Lo dijo Fidel

Si el mundo quedó atónito por las palabras de Fidel, es inimaginable la cara de los líderes que pretenden emular el modelo cubano.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Lo dijo Fidel

2. Bajo el Penoco, El Día: Sigue el juego

3. Los Tiempos: CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿VOLUNTAD O DEMAGOGIA?

4. El Deber: El frente empresarial

5. La Razón: La ley de la amenaza

6. Cambio: La salud de los escolares

7. La Prensa: El frente empresarial

8. El Diario: Bolivia desperdicia oportunidad de oro

9. El Mundo: Pulverizados

10. Opinión: Seguridad social de salud y un nuevo sistema

11. Clarín, Argentina: La reglamentación de la ley electoral

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El Día: Lo dijo Fidel

Hace unos días Fidel Castro dijo que se consideraba un “resucitado”, porque había estado en los umbrales de la muerte y pudo retornar a este mundo. Algo habrá visto en el más allá o con alguien se habrá encontrando, que volvió más lúcido y sobre todo más sincero con la humanidad a la que seguramente quiere dejarle una imagen engrandecida de su ya enorme figura como político y estadista. Nada menos que ante un periodista norteamericano, el primero que consigue hablar con él en más de 50 años, Castro ha dicho que el modelo cubano no sirve ni siquiera para ellos y menos para exportarlo a otros países.

Las expresiones del ex presidente, que abandonó el poder hace cuatro años y que dejó todo en manos de su hermano Raúl, más inclinado a las reformas, cayó como balde de agua fría para muchos que pensaban que la súbita recuperación del anciano líder significaría aplicar un freno de mano a los cambios que pretendía aplicar el menor de los Castro, quien desde hace tiempo le viene pidiendo a los cubanos que se dediquen a trabajar y que dejen de esperar todo de un Estado que fue pensado para intervenir en cada detalle de la vida de la gente. Un “Estado Integral”, como diría el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera.

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Las palabras de Fidel han sido entendidas como un espaldarazo a las reformas de su hermano, quien no sólo pretende abrir más espacios a la actividad privada, sino también deshacerse de una carga burocrática que actualmente absorbe a millones de personas y abolir paulatinamente el acentuado paternalismo estatal, obligado a importar el 80 por ciento de la comida que los cubanos llevan a la mesa.

En realidad, la admisión de Castro llega con varias décadas de retraso, pues el Estado socialista, que comenzó a construirse con el triunfo de la revolución en 1959, jamás fue capaz de demostrar sus reales posibilidades ya sea por el embargo norteamericano, pero sobre todo porque desde un principio se comportó como un régimen apadrinado, primero por la Unión Soviética y luego por la vecina ricachona Venezuela. Tras el ocaso de la primera, en 1989, la economía comenzó a mostrar la fisonomía de un mendigo, traza que no se le quitó ni siquiera con la inyección de los petrodólares chavistas. La industria azucarera, el puntal productivo cubano, fue uno de los fracasos revolucionarios y hoy está en ruinas.

Lo que ha dicho Fidel Castro es apenas la punta del iceberg de lo que ya está sucediendo en Cuba y de lo que se viene en materia de cambios. Poderosos capitales dedicados al turismo ya recibieron el permiso del Gobierno socialista para levantar gigantescos hoteles, campos de golf y astilleros para construir cruceros, de manera de que la isla recobre el esplendor del pasado.

Si el mundo entero ha quedado atónico por las declaraciones de Fidel Castro, es inimaginable la cara que habrán puesto aquellos líderes de la región que desde años pretenden emular el modelo cubano.  Evo Morales nunca ocultó su admiración por Fidel y siempre ha dicho que quiere que Bolivia sea como Cuba. Primero, es hora de demostrar ese sentimiento, y segundo, lo mejor sería ahorrarle al país 50 años de reflexión antes de caer en cuenta que lo que se está haciendo ahora en Bolivia no sirve y no va a servir.

 

Si el mundo quedó atónito por las palabras de Fidel, es inimaginable la cara de los líderes que pretenden emular el modelo cubano.

