Los diputados aprovecharon la ley contra el antirracismo para introducir polémico artículo. La Cámara de Diputados dio otro paso para su sanción y promulgación
MAYORÍA. Los asambleístas del oficialismo aprueban con la mano en alto el proyecto de ley que fue debatido durante 12 horas.
La Razón. La Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional aprobó ayer el proyecto de Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que incluye sanciones a los medios de comunicación que “autoricen y publiquen ideas racistas”. La propuesta de norma será tratada desde la próxima semana por la Cámara de Senadores para su sanción y posterior promulgación por parte del presidente Evo Morales.
La aprobación del artículo 16, que prevé sanciones económicas y la suspensión de la licencia de funcionamiento a los medios, generó el rechazo enérgico de las entidades representativas de la prensa. “El propósito del Órgano Legislativo Plurinacional de imponer una censura de prensa previa viola la libertad de expresión, considerada por las normas internacionales como base fundamental de la democracia”, se denuncia en un comunicado publicado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora).
El oficialismo descartó que los medios vayan a ser objeto de censura. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco (MAS), dijo que la ley, una vez promulgada, será reglamentada en un plazo de 90 días. Se lo hará “en base a un amplio proceso de concertación y participación social”, aseguró.
Por su parte, la oposición se refirió al intento de imponer una ley mordaza para acallar los medios. “Cuando un medio entreviste a una fuente que insulte o realice un acto racista, la sanción será para el medio. Eso es una especie de mordaza, hay que ver qué es delito y qué discriminación”, dijo la diputada Adriana Gil (PPB-CN).
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Para el diputado del MAS y proyectista inicial de la ley, Jorge Medina, el artículo referido a los medios no estaba incluido en la propuesta original, sin embargo, indicó que en el caso de una publicación y difusión de una declaración racista, “en primera instancia, será el entrevistado el que tenga la responsabilidad, pero si el medio utiliza esa declaración para otros fines, podrá ser sancionado”.
La asambleísta de la oposición Norma Piérola anunció la presentación de un amparo constitucional en contra de la norma, en especial de los artículos 16 y 23 (referido a la incorporación del capítulo Delitos contra la Dignidad del Ser Humano en el Código Penal). “Se penaliza conductas con sanciones penales”, dijo.
Según la agencia ANF, la diputada aseguró que el artículo establece sanciones penales y agrava en un tercio las sanciones, de 1 a 5 años, para el comunicador social que difunda en los medios mensajes considerados racistas o discriminadores. El diputado Marcelo Elio (MAS) insistió que el artículo 16 no afectará la libertad de expresión. "Lo que sí afecta son algunas expresiones racistas”.
Artículos que son observados
Artículo 16
(Los medios masivos de comunicación) El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.
Artículo 23
Se incorpora el Título VIII del segundo libro del Código Penal, el “Capítulo V”, denominado “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”. El mismo comprenderá cinco disposiciones.
Comité evaluará las denuncias
Con la promulgación de la denominada ley antirracismo, se conformará el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación que hará cumplir la norma. El organismo estará compuesto por dos comisiones y será el encargado de “promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación”, según el proyecto de ley.
La institución tendrá las tareas de dirigir la elaboración de un diagnóstico y un plan nacional de acción. El comité estará bajo tuición del Ministerio de Culturas (Viceministerio de Descolonización) y estará con- formado por instituciones públicas, organizaciones indígenas originarias, comunidades interculturales y comunidades afrobolivianas, y otras instituciones y/o organizaciones defensoras de los derechos humanos. La diputada Paco explicó que el ciudadano víctima de discriminación o racismo podrá presentar denuncia ante la Fiscalía o el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación.
Las opiniones
Marco Dips (ANP)
‘Se busca amordazar al periodismo’
“Con la aprobación, el órgano del Estado boliviano romperá con el sistema democrático al amordazar a la prensa. Esta acción será denunciada ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Demandamos a la Cámara de Senadores eliminar ese proyecto de ley, todos los artículos que pretendan limitar la libertad de expresión”.
M. Paco (MAS)
‘La norma no vulnera los derechos’
“La norma no vulnera derechos. Hace de los medios de comunicación un mecanismo de garantía de las víctimas. Los medios tienen la función de orientar, educar, informar y proteger. La ley busca descolonizar estructuras mentales y cambiar conductas a partir de mecanismos de prevención y de sanción de conductas que afecten la dignidad humana”.
Adriana Gil (PPB)
‘Usan causa para camuflar la ley mordaza’
“Se usó una causa muy noble que es la lucha contra el racismo para camuflar una ley mordaza. No se tipificó qué será racismo o discriminación. Esta ley es persecutoria, represora y perversa. El riesgo para los medios es que se puede iniciar procesos de desprestigio. Tengo información de que van a comenzar a inventar y falsear pruebas contra medios”.
