es que el ratón —cuyas heces se hallaron en esa empresa que provee el desayuno escolar a varias escuelas y colegios de El Alto— puede transmitir directamente esos males, no sólo mordiendo a las personas, sino contaminando nuestra comida o el agua con sus orines o excrementos, e indirectamente por medio de los animales domésticos, artrópodos o sanguijuelas.
Graves enfermedades como la salmonella y la leptospirosis son algunas de las que los seres humanos corremos el riesgo de contraer por la asociación cercana que tenemos con el ratón casero.
Por eso, es muy importante que los miles de negocios que expenden comidas y otros alimentos a la población comprendan que son responsables de garantizar que sus productos no provoquen enfermedades a los consumidores y asuman medidas de prevención y control que estrechamente están vinculados a la higiene que es necesario implementar.
Y para evitar que el ratón se convierta en un inquilino indeseable en los negocios y en los domicilios particulares es imprescindible negarles comida, agua y refugio; una medida preventiva que repercutirá en que el roedor no se instale como Pedro en su casa y se constituya en un serio riesgo para la salud. Además, es necesario guardar la basura en recipientes con tapa y desecharla lo más antes posible para que no se acumule, y no desparramar comida, granos u otros alimentos que podrían atraer a los roedores.
En este contexto, esas medidas de elemental higiene —tan sencillas como vitales— fueron ignoradas por la empresa Pan Casero, en cuyas instalaciones las autoridades encontraron excremento de ratones, amén de otras irregularidades.
No obstante, lo que llama la atención es que el informe de la concejal Peñaloza no incluirá un acta o levantamiento de información sobre la inspección realizada porque eso no se hizo en el sitio de la inspección "dado que no se tiene costumbre", y el alcalde Édgar Patana, como máxima autoridad y responsable del contrato con esa empresa, deberá definir si corresponde o no alguna sanción por no guardar rigurosamente las normas de control de alimentos.
Además, el hecho de que el municipio alteño adeude 15 millones de bolivianos a las empresas proveedoras del desayuno escolar desde gestiones pasadas —obligación que debería ser honrada lo más antes posible—, no puede ser asumido como una justificación por Pan Casero porque, más allá del problema económico que ello representaría (si es una de las acreedoras), está su compromiso de velar por la salud de los niños y jóvenes estudiantes, ofreciendo alimentos frescos y garantizados, tal como estipula el contrato firmado con el Gobierno Municipal de El Alto.
Más allá de la clausura temporal de los reincidentes o una multa pecuniaria, no se conoce, al menos públicamente, si algún propietario de esos locales haya sido acusado de atentado contra la salud pública y castigado por las autoridades jurisdiccionales.
La Prensa: El frente empresarial
La decisión del Gobierno respecto de la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.
Un informe de la brasileña Fundación Getulio Vargas estableció que Bolivia es el segundo peor país de América Latina para la atracción de inversiones. El único país que tiene peor nota que Bolivia en esa medición es Venezuela, dice ese estudio.
Esta lamentable calificación del país se produce a los pocos días de que las cámaras de industria y comercio de toda Bolivia, reunidas en la ciudad de La Paz, decidieran pedir al Gobierno nacional seguridades jurídicas y reglas claras para el sector privado.
A su vez, ese pronunciamiento había seguido a la decisión del Gobierno nacional de expropiar a favor de la Gobernación de Chuquisaca las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) que estaban en manos de la empresa privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Fue una semana llena de acontecimientos referidos a la libertad de empresa en el país y a las condiciones en que el sector privado tiene que desenvolverse bajo un gobierno que proclama su propósito de avanzar hacia el socialismo.
Y se produjo otro hecho más por esos días. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) cumplía años y sus dirigentes invitaron al presidente Evo Morales.
Dirigentes cívicos y líderes políticos criticaron al Presidente de la Cainco por no expresarle al Primer Mandatario el sentimiento de temor que reina en el sector privado nacional a raíz del comportamiento del Gobierno. En lugar de ello, el dirigente del ente empresarial cruceño, Eduardo Paz, destinó su discurso a elogiar el clima para las inversiones.
Un conocido líder de opinión dijo al respecto que todo el episodio mostró que la Cainco actúa como rehén del Gobierno, por las amenazas veladas que estarían pesando sobre todo el sector en general y sobre los empresarios cruceños en particular.