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Bajo el Penoco, El Día: Sigue el juego

Fidel Castro estuvo hablando durante tres días con un periodista norteamericano y entre otras cosas, se estrelló contra el autócrata iraní, Mahmoud Ahmadinejad, a quien lo ha exhortado a que abandone sus posiciones antisemitas y que deje de difamar a los judíos. Muy cerca de allí y como si estuviera jugando al “mono mayor”, uno de sus alumnos aventajados, el presidente venezolano, quien ha estado hostigando de manera sistemática a la comunidad judía local, rápidamente convocó a una reunión a los israelitas para limar asperezas, cosa que será difícil pues medio gabinete de Hugo Chávez está compuesto por árabes y musulmanes. Se espera que en estas tierras, que últimamente ha estado con las puertas abiertas a Irán, también se produzcan algunos gestos positivos hacia Israel, después de los dardos punzantes que les lanzó Evo Morales hace unos días. De lo que hay pocas esperanzas es que los seguidores del juego imiten a Fidel en lo que respecta al modelo económico. Hay que poner a prueba el famoso “Estado Integral” y esperar 50 años a ver si funciona.

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Los Tiempos: CONTRA LA CORRUPCIÓN: ¿VOLUNTAD O DEMAGOGIA?

Es importante combatir la corrupción, pero si se quiere ir más allá del fácil exitismo, se lo debe hacer en el marco de la institucionalidad vigente

La "operación comando" que el gobierno, a través del Ministerio de Transparencia, ha realizado el miércoles en las instalaciones de las oficinas de Derechos Reales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y El Alto, para "verificar y hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Consejo de la Judicatura para resolver el retardo en la tramitación, cobros irregulares y la poca transparencia en el procesamiento de la información en esas oficinas de registro de propiedades" ha recibido generalizado aplauso.

La operación consistió en instalar mesas de quejas para que la gente registre denuncias espontáneas. De acuerdo a las informaciones, los formularios se agotaron en una hora, lo que muestra la indefensión de la ciudadanía en una oficina tan importante como es la de Derechos Reales. Toda persona que requiere un trámite en ella -y son muchos los que se deben realizar particularmente en el caso de compra-venta de bienes inmuebles– conoce lo que es enfrentarse a una burocracia insensible que pese a contar con modernos sistemas de computación, se empeñan en dificultar el proceso. Cualquier trámite, desde los más complejos hasta los más simples, dura por lo menos dos semanas y no es excepcional que -salvo diligenciero particular– haya siempre "algún problemita" que dilate aún más la obtención del documento requerido.

Frente a esa realidad, la mencionada acción del Órgano Ejecutivo parece pertinente. Pero, hay algunos factores sobre los que se debe reflexionar. Tal vez el más importante es que esta repartición del Estado depende del Consejo de la Judicatura, es decir, está en el ámbito de otro órgano, el Judicial, que es el que debería proceder a sanear, transformar, modernizar Derechos Reales. Extremando el análisis, una vez más el Ejecutivo invade un espacio que no es el suyo mostrando su voluntad de copar el poder sin que nadie pueda poner límites. De hecho, algunas autoridades del Consejo de la Judicatura -que desde su mal parto ha sido una de las instituciones que peor ha funcionado en el ámbito de la modernización del Estado– han avalado sumisamente esta actitud cuando su deber era que la operación se realizara como parte de una labor de coordinación de ambos poderes, en cuyo caso, debería ser el Presidente del Órgano Judicial el que la avale.

Es precisamente esta falta de voluntad para coordinar labores lo que conduce a pensar si la operación responde no tanto a la voluntad de limpiar de corrupción al Estado como a recuperar el apoyo ciudadano que, de acuerdo a varias encuestas, ha estado mermando en los últimos tiempos. Y ya se sabe que las autoridades del Ejecutivo se ponen agresivas cuando esto sucede.

Hay un tercer factor importante. Está en curso la elaboración de una norma sobre propiedad urbana, sobre la que se ha especulado demasiado y, en muchas ocasiones, de muy mala fe. Por ello, se debe cuidar que operaciones como las que se comentan no ayuden, más bien, a aumentar las susceptibilidades.

En fin, es importante combatir la corrupción, pero si se quiere ir más allá del fácil exitismo, se lo debe hacer en el marco de la institucionalidad vigente. Otra cosa, sólo es demagogia.

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El Deber: El frente empresarial

Un informe de la brasileña Fundación Getulio Vargas estableció que Bolivia es el segundo peor país de América Latina para la atracción de inversiones. El único país que tiene una nota más negativa que Bolivia en esa medición es Venezuela, dice el estudio.

Esta lamentable calificación del país se produce a los pocos días de que las cámaras de industria y comercio de toda Bolivia, reunidas en la ciudad de La Paz, decidieron pedir al Gobierno nacional seguridad jurídica y reglas claras para el sector privado.