Ley contra el racismo incluye mordaza
Diputados aprobó la norma que prevé sanción a medios que den cabida a declaraciones racistas.
El Día. La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Contra la Discriminación y el Racismo; el oficialismo no atendió el pedido de la oposición que exigía sacar de la norma el artículo 16 que establece sanciones que llegan incluso a la suspensión de la licencia para los medios de comunicación que emitan mensajes con contenido racista.
ARTÍCULO POLÉMICO. El artículo en cuestión señala a la letra que “el medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas, discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
CRÍTICAS. La diputada Norma Piérola, de Convergencia, lamentó la aprobación de la norma, que la diputada considera que claramente apunta a restringir la libertad de expresión de los medios de comunicación.
“Lo cierto es que aquí se está coartando la libertad de expresión, se va a sancionar por nada, no se sabe cuáles son los ilícitos y cuáles son las contravenciones porque además se aplican tres vías para la aplicación: administrativa, constitucional y penal”, dijo Piérola.
LOS MEDIOS. La diputada aseguró que los medios de comunicación como instituciones privadas no pueden ser sancionadas penalmente en ese sentido, porque no se pudo establecer la corresponsabilidad de sus representantes.
La diputada aseguró que el Art. 23 establece sanciones penales y agrava en un tercio las sanciones, de 1 a 5 años, para el comunicador social que difunda en los medios mensajes considerados racistas o discriminadores correspondiendo una pena privativa de entre 3 a 8 años.
La diputada llamó a los medios de comunicación y trabajadores de la prensa a defender sus derechos ya que en la Asamblea se trató la ley de imprenta como obsoleta e inservible.
“Se usó una causa muy noble, que es la lucha contra el racismo, para camuflar una ley mordaza, no se tipificó que será racismo o discriminación, por lo tanto primero se tendría que socializar y educar a la gente, esta ley es persecutoria y represora”, dijo la diputada Adriana Gil.
El diputado Tomás Monasterio, de la opositora Convergencia Nacional (CN), consideró que ese proyecto de ley puede “descabezar a los medios de comunicación”, por el peligro de suspender las licencias.
CACERÍa DE BRUJAS. Luego de la aprobación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación en la Cámara Baja, el Presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Julio César Caballero, considera que esta norma es parte de las pequeñas mordazas que el gobierno pretende aplicar contra la prensa.
Asimismo, Caballero manifestó sus dudas sobre los criterios para definir lo que se considera racismo y expresó que es importante conocer las autoridades que estén facultadas para establecer este nuevo delito. “Es fundamental porque a partir de eso puede declararse una cacería de brujas a los periodistas”, afirmó.
Explicó que “de a poco” se quiere afectar la libertad de expresión y la libertad de información con esta norma contra el racismo, que está “criminalizando” la comunicación, incluso violando la Constitución Política del Estado que en su artículo 107 parágrafo 2 señala que medios y periodistas deben autorregularse.
PRESENTARÁN RECURSO. De todas formas la asambleísta aseguró que presentará recursos de inconstitucionalidad para los artículos 16 y 23 que fueron aprobados.
DEFENSA MASISTA. La diputada Marianela Paco, del MAS, presidenta de la Comisión de DDHH, aseguró que con la norma no se atenta contra la libertad de prensa, pero fue clara en decir que al igual que cualquier ciudadano o institución deben someterse a lo que prescribe la norma.
“No comprendo por qué los medios o los trabajadores de los medios, o los propietarios que incurran en esos actos discriminatorios o racistas tengan que estar exentos de esa jurisdicción”, dijo.
Por su parte el diputado Marcelo Elio (MAS explicó que el medio de comunicación no será responsable de lo que dicen los entrevistados. “Cuando uno afirma algo, es responsable de sus actos a no ser que el medio autorizare o promoviere conductas racistas”.
AL SENADO. La norma ahora pasó a la Cámara de Senadores que debe revisar desde el lunes la Ley y decidir si la sanciona. /AGENCIAS.
¿Cuándo se considera racismo?
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Marianela Paco, explicó que un acto racista se produce cuando una persona somete a otra, devaluando su valor y dignidad con saña, violencia y reincidencia.
“Estamos hablando de situaciones extremas”, subrayó, al indicar que el racismo será penado con 1 a 7 años de cárcel, de acuerdo a las conductas y expresiones racistas o discriminatorias en todas sus formas, además de los insultos.
El proyectista de esa norma, el diputado Jorge Medina, del MAS, dijo que un medio de comunicación “no va ser sancionado por las palabras racistas que diga una persona”, sino cuando incite a asumir ese tipo de conductas.
