Acosado por 18 denuncias y con el riesgo de ser suspendido del cargo , el gobernador Mario Cossío, empezó ayer a recolectar firmas para tramitar una ley que respete el voto por medio de la iniciativa ciudadana.
El Día. En una ofensiva legal, el gobernador de Tarija, Mario Cossío, acosado por 18 denuncias y con el riesgo de ser suspendido del cargo, empezó ayer a recolectar firmas para tramitar una ley por medio de la iniciativa legislativa ciudadana contemplada en la Constitución Política del Estado.
“Ya no son los legisladores los que van a pronunciarse en torno a una Ley, ahora van a ser los ciudadanos quienes le van a proponer a un órgano como es la Asamblea Plurinacional, para que, recogiendo la voluntad soberana del pueblo, aprueben este texto de Ley” dijo Cossío en un acto realizado ayer en la Plaza Principal de la capital chapaca.
Señaló que la iniciativa legislativa es para contener ‘el golpe de estado centralista y totalitario’ que se viene ejecutando en Bolivia con el derrocamiento de autoridades opositoras al régimen masista.
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La Asamblea Legislativa Plurinacional es dominada por más de dos tercios por el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales.
Hasta ahora existe una veintena de autoridades, entre alcaldes, gobernadores y concejales que han sido acusados de delitos penales por el Ministerio de Transparencia o la Contraloría General y que corren el riesgo de ser suspendidos del cargo merced a que la Ley marco de Autonomías establece que procede el relevo con la acusación formal admitida por un juez.
15 mil firmas. El abogado personal de Cossío, Carlos Alarcón explicó que esta iniciativa legislativa ciudadana está plasmada en un proyecto de ley que, por analogía a la ley marco de referéndum, con el respaldo del 8 por ciento de firmas en forma obligada tiene que ser tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como manda la nueva Constitución Política en su artículo 109.
El padrón electoral de Tarija es de casi 180 mil y el 8 por ciento serían unas 15 mil firmas las que se requieren.
El proyecto de ley plantea la derogatoria de los artículos 144 y 148 de la Ley Marco de Autonomías por medio de los cuales suspenden a las autoridades electas con la simple acusación formal ante un juez y también contempla la restitución a sus funciones de las autoridades que han sido suspendidas merced a la aplicación de esta normativa que va en contra de la Constitución Política del Estado porque no respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, explicó el jurista.
La misma ruta. De Mario Cossío ha sido planteada por el jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, quien desde Santa Cruz anunció una movilización en defensa del voto ciudadano que irá acompañado de la recolección de firmas y de mitines, luego que el alcalde paceño Luis Revilla fuera denunciado penalmente por la Contraloría del Estado acusado de daños económicos.
De la misma manera el Comité pro Santa Cruz recolecta firmas para promover que el Estado Boliviano suscriba un acuerdo con las Naciones Unidas y se conforme una Comisión Internacional que investigue varios casos de violación a los derechos humanos.
Revilla pelea legalmente con Arce y Herbas
El Gobierno Municipal presentó un proceso penal ante la Fiscalía contra el contralor del Estado, Gabriel Herbas (MAS) por no haber seguido los procedimientos correspondientes en el caso de supuestas irregularidades cometidas al interior de la Comuna paceña.
En conferencia de prensa el director de Gobernabilidad, Pedro Susz, explicó que la Contraloría del Estado incumplió varios requerimientos legales al momento de realizar la acusación contra el alcalde Luis Revilla, por lo que se presentó una solicitud de rechazo a la denuncia de la Contraloría, ante la Fiscalía de La Paz.
Asimismo, presentó una denuncia por desacato en contra del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien aseveró en pasados días que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, gana 18.900 bolivianos, situación que fue desmentida con sus boletas de pago.
Mientras tanto, 40.000 personas firmaron hasta ayer los libros de respaldo a la gestión del alcalde Revilla y en defensa del 48 por ciento de votos obtenido en las elecciones de abril pasado, aseguró Fabián Siñani, encargado de la movilización.
El proyecto
1Considerandos • Que este golpe de Estado destruye la democracia en el país, anula el voto popular e impide el ejercicio pleno de las Autonomías y de las autoridades electas y legalmente constituidas, en clara y evidente violación a los artículos 7 (Soberanía Popular), 26 – II – 2 (Sufragio Universal), 115 – II (Debido Proceso), 116 parágrafo I (Presunción de Inocencia), 234 numeral 4 (Sentencia Ejecutoriada) y 272 (Elección directa de Autoridades Autonómicas) de la Constitución Política del Estado.
2Objeto • La presente ley tiene por objeto preservar y restituir las garantías democráticas para el respeto del voto popular y el ejercicio de funciones de las autoridades subnacionales elegidas mediante sufragio universal, garantizando que todo procesamiento se sujete a la Constitución Política y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
4Cesación • Las autoridades de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público, del Órgano Judicial y otras que hubieren sido designadas al margen de la CPE, quedarán cesantes en sus cargos hasta que se produzca la designación de las nuevas autoridades conforme a la CPE.
5Reincorporación • Las autoridades subnacionales que fueron elegidas mediante sufragio universal, que al momento de vigencia de esta ley se encuentren suspendidas de sus cargos serán restituidas al ejercicio de funciones públicas.
Evidencian la explotación ilegal de oro en San Simón
Beni. Misión de la Gobernación estuvo en la zona
El Deber. La explotación ilegal de oro en la Serranía de San Simón fue confirmada por una comisión de la Gobernación del Beni, informó la directora de Gestión Ambiental, Verónica Rodas.
Los yacimientos se encuentran al este de Trinidad, en la provincia Iténez. La comisión se trasladó al lugar para inspeccionar a una empresa canadiense sobre los trabajos de exploración y prospección que realiza.
“Se ha observado el incremento de minería informal que existe en este cerro San Simón con grandes impactos ambientales que están dejando”, señaló.
Rodas explicó que al menos 15 campamentos ilegales se dedican a la explotación de oro aluvional con maquinaria moderna. En cada uno de ellos trabajan entre 3 y 15 personas.
La autoridad lamentó que además de no tributar a la administración departamental por la materia prima, los explotadores contaminan el río vertiendo el mercurio que utilizan para sacar el metal precioso.
“Ellos trabajan con mercurio y no le hacen ningún tratamiento previo antes de volver a descargar todos esos elementos que han tratado al medio ambiente”, sostuvo.
“Se han tomado muestras y se ha demostrado que toda el agua está contaminada en es zona”, añadió.
La Gobernación tiene la competencia de normar y controlar los trabajos de exploración y prospección, mientras que el Gobierno Nacional otorga los permisos de explotación. /La Palabra