A su vez, ese pronunciamiento había seguido a la decisión del Gobierno nacional de expropiar a favor de la Gobernación de Chuquisaca las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) que estaban en manos de la empresa privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Fue una semana llena de acontecimientos referidos a la libertad de empresa en el país y a las condiciones en que el sector privado tienen que desenvolverse bajo un gobierno que proclama su propósito de avanzar hacia el socialismo.

Y se produjo otro hecho más por esos días. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) cumplía años y sus dirigentes invitaron al presidente Evo Morales.

Dirigentes cívicos y líderes políticos criticaron al presidente de la Cainco por no haber expresado al primer mandatario el sentimiento de temor que reina en el sector privado nacional a raíz del comportamiento del Gobierno. En lugar de ello, el dirigente del ente empresarial cruceño, Eduardo Paz, destinó su discurso a elogiar el clima para las inversiones.

Un conocido líder de opinión dijo al respecto que todo el episodio mostró que la Cainco actúa como rehén del Gobierno, por las amenazas veladas que estarían pesando sobre todo el sector en general y sobre los empresarios cruceños en particular.

Es probable que el empresario Paz haya actuado como lo hizo guiado por las seguridades que unos pocos días antes había dado el presidente Morales a todas las inversiones privadas que se radiquen en Bolivia. El mandatario lo había hecho ante los empresarios del sector petrolero, pero se entendía que las seguridades jurídicas que se estaban comprometiendo a conceder no eran solamente para ellos, sino para todos los sectores de la economía, y no eran únicamente para los inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales.

Las seguridades dadas por el presidente Morales habían provocado una sensación de alivio en el mundo empresarial, e incluso ayudaron a que los ciudadanos se convenzan de que no habrá, de parte del Gobierno, ninguna ley que afecte la propiedad privada urbana.

Pero la decisión tomada por el Gobierno respecto a la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.

Es en ese sentido que se entienden las críticas hechas al titular de Cainco, de haber perdido la oportunidad de hacer escuchar la palabra de los empresarios cruceños en un momento tan sensible en que el Gobierno había entrado, una vez más, en contradicción con sus propias palabras, tan recientes, sobre la vigencia de seguridades jurídicas para la iniciativa privada en el país.

Debilitar el frente de los empresarios en un momento así puede alentar a los que siempre están deseando poner fin al sector privado de la economía nacional

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La Razón: La ley de la amenaza

Alguien debe evitar que la anarquía de unos triunfe sobre la voluntad democrática de otros

“No hagan despertar al monstruo que está durmiendo”, amenazó el mallku Simón Colque, en representación de nueve ayllus del Norte de Potosí, implicados en el espeluznante crimen de cuatro efectivos policiales que se registró a fines de mayo en Saca Saca (Uncía). También dijo que “en 100 flotas o en 50 flotas los ayllus guerreros nos vamos a lanzar a la ciudad de Potosí”.

Este señor, que de esa flagrante manera incitó a la violencia en días pasados, es el mejor ejemplo de que las autoridades responsables de mantener el orden público se movilizan de acuerdo con las conveniencias políticas antes que por lo que manda la ley.

Son los ayllus en el país de los amenazadores, donde los amenazados importan poco y nada. Otra muestra de la alarmante falta de Estado en determinadas situaciones, lo cual convierte a cada vez más espacios geográficos en tierra de nadie y actualiza la frase trillada pero cierta: “la justicia brilla por su ausencia”.

¿Tan fácil es pedir la destitución de fiscales en Bolivia? ¿Y a título de qué? Hoy, el pretexto se llama ‘justicia comunitaria’, bajo el argumento de que la justicia ordinaria debe coadyuvar con ella.

En cuanto al Estado, en algunos casos hay falta de autoridad, entonces adolece de capacidad de reacción y se muestra débil. En otros, el Gobierno parece actuar con exceso. Lo ideal sería encontrar el equilibrio y llevar adelante una gestión sin abusos pero tampoco permisiva.

La reacción del fiscal general Mario Uribe, ante la advertencia de los ayllus potosinos acusados por una parte de la opinión pública de ser cómplices de asesinos, contrabandistas y narcotraficantes, se caracterizó por su firmeza y oportunidad. Dijo que no cederá al capricho de los amenazadores de turno.