Es probable que el empresario Paz haya actuado como lo hizo guiado por las seguridades que unos pocos días antes había dado el presidente Morales a todas las inversiones privadas que se radiquen en Bolivia. El Mandatario lo había hecho ante los empresarios del sector petrolero, pero se entendía que las seguridades jurídicas que se estaba comprometiendo a conceder no eran sólo para ellos, sino para todos los sectores de la economía, y no solamente para los inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales.
Las seguridades dadas por el Presidente habían provocado una sensación de alivio en el mundo empresarial, e incluso ayudaron a que los ciudadanos se convenzan de que no habrá, de parte del Gobierno, ninguna ley que afecte la propiedad privada urbana.
Pero la decisión tomada por el Gobierno respecto de la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.
Es en ese sentido que se entienden las críticas hechas al titular de la Cainco, de haber perdido la oportunidad de hacer escuchar la palabra de los empresarios cruceños en un momento tan sensible en que el Gobierno había entrado, una vez más, en contradicción con sus propias palabras, tan recientes, sobre la vigencia de seguridades jurídicas para la iniciativa privada en el país.
Debilitar el frente de los empresarios en un momento así podría alentar a los que siempre están deseando poner fin al sector privado de la economía nacional.
El Diario: Bolivia desperdicia oportunidad de oro
Cuando la economía mundial muestra un extraordinario crecimiento y las materias primas alcanzan cotizaciones nunca conocidas, el Gobierno boliviano duerme en sus laureles y desprecia la oportunidad de conducir al país a algunos niveles de prosperidad. Esa es la conclusión general a la que se llega al observar lo que ocurre en Bolivia en los últimos meses.
Esa realidad salta a la vista ya que cuando el oro, plata, estaño, zinc, litio, hierro y otros recursos inorgánicos llegan a precios nunca vistos, el “Estado Plurinacional” no mueve ni un dedo para aprovechar la situación. Es más, parece que viviera en otras circunstancias y no conoce ni se ha dado cuenta del fenómeno mundial. Pareciera que un país minero, como es Bolivia, no sabe de minería ni de política minera.
Pero no sólo eso, pues parece que el régimen actual, además de ignorar las evoluciones del mercado de metales y minerales, no encara el asunto y tampoco prepara planes adecuados a las circunstancias. Es más, estaría empeñado en crear dificultades de todo tipo, evitando, de esa forma, aprovechar la oportunidad de oro. En efecto, dicta una serie de disposiciones destinadas a que no sean explotados los diversos yacimientos, en particular algunos recién descubiertos y que contienen grandes potenciales.
Entre esas medidas se debe destacar las amenazas diarias a la inversión de capitales y dictar medidas burocráticas sin cuento, como si se estuviese viviendo en otro planeta. Al respecto, se debe recordar que mientras, por ejemplo, Cuba dicta medidas antisocialistas y capitalistas, en Bolivia se marcha en dirección contraria y se lucha contra el capitalismo poco menos que a brazo partido.
La cotización de metales y minerales ha llegado a niveles tan altos (sino fantásticos) que es fácil comprobarlo, recordando que en 1985 el estaño se cotizó en 80 centavos de dólar la libra fina, mientras ahora se cotiza en cerca de 10 dólares esa misma unidad. Otros minerales han subido en 300 por ciento. El oro llegó a 250 dólares la onza troy y Bolivia, país aurífero, apenas lo produce y algunos empresarios interesados en su explotación son atemorizados con supuestas nacionalizaciones y finalmente sometidos a trabas burocráticas que los obliga a dar espaldas al país y dirigirse a otros países donde son bienvenidos.
Se debe agregar que de existir una política minera oportuna y adecuada, inspirada en especialistas nacionales (que hoy tienen cerradas las puertas del Estado Plurinacional por causas de discriminación racial), y sin necesidad de recurrir a otras medidas que más parecen manotazos de ahogado (estatizaciones, lucha contra el capitalismo, etc.), el país podría obtener gran cantidad de recursos, suficientes para no pensar en cobrar más impuestos al público, amenazar con medidas financieras absurdas, etc.