Proyecto de ley limita la libertad de expresión
La Cámara de Diputados aprueba, en su estación en detalle, la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, anoche. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos. La Paz |
La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que incluyó el polémico artículo 16, que establece la suspensión de la licencia para los medios de comunicación que emitan mensajes racistas.
“El medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas, discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”, dice el artículo. El oficialismo no atendió el pedido de la oposición ni de la prensa que exigían eliminar ese párrafo.
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil dijo que "se usó una causa muy noble para camuflar una ley mordaza. No se tipificó qué será racismo o discriminación y la gente desconoce. Primero se tendría que socializar y educar a la gente. Esta ley es persecutoria, represora y perversa", dijo.
La diputada Norma Piérola, del mismo partido, lamentó la aprobación de la norma por considerar que ésta se halla claramente destinada a restringir la libertad de expresión de los medios de comunicación. “Se va a sancionar por nada. No se sabe cuáles son los ilícitos y cuáles las contravenciones porque, además, se aplican tres vías para la aplicación: administrativa, constitucional y penal. Es altamente peligrosa la aprobación de la ley”, dijo.
La diputada también observó el artículo 23, que establece sanciones penales y agrava en un tercio las sanciones (de uno a cinco años) para el comunicador social que difunda en los medios mensajes considerados racistas o discriminadores, por lo que las penas subirían de entre tres a ocho años.
De todas formas la asambleísta aseguró que presentará recursos de inconstitucionalidad para los artículos 16 y 23 que fueron aprobados ya que para ella son irracionales al aplicar sanciones mixtas por delitos de acción privada y pública a la vez.
Agregó que se aprobó un proyecto enviado desde el Ejecutivo completamente diferente al que había planteado el diputado indígena originario Jorge Medina, representante del pueblo afroboliviano.
El oficialismo
La diputada Marianela Paco, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, dijo que con la norma no se atenta contra la libertad de prensa y que los medios, al igual que cualquier ciudadano o institución, deben someterse a lo que prescribe la norma.
“No comprendo por qué los medios o los trabajadores de los medios o los propietarios que incurran en esos actos discriminatorios o racistas tengan que estar exentos de esa jurisdicción. O somos todos iguales ante la ley, como dice un principio fundamental de la Declaración de Derechos Humanos, o hay categorías. Hay que comprender eso”, dijo.
Por su parte, el diputado Marcelo Elio (MAS) insistió en que el artículo 16 no afectará a la libertad de expresión. "Lo que sí afecta son algunas expresiones racistas que por algunos personeros se dan en los medios de comunicación", dijo.
Explicó que el medio de comunicación no será responsable de lo que dicen los entrevistados. "Cuando uno afirma algo, es responsable de sus actos, a no ser que el medio autorice o promueva conductas racistas".
La norma ahora pasó a la Cámara de Senadores, que debe revisar la ley y decidir si la sanciona o realiza modificaciones para devolverla a la cámara de origen.
El analista Jorge Lazarte opinó que “esta ley dará lugar a abusos, revanchas, venganzas, acusaciones sobre lo que uno haga o deje de hacer, piense o deje de pensar y que el ‘otro’ y el poder interpreten como racista. Pueden ser penalizados los que incurran en racismo, pero también los que difundan o callen”, dijo.
Protestan periodistas
Juan Javier Zeballos, directivo de la Asociación Nacional de la Prensa, en contacto con La Prensa afirmó que el hecho de que un órgano del Estado emita una ley con relación a la prohibición no sólo de difundir o publicar términos ofensivos a la dignidad humana “constituye una violación a la libertad de expresión y una virtual censura previa. Y eso contradice los principios fundamentales de la libertad de expresión”.
“La censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación (…) debe estar prohibida por ley”, dijo.
El presidente del Tribunal de Honor Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Julio César Caballero, considera que esta norma es parte de las pequeñas mordazas que el Gobierno pretende aplicar contra la prensa.
"Es parte de la arquitectura legal que está creando pequeñas mordazas introducidas en diferentes instrumentos legales que van a afectar a la larga o a la corta a la liberad de expresión en Bolivia", afirmó Caballero.
POLÉMICOS
• El Artículo 16 dice: "El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación".
• La propuesta sanciona por discriminación con una pena privativa de libertad de uno a cinco años y por racismo, de dos a siete años
• La incitación a la discriminación o racismo está penada con privación de uno a cuatro años de cárcel.
• En todos los casos, la pena se agrava en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando el delito sea cometido por un funcionario público, servidor público o autoridad pública.
• Aparte, la nueva norma de ley crea el Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.