Para este viernes se ha anunciado otro cabildo del sector, que permanece en alerta al sentirse amenazado por los investigadores: de amenazadores a amenazados. Claramente, estamos en presencia de grupos que buscan imponer su propia ley, pisoteando la que se aplica para todos los bolivianos. ¿La fuerza de los movimientos sociales, ligados al partido de Gobierno, se impondrá frente a la institucionalidad vigente en el país?

¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Dónde quedan, con este tipo de actitudes, los derechos y deberes de los ciudadanos? Alguien tiene que poner orden y evitar que la anarquía de unos triunfe sobre la voluntad democrática de otros.

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Cambio: La salud de los escolares

Una inspección sorpresiva a la empresa Pan Casero, principal proveedora de alimentos sólidos para los niños y jóvenes estudiantes de los colegios fiscales de algunos distritos de la ciudad de El Alto, permitió evidenciar la existencia de heces de ratón en sus pasillos, donde se guarda la harina, azúcar y otros insumos destinados a la elaboración de esos alimentos.

La presidenta de la Comisión de Educación y Culturas del Gobierno Municipal de El Alto, Delia Peñaloza, certificó, luego de la inspección, que "la empresa Pan Casero no tiene la higiene correspondiente en el resguardo de productos, como establecen las normas y su contrato. No cumple con los términos técnicos de elaboración de productos".

Lo grave de esa acusación es que los productos que entrega la empresa en cuestión —como otras en el interior del país— son parte del programa Desayuno Escolar, que beneficia a cientos de miles de escolares de las unidades educativas fiscales del país; esos alimentos representan el suplemento nutritivo para compensar los altos índices de desnutrición infantil que castiga particularmente a los segmentos poblacionales de mínimos ingresos.

Sin embargo, esa inspección sorpresiva, entre autoridades ediles y padres de familia, no solamente fue efectuada a Pan Casero, sino también a la empresa La Francesa. Anteriormente ese control social había sido realizado en instalaciones de las empresas Soalpro y Banabeni, y continuará en fechas todavía no determinadas en Pant y María Carola

De todas las inspeccionadas —según la Presidenta de la Comisión de Educación y Culturas del Gobierno Municipal de El Alto—, sólo Pan Casero incumplió con los requisitos mínimos exigidos que se encuentran en el contrato correspondiente.

El presente caso que comentamos es apenas un ejemplo de la total falta de prolijidad en la que incurren no sólo restaurantes que expenden diversos platos a los comensales o confiterías que comercian pasteles, tortas y empanadas, entre muchos otros productos, sino algunas empresas que suscribieron contratos de provisión de alimentos —como es el caso de Pan Casero con el Gobierno Municipal de El Alto— con entidades estatales y privadas.

Periódicamente los espacios noticiosos de la televisión, la radio y de la prensa escrita difunden informaciones relacionadas con la violación de las normas de higiene de establecimientos que con su falta de pulcritud atentan contra la salud de sus eventuales clientes.

No obstante, más allá de la clausura temporal de los reincidentes o una multa pecuniaria, no se conoce, al menos públicamente, si algún propietario de esos locales haya sido acusado de atentado contra la salud pública y castigado por las autoridades jurisdiccionales según las normas legales.

En este contexto, es imprescindible que las autoridades municipales de todo el país implementen ese tipo de controles sorpresivos porque —por ejemplo— los roedores son portadores de graves enfermedades y pueden transmitirlas a los seres humanos.

Es que el ratón —cuyas heces se hallaron en esa empresa que provee el desayuno escolar a varias escuelas y colegios de El Alto— puede transmitir directamente esos males, no sólo mordiendo a las personas, sino contaminando nuestra comida o el agua con sus orines o excrementos, e indirectamente por medio de los animales domésticos, artrópodos o sanguijuelas.

Graves enfermedades como la salmonella y la leptospirosis son algunas de las que los seres humanos corremos el riesgo de contraer por la asociación cercana que tenemos con el ratón casero.

Por eso, es muy importante que los miles de negocios que expenden comidas y otros alimentos a la población comprendan que son responsables de garantizar que sus productos no provoquen enfermedades a los consumidores y asuman medidas de prevención y control que estrechamente están vinculados a la higiene que es necesario implementar.

Y para evitar que el ratón se convierta en un inquilino indeseable en los negocios y en los domicilios particulares es imprescindible negarles comida, agua y refugio; una medida preventiva que repercutirá en que el roedor no se instale como Pedro en su casa y se constituya en un serio riesgo para la salud. Además, es necesario guardar la basura en recipientes con tapa y desecharla lo más antes posible para que no se acumule, y no desparramar comida, granos u otros alimentos que podrían atraer a los roedores.