En síntesis, se puede asegurar que en los momentos actuales, cuando los metales y minerales han llegado a niveles de precios jamás conocidos, Bolivia carece de políticas mineras y que está desaprovechando una brillante oportunidad, ya que no sería raro pensar que, más corto que a largo plazo, se podría producir un derrumbe de las cotizaciones, por lo que los responsables podrán ser objeto de las debidas sanciones.
El Mundo: Pulverizados
Las expresiones textuales del ex presidente Jorge Tuto Quiroga, cuando se refirió a la persecución de que es objeto, por haber pasado por la Presidencia de la República de Bolivia, serán con seguridad recodadas por un gran tiempo y serán una forma breve, pero muy clara, de lo que fue el paso del MAS por el gobierno. El ex presidente Quiroga aseguró que el accionar de las autoridades obedece a un encargo hecho por el presidente venezolano, Hugo Chávez, por las críticas que el ex presidente habría vertido sobre el modelo bolivariano que ha impuesto en su país el líder venezolano y que ha dejado a su país pulverizado, en estado de guerra tal como lo tenía a el libertador en el momento culminante de su lucha por la independencia del continente.
Lo grave de la situación es que Chávez no encontró el país como lo tenía Bolívar que durante su estadía en Europa juró liberarla del estado de sometimiento que la tenía el imperialismo español, luego de trescientos años de dominio y explotación.
Paradójicamente, Chávez llegó al gobierno de Venezuela cuando esta nación era una de las más ricas del continente, gracias al auge de la producción de petróleo y que la mantenía como líder de los países productores de hidrocarburos, además de otras situaciones favorables.
Si en algo tenemos que coincidir con Chávez y sus imitadores en otras naciones, es él en hecho de que los partidos tradicionales optaron por enriquecer a sus miembros a costa de los bienes del estado y ahora se intenta pasarles la cuenta, por las actividades realizadas con el empleo de recursos conocidos como gastos reservados.
Tal vez Quiroga resulte uno de las ex presidentes más vulnerables, ya que él tuvo la misión de ser vicepresidente de un ex dictador que a partir del último día de su gobierno dictatorial que terminó con un fraude escandaloso, para hacer Presidente de la República a su Ministro del Interior, inició una dura lucha para maquillar su imagen y lo hizo más que todo aprovechando de la poca memoria que tiene el pueblo, cuando se trata de analizar el pasado; sino habría que preguntarles a los miristas que decidieron cruzar a nado los ríos de sangre que los separaban de ese gobernante, con el que terminaron de aliados.
En su afán de retroceder quinientos años en la historia, como lo ha anunciado el presidente Morales al iniciar su primera gestión de gobierno, hoy se encuentra imitando el accionar de los regímenes autoritarios, no sólo del país sino de la Europa de la primera mitad del Siglo XX, con un sistema nazi que muy poco tiene que envidiar al régimen de Hitler, con el que se le han encontrado mas de una coincidencia.
En la situación actual, cuando encontramos a ex presidentes, ex parlamentarios e inclusive autoridades actuales cuyo denominador común es no estar alineadas en las filas del MAS, el Gobierno masista nos recuerda con detalles a las persecuciones del Santo Oficio que no aceptaba la posibilidad de disentir.
La caza de brujas que terminaba con una gran cantidad de personas en la hoguera, luego de juicios sumarísimos, parece continuar con el fiscal Soza que tiene la cualidad de encontrar culpabilidad en todas las personas, recodemos que inclusive el Cardenal terminó figurando en la lista de presuntos involucrados, por haber sido destinatario de algunos recursos de los fondos reservados para su labor pastoral.
Lo importante no es por qué razón, sino pulverizar a los adversarios buscándole la vuelta que mejor se adapta.
Opinión: Seguridad social de salud y un nuevo sistema
El sistema de seguridad social en el país no es de los mejores, o mejor dicho, tiene deficiencias que no han logrado ser superadas durante todos sus años de vigencia. Por el contrario, la seguridad social ha llegado a situaciones de crisis que plantean serios riesgos para su supervivencia futura.
Son muchos los problemas estructurales que han derivado en una especie de colapso. Sin embargo, con todas las deficiencias y coberturas que son limitadas, el sistema de seguridad social en cuanto a salud y otras prestaciones hace todo lo posible por cumplir con sus objetivos. El sistema pese a todo, funciona y sin él miles de personas estarían a la deriva y sin ninguna protección, lo que significa, sin embargo, que los problemas que adolece deben ser superados con proyectos que se adecúen a estos tiempos en los cuales se pregona el cambio y que tienen que ver con planes de cobertura de salud para la mayoría de los bolivianos.
Actualmente se está hablando con mucha insistencia de crear un Sistema Único de Salud (SUS) que cubrirá al 70% de la población del país, es decir, a la población que actualmente no tiene seguro a corto plazo y las personas que están incluidas en el Seguro Universal Materno Infantil y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor. De acuerdo a datos oficiales ese 70% abarcaría a más de 7 millones 500 mil habitantes y el Seguro entraría en vigencia en enero de 2011 y la inversión por persona sería entre 80 y 100 dólares anuales.
Lo que las autoridades pretenden llevar adelante no es un seguro de salud más, sino un nuevo sistema de seguridad social de salud del país.
Con la información, aún escasa que se dispone al momento sobre este proyecto, se puede colegir que se trata de uno de los emprendimientos más grandes en la historia de la seguridad social de salud de Bolivia, por lo menos así se puede deducir de la cobertura que se busca, porque en realidad se trata de una ampliación porcentual significativa en relación a lo que sucede actualmente donde el 30% de la población tiene acceso al seguro a corto plazo, es decir, de las Cajas de Salud, o sea que el proyecto importaría la incorporación de un 40% más de personas que se beneficiarían con una cobertura de salud y paulatinamente obtendría otro tipo de seguros.
No cabe duda que es un proyecto ambicioso. En lo que se refiere a la cobertura de salud, que es una de las obligaciones más importantes que se plantea un Estado, casi siempre se realizan proyecciones que muchas veces pueden estar cercanas a lo ideal. La seguridad social en salud tiene aristas de lo más complejas e incluso en naciones con potencialidades económicas mayores a la nuestra constituye uno de los más grandes desafíos.
En un país como Bolivia, con enormes limitaciones económicas, la incorporación de un gran porcentaje de la población que no tiene seguro de salud, habría que asumir a partir de estudios que engloben la realidad actual y que proyecten infraestructura hospitalaria, administración y financiamiento. Aunque en principio los actuales asegurados seguirán en sus Cajas, se tienen que conocer los estudios sobre momentos de transición hasta que el complejo de la seguridad social se vuelva en un solo sistema. Conocer además qué enfoque tiene el Estado respecto a la actual medicina privada instalada en el país en cuanto a hospitales, clínicas, personal médico y de apoyo.
En realidad el proyecto anticipa, hasta donde se lo conoce, y que aún es muy poco, una serie de transformaciones que en todo caso importan concepciones ideológicas y conceptuales sobre lo que se entiende sobre salud universal.
Clarín, Argentina: La reglamentación de la ley electoral
La realización de internas abiertas obligatorias y simultáneas por primera vez en la Argentina implica una innovación de importancia en el funcionamiento y las prácticas de la vida democrática.
El 14 de agosto del año que viene se deben elegir las candidaturas presidenciales de cada partido para los comicios que se realizarán dos meses más tarde. Su requisito es que se realicen con transparencia y se cumpla en tiempo y forma con el cronograma previsto.
Esto incluye la unificación, actualización y digitalización de los padrones partidarios, el cumplimiento de los plazos para la presentación de las listas de candidatos, la distribución de las pautas publicitarias y definir de qué modo se distribuirá el dinero para imprimir las boletas y los espacios en radio y TV. Las complicaciones son aún mayores si se tiene en cuenta que además de los candidatos presidenciales, deben surgir del mismo procedimiento los demás cargos electivos.
No debe perderse de vista los objetivos de fortalecer partidos más representativos, mejorar la oferta electoral, un mayor equilibrio en la competencia política y favorecer la participación ciudadana.
La demora del Ejecutivo en reglamentar la Ley Electoral aprobada el año pasado suscita preocupación, habida cuenta del abuso interpretativo que el Gobierno ha hecho de muchas de las normas que deberían limitar la injerencia gubernamental en la competencia política y terminan siendo utilizadas para favorecer los intereses y propósitos del oficialismo.
La realización de las internas abiertas requiere una pronta reglamentación de la Ley Electoral para cumplir con sus plazos y objetivos.