En este contexto, esas medidas de elemental higiene —tan sencillas como vitales— fueron ignoradas por la empresa Pan Casero, en cuyas instalaciones las autoridades encontraron excremento de ratones, amén de otras irregularidades.

No obstante, lo que llama la atención es que el informe de la concejal Peñaloza no incluirá un acta o levantamiento de información sobre la inspección realizada porque eso no se hizo en el sitio de la inspección "dado que no se tiene costumbre", y el alcalde Édgar Patana, como máxima autoridad y responsable del contrato con esa empresa, deberá definir si corresponde o no alguna sanción por no guardar rigurosamente las normas de control de alimentos.

Además, el hecho de que el municipio alteño adeude 15 millones de bolivianos a las empresas proveedoras del desayuno escolar desde gestiones pasadas —obligación que debería ser honrada lo más antes posible—, no puede ser asumido como una justificación por Pan Casero porque, más allá del problema económico que ello representaría (si es una de las acreedoras), está su compromiso de velar por la salud de los niños y jóvenes estudiantes, ofreciendo alimentos frescos y garantizados, tal como estipula el contrato firmado con el Gobierno Municipal de El Alto.

Más allá de la clausura temporal de los reincidentes o una multa pecuniaria, no se conoce, al menos públicamente, si algún propietario de esos locales haya sido acusado de atentado contra la salud pública y castigado por las autoridades jurisdiccionales.

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La Prensa: El frente empresarial

La decisión del Gobierno respecto de la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.

Un informe de la brasileña Fundación Getulio Vargas estableció que Bolivia es el segundo peor país de América Latina para la atracción de inversiones. El único país que tiene peor nota que Bolivia en esa medición es Venezuela, dice ese estudio.

Esta lamentable calificación del país se produce a los pocos días de que las cámaras de industria y comercio de toda Bolivia, reunidas en la ciudad de La Paz, decidieran pedir al Gobierno nacional seguridades jurídicas y reglas claras para el sector privado.

A su vez, ese pronunciamiento había seguido a la decisión del Gobierno nacional de expropiar a favor de la Gobernación de Chuquisaca las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) que estaban en manos de la empresa privada Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Fue una semana llena de acontecimientos referidos a la libertad de empresa en el país y a las condiciones en que el sector privado tiene que desenvolverse bajo un gobierno que proclama su propósito de avanzar hacia el socialismo.

Y se produjo otro hecho más por esos días. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) cumplía años y sus dirigentes invitaron al presidente Evo Morales.

Dirigentes cívicos y líderes políticos criticaron al Presidente de la Cainco por no expresarle al Primer Mandatario el sentimiento de temor que reina en el sector privado nacional a raíz del comportamiento del Gobierno. En lugar de ello, el dirigente del ente empresarial cruceño, Eduardo Paz, destinó su discurso a elogiar el clima para las inversiones.

Un conocido líder de opinión dijo al respecto que todo el episodio mostró que la Cainco actúa como rehén del Gobierno, por las amenazas veladas que estarían pesando sobre todo el sector en general y sobre los empresarios cruceños en particular.

Es probable que el empresario Paz haya actuado como lo hizo guiado por las seguridades que unos pocos días antes había dado el presidente Morales a todas las inversiones privadas que se radiquen en Bolivia. El Mandatario lo había hecho ante los empresarios del sector petrolero, pero se entendía que las seguridades jurídicas que se estaba comprometiendo a conceder no eran sólo para ellos, sino para todos los sectores de la economía, y no solamente para los inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales.

Las seguridades dadas por el Presidente habían provocado una sensación de alivio en el mundo empresarial, e incluso ayudaron a que los ciudadanos se convenzan de que no habrá, de parte del Gobierno, ninguna ley que afecte la propiedad privada urbana.

Pero la decisión tomada por el Gobierno respecto de la fábrica de cemento de Sucre echó por tierra todo ese clima que estaba formándose en el sector privado.

Es en ese sentido que se entienden las críticas hechas al titular de la Cainco, de haber perdido la oportunidad de hacer escuchar la palabra de los empresarios cruceños en un momento tan sensible en que el Gobierno había entrado, una vez más, en contradicción con sus propias palabras, tan recientes, sobre la vigencia de seguridades jurídicas para la iniciativa privada en el país.

Debilitar el frente de los empresarios en un momento así podría alentar a los que siempre están deseando poner fin al sector privado de la economía nacional.